2023-03-10T11:32:35-06:00 2023-03-10T11:32:35-06:00 2023-03-10T11:32:35-06:00 Adobe InDesign 15.0 (Macintosh) xml uuid:1244a782-1df2-314e-a799-7446cba1ee01 uuid:8f2290bc-f60b-4c93-83e5-a6d080944f7f Adobe PDF Library 15.0

Economía social, cooperativismo y políticas públicas Potencialidades de organizaciones alternativas

Julieta Martínez Cuero • Manuel Lara Caballero Silvia Iveth Moreno Gaytán (coordinadores) EPUB

Economía social, cooperativismo y políticas públicas Potencialidades de organizaciones alternativas

Universidad Autónoma Metropolitana Rector General José Antonio de los Reyes Heredia Secretaria General Norma Rondero López Coordinadora General de Difusión Yisel Arce Padrón Directora de Publicaciones y Promoción Editorial Freja Innina Cervantes Becerril Subdirector de Distribución y Promoción Editorial Marco Antonio Moctezuma Zamarrón Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma Rector Gabriel Soto Cortés Secretaria de la Unidad Alma Patricia de León Calderón Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Raúl Hernández Mar Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Ana Carolina Robles Salvador Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades Coordinador General Juan Carlos López García Departamento de Procesos Sociales Lidia Ivonne Blásquez Martínez Departamento de Artes y Humanidades Claudia Mosqueda Gómez Departamento de Estudios Culturales Gladys Ortiz Henderson Julieta Martínez Cuero Manuel Lara Caballero Silvia Iveth Moreno Gaytán (coordinadores)

Economía social, cooperativismo y políticas públicas

Potencialidades de organizaciones alternativas

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Lerma/División de Ciencias Sociales y Humanidades

México, 2023

Economía social, cooperativismo y políticas públicas : potencialidades de organizaciones alternativas / Julieta Martínez Cuero, Manuel Lara Caballero y Silvia Iveth Moreno Gaytán, coordinadores. - - México : Universidad Autónoma Metropolitana : Juan Pablos Editor, 2023

1a. edición

ilustraciones

ISBN UAM: 978-607-28-2796-7

ISBN Juan Pablos Editor: 978-607-711-684-4

T. 1. Economía social T. 2. Desarrollo económico - Aspectos sociales

T. 3. Cooperativismo T. 4. Organización de la comunidad

HD2963 E26

ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVISMO Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

POTENCIALIDADES DE ORGANIZACIONES ALTERNATIVAS

Julieta Martínez Cuero, Manuel Lara Caballero y Silvia Iveth Moreno Gaytán

(coordinadores)

Primera edición: 2023

y Silvia Iveth Moreno Gaytán (coordinadores)

Prolongación Canal de Miramontes 3855

Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan

14387, Ciudad de México

Unidad Lerma/División de Ciencias Sociales y Humanidades

Avenida de las Garzas núm. 10

Col. El Panteón, 52005, Lerma Estado de México

Consejo Editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

<cedcsh@correo.ler.uam.mx>

Diseño de portada: Daniel Domínguez Michael

ISBN UAM: 978-607-28-2796-7

ISBN Juan Pablos Editor: 978-607-711-684-4

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada

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La presente publicación pasó por un proceso de dos dictámenes (doble ciego)

de pares académicos avalados por el Consejo Editorial de la División de Ciencias

Sociales y Humanidades de la UAM-Lerma, que garantizan su calidad y pertinencia

académica y científica

ÍNDICE INTRODUCCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS, GRUPOS DE AUTOGESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS Julieta Martínez Cuero, Manuel Lara Caballero y Silvia Iveth Moreno Gaytán 11 <_00_FALSA/> <_00_FALSA>Primera parte REPENSANDO LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO HACIA LA VALORACIÓN DEL SECTOR SOCIAL: PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA INTERPRETATIVA Julieta Martínez Cuero 39 DEL COOPERATIVISMO A LA ECONOMÍA SOCIAL MODERNA: EL CASO DE BARCELONA Julieta Martínez Cuero, Hugo Valenzuela García y José Luis Molina 61 EL COOPERATIVISMO Y EL EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES COMO DETONADORES DE LAS REDES DE ORGANIZACIÓN Y COOPERACIÓN. EL CASO DE LA COOPERATIVA VÉRTICE Luis Alberto Reyes Allende, María Guadalupe Rodríguez Alexander y Yesenia Ventura Delfino 77 COMERCIO ALTERNATIVO Y RESISTENCIA COOPERATIVA ANTE UN CONTEXTO DE GENTRIFICACIÓN Y CRISIS SOCIOECONÓMICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Cristina Millán Villanueva y Julio César Alexis Zamora Mier y Terán 103

<_00_FALSA/> <_00_FALSA>Segunda parte AUTOORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA SOLIDARIA AUTOORGANIZAR LA VIDA EN COMÚN: AUTOGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN RADICAL HACIA LA RECONEXIÓN DE ECONOMÍA Y POLÍTICA Gustavo Moura de Oliveira 137 AMBULANTAJE CALLEJERO: UN DILEMA ENTRE EL OBEDECER Y/O DESOBEDECER. UNA MIRADA NETNOGRÁFICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Julio César Rodríguez Dorantes 161 <_00_FALSA>Tercera parte ALTERNATIVAS ORGANIZATIVAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANCLAJE Y DESANCLAJE DE LOS MERCADOS: LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA ORGÁNICA DEL MERCADO EL 100 Alma Edid Cruz Villanueva y Rocío Rosales Ortega 191

AGRICULTURA URBANA Y PRODUCCIÓN LOCAL DE ALIMENTOS. HUERTOS COMUNITARIOS EN LA PERIFERIA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Silvia Iveth Moreno Gaytán 217

ISOMORFISMO EN LAS ORGANIZACIONES FAMILIARES DE ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA: EL CASO DE CAPULHUAC Y LA PRODUCCIÓN DE BARBACOA Alma Patricia de León Calderón e Ignacio López Moreno 251 <_00_FALSA>Cuarta parte ECONOMÍA SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS PALO ALTO: LECCIONES DEL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA URBANA PARA LA POLÍTICA DE VIVIENDA Moisés Alejandro Quiroz Mendoza 279 EL PROGRAMA CAMELLONES CHONTALES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TUCTA, TABASCO. UN ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL ENFOQUE DE LA ECONOMÍA SOCIAL Edgar Andrés de la Cruz Rojas y Manuel Lara Caballero 303 APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL. ANÁLISIS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO Manuel Lara Caballero y Marisol Reyes Cruz 339

INTRODUCCIÓN: ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS, GRUPOS DE AUTOGESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Julieta Martínez Cuero* Manuel Lara Caballero** Silvia Iveth Moreno Gaytán***

La importancia que tiene el conjunto de iniciativas económicas basadas en formas alternativas de organización del trabajo, la producción y el consumo de bienes y servicios es cada vez más evidente en contextos de crisis, competencia desleal, precariedad laboral, desempleo, empobrecimiento y depredación ambiental. El creciente interés por visibilizar e impulsar “otras” formas de organización basadas en la reciprocidad, la equidad y la solidaridad se explica por la puesta en marcha de soluciones concretas en situaciones de crisis de distintos sectores de la sociedad: cooperativas, colectivos, grupos de autogestión, bancos del tiempo, emprendedores sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG´s). Frente a la emergencia sanitaria y a las afectaciones económicas y sociales que actualmente nos aquejan, gobiernos, organismos internacionales y universidades convocan a reconocer y fortalecer las estrategias de organización devenidas de la economía social y solidaria. 1 * Profesora-investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <j.mar tinezc@correo.ler.uam.mx>. ** Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <m.lara @correo.ler.uam.mx>. *** Posdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: <morena.05.yo09@gmail.com>. 1 Mientras se elaboraba este libro colectivo la Universidad Autónoma Metropolitana a través de su Rectoría General y sus cinco unidades académicas

En la práctica existe un variado abanico de propuestas que se enmarcan en la llamada economía social, algunas de ellas con mayor resistencia a las doctrinas del libre mercado y otras que solo cuestionan algunos aspectos negativos del capitalismo global, además de las que recientemente han recurrido a la autogestión frente a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, lo primero que queremos señalar en este libro es que no existe un único tipo de entidades y tampoco del entramado de relaciones que se dan entre actores, públicos y privados; además de que las múltiples manifestaciones de organizaciones alternativas están teniendo lugar en diferentes contextos bajo ciertas condiciones sociales, económicas y políticas. Por ello, en este trabajo proponemos dar cuenta de diferentes experiencias en el campo, en la ciudad, en México y en España, con el objetivo de abonar a la concepción no estática de la llamada economía social.

Los estudios de la economía social se han ocupado principalmente por destacar su potencial para generar empleo, fomentar la cohesión social y reactivar el tejido económico a escala local (Reygadas et al., 2014), además de aportar a su sostenibilidad mediante la capacitación y el acompañamiento financiero (Duque et al., 2021). Por otro lado, se encuentran los trabajos en los que se analizan tanto las potencialidades como los dilemas de las iniciativas que suscriben los valores de la economía social y solidaria; algunos de ellos describiendo o delimitando qué es la economía social y solidaria, sustantiva y plural (Laville y García, 2009, Coraggio, 2011, Arrunda, 2006 y Dacheux, 2015). Adicionalmente se encuentran las investigaciones que buscan medir el impacto al interior y al exterior de las organizaciones (Palmer y Vinten, 1998; Emerson, 2003, Hoogendoorn, 2011 y Valcárcel, 2010); pasando por aquellos que debaten acerca de la pertinencia de incorporar a los llamados empresarios sociales al sector de las economías alternativas (Terjesen et al., 2012).

En este libro, en el que se establece un diálogo entre la academia y la praxis, a las coordinadoras y coordinador de este trabajo nos interesa aportar a la visibilidad de la enorme diversidad de los actores que materializan acciones de la llamada economía social, reconociendo su capacidad de resiliencia para generar formas alternativas de desarrollo en sus territorios mediante distintas formas de organización productiva y/o comercial. Por ello recuperamos sus experiencias, en las que nos han compartido sus historias, aspiraciones, fortalezas y retos. De las entrevistas y discusiones a lo largo de este trabajo nos encontramos con la necesidad de reconocer las “otras” formas de organización que persisten y resisten ante distintas problemáticas, teniendo presente, también, contradicciones y tensiones al interior de las organizaciones. Por último, buscamos reflexionar de manera crítica respecto al quehacer de las políticas públicas encaminadas a fortalecer al sector, señalando fallos en la implementación de programas públicos enfocados a incentivar a la economía social y solidaria.

¿De dónde surge la economía social? La historia de la economía social se encuentra ligada al origen del cooperativismo situado en los siglos XVIII y XIX, cuando la revolución industrial se expandía por todo el mundo y surgían los primeros movimientos obreros en respuesta a los efectos negativos que generaba el naciente capitalismo industrial: precariedad laboral, bajos salarios, desempleo y empobrecimiento. En la literatura clásica del cooperativismo se reconoce la experiencia de Rochdale Equitable Pioneers Society 2

en México y el mundo ante la revisión de las problemáticas previas a la pandemia causada por el virus convocó a reconocer la importancia de repensar la Economía Social y Solidaria -CoV-2, así como a las nuevas que se generaron con su aparición. Al foro asistieron diversas instituciones de educación superior de México y el mundo, actores de la administración pública y diversas asociaciones de la sociedad civil; lo que da evidencia de lo relevante que es el tema.SARS

como la primera cooperativa efectiva de asociación libre de trabajadores; creada en Inglaterra en 1844, y considerada el pilar de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de Londres. En el ámbito teórico se destacan los aportes de Robert Owen, principal precursor del cooperativismo inglés, 3 2 En los estudios del cooperativismo existe cierto debate sobre el surgimiento de las primeras cooperativas; debido a que se cuenta con registros previos a 1816. Entre las experiencias que se mencionan se encuentran las cooperativas de producción en Birmingham y la de Gava nombrada Old Victualling Society, ambas puestas en marcha en 1777. También se menciona a la Association Chrétienne des Bijoutiers en Doré, creada en París en 1834, promovida por Jean-Phillipe Buchez, discípulo de Saint-Simon (Vienney, 1980). Sin embargo, en toda la literatura se acepta a Rochdale como la primera experiencia de cooperación sistematizada que dio origen al movimiento cooperativista en Europa (Gascón Hernández, 1962). Charles Fourier, promotor de las cooperativas francesas, Henri de Saint-Simon, considerado fundador del socialismo utópico, y Philippe Buchez, impulsor del cooperativismo del trabajo asociado; todos ellos sostenían que las cooperativas frenaban los estragos del liberalismo económico en la sociedad, potenciando la productividad de los trabajadores y maximizando los beneficios económicos y sociales de los consumidores. Los precursores del cooperativismo promovían la autoorganización de trabajadores, falanges, con el objetivo de hacer una repartición justa de las ganancias en función de lo aportado libremente (Desroche, 1981).

De los aportes teóricos de los precursores y de las primeras experiencias de asociación libre de productores se forjaron los principios y valores de adhesión y de organización del cooperativismo tradicional, que en la actualidad se asumen como el sustento de la concepción moderna de la llamada economía social y solidaria (Manzón y Cháves, 2012:10). En esencia, en la economía social se prioriza la ayuda mutua, la responsabilidad, la igualdad, la equidad y la solidaridad, mediante siete principios: i) voluntaria adhesión y asociación de sus miembros, ii) administración democrática, iii) interés limitado al capital, iv) el destino de los excedentes, v) sistema de ventas al contado, vi) educación cooperativa, y vii) neutralidad política y religiosa. En la práctica estos valores han sido adaptados en respuesta a las transformaciones del sistema económico global y a las particularidades de los territorios en los que distintos sectores de la sociedad se han asumido como parte de la economía social y solidaria.

En un principio, el sector social se relacionaba con la moral y la voluntad de ayudar teniendo como actores centrales a entidades religiosas altruistas y asociaciones de autoayuda. Más tarde, en un contexto de expansión del capitalismo industrial se le asoció con entidades económicas capaces de corregir los desequilibrios económicos y sociales provocados por las fallas de mercado. En esta dirección, John Stuart Mill (1951) y León Walras (1874) hicieron hincapié en los beneficios macroeconómicos que causaba la reconciliación entre el capital y el trabajo materializada en la acción de las cooperativas de consumo y de las asociaciones de trabajadores. Años después, en la época de la posguerra, cuando la alianza entre los sectores privado y público sentarán las bases para los distintos regímenes de bienestar en el mundo, la economía social perdió fuerza debido a que se reconoció que la forma de hacerle frente a los problemas sociales debía ser a través de la intervención del Estado mediante políticas públicas de redistribución de la renta, asignación de recursos y atención a las personas más vulnerables.

¿Quiénes forman parte de la economía social y solidaria? Actualmente, visibilizar la importancia de la economía social en la contención de la pobreza y del desempleo requiere reconocer la diversidad de las “otras economías” en distintas geografías y temporalidades. En el caso de México, a lo largo de su historia las cooperativas de campesinos han sido relevantes en la producción agrícola y de comercio, en la actualidad asistimos a otras manifestaciones de economías alternativas que buscan satisfacer otras necesidades, como alimentación, vestido, vivienda, educación, cultura y salud. En esta misma dirección también es importante señalar que las motivaciones y mecanismos de asociación de los colectivos que se asumen como parte de la economía social y solidaria no responden a una misma lógica. Existen organizaciones alineadas a las políticas públicas implementadas desde el Estado, también están aquellas que tienen una orientación anticapitalista, y aquellas que simplemente buscan hacer frente a situaciones adversas como el desempleo mediante una forma alternativa de organización y de propiedad de los medios de producción.

En otros lugares, como España, en un escenario de crisis económica y debilitamiento del Estado de bienestar, el sector de la economía social se ha orientado a las llamadas empresas sociales debatiendo acerca de si cualquier aportación social es susceptible de considerarse parte del sector solidario. Esto aunque formalmente el sector está conformado por los sectores: privado y público; implicando a) iniciativas privadas, b) organizadas formalmente y con entidad jurídica propia, c) con autonomía de decisión en su gobierno y organización, con d) libertad de adhesión y e) cuya eventual distribución de beneficios entre sus participantes es equitativo y se produce de acuerdo con la actividad realizada y no en proporción al capital invertido. Además, f) la actividad realizada se dirige a satisfacer las necesidades de personas, hogares o familias. Bajo esta definición se incluye a organizaciones como: cooperativas, colectivos, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, asociaciones del sector de la discapacidad, fundaciones y empresas sociales.

La transformación que ha tenido la noción y el sector de la economía social se explica por dos aspectos relacionados entre sí. El primero, el entorno socioeconómico que ha dado lugar a la aparición de nuevas entidades y actores; y el segundo, las causas políticas y económicas que han motivado a que el Estado y otros organismos en todo el mundo visibilicen e impulsen estratégicamente al sector. Por ejemplo, en el caso europeo, en condiciones de estabilidad económica y de expansión del régimen de bienestar, las entidades de la economía social han perdido importancia; sólo en momentos de crisis económicas, políticas y sociales es cuando ha surgido nuevamente el interés por la economía social, tal y como lo menciona Sajardo y Bakaikoa (2004), pues ante fallos del mercado y del Estado, la economía social se ha concebido como una alternativa óptima para la satisfacción de necesidades.

El surgimiento de nuevas entidades de la economía social responde a diferentes problemáticas del capitalismo contemporáneo. Más que una tipología de entidades y de actores, hay muchas alternativas de organización y de gestión de los recursos, involucrando a diferentes actores y contextos. Luis Reygadas et al. (2014:15-16) describe ocho dimensiones de los procesos económicos a los que se oponen algunas de las entidades de la economía social, así como las alternativas que proponen en relación con: la propiedad y relaciones de producción, el poder, el tipo de actividad económica, la naturaleza del trabajo, el medio ambiente, equidad, inclusión y mercado.

ALTERNATIVAS ORGANIZATIVAS PARA LA ALIMENTACIÓN

La alimentación es una necesidad fundamental para la sociedad, que se ha visto vulnerada en los distintos contextos de crisis del siglo XXI. La discusión en torno a la alimentación se consolida como movimiento social y político en 2007 (Nyéléni, 2007) en busca de soberanía, la cual radica en la autodeterminación de los pueblos y las naciones a decidir cómo y qué producir para alimentarse, lo que conduce a organizaciones sociales a enfrentar tensiones porque el tema alimentario se construye en la inestabilidad espacial y política de múltiples territorialidades desde la segunda mitad del siglo XX. El interés sobre la cuestión alimentaria adquiere mayor énfasis entre 2007 y 2008 con la escasez alimentaria y el aumento de precios por la crisis financiera de esos años.

Los momentos de crisis y la necesidad inmediata de resolver el acceso a los alimentos son las motivaciones que han llevado a cooperativas, colectivos, vecinos y empresas sociales a generar formas diferentes que el solo hecho de comprar alimentos y ser agentes pasivos. La consolidación de diversos movimientos y acciones sociales por la defensa de la alimentación se asocia a la problemática de la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y la justicia social (Álvarez, 2017). Ante ello, muchas organizaciones locales lograron vincular sus intereses para demandar mejoras en la alimentación que, entre otros aspectos, ha permitido el reconocimiento internacional de la crisis ambiental y alimentaria debido a las acciones humanas encaminadas y “forzadas” a un sistema alimentario de producción capitalista neoliberal, donde los recursos naturales y los alimentos son vistos como mercancías.

La crisis de 2007 y 2008 permitió que se sumaran estrategias, ti- pos de actores y programas diferentes de lo ya cimentado desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Esta suma de actores consolidó un proceso gradual de afianzamiento de perspectivas críticas hacia las políticas implementadas en materia de alimentación, que tradicionalmente se ajustaban al marco de la seguridad alimentaria que no permitía generar cambios desde las iniciativas y necesidades sociales al sistema global de producción de alimentos. A partir de esos acontecimientos, los movimientos y organizaciones aglutinadas en diferentes sociedades, reivindicaron la cuestión alimentaria a partir de procesos colectivos dentro de los principios del cooperativismo que sustentan a la economía social y solidaria, con base en la reciprocidad y la equidad; al mismo tiempo, el territorio como categoría de análisis retomó fuerza como sistema complejo abierto a la acción colectiva y a las cambiantes formas de apropiación de recursos (Ostrom, 2000; Gottman, 1973). Por supuesto, en la medida en que el territorio es moldeado por la acción social, se convierte en escenario para la organización y la autorregulación no excluyente de disputas entre los actores sociales. Justamente, la escala arraigada en la comunidad-localidad ayuda a comprender la configuración del territorio a una transformación en territorialización con sello de identidad (Porto-Gonçalves, 2001), proceso determinado por la acción social, que muestra la interacción entre los recursos del territorio, la alimentación y la defensa medioambiental.

La autogestión y las alternativas generadas desde la sociedad organizada responden a las relaciones desiguales de poder en un proceso local-global por defender las condiciones básicas de la vida y las medioambientales (agua, suelo, recursos naturales) y a las implicaciones de la reconstrucción de la territorialidad o, en términos de Jean Gottman, el territorio como recurso natural (1973); el aumento del hambre en el mundo; el alza en el precio de los alimentos (2007-2008), que detonó el reclamo del derecho a la alimentación desde “abajo” y por el patrimonio cultural material e inmaterial detrás de ésta, lo que provocó el emprendimiento de diversas iniciativas de la sociedad organizada desde lo local (Massey, 2007) impregnadas a su vez por los principios del cooperativismo, al mismo tiempo que buscan ser una alternativa en la alimentación y en la economía local.

En esta dirección, Heasbaert (2013) propone la articulación de pequeños territorios o la suma de localidades en territorios-red o redes que reúnen múltiples territorios, creando la multiterritorialidad. El autor señala que la suma de las iniciativas de sociedad autoorganizada asentadas en el territorio también sirve de contención, éste siempre vinculado con el poder y los procesos sociales mediante el control del espacio, que no siempre tiene una acepción negativa, sino que el “control del espacio” abre la reconstrucción territorial positivamente para que las comunidades puedan ejercer poder local; así, se suman localidades, se unen comunidades y generan redes alternativas al poder hegemónico. Es justo en ese camino que desde iniciativas locales se dan propuestas con variados enfoques para cambiar el sistema alimentario, tanto en lo urbano como en lo rural y entre lo campesino e indígena, sin interrumpir la relación espacial que existe entre el campo y la ciudad.

En la época actual, el escenario se repite y se agudiza, pareciera que las secuelas del Covid-19 remontan a los orígenes del cooperativismo en el siglo XIX, donde la precariedad laboral, bajos salarios, desempleo, empobrecimiento, sumados a los padecimientos específicos de la población en el siglo XXI vinculados a la mala alimentación y el cambio climático, recrudecen las crisis. Justo como en ese momento, hoy la sociedad con su ingenio creativo construye modelos económicos alternativos al modelo hegemónico capitalista, no necesariamente en oposición sino con los preceptos de la economía social, donde se articula el territorio con la suma de localidades, que reconoce la capacidad resiliente de la sociedad en sus territorios para generar cooperación y organización de formas distintas de producción y comercialización manejadas en niveles de autogestión en el ámbito alimentario.

La cuestión alimentaria, al ser un tema cotidiano y común para la sociedad, abre canales para la producción y comercialización pa- ra mejorar la calidad y el acceso, como mercados alternativos, ferias de campesinos, huertos comunitarios y algunas otras relaciones de confianza para intercambiar, como las monedas comunitarias. Estas iniciativas están en una escala comunitaria y local autogestiva; articulan redes de movimientos sociales y territoriales como propuestas ante el único modelo alimentario dentro del mercado capitalista convencional.

En diferentes territorios se han articulado acciones que marcan contrastes sustantivos del mercado convencional de los alimentos, no exentos de las disputas de los aspectos materiales e inmateriales del espacio y la cultura. Se gestan proyectos que inciden en la economía social y solidaria al instalar áreas donde las comunidades llevan a la práctica actividades que resaltan el tema alimentario basado en relaciones de confianza. Las incidencias de las acciones van desde cambios en la forma de alimentación y consumo, hasta enseñar a las comunidades la recuperación de plantas comestibles, trueques, cultivo y generación de pequeños espacios para la producción, la transformación de percepción y construcción territorial en armonía con el ambiente con formas sanas para producir alimento, áreas verdes a partir de la mejora del entorno ecológico, preservando los recursos naturales. Con estas características se distinguen por lo menos tres enfoques en los que incide la autogestión y participación de organización social para transformar el sistema alimentario y reconocer los recursos territoriales detrás de éste:

1) Circuito corto de la cadena de producción. Los elementos distintivos de un estilo de campesinado han sido identificados como una lucha por la sostenibilidad económica, revalorizar los recursos territoriales desde la naturaleza (coproducción y coevolución con la naturaleza), la diferenciación productiva (multifuncionalidad), una intensificación continua basada en la cantidad y calidad de la mano de obra, y un aumento de la riqueza social (Ploeg, 2000). 2) Teoría del actor-red. Los estudios sobre estilos de agricultura muestran cómo la incorporación de los resultados son factor clave para la producción de pequeña escala y para un “cambio cultural” donde se valora la reciprocidad, que beneficia a la agricultura familiar, los huertos comunitarios y la agricultura en la ciudad, puesto que estos tipos de producción de alimentos dota a los territorios de recursos específicos y los diferencia de otros. Al mismo tiempo, se generan nuevas prácticas de consumo y nuevos nichos de mercado entre los que la producción artesanal, agroecológica y orgánica ocupan un lugar privilegiado (Goodman y DuPuis, 2002). 3. Concepto de arraigo. Se centra en el enraizamiento territorial que se produce en una escala regional o local, pero sobre todo en la incorporación de un conjunto de principios (ética, calidad, transparencia, reciprocidad y solidaridad) que forman la base de las relaciones de producción e intercambio. El resultado son redes alternativas alimentarias, que se distinguen por un alto grado de interacción personal, el respeto mutuo dentro del sistema alimentario, la trazabilidad de productos y precios, y la práctica de la certificación participativa (Marechal, 2008).

En los territorios rurales y de la ciudad, la sociedad, desde diferentes escenarios, realiza acciones alrededor de la necesaria transformación de los modelos homogéneos de alimentación y desarrollo, es decir, la búsqueda de alternativas incluyentes no centradas exclusivamente en el crecimiento económico. Así, surgen propuestas de organizaciones sociales que exigen la inclusión activa y participativa de todos los sectores de la población en busca de bienestar, por generar empleo, fomentar la cohesión social y reactivar el tejido económico en el nivel local, priorizando la ayuda mutua, la responsabilidad, la igualdad, sin olvidar los siete principios del cooperativismo.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ECONOMÍA SOCIAL

La relación entre políticas públicas y economía social comenzó tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la mayor parte de los países desarrollados en Europa y Estados Unidos empezaron la construcción de un nuevo modelo económico originado por la interacción entre dos sectores. El sector privado sería el responsable de producir, a través de mecanismos de mercado, los bienes y servicios de forma eficiente con la finalidad de mejorar el bienestar material y los ingresos de la población, mientras que el Estado buscaría corregir las fallas del mercado, regular los ciclos económicos, fomentar la libre competencia y la redistribución del ingreso; esta simbiosis son los cimientos para el Estado de bienestar (Monzón y Chaves, 2008).

La economía social no excluye ni al mercado ni al Estado como instituciones de coordinación, pero su propuesta genera conciencia de sus áreas de oportunidad, donde el mercado en búsqueda de la eficiencia puede generar efectos no deseables tanto sociales como ecológicos, mientras que el Estado requiere de la democracia representativa con formas participativas de decisión política y de gestión que son difíciles de conseguir aun en democracias consolidadas (Coraggio, 2009). En este contexto, se han desarrollado propuestas de acciones de gobierno con un enfoque de economía social para contribuir a resolver diversos problemas públicos que requieren de soluciones con una visión económica alternativa, fuera de las estructuras capitalistas y de mercado contemporáneas, donde se construyan nuevas formas de organización económica fuera de la lógica de los criterios de eficiencia y competitividad, incluyendo una gran variedad de actores sociales, organizaciones, movimientos y elementos del sector público para que constituya un espacio de actuación que fomente la participación de los tres sectores: económico, político y social (Chaves, 1999; Luvián y Rosas, 2021).

El concepto de política pública comenzó a desarrollarse hace más de seis décadas, donde su análisis ha ganado un lugar en las ciencias sociales como una disciplina que estudia cómo los gobiernos toman e instrumentan decisiones para solucionar los problemas públicos. Las políticas públicas definieron dos marcos de referencia propuestos por Harold D. Lasswell (2003 [1951a]) desde sus orígenes: i) el conocimiento del proceso de la política y ii) el conocimiento en el proceso de la política; la propuesta lasswelliana se fundamenta en la noción de que se puede contribuir a mejorar las decisiones públicas destinadas a resolver problemas públicos específicos.

La adopción de la política pública ha seguido un proceso errático asociado a distintos contextos político-administrativos donde parece que tenemos mayor conocimiento sobre cómo se efectúa el proceso de gobierno; ante esta situación, el análisis de la política pública se ha enfocado más en la eficiencia y eficacia de sus acciones para conocer las estructuras, rutinas y dinámicas de los actores organizacionales y/o sociales. La efectividad no debe ser el único centro de discusión, también la calidad técnica con objetivos sociales, así como estudiar si las acciones de gobierno buscan el interés general; y más importante aún es rescatar el carácter público de la política, esto es, repensar la idea de la inserción de la ciudadanía en la gestación, formulación y evaluación de acciones gubernamentales, para con ello, incidir en la solución a problemas públicos (Lara y De Léon, 2017).

La investigación en políticas públicas, influida por la visión anglosajona de la policy science of democracy (Lasswell y Lerner, 1951), sostiene la idea de que cualquier problema humano puede resolverse aplicando la razón y el conocimiento, utilizando el paradigma neopositivista caracterizado por el desarrollo de técnicas de modelación matemática con base en el cálculo y la estadística, en la cual la representación de la realidad y la desagregación de hipótesis pueden ser susceptibles de cuantificación. La política pública, al igual que la economía capitalista, se puede convertir en un acotamiento metodológico para la dimensión social porque deja fuera otros elementos humanos como los valores de la solidaridad, tolerancia, ayuda mutua, altruismo, entre muchos otros, así como un interés real de representar y mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales marginados en los sistemas políticos democráticos.

El reconocimiento de la economía se dio en 2012 cuando se publicó en el Diario de la Federación la Ley de la Economía Social y Solidaria, misma que dispuso la creación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). A su vez, el Programa de Fomento a la Economía Social (Fonaes) quedó a cargo del INAES, mismo que tiene el objetivo de instrumentar políticas de fomento al sector social de la economía. De acuerdo con el Coneval, un reto para el Fonaes es fortalecer la identificación, definición y cuantificación de las iniciativas. En este mismo sentido, según el último informe de la LXII legislatura y del Instituto Nacional de Economía Social, existe una clara necesidad de contar con indicadores formales que ayuden a medir el impacto de las cooperativas y empresas sociales en la generación de empleos e impulso de las actividades económicas en el país. Hasta el momento no se cuenta con estadísticas confiables y actuales que ayuden a la creación de mecanismos de impulso desde el diseño de la política económica en México. Además se requiere de planes estratégicos que impulsen la educación financiera en estas iniciativas. El grado de informalidad es una variable relevante en el estudio del problema aquí planteado.

De acuerdo con el artículo 4° del INAES, el sector de la economía social está conformado formalmente por ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Por tal motivo, en esta sección es importante analizar diversas propuesta de políticas públicas que son un catalizador de formas de organización y manifestaciones de la economía social, porque son espacios innovadores para solucionar problemas sociales y económicos, donde es posible generar desarrollo en sus múltiples facetas en una sociedad tolerante, participativa y socialmente inclusiva con cimientos en valores como la solidaridad, tolerancia, ayuda mutua, altruismo, entre muchos otros, así como un interés real de representar y mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales marginados en los sistemas políticos democráticos actuales (Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, 2013). <_No_paragraph_style_/> ESTRUCTURA DEL LIBRO

La obra se compone de cuatro partes que presentan un conjunto de artículos vinculados temáticamente para facilitar la reflexión teórica sobre la economía social, el cooperativismo y las políticas públicas, así como la presentación de diversos casos de estudio:

1) Repensando la economía social y el cooperativismo. Contiene dos capítulos donde se aborda una discusión teórica, conceptual y se realiza una propuesta metodológica interpretativa para el caso de España y México. Se suman dos capítulos que presentan estudios de caso. 2) Autoorganización y economía solidaria. Está compuesta por dos artículos, uno teórico y otro etnográfico, en los que se destaca y reflexiona acerca de las potencialidades y retos de la autogestión en distintos espacios. 3) Alternativas organizativas para la alimentación. Comprende tres artículos que analizan y describen las diferentes tendencias de la sociedad organizada para generar propuestas alternativas al actual sistema alimentario. 4) Economía social y políticas públicas. Se conforma de tres capítulos que, a través de casos de estudios, muestran la importancia de la intervención gubernamental como catalizador de formas de organización de la economía social.

REPENSANDO LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO

En la primera parte, conformada por dos capítulos teóricos y dos casos de estudio, se reflexiona acerca de la necesidad de repensar la economía social retomando los principios del cooperativismo con el objetivo de aportar a la visibilidad del sector, destacando su enorme diversidad de actores y con ello señalando la necesidad de avanzar en una valoración interpretativa de sus acciones. En es- ta dirección, Julieta Martínez Cuero presenta el capítulo “Hacia la valoración del sector social: propuesta de una metodología interpretativa”, argumentando la necesidad de diseñar una metodología que permita valorar las acciones y valores creados por distintas entidades del sector social mediante indicadores que vayan más allá de variables puramente económicas en distintos contextos: económicos, sociales y políticos. El objetivo es avanzar en una herramienta metodológica que no se limite al uso y/o traducción de variables contables a hechos sociales mediante la incorporación de operadores lógicos que permitan captar aspectos multidimensionales y únicos para cada lugar en un determinado momento. Se atiende la creación de valor social al interior poniendo atención en prácticas alternativas referidas a las relaciones sociales de producción y al exterior a través de las acciones que generan en provecho de los lugares que las albergan.

Seguidamente, la misma autora, en compañía de Hugo Valenzuela y José Luis Molina, comparten el capítulo “Del cooperativismo a la economía social moderna: el caso de Barcelona”, en el que a partir de una revisión de la literatura sobre economía social y de la investigación llevada a cabo en Cataluña, identifican la necesidad de avanzar en una conceptualización teórica de una “economía social” que tenga en cuenta sus orígenes, realidad actual y marcos normativos, pero también dé cuenta de la reciente irrupción del “empresariado social”, tanto en las políticas públicas comunitarias como entre actores privados como bancos y fundaciones, entre otros. A partir del análisis crítico de las características atribuidas al “empresariado social” por estos actores públicos y privados, se propone el concepto de “economía socialmente orientada” como campo que incluye tanto la economía social tradicional como los nuevos espacios orientados bien al mercado o bien al intercambio, pero siempre con el referente de la economía social.

El primero de los casos de estudio, “El cooperativismo y el emprendimiento liderado por mujeres como detonadores de las redes de organización y cooperación. El caso de la Cooperativa Vértice”, presentado por: Luis Alberto Reyes Allende, María Guadalupe Rodríguez Alexander y Yesenia Ventura Delfino, se analiza el emprendimiento y el cooperativismo liderado y organizado por mujeres a partir del estudio de caso de la Cooperativa Vértice, ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México. Este capítulo se escribió aplicando una metodología mixta, de gabinete y de campo, recogiendo principalmente información cualitativa basada en la realización de entrevistas a profundidad, observación en campo y elaboración de fichas técnicas, que ayudaron a estudiar el conocimiento producido respecto al emprendimiento y el cooperativismo.

Finalmente, Cristina Millán Villanueva y Julio César Alexis Zamora Mier y Terán presentan el capítulo “Comercio alternativo y resistencia cooperativa ante un contexto de gentrificación y crisis socioeconómica en Toluca, Estado de México”, en el que abordan problemáticas causadas por la segregación socioespacial en contextos de crisis socioeconómica dentro de una de las zonas urbanas más densamente pobladas del centro del país. El objetivo es dar cuenta de la capacidad de resiliencia que pueden tener las cooperativas del sector social de la economía para generar formas alternativas de desarrollo e inclusión; presentan el caso de la cooperativa de economía solidaria “Casa Espora”, ubicada en medio de un proceso de gentrificación en Toluca, Estado de México. En este capítulo exponen algunas de las problemáticas que han enfrentado a raíz de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 y se explican las estrategias y formas de organización que les han permitido continuar llevando a cabo sus objetivos económicos y sociales bajo los principios de la economía social y solidaría.

AUTOORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA SOLIDARIA

En la segunda parte se presentan dos capítulos, uno de orden teórico y otro empírico, que articulados nos invitan a reflexionar acerca de la capacidad de autogestión de diversos actores. La necesidad de crear alternativas ante una economía excluyente. En este orden de ideas, Gustavo Moura de Oliveira hace una profunda disertación acerca de cómo la sociología política latinoamericana ha contribuido a la crítica del modo de producción capitalista como la forma de gestión de los recursos materiales y del trabajo, así como a la crítica de la forma Estado-nación y de la democracia neoliberal como las formas de participación política y de organización de la vida en común. Es bajo ese escenario de fondo, con la ayuda de una revisión de la literatura y los principales resultados de una investigación más amplia que este capítulo, tiene por objetivo i) reflexionar críticamente sobre los abordajes más difundidos del concepto de economía solidaria en América Latina confrontándolos al abordaje que se podría decir de inspiración anticolonial del concepto, este último una mirada menos difundida hasta la fecha. Partiendo de ahí, es también un objetivo aquí propuesto ii) acercar las ideas de autogestión (en general vinculada a la dimensión económica de la vida) y de participación política radical en un posible, si no probable, camino hacia la reconexión entre economía y política como dimensiones ya no separadas de la vida. La hipótesis es cómo se podrían fundir en autoorganización sustantiva de la vida en común, respondiendo a las preguntas: ¿cómo enfrentan el problema de la separación histórica entre economía y política aquellos abordajes más conocidos acerca de la economía solidaria? ¿Cuál es la contribución del abordaje de inspiración anticolonial? ¿Qué papel cumple la autogestión frente a tales cuestiones? Las reflexiones presentadas en el texto indican que los abordajes más difundidos no son suficientes, sobre todo porque consideran poco el complejo entramado de estructuras de poder y dominación de las bases al sistema-mundo capitalista-colonial.

En esta misma dirección, Julio César Rodríguez Dorantes cierra esta sección con el capítulo “Ambulantaje callejero: un dilema entre el obedecer y/o desobedecer. Una mirada netnográfica en tiempos de pandemia”, en el que analiza los mecanismos de acción colectiva y de autogestión ambulante que los manteros de las ramblas de Barcelona y los “toreros” del Centro Histórico de la Ciudad de México han puesto en marcha de cara al confinamiento provocado por la pandemia. El trabajo se realizó siguiendo una agenda de investigación mixta en la que se emplearon herramientas clásicas del trabajo de campo y netnográficas, que en el contexto de aislamiento social permitieron conocer de primera voz las formas de organización local de los comerciantes ambulantes en ambos contextos.

ALTERNATIVAS ORGANIZATIVAS PARA LA ALIMENTACIÓN

En la tercera parte se reflexiona acerca de las necesidades que enfrentan las poblaciones para alimentarse, teniendo en cuenta que para 2050 la población vivirá en territorios urbanos (70%) (FAO, 2016), lo cual requerirá de mayores esfuerzos tanto en el nivel de acuerdos internacionales como de políticas públicas por nación para incentivar la producción de alimentos de calidad y nutritivos, así como programas para abatir el hambre. La relación entre la demanda de alimentos y el crecimiento de la población urbana implica una mayor demanda de energía para abastecer a esa población, ya sea de alimentos de recursos o de suelo, para satisfacer servicios urbanos que regularmente se expanden sobre áreas agrícolas, de reserva forestal o ecológica, lo cual supone una relación conflictiva entre el campo y la ciudad.

Una de las formas de resolver el conflicto campo-ciudad recae en la “reedición” de cómo abastecer a las poblaciones urbanas de alimentos con lógicas organizativas y alternativas fuera del modelo convencional dominante, el cual supone un sistema alimentario que recae exclusivamente en los grandes corporativos de gran distribución alimentaria que tiende a homogeneizar el consumo y el gusto. En oposición a este modelo dominante existen otras opciones y alternativas gestadas desde la sociedad organizada que resalta los recursos territoriales, la autogestión, la reciprocidad y la solidaridad basadas en la potencialidad para crear movimientos sociales en defensa de derechos fundamentales, necesidades básicas o para preservar aquellos gustos, alimentos y platillos derivados de la historia y arraigo de los pueblos y comunidades.

En estas iniciativas de la sociedad organizada, los contrastes territoriales entre urbano y rural son rebasados, para conformar apoyos de nivel local y regional, distinguidos por la autogestión y organización social para transformar el sistema alimentario y reconocer los recursos territoriales. Los tres enfoques: i) circuito corto de la cadena de producción, ii) teoría del actor-red, iii) concepto de arraigo, nutren la parte de “Alternativas organizativas para la alimentación” con tres capítulos. El primero de ellos se titula “Anclaje y desanclaje de los mercados: los circuitos cortos de comercialización y la certificación participativa orgánica del Mercado El 100”. Las autoras, Alma Edid Cruz Villanueva y Rocío Rosales Ortega, analizan la organización socioeconómica de los circuitos cortos de comercialización (CCC) y las reglas que caracterizan la certificación participativa del Mercado El 100 basándose en las aportaciones de Karl Polanyi, donde el mercado global se construye y distingue por una heterogeneidad de organizaciones, las cuales tienen un proceso constante de anclaje (embededness) y desanclaje (disembededness) territorial. Estos conceptos se alejan de la economía neoclásica y reconocen la relación local-global existente en la dinámica de los mercados. El anclaje territorial hace énfasis en que los mercados se construyen en un contexto local y sus organizaciones se distinguen por componentes culturales, sociales y políticos específicos, mientras que el desanclaje se refiere a la capacidad que tienen los mercados de alejarse del contexto donde se desarrollaron y de ajustarse a un conjunto de leyes abstractas y generales aplicables a cualquier territorio. De tal forma, el análisis destaca el contexto local en el que se formó y desarrolla el Mercado El 100, así como la forma en que se ajustó a la Ley General de Productos Orgánicos, la cual regula la producción de alimentos orgánicos en México. El Mercado El 100 es resultado de la interrelación de redes socioeconómicas de actores e instituciones en diferentes escalas que explica la organización de las CCC y la certificación participativa, dos de las estrategias más recomendadas en la producción y comercialización agroalimentaria actuales.

El capítulo subsecuente es un aporte de Silvia Iveth Moreno Gaytán que titula “Agricultura urbana y producción local de alimentos. Huertos comunitarios en la periferia oriente de la Ciudad de México”. La autora revisa el destacado papel que ha retomado la agricultura en las ciudades. La recuperación de la agricultura ocurre en medio de las diferentes crisis económicas, de salud y ambientales por las que atraviesa este siglo. El texto muestra las relaciones entre el campo y la ciudad, hace una breve recapitulación del resurgimiento de la agricultura urbana y de cómo las agendas locales son retomadas por organismos internacionales mediante las intersecciones de estrategias y acciones de las comunidades en la construcción de su territorio. A partir de la evidencia empírica, se muestra cómo la producción local de alimentos con iniciativas a pequeña escala tiene cabida a través de la autogestión y la conformación de colectivos para instalar huertos comunitarios dedicados al autoconsumo y el intercambio. En los resultados, la autora señala que las iniciativas están teniendo efectos a escala local en las comunidades populares de las periferias urbanas para mitigar el cambio climático y construir autosuficiencia alimentaria para las ciudades.

El tercer capítulo está vinculado con el concepto de arraigo y alimentación. Los autores, Alma Patricia de León Calderón e Ignacio López Moreno, contribuyen a mirar las formas “tradicionales” o prehispánicas que han perdurado en el avance histórico de los modos de vida campesinos de preparar un platillo típico; resaltan los valores culinarios anclados a un territorio que imprime un sello de identidad. Asimismo, resaltan las relaciones de parentesco y solidaridad que existe en municipios de origen campesino, donde la reciprocidad, el apoyo mutuo y la colaboración económica son parte de la estructura familiar y comunitaria. El objetivo es analizar las causas de la homogeneidad organizacional de una economía sustentada en una actividad económica de corte tradicional, como son los barbacoyeros de Capulhuac. El capítulo sustenta cómo la elaboración del platillo se caracteriza por un modelo familiar de “hacer la barbacoa” que ha predominado durante décadas, a través del cual se plantean modelos organizativos que dan sentido de identidad.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ECONOMÍA SOCIAL

La última parte del libro inicia con el artículo de Moisés Alejandro Quiroz Mendoza, cuyo objetivo central es aportar observaciones para una política de vivienda alterna a partir del análisis de la experiencia de Palo Alto, la cooperativa de vivienda de mayor tamaño y una de las más longevas de América Latina, que se ubica en la Ciudad de México, donde se pretende identificar las ventajas sustantivas respecto a la ubicación, adecuación, accesibilidad y seguridad de tenencia de la vivienda mediante estrategias colectivas que fomentan el sentido de lo público y la cultura de la ciudadanía. Este trabajo también busca resaltar los elementos que aún limitan el pleno desarrollo de esta forma habitacional y que obstruyen el óptimo funcionamiento de los mecanismos colectivos de toma de decisiones en la producción del espacio urbano. Los resultados indican que Palo Alto existe desde hace 50 años, procurando condiciones inigualables de habitabilidad en otras partes de la ciudad con casas de calidad, espacios públicos numerosos, incluyentes y gestionados por la propia comunidad a partir de sus necesidades y consensos, y una dinámica democrática que se ha buscado con muchos medios de participación democrática.

El documento invita a reflexionar sobre la importancia de que las políticas dejen de dictar cuál es el camino “normativo” de vivienda y permitan que las decisiones sobre el hábitat las tomen las personas y las comunidades. Dados los problemas asociados a la producción masiva de vivienda, cabría identificar formas concretas en que las políticas se fundamenten y expandan las virtudes de la vivienda progresiva y la autoconstrucción, que básicamente implican procesos descentralizados y con una amplia participación social. Sólo la participación de la sociedad en materia de vivienda permitirá alcanzar el ideal de lograr una vivienda adecuada, accesible, bien localizada y segura.

El segundo capítulo, de Edgar Andrés de la Cruz Rojas y Manuel Lara Caballero, se centra en el programa Camellones Chontales para la Explotación de las Zonas Pantanosas implementado en Tucta, municipio de Nacajuca, Tabasco. Esta comunidad forma parte del grupo indígena de los chontales de Tabasco o Yokot’ano’b (Yokot’anjo’b) que, como muchos otros pueblos indígenas y afromexicanos, han sufrido marginación de forma histórica y estructural, teniendo poco reconocimiento social, político y científico durante varios siglos. Como consecuencia, su desarrollo económico es limitado por la dificultad de integrarlos a la economía capitalista por las diferencias en sus valores, creencias y cosmovisión.

El objetivo es analizar el programa Camellones Chontales de la comunidad indígena de Tucta, Nacajuca, Tabasco, desde un enfoque de economía social, políticas públicas y participación ciudadana, donde primero establecen teóricamente la relación de estos tres últimos conceptos, así como el papel del Estado como promotor de las organizaciones de la economía social. Posteriormente, los autores identifican las características que hicieron y hacen de Tucta un terreno fértil para la implementación de este tipo de organización, a fin de conocer los errores cometidos en la implementación de dicho programa para la elaboración de una propuesta de mejora.

El artículo final fue elaborado por Manuel Lara Caballero y Marisol Reyes Cruz, quienes analizan la implementación de los apoyos para proyectos productivos (Integra) en el programa de Fonaes en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, durante el periodo 2013-2015, con la finalidad de conocer las áreas de oportunidad y mejora que permitan incrementar las posibilidades de inclusión productiva, en especial a las personas que se encuentran en condición de pobreza. El artículo busca documentar esta experiencia porque permite abordar, por un lado, un análisis de política pública para fomentar la discusión de mejores acciones de gobierno en cuanto al diseño e implementación, además de contribuir a la discusión de propuestas enfocadas al fomento de la economía social.

Lo importante de esta investigación es el análisis de política pública, en específico del diseño e implementación, para identificar áreas de oportunidad y de mejora para el único programa del gobierno federal durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, diseñado para apoyar proyectos productivos de los sectores vulnerables de la sociedad con un enfoque de economía social que buscaban la inclusión.

Este libro se realizó en el marco del proyecto de investigación “La importancia de las empresas sociales en contextos de pobreza y desempleo, una alternativa para México”, que se desarrolló con el objetivo de aportar a la visibilidad de la economía social en sus diversas manifestaciones, destacando su importancia en la generación de soluciones concretas en contextos de crisis, exclusión, empobrecimiento y desempleo. Uno de los alcances de este proyecto fue reunir a investigadores consolidados, jóvenes estudiantes, prestadores de servicio social y tesistas de la licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. La oportunidad de contar con estudiosos de distintas disciplinas e instituciones de educación superior en México y España permitió enriquecer este trabajo colectivo, en el que reflexionamos sobre los temas de las distintas partes que conforman este libro. La perspectiva etnográfica que se ofrece en 11 de los 13 capítulos que conforman esta obra nos acerca a la praxis de la que hoy podemos llamar economía social, orientando la discusión teórica. El acercamiento a la realidad, reconociendo potencialidades y limitaciones, nos conduce a entender las manifestaciones de la economía social como parte de procesos incrustados en distintas geografías y temporalidades del capitalismo global.

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<_00_FALSA>Primera parte REPENSANDO LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL COOPERATIVISMO HACIA LA VALORACIÓN DEL SECTOR SOCIAL: PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA INTERPRETATIVA Julieta Martínez Cuero*

INTRODUCCIÓN

Este capítulo se sustenta en la necesidad de diseñar una metodología que permita valorar las acciones y valores creados por distintas entidades del sector social mediante indicadores que vayan más allá de variables puramente económicas en distintos contextos: económicos, sociales y políticos. El objetivo es aportar a la visibilidad económica del sector social, destacando la creación de valores sociales, políticos y ambientales al interior y al exterior de las entidades. Esto es, se busca desarrollar una herramienta metodológica que no se limite al uso y/o traducción de variables contables a hechos sociales mediante la incorporación de operadores lógicos que permitan captar aspectos multidimensionales y únicos para cada lugar en un determinado momento. Se atiende la creación de valor social al interior poniendo atención en prácticas alternativas referidas a las relaciones sociales de producción y al exterior a través de las acciones que generan en provecho de los lugares que las albergan. En este punto es importante aludir a lo que Reygadas (2014) señala respecto al carácter multidimensional y asincrónico de las transformaciones que generan las economías alternativas. Los valores que se crean desde la economía social y la vigencia de sus principios dependen del contexto en el que actúan. En esta dirección, en este trabajo se atienden dos geografías distintas: México y España, con el propósito de aportar a la comprensión del carácter multidimensional de la economía social, considerando potencialidades y retos de acuerdo con los contextos donde se encuentren

Este capítulo se escribió a partir de dos estancias de investigación en las que se pudieron etnografiar diversas experiencias con intereses en común, pero también contrapuestos. En España, en la que el debilitamiento del régimen de bienestar hizo que diversos actores se adscribieran a los principios de la llamada economía social como estrategia para hacerle frente a la crisis económica, y en México, país en el que existe una clara relación entre los valores de la economía social y las formas de organización de las comunidades indígenas. No pretendemos en este capítulo evaluar y clasificar la diversidad de entidades del sector (colectivos, asociaciones o grupos de autogestión), sino más bien aportar a la visibilidad de otras formas de organización alternativas a los efectos negativos de la economía convencional, además de destacar sus aportes al interior del grupo y hacia fuera, con la intención de aportar al reconocimiento de su capacidad de resiliencia mediante distintas formas de organización productiva y/o comercial.

Con ello también se busca que desde las políticas públicas se tracen cursos de acción que incidan de forma positiva en el sector, considerando que en México como en España se parte de la necesidad de analizar el impacto social de estas iniciativas, determinando su sostenibilidad y viabilidad económica en entornos sociales determinados. Medir y evaluar su impacto económico-social está relacionado, al interior, con: la visibilidad, la sostenibilidad y la competitividad de los emprendimientos, dándoles la posibilidad de acceder a financiamientos y/o disminuyendo la probabilidad de su fracaso en el mercado. Al exterior, con la estimación de la creación y absorción de valor social en un determinado lugar; probando a su vez el cumplimiento de su razón de ser. Asimismo, la valoración del impacto de estas empresas aporta al diseño y ejecución de la agenda económica encaminada a estimular al sector social de la economía.

Este capítulo se conforma de cuatro apartados: en el primero se da cuenta de la conformación de la economía social en España y México; en el segundo analizan los estudios sobre la medición del impacto social de las entidades de la economía social; seguidamente se presenta la propuesta metodologica para la valoración del sector en distintos contextos y para concluir presentamos algunas reflexiones finales.

LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA Y MÉXICO

A partir del estallamiento de la crisis económica de 2008 y del evidente debilitamiento del Estado de Bienestar, en España ha surgido un número importante de iniciativas económicas denominadas empresas sociales, adscritas a la llamada economía social. La presencia de estas iniciativas socioempresariales y de sus precursores emprendedores sociales ha sido relevante en el ámbito político, económico y social, por ser en gran medida un paliativo al desempleo. De acuerdo con Tarjesen et al. (2012), la importancia del empresariado social es progresiva en el contexto empresarial internacional (Terjesen et al., 2012) particularmente en sociedades avanzadas, donde adquieren el rol de proveedor de servicios y asistencia social que un día tuvieron el Estado o el Tercer Sector (Manetti, 2014: 455). En España, según la ley 5/2011, se caracteriza a la economía social como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios de la economía social, persiguen el interés colectivo de sus integrantes.

En el caso de México las iniciativas económicas con tintes sociales han sido relevantes en el impulso al empleo y a la contención de la pobreza. Por años, entidades de la economía social, cooperativas principalmente, han contribuido al desarrollo de los territorios mediante diversas actividades económicas pertenecientes principalmente a los sectores agrícola y de comercio. Sin embargo, a pesar de la histórica presencia de cooperativas y colectivos de autogestión, en México fue hasta el año 2012 cuando se publicó en el Diario de la Federación la Ley de la Economía Social y Solidaria, misma que dispuso la creación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) con el objetivo de reconocer y visibilizar a este sector.

En 1990, las instituciones públicas españolas reconocieron la importancia del sector social a partir de la creación del instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), aprobado en la Ley 31/1990. El objetivo expreso del INFES es fomentar y dar visibilidad a todas las unidades de la economía social. Actualmente, la economía social en este país se sustenta en la Ley 5/2011, fundamentada en las propuestas de Reglamento de Estatutos de la Asociación Europea sobre las cooperativas y las mutualidades. El conjunto de unidades reconocidas como parte de la economía social está conformado por sociedades cooperativas en sus distintas modalidades, incluyendo las de trabajo asociado, consumo, vivienda, agrarias, servicios, mar, crédito, enseñanza, sanitarias, seguros, de transporte, las sociedades laborales, las asociaciones, fundaciones y mutualidades, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las sociedades agrarias de transformación y las cofradías de pescadores. El principio de inclusión en el amplio universo de la economía social radica en el cumplimiento de un bien social y común. Por lo anterior, es correcto afirmar que el emprendimiento social es producto de la fusión de dos tradiciones: la de la herencia cooperativista, asociativa y del Tercer Sector, y la del mundo empresarial.

En México, el terreno de la economía social está asociado por un lado a los valores y principios de las economías populares, indígenas, y por otro, a la tradición cooperativista del Estado. Las cooperativas agrícolas y de comercio han sido relevantes en la contención de la pobreza, principalmente en zonas indígenas y campesinas del país. Por años, las empresas sociales-cooperativas han contribuido a la actividad económica de diversos sectores, principalmente del agrícola y del comercio. De acuerdo con el artículo 4° del Instituto Nacional de la Economía Social este sector está conformado por: ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. De acuerdo con Izquierdo (2016), operan en el país actualmente unas 15 mil cooperativas aproximadamente en su mayoría de consumo y de producción de bienes en las que participan unos cinco millones de personas, aproximadamente. El modelo cooperativo mexicano es complementario de otros sistemas económicos dominantes, como los de la libre empresa, economías sociales planificadas y economías mixtas. Es importante señalar que las cooperativas en México tienen una vida de aproximadamente 140 años. En este sentido, se debe mencionar que el grado de informalidad que existe en la economía mexicana ha incidido en la formación de las otras formas organizativas.

En España, las empresas sociales se autodefinen y diferencian de las empresas tradicionales por su misión basada en la obtención de un impacto social. En el caso europeo, el impacto de estas iniciativas está relacionado con la resolución de determinadas problemáticas sociales asociadas a los efectos nocivos de la crisis y sobre todo con el descalabro del régimen de bienestar. Mientras que en el caso de México se orientan a satisfacer necesidades básicas de la población más vulnerable, indígenas y campesinos. En ambos casos, la necesidad de evaluar su viabilidad en la solución de problemas concretos, de primera y segunda necesidad, ha ido creciendo paralelamente al surgimiento de nuevas iniciativas y de políticas encaminadas a impulsarlas.

ESTUDIOS SOBRE LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

El impacto de los actores de la economía social y la vigencia de sus principios dependen del contexto en el que actúan. Uno de los vacíos en el campo de la economía social es la falta de herramientas capaces de articular la valoración cuantitativa con la cualitativa de las empresas sociales (Manetti; 2014). La valoración cuantitativa es un tema resuelto a través de la contabilidad empresarial, sin embargo, la valoración social requiere de una mayor discusión que no se limite a la interpretación contable cuantitativa a variables cualitativas. La carencia de una metodología mixta para medir el quehacer de las economías alternativas implica un mecanismo de invisibilidad y de acceso a financiamientos por parte de las entidades de la economía social. Además de ser un lastre en el diseño y aplicación de políticas públicas dirigidas a fomentar el crecimiento, desarrollo y sustentabilidad de estas iniciativas.

Algunas de las formas de la economía social, cooperativas, emprendimientos y grupos de autogestión, destinan gran parte de sus actividades al mercado, destacando que su misión se basa más en la resolución de una determinada problemática social que en la generación de ganancias económicas a partir de la venta de mercancías y servicios. Por ello, y a pesar de que la generación de valor económico, se podría determinar que a través de herramientas contables la medición del impacto social de estas entidades resulta más compleja al ser multidimensional y a menudo intangible y subjetiva. En consecuencia, la medición del impacto de la gran diversidad de los actores de la economía social requiere de formulaciones más sofisticadas que vinculen el saber propio de la contabilidad económica con la aproximación cualitativa, crítica e interpretativa de las ciencias sociales y las humanidades.

En el campo de la administración pública se tiene el reto de diseñar programas que aporten a la sustentabilidad de las distintas alternativas derivadas de la economía social. Los diferentes gobiernos han buscado intervenir en la gestión de los recursos desde el financiamiento hasta la capacitación de los miembros de las iniciativas. Sin embargo, no siempre las formas de intervención han resultado ser positivas debido a que la mayoría de las veces no se parte del reconocimiento de los valores y necesidades de las entidades, sino más bien se da prioridad a la medición de los retornos económicos, que la mayoría de las veces son escasos, además de que los planes de intervención son a corto plazo, por lo que muy poco se aporta a la sostenibilidad y al financiamiento real del sector.

Para el caso de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señala que es un reto fortalecer al sector partiendo de la identificación y cuantificación de las iniciativas. En este mismo sentido, según el informe de la LXII Legislatura y del Instituto Nacional de Economía Social, existe una clara necesidad de contar con indicadores formales que ayuden a medir el impacto de las cooperativas y empresas sociales en la generación de empleos e impulso de las actividades económicas en el país. Hasta el momento no se cuenta con estadísticas confiables y actuales que ayuden a la creación de mecanismos de impulso desde el diseño de la política económica en México, además de que se requiere de planes estratégicos que impulsen la educación financiera en estas iniciativas. Mientras que en el caso español, el aumento de empresas sociales adscritas a los principios de la economía solidaria ha ido en paralelo al debate sobre cómo asegurar su sostenibilidad, cómo determinar el valor social creado y cómo evaluar su impacto. En un sentido estrictamente económico, la valoración cuantitativa ha sido un tema resuelto a través de la contabilidad empresarial, pe- ro no la valoración del impacto social.

Con el propósito de avanzar en una metodología interpretativa que permita medir el impacto de la economía social, a continuación se hace un recorrido de las principales técnicas empleadas hasta el momento. En el campo puramente económico se recurre a los análisis de factibilidad empresarial. La viabilidad de proyectos empresariales inicia con un exhaustivo estudio de mercado, involucrando variables técnicas y económicas en la explicación del probable éxito o fracaso de las iniciativas, haciendo una proyección de ingresos y egresos según el ramo productivo, la población potencial, la política económica de fomento y la competencia. De acuerdo con las técnicas de la administración empresarial, es a través de un plan empresarial que los emprendedores pueden planificar, evaluar y controlar los aspectos más importantes de su negocio, incluyendo los de organización, producción, comercialización, financiación y algunas tareas de responsabilidad social. De modo que las herramientas de la economía de la empresa son útiles a la hora de medir la rentabilidad económica y financiera de cualquier proyecto, pero no de hacer valoraciones sociales que vayan más allá del corporativismo económico o de la llamada responsabilidad social.

Durante mucho tiempo el corporativismo económico se ha asociado a relaciones funcionales entre el Estado, entidades privadas con fines de lucro y gremios sindicales, estableciendo la creación de valor social a través de la colaboración entre empresas y Estado y/o entre empresas y sindicatos. Mediante la asociación entre instituciones, empresas y gremios sindicales se espera la creación de un bien común para la población en cierto territorio. Sin embargo, existen fuertes críticas a las relaciones funcionales entre el Estado y las empresas, señalando que más allá de la creación y valoración de un bien común (valor social positivo) lo que existe es un síndrome social-político-económico en el que a través de relaciones funcionales con elites y grupos sociales el Estado supera sus déficits de legitimación ante una sociedad (Ulrich y Rolf,1978). En este sentido, en este trabajo se apela a una metodología que rebase el umbral del corporativismo económico en la valoración del impacto social de las empresas sociales.

La responsabilidad social empresarial (RSE) es otro de los términos asociados a la medición del impacto social de las empresas sociales. Se dice que las empresas socialmente responsables son aquellas que contribuyen de manera positiva al mejoramiento social, económico y, sobre todo, ambiental de cierto territorio. Mediante la conjunción de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial se busca un equilibrio entre las esferas económica, social y ambiental. La medición de la responsabilidad social arroja información extrafinanciera del quehacer de las empresas, incluyendo vertientes sociales y ambientales, que les permite obtener certificaciones empresariales y mayores rangos de financiación. De acuerdo con Strandberg (2010), en los informes sobre la RSE se usan indicadores cualitativos y cuantitativos no financieros que arrojan resultados económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, los resultados que arroja la valoración de la responsabilidad social no hacen distinción entre empresas y empresas sociales, considerando que las empresas sociales apelan a una misión y valores distintos a las tradicionales empresas con fines de lucro. A través de este marco conceptual se ve a la empresa como una entidad, lucrativa o no, generadora de valor económico y social.

Frente a las carencias que presentan los modelos de contabilidad clásicos para evaluar el impacto de las empresas sociales, diversos autores, como Valcárcel (2010), Emerson (2003) y Millar y Hall (2013), han recurrido al empleo de Blended Value Accounting apelando a que se trata de un marco conceptual que permite articular la valoración financiera, social y ambiental de empresas sociales u organizaciones sin fines de lucro. Entre las metodologías que buscan evaluar el impacto de las empresas sociales en las tres esferas se encuentra el Social Return on Investment (SROI); siendo un método diseñado para medir el valor extra-financiero en relación con los recursos invertidos. A través del (SROI) se ofrece un enfoque cuantitativo útil para gestionar los impactos no financieros de las iniciativas, que son expresados como un ratio de la rentabilidad de la inversión. El objetivo de esta técnica es incluir los valores de todas las personas que conforman la empresa, más allá de los parámetros que el mercado establece. La utilidad de esta técnica radica en que permite hacer cálculos de costo-beneficio, dando cuenta también de los impactos sociales y ambientales.

Mediante la técnica del SROI, Valcárcel (2010), en su trabajo Valoración del impacto social. Un modelo para el área de asistencia social de la obra social de las cajas de ahorros españolas, aplica esta herramienta extrapolándola a otras empresas de inserción laboral, argumentando la importancia de la inclusión laboral en la disminución de la exclusión social. En este trabajo, la autora hace una estimación sobre los resultados o beneficios para más tarde analizar cómo se trasladan a otras unidades. De acuerdo con la autora, los pasos metodológicos son siete: 1) identificación de la misión de la empresa, 2) delimitación del marco temporal y de actuación de la empresa, 3) identificación de los grupos de interés, 4) elaboración del mapa de impactos para cada grupo de interés seleccionado, 5) identificación de los indicadores para cuantificar los impactos logrados, 6) cálculo del valor económico creado por los impactos logrados en los grupos de interés y 7) la creación de un modelo financiero de retorno social.

Valcárcel (2010) ha recurrido a esta metodología definiéndola como una herramienta de análisis cuantitativa que permite una aproximación cualitativa de corte interpretativo. En su trabajo Fondos europeos de emprendimiento social: su aplicación en España, argumenta la necesidad de tener valoraciones financieras y extrafinancieras óptimas que permitan el acceso de empresas sociales españolas a financiamientos provenientes de los fondos de emprendimiento social de la Unión Europea. Es importante aclarar que la autora alude a empresas sociales, emprendedores medioambientales, centros especiales de empleo y empresas de inserción como las principales entidades susceptibles de financiamiento de estos fondos. El acceso a los fondos de la Unión Europea es una de las razones por las cuales existe una clara necesidad de evaluar el impacto social de las llamadas empresas sociales en España.

En diversos trabajos se apunta a que el análisis del impacto de las empresas sociales a través del Blended Value Accounting y del SROI facilita la cuantificación monetaria del impacto social sobre los beneficiarios directos y secundarios de las empresas sociales, aportando información valiosa sobre el uso de sus recursos y excedentes. En el caso de las empresas de inclusión laboral, en España esta lectura es muy clara debido a que se presenta a la inclusión laboral como el motor central para la disminución de la exclusión social. Sin embargo, en otros contextos la creación y transferencia de beneficios directos e indirectos no resulta así de simple, aun en este tipo de empresas de inclusión laboral. Esto es, en este trabajo se apela a la idea de que técnicas como el Blended Value Accounting y del SROI no pueden ser extrapolables a otros contextos sin un análisis profundo de la realidad de cada sitio. Y con esto se apunta a que España y México no comparten una misma realidad ni económica ni socialmente.

Valcárcel (2012) señala que el impacto generado por empresas dedicadas a la inclusión laboral de sectores de la población “vulnerables” se materializará en beneficios económicos, primero para el empleado y luego para sus familiares; extrapolando los beneficios económicos a sociales. En el contexto en el que se aplica la metodología, España se presenta a la inclusión laboral como el motor para la disminución de la exclusión social. Sin embargo, aquí la pregunta es: ¿qué pasa en otros contextos como México, donde igualmente una empresa dedicada a la colocación de trabajadores, vulnerables o no, puede absorber a cierto número de empleados, pero donde las condiciones laborales no son cercanas a las que existen en España y por tanto los efectos sociales pudieran no llegar a existir; esto es, donde la inclusión laboral no necesariamente se traduciría en inclusión social? Aplicar un mismo modelo de evaluación de los impactos sociales de un mismo tipo de empresas puede conducir a errores de interpretación.

En otros trabajos, como el de Contreras y Nuria (2010), la medición del valor social y el impacto de los emprendedores sociales parte de reconocer que el emprendimiento social es un término novedoso, actual y en plena evolución. Esto es, que se reconoce que el terreno de las definiciones aún no está del todo claro. La evaluación del impacto parte de la misión y valores de las empresas sociales autodefinidos como novedosos mecanismos de impulso en el desarrollo social. Los autores definen a los emprendedores sociales como aquellas personas dinámicas con ideas y efectos beneficiosos sobre el conjunto de la economía y la sociedad. De acuerdo con ellos, los emprendedores sociales contribuyen a la solución de problemas sociales orientando la actividad productiva a niveles de desarrollo sostenible. Respecto a la valoración social de las empresas sociales, es revelador lo que los autores argumentan al señalar que estamos ante una total indefinición (Contreras y Nuria, 2010:145) aun por encima de los llamados “balances sociales”. La medición del valor social debe partir de diversas razones en la medida en que su conocimiento y evaluación pueden ser empleados como sistema de control, de comunicación y/o de evaluación del rendimiento de una inversión.

En la misma dirección de determinar el valor social de las empresas, Santos (2012) apunta a la necesidad de evaluar, además, la diferencia entre el valor creado y el valor apropiado, estableciendo de forma empírica si la misión social de las empresas lleva aparejada un efectivo impacto social o ambiental positivo. Santos (2012) sugiere que es más probable encontrar este tipo de emprendimiento social en sectores donde las externalidades son positivas. El valor generado por una empresa social puede considerarse como aquél explicitado en la misión de la organización, destinado a generar un bien social o medioambiental significativo y sostenible y no tanto a maximizar el beneficio económico. La misión de las empresas sociales implica mejorar la vida de las personas, en particular de aquellas más vulnerables. Al respecto, Valenzuela (2013) señala una complejidad en la definición en sí misma de lo que es un valor social. ¿Qué es un valor social?, ¿cómo determinarlo de manera inequívoca?, ¿cuán positivo es?, ¿qué efectos directos e indirectos tiene y para quién?, ¿cuándo?, ¿qué contrapartida tiene? Y, por supuesto, ¿cómo medirlo?

Finalmente, es importante mencionar que para el caso de México existen valiosos estudios que aportan a la comprensión de lo complejo que es medir el impacto social y económico de las entidades del sector social debido a que se alude a valores que no corresponden con la llamada racionalidad económica y que más bien tienen que ver con una lógica de base popular de las economías alternativas. En esta dirección, Reygadas (2014:15-17) alude a ocho dimensiones de los procesos económicos a los que se oponen algunas de las entidades de la economía social y que podrían ser los referentes para valorar sus impactos en relación con: la propiedad y relaciones de producción, el poder, el tipo de actividad económica, la naturaleza del trabajo, el medio ambiente, equidad, inclusión y mercado. Estas dimensiones se pueden valorar al interior y al exterior de las entidades de la economía, considerando las formas en las que logran consolidar las alternativas que proponen. En este punto es importante subrayar lo dicho por Reygadas respecto a que en la valoración del sector social no se trata de establecer una dicotomía distinguiendo entre dos polos opuestos, capitalismo y no capitalismo, más bien se trata de reconocer la diversidad de los actores de la economía social y las respuestas que generan frente a distintas problematicas en distintos contextos.

HACIA UNA METODOLOGÍA INTERPRETATIVA DEL IMPACTO SOCIAL DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

El objetivo de este trabajo es contribuir al establecimiento de una metodología que permita valorar el impacto social de las distintas entidades del sector social partiendo del reconocimiento de sus actores y de las contiendas que enfrentan mediante formas alternativas de organización económica. La posibilidad de proponer operadores lógicos que conduzcan a un análisis fino del contexto será de utilidad para el diseño, ejecución y evaluación de programas y políticas públicas enfocadas en fortalecer la economía social. La clarificación de conceptos funcionales en la valoración social arrojará luz sobre la extrapolación de valores cuantitativos a cualitativos en ciertas sociedades, como la española o la mexicana. Esto es, se propone construir una metodología interpretativa que permita comprender el contexto partiendo del hecho de que las causas y motivaciones que explican el surgimiento de los diferentes actores de la economía social son especificas para cada lugar y tiempo. La gran diversidad de actores y de arenas en las que se mueven proponiendo otras formas económicas nos conduce a no establecer una metodología única de valoración basada en criterios normativos y estáticos.

En lugar de esto se propone avanzar en una perspectiva analítica alimentada de estudios etnográficos que nos permita estudiar y comparar los elementos esenciales de diferentes lógicas económicas. A través de esta metodología contextual se puede encontrar, comprender y asimilar la estructura base con la que funcionan las economías alternativas. Al mismo tiempo, permite evidenciar las diferentes relaciones sociales, económicas y culturales que tienen lugar en el marco de las contradicciones que resultan de la confrontación con la economía dominante. Para la construcción metodológica de análisis del impacto social de las entidades se considera: i) la definición que hacen las propias entidades de sí mismas adscribiéndose a la economía social y solidaria, ii) la creación de valores tanto al interior como al exterior y iii) el tipo de necesidades que buscan atender mediante sus acciones. Estos tres puntos implican conocer las condiciones económicas que persisten en los lugares donde actúan las fuerzas productivas, materiales e intelectuales con las que cuentan y el conjunto de representaciones sociales de las alternativas que proponen. Las condiciones económicas a las que se oponen están dadas por el tipo de capitalismo que existe en los lugares y es a partir de ellas que las entidades configuran opciones de resistencia y resiliencia. Las fuerzas productivas se refieren a los medios materiales e intelectuales con las que las cooperativas o los grupos cuentan, inventan y transforman constantemente para su aplicación en distintos procesos productivos y organizativos del trabajo. Finalmente, el conjunto de representaciones sociales de las alternativas que proponen frente a los aspectos a los que se oponen son claves en la existencia de las entidades, debido a que sin estos elementos no podrían existir ni persistir, ya que sus valores o principios no se podrían transmitir a otros miembros de las entidades.

Respecto a la definición de la entidad, se apunta al apego de los valores cooperativistas expresados la mayoría de las veces es su misión y valores, apelando a motivaciones sociales más que económicas. En el caso de España y de acuerdo con la carta de principios de la economía social de la confederación europea, las entidades adscritas a este sector deben estar constituidas a partir de un carácter social del capital y de la búsqueda de intereses comunes para toda la población. Por tanto, solucionar de manera innovadora problemas concretos de una sociedad resulta ser el quehacer de las empresas sociales y de las cooperativas. En este caso se observa claramente que las tareas de las empresas sociales están ampliamente relacionadas con los estragos de la crisis económica y con algunos de los servicios que anteriormente se asociaban al régimen de bienestar. Se trata de empresas que priman el beneficio social por encima del económico, aunque la sostenibilidad es un requisito para su supervivencia y por lo tanto un objetivo (figura 1).

CREACIÓN DE VALORES

Mediante la identificación de indicadores sociales y económicos encaminados a la evaluación de las iniciativas del sector social se ha perfilado una serie de variables que permitan medir los valores sociales en dos dimensiones: interna y externa de las empresas. Se atiende la dimensión interna mediante las funciones de las relaciones sociales de producción debido a que a partir de éstas se asegura el acceso y el control social de las fuerzas productivas, la distribución de la fuerza social del trabajo y el reparto de los frutos del trabajo. Es importante aclarar que no se trata de asignar una calificación numérica, pero si de poner atención en aquellos elementos que dan forma y sustentan el carácter de las alternativas (figura 2).

Por otro lado, se retoma lo enunciado por Santos (2012) al reconocer la evaluación de valores creados y absorbidos, debido a que ciertas entidades adscritas a la economía social pueden estar absorbiendo más que creando valores. Por ejemplo, en España la integración laboral de colectivos de personas “vulnerables” es la principal misión de las empresas sociales; sin embargo, es importante revisar qué tanto este principio retribuye a la empresa en el sentido de marketing positivo. En la tabla 1 se presentan estos indicadores; la premisa inicial de este avance metodológico es que el valor de las empresas sociales y la vigencia de sus principios dependen del contexto en el que éstas actúan.

Hacer operativa esta metodología es parte del objetivo de este trabajo. Por ello, se propone construir a partir de los principios y valores de la economía social y solidaria un modelo ideal que sirva de referente al momento de contrastar la realidad con los ideales, reconociendo en todo momento sus capacidades de organización y de oposición ante los fallos de la economía de mercado. La figura 3 es sólo un ejemplo pues en el modelo ideal se tomarían en cuenta cada uno de los principios de la economía social, incluyendo los relacionados con el medio ambiente.

NECESIDADES QUE SE BUSCAN ATENDER MEDIANTE SUS ACCIONES

Con el fin de avanzar en la construcción metodológica, se propone, en un primer momento, hacer una diferenciación de las empresas a partir del tipo de producto o servicio que estén produciendo, del margen de acción y del tipo de relación que tengan con la sociedad o con el Estado mediante instituciones clave. En la gráfica 1 se esboza un plano dividido en cuadrantes, donde el eje de las ordenadas denotaría el tipo de necesidades que estaría cubriendo la entidad, de tipo I o II, según el contexto, mientras que en el eje de las abscisas se podrían identificar a los actores en función de su relación con la sociedad o con instituciones cercanas al Estado.

La dispersión de las entidades sólo se obtendrá después de haber hecho una exhaustiva exploración del entorno. Por ejemplo, en la figura 4 se muestra una primera aproximación gráfica para los casos de España y México.

El contexto general es de crisis económica, pobreza e informalidad en el mercado laboral.

Los actores centrales en un panorama en el que la sociedad civil tiene que cubrir necesidades del tipo I son: la sociedad civil, en su mayoría los sectores excluidos del mercado laboral formal; las organizaciones campesinas e indígenas, principales impulsoras de cooperativas; el Estado y algunas universidades.

Finalmente, el enorme énfasis que se ha puesto en el emprendimiento social y en su contribución a la solución de problemas económicos y sociales ha relegado a un segundo plano la discusión teórica de lo que implica ser un empresario social. Cuestionar el cumplimiento de los principios de la economía social por parte de empresas privadas que buscan etiquetarse como empresas sociales es un problema que debe ser atendido, considerando que se habla del emprendimiento social haciendo alusión a la capacidad de agentes (empresarios sociales) de innovar con intención social-ambiental, creando valor social y asumiendo riesgos.

REFLEXIONES FINALES

Es importante recordar que este avance metodológico está orientado a la valoración del impacto social y no económico de las entidades que conforman al sector social. Se considera la creación de valores al interior y al exterior. Al interior, considerando las funciones de las relaciones sociales de producción y al exterior a través de indicadores relacionados con variables cualitativas del debilitamiento del Estado de Bienestar en el caso de España, y con la satisfacción de necesidades de primer orden para el caso de México. El impacto económico de la empresa será medible a través de su sustentabilidad y del retorno de la inversión. La traducción de efectos sociales a económicos es aún más válido que hacer lo contrario. En la definición de impacto social se justifica la existencia de una metodología interpretativa y compleja.

¿Por qué valorar el impacto social y económico de las entidades de la economía social? Porque al hablar de ello aportamos a la visibilidad y reconocimiento del sector estableciendo un diálogo entre la academia y la praxis, destacando su capacidad de resiliencia para generar formas alternativas de desarrollo en sus territorios mediante distintas formas de organización productiva y/o comercial. Finalmente, en este trabajo se sostiene que las distintas iniciativas de la economía social impactan de manera positiva en la atención de problemáticas sociales en México y en España, por ello se postula la idea de incorporar en futuros trabajos orientados a la valoración del sector social el análisis de la trama de relaciones entre agentes públicos y privados.

BIBLIOGRAFÍA Contreras, Raúl y Núria González (2010), “La medición del valor social y el impacto de los emprendedores sociales”, en Joan Ramon Sanchis, Emprendimiento, Economía social y empleo, Valencia, iudescoop/Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Valencia. Emerson, J. (2003), “The Blended Value Proposition: Integrating Social and Financial Returns”, en California Management Review, vol. 15, núm. 4, pp. 35-51, disponible en doi: 10.2307/41166187. Izquierdo, Martha (2016), “Cooperativas de producción en México y reformas fiscales”, en Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, núm. 50, pp. 103-126. Manetti, Giacomo (2014), “The Role of Blended Value Accounting in the Evaluation of Socio-Economic Impact of Social Enterprise”, en Voluntas, vol. 25, núm. 2, pp. 443-464. Millar, Ross y Kelly Hall (2013), “Social Return on Investment (sroi) and Performance Measurement”, en Public Management, vol. 15, núm. 6, pp. 923-941, disponible en doi <10. 1080/14719037.2012.698857>. Reygadas, José Luis (2014), Economías alternativas. Utopías, desencantos y procesos emergentes, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Juan Pablos Editor. Santos, Filipe M. (2012). “A Positive Theory of Social Entrepreneurship”, en Journal of Business Ethics, vol. 111, núm. 3, pp. 335-351, disponible en DOI <10.1007/s10551-012-1413-4>. Strandberg, L. (2010), “La medición y la comunicación de la rse: indicadores y normas”, en Cuadernos de la Cátedra “La Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, núm. 9, Business School, Universidad de Navarra, disponible en <http://www.iese.edu/es/ad/ catedras/caixa/Newsletters2009/Newsletter9Formato- Base.asp>. Terjesen, Siri; Jean Lepoutre, Rachida Justo y Niels Bosma (2012), Global Entrepreneurship Monitor, Report on Social Entrepreneurship Executive Summary, Londres, pp. 1-12, disponible en <https://www.gemconsortium.org/report/gem-report-on-social-entrepreneurship-executive-summary>. Ulrich, V. y G. Rolf (1978), ¿Del Estado estamental al corporativismo liberal?, en Revista de Estudios Políticos, núm. 5, España. Valcárcel Dueñas, Mercedes (2010), “Valoración del impacto social de la obra social de las cajas de ahorros españolas: un método para el área de asistencia social”, tesis de doctorado, UNED, Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Valcárcel Dueñas, Mercedes (2012), “Los fondos europeos de emprendimiento social: su aplicación en España”, en CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 75, pp. 104-128, disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/ 174/17425798007.pdf>, consultado el 17 de febrero de 2022. Valenzuela, Hugo (2013), MIES. Midiendo el Impacto de la Economía Social. Hacia una metodología mixta y participativa para la evaluación del impacto de las empresas sociales españolas, documento de trabajo, Universidad Autónoma de Barcelona.

* Profesora-investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <j.mar tinezc@correo.ler.uam.mx>.

FIGURA 1 DEFINICIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOCIAL

<_00_FALSA>Entidades de la economía social

<_00_FALSA>Valores y principios de la economía solidaria <_00_FALSA>Orientación política <_00_FALSA>Generación de valores sociales y ambientales

<_00_FALSA>Solución de problemáticas concretas <_00_FALSA>Misión y visión <_00_FALSA>Contexto <_00_FALSA>Más o menos orientadas al mercado <_00_FALSA>Tipo de capitalismo FUENTE: elaboración propia.

FIGURA 2 FUNCIONES DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL <_00_FALSA>Acceso y control de las fuerzas productivas: materiales e intelectuales

<_00_FALSA>Organización y distribución de la fuerza de trabajo

<_00_FALSA>Repartición del excedente

<_00_FALSA>Representaciones sociales de los principios y valores FUENTE: elaboración propia. <_00_FALSA>Organización alternativa Organización alternativa de las entidades de la de las entidades de la economia socialeconomia social TABLA 1

Valor social creado	Medición del impacto social de las empresas	Análisis del contexto (España)
Al interior de la empresa	Al exterior de la empresa
Examen a las relaciones sociales de producción	Acciones que contengan la caída del Estado de Bienestar en lo social y en el medio ambiente (incremento de la calidad de vida de los que participan)
Organización en el proceso del trabajo (estructura de los puestos de trabajo, participación democrática)	Inclusión laboral de colectivos clave (minusválidos, drogadictos, amas de casa, migrantes, etc.)
Pago al trabajo (estructura salarial)	Relación económica y política con el resto del mundo. Modalidades que asume la transferencia de valor social
Mecanismos de producción y distribución del excedente (social y/o económico)	Transferencia de conocimiento y de redes a otras empresas sociales
Relación con el medio ambiente	Institucionalidad política
Cumplimiento e identificación de la misión y visión entre todos los actores de la empresa. Valores	Transferencia de valor a la localidad
Valor socal apropiado	Medición del impacto social de las empresas	Análisis del contexto (España)
Al interior de la empresa	Al exterior de la empresa
Fuerza de trabajo/medioambiente	Absorción de valor social, medio ambiental y económico
Apropiación de conocimientos científicos, técnicos y habilidades organizacionales de los trabajadores	Apropiación de valores y saberes locales
Trabajo físico o intelectual no remunerado	Absorción de prácticas organizativas
Valor socal apropiado	Medición del impacto social de las empresas	Análisis del contexto (España)
Al interior de la empresa	Al exterior de la empresa
Formas de apropiación del excedente (social y/o económico)	Ayudas y subvenciones aportadas desde el Estado o entidades financieras por absorber a dichos colectivos
Apropiación de la imagen de los trabajadores y de las actividades marketing	Apropiación de la imagen del lugar (Barcelona Activa, marca Barcelona) actividades marketing
	Absorción de conocimiento y de las redes de otras empresas sociales

FUENTE: elaboración propia. TABLA 1 (CONTINUACIÓN)

FIGURA 3 CREACIÓN DE VALORES AL INTERIOR <_00_FALSA>Al interior de las iniciativas <_00_FALSA>• Toma de decisiones <_00_FALSA>• Participación activa de <_00_FALSA> todos los trabajadores <_00_FALSA> en decisiones importantes

<_00_FALSA>Democracia

<_00_FALSA>Igualdad

<_00_FALSA>Ambiente <_00_FALSA>laboral <_00_FALSA>• Organización <_00_FALSA> del trabajo <_00_FALSA>• Estructura de puestos <_00_FALSA> de trabajo <_00_FALSA>• Estructura salarial <_00_FALSA>• Comunicación <_00_FALSA>• Programas de <_00_FALSA> capacitación y superación FUENTE: elaboración propia. GRÁFICA 1 ACTORES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR

Tipo de necesidades	Identificación de las empresas
	Acción local	Acción global
Total	*****	*****
Total	Instituciones puente entre el Estado y la sociedad	Sociedad *****

FUENTE: elaboración propia.

FIGURA 4 DIVERSIDAD DE ACTORES EN DOS CONTEXTOS DISTINTOS: ESPAÑA Y MÉXICO

Pobreza, crisis e informalidad del mercado laboral
	Acción local, México	Acción global
Tipo I Primera necesidad
Tipo II Otras necesidades

Universidades Organizaciones campesinas e indígenas cooperativas Excluido Sociedad civil Estado

Crisis económica y debilitamiento del Estado de Bienestar
	Acción local, Cataluña	Acción global
Tipo I Primera necesidad
Tipo II Otras necesidades

UE Elegidos Partidos políticos Estado IGOP Desplazados CIC, XES FUENTE: elaboración propia. Conversos

DEL COOPERATIVISMO A LA ECONOMÍA SOCIAL MODERNA: EL CASO DE BARCELONA*

Julieta Martínez Cuero** Hugo Valenzuela García*** José Luis Molina****

INTRODUCCIÓN

A partir de una revisión de la literatura sobre economía social y de la investigación llevada a cabo en Cataluña, se ha identificado la necesidad de avanzar en una conceptualización teórica de la “economía social” que tenga en cuenta sus orígenes, realidad actual y marcos normativos, así como de la reciente irrupción del “empresariado so- cial”, tanto en las políticas públicas comunitarias como entre actores privados como bancos y fundaciones, entre otros. A partir del análisis crítico de las características atribuidas al “empresariado social” por estos actores públicos y privados, se propone el concepto de “economía socialmente orientada” como campo que incluye tanto la economía social tradicional como los nuevos espacios orientados bien al mercado o bien al intercambio, pero siempre con el referente de la economía social.

El término economía social apareció por primera vez en 1830 en un tratado escrito por Charles Dunoyer como parte de la economía moral (Monzón y Chaves 2012). Desde entonces el conjunto de entidades que la conforman y su campo de acción se han transformando en función de condiciones sociales, económicas y políticas específicas. Aunque en contextos de crisis (1929, 1970, 1982, etc) la relevancia de la economía social ha permanecido, debido a su resiliencia para paliar los efectos negativos del desempleo y de las limitaciones del mercado para satisfacer el grueso de las necesidades de la población. Así, por ejemplo, en Cataluña el impulso a la economía social tanto en el discurso como en la práctica, se ha dado con mayor fuerza a partir de 2008. En un escenario de crisis económica, de desempleo y de debilitamiento del Estado de Bienestar se ha revalorizado al sector tradicional conformado por cooperativas, mutuas y sociedades laborales, al tiempo de reconocer y fomentar la existencia de empresas sociales.

En este artículo se da cuenta de la transformación de la noción de la economía social exponiendo sus orígenes en el cooperativismo histórico y atendiendo la irrupción del empresariado social. Se expone la forma y el fin de las nuevas entidades de la economía social a partir de la evidencia empírica recogida. Además, se abordan diferentes metodologías dirigidas a la evaluación del impacto socioeconómico del empresariado social con el objetivo de contrastar las metodologías aplicadas a las entidades tradicionales, cooperativas principalmente, con las propuestas de medición del impacto socioeconómico de las empresas sociales. Para desarrollar estas ideas, el texto se presenta en dos apartados principales. En el primero, se exponen los orígenes de la economía social atendiendo las ideas de los precursores del cooperativismo y el sistema de valores bajo el que se regían las primeras experiencias y en el segundo, se habla de la transición de la economía social cooperativista a una noción más amplia y orientada a la solución de problemáticas actuales.

EL ORIGEN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

El origen de la economía social en Europa se sitúa en los siglos XVIII y XIX (Pérez, Etxezarreta y Guridi 2008). En la literatura su irrupción se asocia con el despegue de la Revolución industrial, vinculándola con los primeros movimientos obreros 1 1 Se señala como las primeras experiencias de asociación libre de trabajadores y génesis del movimiento obrero a las cooperativas y sociedades de ayuda y/o resistencia en los gremios de comerciantes y artesanos. De acuerdo con Lasserre (1972), el movimiento obrero se desarrolló en tres ramas principales: el sindicalismo, el socialismo político y el cooperativismo. surgidos en respuesta a los efectos negativos que causaban el avance del capitalismo en la sociedad. De acuerdo con (Monzón y Chaves 2012), se reconoce a las cooperativas y a las asociaciones libres de trabajadores de los gremios de comerciantes y artesanos como las primeras entidades del sector; haciendo hincapié en su capacidad para corregir desequilibrios económicos y sociales provocados por fallas en el mercado.

COOPERATIVISMO, GÉNESIS DE LA ECONOMÍA SOCIAL MODERNA

Si bien se reconoce a las cooperativas y a las asociaciones de trabajadores como la génesis de la economía social, en esta sección no se pretende hacer una síntesis de la historia del cooperativismo en Europa, sino profundizar en las condiciones económicas, sociales y políticas en las que emergieron las primeras entidades. Se exponen los planteamientos de los precursores del cooperativismo que en su momento fomentaron su creación, atribuyéndoles beneficios para la sociedad y la economía. Se presta atención a los principios rectores del cooperativismo histórico considerando que a través de este sistema de valores se legitiman las entidades modernas de la economía social.

El avance del capitalismo industrial se dio en condiciones de explotación laboral, precarización social y grandes desequilibrios sociales basados en la posesión o desposesión de los medios de producción. En este contexto surgió el cooperativismo como uno de los pilares del movimiento obrero, entendido como una salida estratégica a problemáticas generadas por las limitaciones del mercado. La primera experiencia efectiva de asociación libre de trabajadores fue la cooperativa de Rochdale Equitable Pioneers Society 2 2 En la literatura especializada en los estudios del cooperativismo existe cierto debate sobre la existencia de la primera cooperativa, considerando la exis en Inglaterra en el año de 1844, que años más tarde en 1895 dio origen a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en Londres.

Respecto a los beneficios, desde el punto de vista de sus precursores, las cooperativas se presentaban como agentes capaces de aliviar diversas problemáticas económicas y sociales de la población. Según Owen (1816, citado por Moore, 2013:30), considerado el padre del cooperativismo por sus contribuciones expuestas en su trabajo A New View of Society, las cooperativas conformadas por productores y consumidores servían para frenar los estragos del liberalismo económico, satisfaciendo así un gran número de necesidades a la población y potenciando la productividad de los trabajadores. En esta misma dirección, Charles Fourier (1829) pregonó la repartición jus- ta de las ganancias entre los socios de los falansterios, basados en los principios del cooperativismo integral y la libertad de asociación. Por su cuenta, Louis Blanc veía en la organización de la producción a través de talleres colectivos controlados por los trabajadores y financiados por el Estado una solución viable a la marginación de algunos miembros de la sociedad (Monzón, 1989).

En la literatura económica se alude a las ideas del marginalista Léon Walras (1874) 3

en Birmingham y a la de Gava nombrada Old Victualling Society, ambas puestas en marcha en 1777. También se menciona a la Association Chrétienne des Bijoutiers en Doré, creada en París en 1834, promovida por Jean-Phillipe Buchez, discípulo de Saint-Simon (Vienney, 1980). Sin embargo, en toda la literatura se acepta a Rochdale como la primera experiencia de cooperación sistematizada que dio origen al movimiento cooperativista (Gascon, 1962). tencia de registros previos a 1816; se menciona a la cooperativa de producción

y John Stuart Mill (1951) para hablar de la economía social como parte sustancial de la ciencia económica. Ambos economistas hicieron hincapié en los efectos positivos macroeconómicos que causaba la reconciliación entre el capital y el trabajo, materializada en la acción de las cooperativas de consumo y asociaciones de trabajadores. Walras defendía a las cooperativas de productores y consumidores siendo congruente con sus ideas de competitividad y maximización de la utilidad, aboliendo la existencia de monopolios, las rentas privadas de la tierra y la acumulación de la riqueza (Cámara, 2000). Por su cuenta, John Stuart Mill hablaba del cooperativismo como un medio para lograr la reforma social que haría posible que los trabajadores gozaran de libertad. Tanto en las ideas de Walras como en las de Stuart Mill se exalta el sentido de justicia social opuesto a las ideas del liberalismo económico de Adam Smith y David Ricardo (Pérez, Etxezarreta y Guridi 2008).

En todos los casos, el sentido de justicia social se relacionaba con la distribución equitativa de los recursos y con la asociación libre de trabadores. De tal manera que el impacto social y económico esperado al interior de las cooperativas se determinaba a través de las funciones sociales de producción, principalmente con las relacionadas con la organización del proceso productivo y la repartición de las ganancias. Al exterior, se esperaba un impacto positivo a través de la mejora de vida de la población mediante la impartición de educación continua a los socios y sus familias.

PRINCIPIOS RECTORES DEL COOPERATIVISMO

Hacer una revisión de los principios de adhesión y de organización del cooperativismo histórico es necesario en tanto que se asume en este sistema de valores la esencia de las actuales entidades del sector, debido a que como lo mencionan Monzón y Chaves (2012), la base de la noción moderna de la economía social es el cooperativismo histórico. Los principios en los que se avalan las entidades modernas de la economía social se corresponden con los de los pioneros del cooperativismo de Rochdale y se refieren a la libre adhesión de los socios, la administración democrática, el interés limitado al capital, el destino de los excedentes, la instauración de un sistema de ventas al contado, el fomento a la educación cooperativa de todos los socios y sus familias, y la neutralidad política y religiosa de todas las acciones de la cooperativa. A Owen (1816 y 1858) y Fourier (1829) se les atribuye la idea de entender a las cooperativas como empresas de servicios y no de dinero, exaltando los valores de democracia y responsabilidad entre todos los asociados. Es importante subrayar que estos principios fueron elaborados en un momento histórico especial, la expansión del capitalismo y en circunstancias específicas de Inglaterra.

Una vez expuestos los orígenes de la economía social y el sistema de valores del conjunto de las entidades tradicionales, en la siguiente sección se da cuenta de su transformación, atendiendo la existencia de nuevos actores y la adaptación de los principios históricos a las condiciones económicas y políticas actuales.

DE LAS COOPERATIVAS A LA ECONOMÍA SOCIAL ORIENTADA

En este apartado se analiza la transformación del sector social en España a través de la irrupción del emprendimiento social. El objetivo es avanzar en la conceptualización de la economía social moderna. A partir de 2010, con la irrupción del empresariado social, se ha ampliado la noción de economía social conjugando valores del cooperativismo histórico con sistemas de gestión empresarial. En un escenario de crisis económica, de desempleo y de recortes en el gasto público, se ha revalorizado al sector tradicional (cooperativas y sociedades laborales) al mismo tiempo que se ha reconocido como positiva la inclusión del emprendimiento social. En la definición ampliada de economía social se clasifica a las entidades en dos campos de acción, según su orientación o no al mercado. El grupo de entidades orientadas al mercado incluye a las cooperativas, mutuas y mutualidades, sociedades laborales y empresas sociales, mientras que el campo no orientado al mercado se conforma por asociaciones y fundaciones.

En la nueva definición de la economía social se conjuga la acción del Estado y de la sociedad al reconocer a personas como emprendedoras sociales. El reconocimiento del sector moderno por parte del Estado ha quedado plasmado en leyes y programas de fomento, argumentando la importancia que tienen las empresas sociales en la solución de problemas económicos o ambientales. Siguiendo esta idea, Jahier (2011) señala que en momentos de crisis económicas y sociales existe en España la necesidad de destacar el potencial económico y social de todas las entidades de la economía social.

Desde las instituciones se plantea al emprendimiento social como una vía para hacer partícipe a la sociedad en proyectos encaminados a resolver problemas sociales o medioambientales. En el caso de España, la economía social ha quedado establecida en términos formales y legislativos como:

El conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios de la economía social, persiguen el interés colectivo de sus integrantes (Ley, 5, 2011).

En lo formal, la economía social se exhibe como un sector económico conformado por el mundo de los negocios, el sector privado y el público del que emergen soluciones prácticas a problemáticas económicas y sociales actuales. Se plantea que la inclusión del empresariado social es parte de una salida estratégica a la crisis económica, sugiriendo a través de la existencia de empresas sociales la generación de empleo sostenible. En el discurso y en la práctica, el emprendimiento social ha ganado fuerza frente a las entidades tradicionales de la economía social. Como lo mencionan Tejersen et al. (2012), la importancia del empresariado social ha sido progresiva en el contexto empresarial internacional particularmente en sociedades avanzadas, donde ha adquirido el rol de proveedor de servicios y asistencia social que un día tuvo el Estado o el Tercer Sector (Manetti, 2014:455).

El enorme énfasis que se ha puesto en el emprendimiento social y en su contribución a la solución de problemas económicos y sociales ha relegado a un segundo plano la discusión sobre la forma de las nuevas entidades del sector social. En el discurso se ofrece una definición amplia del empresariado social, haciendo alusión a la capacidad de los actores (empresarios sociales) de innovar con intención social-ambiental, creando valor social y asumiendo riesgos. En la literatura académica se describe a los empresarios sociales como personas con capacidad de innovar en la búsqueda de soluciones a problemas concretos. Se establece que se trata de individuos motivados principalmente por causas sociales y ambientales, capaces de combinar sus dotes empresariales con su grado de responsabilidad ante la sociedad.

Definir al empresariado social a través de su capacidad innovadora y/o de su grado de responsabilidad social es una limitante a la hora de diferenciar entre iniciativas privadas (capitalistas con responsabilidad social) de empresas sociales basadas en un sistema de valores puramente sociales. Se trata de una amplia definición que ha dado lugar a que cierto sector de la sociedad o del mundo empresarial se autoidentifiquen como parte del empresariado social.

En lo formal, las empresas sociales se autodefinen y diferencian de las empresas capitalistas mediante la formulación de su misión, basada en la creación de valor social antepuesta a la generación de valores económicos. Sin embargo, a pesar de que el valor social aparece como uno de los elementos más recurrentes en la especificidad de las empresas sociales, hasta ahora no existe algún método para su evaluación y comprobación. Las declaraciones de “todos somos emprendedores”, “todos buscamos soluciones prácticas con valor social”, “yo estoy por un mundo sustentable”, “he innovado con valor social” abundan y por tanto complican diferenciar entre misiones sociales o empresariales. Los que se presentan como empresarios sociales lo hacen a través de subrayar su capacidad de innovación, relacionando su actividad económica con la creación de valor social, asociándolo con el progreso social (Sekn 2010).

En síntesis, la transformación que ha tenido la noción de economía social se explica por dos aspectos relacionados entre sí: el primero es el contexto de crisis económica y social que ha dado lu- gar a la aparición, en la práctica y el discurso, de empresas sociales como parte del sector social; el segundo son las causas políticas y económicas que están motivando que el Estado visibilice e impulse estratégicamente a los empresarios sociales. 4 3 Léon Walras es conocido ampliamente en el campo a la economía por ser el fundador de los análisis matemáticos de la demanda marginal y del equilibrio general. Sus ideas se retoman actualmente por la teoría neoclásica, invisibilizando casi por completo sus aportaciones en lo social. Por lo ello resulta sumamente importante hacer notar sus contribuciones en el campo de la economía social contextualizando sus ideas en el marco de la política económica. Walras hablaba de colectivismo y no de comunismo, atendiendo las políticas que afectan a la producción y a la distribución. Finalmente, es importante mencionar que las nuevas entidades de la economía social, empresas sociales e híbridos de experiencias cooperativas, se legitiman como parte la economía social a través de la suscripción del sistema de valores del cooperativismo tradicional.

¿QUÉ IMPACTO SE ESPERA DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL MODERNA?

La economía social se ha tomado como el modelo para afrontar tanto la crisis financiera como la creación de empleo y la provisión de servicios sociales y ambientales (Sajardo y Bakaikoa, 2004). Ante fallos del mercado y del Estado, se concibe a la economía social como una alternativa óptima para enfrentarlos. Así, el presidente del Grupo de Actividades Diversas del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Luca Jahier se refiere a la economía social como:

Un sector que contribuye de manera significativa a la creación de empleo, al crecimiento sostenible y a una distribución de la renta y la riqueza más justa, combinando la rentabilidad con la inclusión social y los sistemas democráticos de gobernanza, que trabaja junto con los sectores público y privado para ajustar los servicios a las necesidades (Monzón y Chaves, 2012:6).

El portavoz del sector de la economía social del Comité Económico Social Europeo señala:

La economía social es un sector que no sólo constituye un importante pilar para el empleo y la cohesión social en toda Europa, sino que también es esencial para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 (Cabra de Luna, citado en Monzón y Chaves, 2012:7).

¿CÓMO MEDIR EL IMPACTO DE LAS NUEVAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL?

Este apartado está dedicado a explorar la evaluación del impacto socioeconómico del sector ampliado de la economía social moderna. El hilo conductor entre la primera parte del texto y esta sección se encuentra en la necesidad de explorar los alcances de las empresas sociales como una nueva forma de la economía social destinada al mercado.

Existe una amplia literatura dedicada a evaluar el impacto del sector tradicional de la economía social (cooperativas y sociedades laborales) haciendo uso de su forma jurídica que les permite realizar balances y reportes que plasman el cumplimiento de los principios del cooperativismo histórico. Se recurre a los beneficios enunciados en la génesis de la economía social, en pleno avance del capitalismo, aludiendo a los grandes beneficios que causa la reconciliación entre el capital y el trabajo.

A diferencia de las metodologías empleadas para las cooperativas, en la literatura de emprendimiento social no hay consenso so- bre la metodología e instrumentos con los que se deba comprobar la creación de valor social. Se debate entre hacer uso de herramientas diseñadas para el sector privado, como informes de responsabilidad social, y la aplicación (adaptación) de los balances sociales orientados a las cooperativas o sociedades laborales. En este sentido, a continuación se presenta una revisión de las metodologías existentes sobre la evaluación del impacto socioeconómico de las empresas sociales, con el fin de reunir elementos que contribuyan a la nueva conceptualización del campo social.

La valoración económica y social para las empresas capitalistas es un tema resuelto a través de la contabilidad empresarial y de los reportes de responsabilidad social empresarial (RSE). De acuerdo con Strandberg (2010), en los informes sobre la RSE se usan indicadores cualitativos y cuantitativos no financieros que arrojan resultados económicos, sociales y ambientales. Esto es, mediante la conjunción de prácticas estratégicas de marketing y de gestión empresarial, las empresas muestran tener la intención de buscar un equilibrio entre las esferas económica, social y ambiental. Desde esta perspectiva de responsabilidad social, se entiende que cualquier empresa que aluda a tener prácticas amigables con el medio ambiente y de inclusión de ciertos sectores de la población es una entidad que contribuye al mejoramiento social, económico y ambiental de cierto territorio. Es importante mencionar que de acuerdo con la lógica empresarial privada, la RSE se puede dimensionar como una práctica inversa a la maximización de ganancias. Finalmente, en este enfoque no se habla de la creación de valor, por lo que no existe conflicto en su medición.

Frente a las carencias que presentan los modelos de contabilidad clásicos para evaluar el impacto de las empresas sociales, diversos autores (Emerson, 2003; Valcárcel, 2010; Millar y Hall, 2013) han recurrido al empleo de Blended Value Accounting, subrayando que se trata de un marco conceptual que permite articular la valoración financiera, social y ambiental de empresas sociales u organizaciones sin fines de lucro. La metodología que se emplea es el Social Return on Investment (SROI), definido como un método diseñado para medir el valor extrafinanciero de las empresas sociales en relación con los recursos invertidos. A través del SROI se ofrece un enfoque cuantitativo útil para gestionar los impactos no financieros de las iniciativas, que son expresados a través de un ratio de la rentabilidad de la inversión. El objetivo de esta técnica es incluir los valores de todas las personas que conforman la empresa, más allá de los parámetros que el mercado establece. La utilidad de esta técnica radica en que permite hacer cálculos de costo-beneficio dando cuenta también de los impactos sociales y ambientales.

Valcárcel (2010, 2012) ha recurrido a esta metodología definiéndola como una herramienta de análisis cuantitativa que permite una aproximación cualitativa de corte interpretativo. Los pasos metodológicos a seguir en la técnica del SROI son siete: 1) identificación de la misión de la empresa, 2) delimitación del marco temporal y de actuación de la empresa, 3) identificación de los grupos de interés, 4) elaboración del mapa de impactos para cada grupo de interés seleccionado, 5) identificación de los indicadores para cuantificar los impactos logrados, 6) cálculo del valor económico creado por los impactos logrados en los grupos de interés, y 7) la creación de un modelo financiero de retorno social.

En la misma dirección de determinar el valor social de las empresas sociales, Santos (2012) apunta a la necesidad de evaluar además la diferencia entre valor creado y valor apropiado, estableciendo de forma empírica si la misión social de las empresas lleva aparejada un efectivo impacto social o ambiental positivo. Santos (2012) sugiere que el valor generado por una empresa social puede considerarse aquel explicitado en la misión de la organización, destinado a generar un bien social o medioambiental significativo y sostenible y no tanto a maximizar el beneficio económico. La misión de las empresas sociales implica mejorar la vida de las personas, en particular de aquellas más vulnerables. Al respecto, Valenzuela (2013) señala una complejidad en la definición en sí misma de lo que es un valor social. ¿Qué es un valor social?, ¿cómo determinarlo de manera inequívoca?, ¿cuán positivo es?, ¿qué efectos directos e indirectos tiene y para quién?, ¿cuándo?, ¿qué contrapartida tiene? Y, por supuesto, ¿cómo medirlo?

En otros trabajos, como el de Contreras y González (2010), la medición del valor social y el impacto de los emprendedores sociales parten de reconocer que el emprendimiento social es un término novedoso, actual y en plena evolución; esto es, que se reconoce que el terreno de las definiciones aún no está del todo claro. La evaluación del impacto parte de la misión y valores de las empresas sociales autodefinidos como novedosos mecanismos de impulso en el desarrollo social. En la definición de los autores nuevamente nos encontramos con una definición amplia sobre los emprendedores sociales al definirlos como aquellas personas dinámicas con ideas y efectos beneficiosos sobre el conjunto de la economía y la sociedad. De acuerdo con ellos, los emprendedores sociales contribuyen a la solución de problemas sociales orientando la actividad productiva a niveles de desarrollo sostenible. Respecto a la valoración social de las empresas sociales, es revelador lo que los autores argumentan al señalar que estamos ante una total indefinición aún por encima de los llamados “balances sociales”. La medición del valor social debe partir de diversas razones en la medida en que su conocimiento y evaluación puede ser empleado como sistema de control, de comunicación y/o de evaluación del rendimiento de una inversión.

REFLEXIONES FINALES

A lo largo de este trabajo se ha demostrado una clara necesidad de avanzar en la conceptualización de la economía social moderna y en la evaluación del impacto socioeconómico del conjunto de entidades que la conforman. En este último punto se advierte que la forma de las empresas sociales es ambigua y por tanto el impacto esperado de estas entidades en la sociedad. Al no existir claridad en la forma de las empresas sociales, tampoco existe claridad en los métodos de medición del impacto de estas iniciativas.

Se parte de una definición amplia de empresa social, donde toda la población puede ser emprendedora conjugando su capacidad innovadora con la creación de valor social. De este modo, identificar y legitimar a empresas como sociales en función de su visión y misión contenidas en los principios del cooperativismo tradicional es, en nuestra opinión, el punto de partida para la evaluación crítica del impacto de las actuales entidades de la economía social.

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* Investigación realizada en el marco de estancias posdoctorales en el extranjero de Conacyt-México en colaboración con el proyecto Enclave financiado por el Mineco (CSO2012-32635). ** Profesora-investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <j.martinezc@correo.ler.uam.mx>. *** Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Correo electrónico: <Hugo.Valenzuela@uab.cat>. **** Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Correo electrónico: <Jo seLuis.Molina@uab.cat>.

EL COOPERATIVISMO Y EL EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES COMO DETONADORES DE LAS REDES DE ORGANIZACIÓN Y COOPERACIÓN. EL CASO DE LA COOPERATIVA VÉRTICE Luis Alberto Reyes Allende* María Guadalupe Rodríguez Alexander** Yesenia Ventura Delfino*** INTRODUCCIÓN

El presente capítulo es el resultado de nuestras reflexiones y experiencias surgidas a partir de nuestra participación en el proyecto “La importancia de las empresas sociales en contextos de pobreza y desempleo, una alternativa para México”, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma, de 2021 a 2022. En este trabajo se analiza el emprendimiento, el cooperativismo liderado y organizado por mujeres a partir del estudio de caso de la cooperativa Vértice, ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México. El capítulo se divide en cuatro apartados: en el primero se da cuenta de la discusión teórica acerca del emprendimiento femenino y el cooperativismo, entendido este último como un motor de desarrollo so- cial y económico para las mujeres en contextos de una globalización excluyente; en el segundo, se describe el contexto histórico de las cooperativas lideradas por mujeres en la Ciudad de México; seguidamente, en el tercer apartado se aborda el caso de estudio, atendiendo las redes de organización y cooperación femenina en la cooperativa Vértice; y en el último apartado se presentan algunas reflexiones finales. Este capítulo se escribió aplicando una metodología mixta, de gabinete y de campo, recogiendo principalmente información cualitativa basada en la realización de entrevistas a profundidad, observación en campo y elaboración de fichas técnicas que ayudaron a estudiar el conocimiento producido respecto al emprendimiento y el cooperativismo.

Las oportunidades y condiciones que el mercado ha construido responden a panoramas y escenarios excluyentes (Grabois, 2013:5), sobre todo en contextos de marginación y pobreza. La idea de tejer un camino próspero para el desarrollo en aras de bienestar ha sido una promesa ideológica que ha perdido fuerza con el tiempo (Arrighi, 2007); Asimismo, la globalización es una dinámica egoísta y perversa (Vilas, 2010:10) que lejos de acercarse al progreso universal, se ha concentrado en un sistema de ganancia y consumo.

Como lo señala Boaventura de Sousa (2005), el capitalismo es un sistema que estratifica y hace jerárquicas las formas de producción, dando como resultado relaciones desiguales. La Revolución industrial mostró la capacidad de desarrollo tecnológico y progreso industrial (Cobo, 2010:3), sin embargo, también expuso la explotación laboral, los bajos salarios y la exclusión de sectores sociales, sobre todo en zonas rurales. Actualmente, después de varios siglos, parece que nos encontramos ante el mismo escenario de exclusión y marginación para ciertos sectores de la población, en este caso, las mujeres.

Uno de los grupos que históricamente ha sido oprimido y estratificado es el sector femenino (Comanne, 2010), pues durante muchos años el papel de la mujer no ha tenido credibilidad en el ámbito laboral, social, político, económico y cultural (Acosta, Pedraza y Sánchez, 2010:3). Como afirman Barba y Valencia (2013), la participación de la mujer en todas las esferas de la vida se asocia más a la categoría “familismo”, asignándoles tareas en el hogar tales como la protección y el cuidado de los niños, actividades domésticas o el cuidado de algún familiar enfermo. Ahora bien, aunque aún prevalece la idea errónea del rol de la mujer dentro y fuera de sus hogares, es preciso mencionar que en la década de los ochenta se inició una demanda de reestructuración de roles en respuesta al desarrollo de competencias y habilidades femeninas reflejadas en capacidades empresariales (Acosta, Pedraza y Sánchez, 2010:3). A partir de este suceso la participación de las mujeres se empezó a expandir en los ámbitos social y empresarial, sin que esta situación significara mejores condiciones de vida para las mujeres.

Es por este motivo que a partir de este contexto adverso para las mujeres se han generado diferentes dinámicas productivas (Castiblanco, 2013), principalmente en el sector de la informalidad y en el sector del emprendimiento. Por otro lado, la idea de establecer redes cooperativas y de apoyo se ha enmarcado en el eje rector del cooperativismo y la economía social (Instituto de Cooperativismo, 2022).

Respecto a datos demograficos, para el año 2021 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó un total de 66 199 794 mujeres, que representa 51.2% del total de la población en México. Para el último trimestre de 2021(octubre-diciembre), 21 835 400 mujeres de 15 años o más se encontraban ocupadas principalente en actividades del comercio informal. En la siguiente gráfica 1 se puede apreciar con mayor precisión la distribución de las mujeres en distintas ocupaciones del mercado laboral.

Como lo menciona Castiblanco (2013), la participación de las mujeres a partir de los años ochenta ha ido en incrementó (gráfica 2), sin embargo, aunque el mercado laboral en México ha incorporado de forma paulatina al sector femenino dicha integración no responde al cumplimiento y goce de los derechos laborales y humanos, por el contrario, la violación a ellos se ha proliferado y acentuado en la lógica de reproducción capitalista (Comanne, 2010: 4). Por otro lado, el contexto laboral de las mujeres entra en un desbalance entre el trabajo y la familia, considerando que los hogares se componen de 17.9% mujeres sin cónyuge y con hijos(as) (INEGI, 2020:3).

Aunado a ello, la crisis sanitaria ha perjudicado a las mujeres más que otros sectores tanto en el campo como en las ciudades; por ejemplo, el sector de trabajadoras independientes, aquellas mujeres que se dedican al comercio, servicios diversos y restaurantes, se han visto gravemente afectados ante la suspensión de sus actividades económicas. De acuerdo con la ONU-Mujeres (2020), la pandemia ha provocado una cadena de crisis que se ha plasmado en distintas dimensiones, teniendo serias repercusiones en el ámbito económico, pues según este organismo cuando estalla una crisis las más afectadas siempre son las mujeres. Ello es producto de una inseguridad laboral, falta de protección social, considerando que gran parte del sector femenino se encuentra trabjando en actividades informales, de servicios o actividades domésticas, lo que las hace altamente vulnerables ante los desastres económicos.

Por otra parte el cierre de colegios, hospitales y trabajos domésticos representó una disminución de empleo para las mujeres; si antes de la pandemia el porcentaje de desempleo para el sector femenino era inferior en la pandemia, este porcentaje creció de 2.7 millones a 11.5 millones durante 2020 (Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. 2020, citado en ONU-Mujeres, 2020).

Durante varios años la mujer se ha esforzado por mejorar sus condiciones de vida (Nobre, 2003), pero como el sistema capitalista funciona mediante la relación social “patrón-obrero” con una estructura de subordinación y sin aspiración de igualdad y equidad ocupacional, esta situación ha impactado agresivamente en mayor grado al sector femenino. De acuerdo con ONU-Mujeres (2020), los derechos de la mujer en el campo laboral han sido violentados antes y durante la pandemia, al grado de no remunerar ni respetar su trabajo.

Es por este motivo que el desarrollo de campos alternativos como el del cooperativismo y emprendimiento social se presentan como oportunidades y verdaderas alternativas para las mujeres, en la búsqueda de construir nuevas fuentes de empleo e ingreso con lógicas cooperativistas y de apoyo basadas en valores sociales, respeto a la naturaleza y con una visión de distribuir el ingreso de una forma más justa y equitativa. Según datos del INEGI (2020), la participación de las mujeres en el sector de emprendimiento o propietarias de algún establecimiento concentra el 36.6% de pequeños negocios, principalmente medianos y micronegocios insertados en el sector informal (78.4%). Del total de estos negocios 86.1% está a cargo de dos mujeres.

Desde la mirada colectiva, la participación de la mujer en la economía solidaria ha nacido del reconocimiento protagónico de la mujer en cuanto a darse visibilidad y voz en todos los ámbitos (Nobre, 2003). Asimismo, el emprendimiento social ha priorizado la creación de empleos, fomentando el trabajo colectivo en un ambiente donde la maximización del ingreso no es lo más importante (Pérez, Galán, Cervantes y Castro, 2018).

EL EMPRENDIMIENTO Y EL COOPERATIVISMO LIDERADO POR MUJERES

A partir de los años ochenta, conceptos como emprendimiento social, emprendimiento femenino, cooperativismo, economía social y comercio justo tomaron fuerza en el campo académico (Castiblanco, 2013), sobre todo por presentarse como verdaderas alternativas y movimientos distintos a los empleos tradicionales que ofrece el mercado global (Ceccon Rocha y Ceccon, 2010:89). De acuerdo con Ceccon Rocha, Ceccon (2010), la mayoría de estos conceptos comparte la finalidad de impulsar una red de comercio alternativo que fomente el consumo responsable de productos que descansen sobre la base de valores sociales y éticos, además de un pago justo a todas y todos los integrantes de una red que no tiene jerarquía. Las ventajas de crear o fortalecer un sistema comercial más equitativo es que esquiva las fuerzas de mercado tradicionales, además de que los actores participantes comparten las ganancias de manera igualitaria y auspician condiciones sociales, económicas y ambientales de su entorno.

Por lo anterior, el cooperativismo y el emprendimiento se presentan como herramientas que puede aprovecharse en espacios y sectores vulnerables, todo ello con la tarea de frenar la pobreza o bien mejorar las condiciones de las personas pertenecientes a un colectivo, pues la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, el pago justo y el respeto a la natuaraleza son oportunidades que pueden gestionar formas alternativas de organizar la economía. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció en 2019 que la cooperación es clave para mejorar los intereses colectivos, sobre todo en el nivel comunitario (ONU, 2019); es por ello que los grupos, colectivos, sociedades y aquellas organizaciones que construyen redes de apoyo y cooperación en sectores de la sociedad toman un papel relevante en hitos y contextos de crisis.

En particular, el cooperativismo ha tenido un gran impacto social en contextos adversos. Para Isabel Vidal (2013), las cooperativas son colectivos o asociaciones voluntarias que utilizan a la cooperación como instrumento para el servicio a la comunidad. Es así que las cooperativas son plataformas que se presentan como oportunidades y posibilidades de cambio para las personas (Vázquez, 2016), en este caso mujeres. Por otro lado, Izquierdo (2012) menciona que las cooperativas son instituciones formadas a través de valores y principios a favor de la comunidad y el medio ambiente; paralelamente, éstas son organizaciones autónomas que se gestionan por socias y socios en igualdad de condiciones. Según Vázquez (2016), las cooperativas tienen por misión coordinar recursos que regularmente se transforman en bienes y servicios que generan fuentes para el interior de la organización.

Por lo anterior, el cooperativismo es un movimiento socioeconómico basado en valores y principios de igualdad y equidad (Instituto de Cooperativismo, 2022), asimismo posibilita las aspiraciones económicas, sociales y culturales de las personas; a grandes rasgos, el cooperativismo sostiene la idea de un modelo económico más equitativo y que favorece el bien común. En síntesis y en palabras de Vázquez (2016), el cooperativismo es un “nuevo planteamiento para enfrentar los estragos del sistema capitalista” y que se discierne en todo sentido del modelo globalizador (tabla 1). Asimismo, Nobre (2003) refiere que es una respuesta y significa una ruptura con la economía hegemónica, delineando el desafío de abandonar el mercado como eje organizador de toda la actividad económica y social (Nobre, 2003:4).

TABLA 1 PRINCIPIOS: COOPERATIVISMO VERSUS SISTEMA CAPITALISTA

Cooperativismo y economía social	Sistema capitalista
Solidaridad	Competencia
Equidad	Poder
Bien común	Acumulación
Comprensión	Jerarquización
Igualdad	Egoísmo

FUENTE: elaboración propia con base en Vázquez (2016).

Por otro lado, aunque el cooperativismo alienta la autogestión y es una característica del movimiento, se han llegado a firmar acuerdos con organizaciones (incluidos gobiernos y organismos internacionales) (Izquierdo, 2012:2) para conseguir capital externo pero sin perder el control de autonomía de las cooperativas, como es el caso de cooperativas de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

EMPRENDIMIENTO FEMENINO

En la década de 1960 las antropólogas feministas centraron su atención en el género y el rol que las mujeres desempeñan en la sociedad (Acosta Pedraza y Sánchez, 2010). Si bien el desempleo ha sido un problema que afecta a América Latina y el Caribe, el emprendimiento se ha presentado como una oportunidad para aquellas mujeres que han sido excluidas del mercado laboral. De acuerdo con Ormeño (2014), el emprendimiento femenino es una buena estrategia para superar el desempleo y la pobreza; asimismo, el emprender corresponde con ciertos rasgos como el ser innovadora, construir cosas nuevas, o simplemente revolucionar el uso de alguna cosa, objeto o movimiento (Castiblanco, 2013:54).

El emprendimiento puede entenderse como el “proceso de creación o aprovechamiento de una oportunidad, a pesar de los recursos actualmente controlados” (Timmons,1994, citado en Santamaría y Tapia, 2017). De igual forma, Santamaría y Tapia (2017) asevera que “cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, una nueva empresa o la expansión de una empresa ya existente, proceso que puede ser puesto en marcha por una o varias personas, de forma independiente o dentro de una empresa en funcionamiento” (Santamaría y Tapia, 2017:4). De igual forma, Santamaría y Tapia (2017) subrayan que “el comportamiento emprendedor desarrolla las acciones de los individuos que se asocian, a través de la creación de nuevas organizaciones” (Santamaría y Tapia, 2017). Lo relevante de estas definiciones es que todas estas carcaterísticas se encuentran en la gran mayoría de las mujeres.

Aquí lo importante es que el emprendimiento no sólo se deriva del ámbito privado, también lo hace desde la perspectiva social, es decir que también está enfocado en la creación de organizaciones para mejorar escenarios colectivos (Pérez, Galán, Cervantes y Castro, 2018: 3); es aquí donde los fines se traducen a generación de empleo estable y de calidad pero apelando a pagos justos y equitativos y paralelamente del cuidado al medio ambiente (Pérez Galán Cervantes y Castro, 2018:2). A grandes rasgos, el emprendimiento social tiene estas características:

La persona y el grupo, además de ser el motor de la empresa, son también la principal prioridad, de manera que se trata de organizaciones socialmente responsables, tanto interna (hacia sus empleados) como externamente (hacia la sociedad en su conjunto) (Pérez, Galán Cervantes y Castro, 2018:512).

El emprendimiento de la mujer ha estado presente a lo largo de la historia de México y siempre ha buscado convertir sus habilidades domésticas en herramientas de valor para incrementar los ingresos familiares o alcanzar una independencia económica y mejorar su calidad de vida. Lamentablemente, el mercado laboral sigue siendo dominado por hombres y factores como la desigualdad de género persisten, lo que impide que mujeres ocupen puestos clave para la toma de decisiones. Por ello, el emprendimiento social y el cooperativismo se presentan como verdaderas alternativas de organización económica, en las que las mujeres ocupan un lugar central sin que esto signifique relaciones asimétricas con los hombres.

Las mujeres sin duda han contribuido al crecimiento y emprendimiento de la economía local (Acosta, Pedraza y Sánchez, 2010) pues han creado mayores oportunidades de empleo, incremento en los ingresos y bienestar, esto a través del involucramiento en actividades empresariales denominadas “mumpreneurs”, que han generado mejores condiciones de vida. Esto sin duda deja en claro las capacidades del emprendimiento femenino para el desarrollo económico y el papel de las mujeres como agentes de cambio. Aunque en México ya existen leyes que promueven la equidad de género, el principal obstáculo continúa siendo el rol familiarista que se le asigna a la mujer en la sociedad. En México como en otras latitudes existen varias tareas pendientes para ir más allá del discurso y que reconozcan y valoricen el rol de las mujeres en la economía. El reto está en romper los paradigmas existentes y eliminar las desigualdades a través de la creación de nuevas y mejores oportunidades.

El emprendimiento social femenino está fundamentado en necesidades de supervivencia y expectativas de mejoras en los niveles de ingreso y calidad de vida, lo que las lleva a emprender un negocio; asimismo, el emprendimiento femenino tiene el propósito de generar un beneficio económico que genere mejores condiciones no sólo para ellas sino también para sus familias, sin olvidar los impactos sociales que generan (Ormeño, 2014).

El emprendimiento femenino es una de las actividades que más fuerza ha cobrado en las últimas dos décadas, en respuesta a las problemáticas asociadas a pobreza y marginación, falta de oportunidades, etc. Asimismo, la carencia de planes de crecimiento por parte de los gobiernos, los obstáculos que enfrentan para acceder al financiamiento y las barreras culturales y sociales que supeditan el rol de la mujer a actividades domésticas, limitan sus posibilidades de progreso y frenan su desarrollo personal y profesional.

El emprendimiento social femenino representa una oportunidad para el desarrollo económico de México pues constituye uno de los impulsores principales del crecimiento de la economía, por lo que se precisa otorgar apoyo a las emprendedoras mediante programas formativos que contribuyan a su profesionalización y al desarrollo de las habilidades empresariales requeridas para dar inicio a su proyecto y sostenerlo en el tiempo. En este punto es importante subrayar la necesidad de reconocer más allá del discurso “inclusivo” el potencial de las mujeres al frente de negocios y de proyectos productivos que sin lugar a duda tendrán mayores impactos positivos en la sociedad.

CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS COOPERATIVAS LIDERADAS POR MUJERES

El cooperativismo en México se ha presentado como un contrapeso ante la desigualdad social, económica y política que viven los países en desarrollo, pues la económico-social lleva consigo un conjunto de iniciativas que tienen por objetivo el bienestar social, además de perseguir los valores del cooperativismo: solidaridad, equidad, inclusión, sustentabilidad y participación.

México ha sido uno de los países donde algunos sectores de la sociedad han optado por impulsar cooperativas como estrategia para hacerle frente a las condicones de pobreza y desigualdad. El cooperativismo en la Ciudad de México viene desde tiempos coloniales, ya que en 1876 los obreros ferroviarios de la Estación Buenavista de la Ciudad de México contribuyen a la creación de la primera cooperativa de consumo, sin embargo, no fue hasta 1889 cuando obtuvieron un reconocimiento legal; en el código de comercio se les reconoce como “unidades económicas”. El cooperativismo tuvo una apertura en la Ciudad de México en el año 1876; pese a ello, al inicio del siglo XX eran muy escasas las cooperativas y así continuó hasta el sexenio de Porfirio Diaz.

En 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas, considerado el gran promotor del cooperativismo mexicano, promulgó una revolucionaria Ley General de Sociedades Cooperativas, que originó el desarrollo social y económico del nuevo cooperativismo mexicano (Confederación de Cooperativas de Colombia, 1810).

Como ya se dijo anteriormente, el cooperativismo ha existido en México a partir del siglo XX, según la Confederación de Cooperativas de Colombia; el cooperativismo en México en su versión moderna fue representado a través de cajas de ahorro rurales en el año de 1951, las cuales surgieron como un apoyo a las familias económicamente violentadas.

Años más tarde y dando saltos en la historia en el año de 2006, fue aprobada la Ley de Fomento Cooperativo y en el año de 2009, en aquel entonces, el Gobierno del Distrito Federal puso en vigor el Programa General de Fomento Cooperativo con el objetivo de encauzar algunas variantes de la economía social a través del fortalecimiento del empleo, bajo este sistema cooperativista es que se ha implementado una política de empleo y de fomento cooperativo, así como del establecimiento de un marco legal de apoyo al cooperativismo. Actualmente se cuenta con el programa Apoyo para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la Ciudad de México y Subprograma de Impulso Cooperativo (2018), así como de diversas acciones que se han ido realizado a través del tiempo, como la creación de un padrón de cooperativas y emprendimientos, que para el año 2013 contaba con más de 500 cooperativas, lo que determinaba un modelo de vanguardia en una entidad del país, con la promoción del cooperativismo y de otras formas de economía social y solidaria (Izquierdo, 2019). En 2015 impulsó la Secretaría del Trabajo y el Fomento al Empleo (STyFE) el programa de cooperativas de la CDMX.

En la Ciudad de México, durante dos décadas (1997-2017) ha logrado crear un espacio permanente de coordinación y trabajo a través de la implementación de foros, congresos, talleres y otras formas de capacitación y educación cooperativa, encaminado casi siempre al alcance de una política de empleo incluyente y de fomento cooperativo, así como al establecimiento de un marco legal de apoyo al cooperativismo, lo cual se ve reflejado en la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal (Izquierdo, 2019).

De acuerdo con Herrera (2018), en México se tienen dramáticos índices de participación en el mercado de trabajo: en 2012 los hombres alcanzaron un 0.775, mientras que las mujeres sólo 0.435, lo que refleja que hace falta su presencia en la actividad económica. En la actualidad es común que las mujeres sufran de discriminación laboral, lo que conlleva que acepten trabajos mal pagados y poco seguros; por otro lado, el grueso de las actividades domésticas continúa recayendo en ellas, lo que limita su participación en espacios públicos.

En México existe una abundante fuerza de trabajo barata, sin embargo, han sido las mujeres quienes más sufren de la precariedad debido a la discriminación que se vive. La participación de las mujeres en la economía del país llevaría a un desarrollo más eficaz, pues según Arul y Packirisamy (2015) el desarrollo y crecimiento económico que tienen un deficiente participación de las mujeres se vuelve más lento, por ello resaltan la importancia de que las mujeres tengan participación en primera instancia en asuntos socioeconómicos mediante la adquisición y reconocimeinto de sus habilidades y conocimientos, pues esto haría posible que los negocios tuvieran mayor sostenibilidad, porque es un hecho que la potenciación de las mujeres conduce a la conformación de una mejor sociedad (Herrera, 2018).

Con base en lo anterior, el cooperativismo se presenta frente a las mujeres como una forma de ganar dinero, generar empleo y combatir la pobreza, que es más severa para ellas; esta forma de organización alternativa ha permitido que las mujeres puedan acceder a oportunidades de tener un empleo a través de la implementación de iniciativas de negocio, haciendo uso del modelo organizativo de las cooperativas, permitiendo que muchas mujeres hayan podido poner a prueba sus principales miedos y superarlos, con el resultado positivo de llevar el sustento a sus hogares. Esto es, que el coopertivismo liderado por mujeres no sólo las beneficia a ellas sino también a sus familias.

Finalmente, las cooperativas en la Ciudad de México, según Herrera (2018), ha sido una interesante forma de economía social en la Ciudad de México, en especial dentro de las regiones marginadas o en vías de desarrollo, la importancia social de las cooperativas es considerable porque proveen empleos de tiempo completo o parcial a un número significativo de mujeres locales que no tienen otras oportunidades de trabajo remunerado o que son limitadas o inexistentes en áreas rurales, el cooperativismo es un mecanismo relevante que permite abrigar a las mujeres y las empodera, ya que es en este proceso que conforme pasan los días fortalece su autoestima, su confianza y amor propio; esto ayuda a salir adelante ante las vicisitudes de la vida. El sistema capitalista que se vive hoy en día en México es un sistema que ejerce violencia de género, pues los trabajos peor pagados se designan según el “rol” de hombre y mujer, donde condenan a las mujeres a la precariedad; el cooperativismo entonces se presenta ya no sólo como un contrapeso a la pobreza sino como una forma de empoderamiento femenino que permite a las mujeres controlar su vida incrementando su autonomía; el cooperativismo les ha permitido acceder a mejores condiciones de vida y así alejarse de la marginación, la pobreza, la precarización laboral y la violencia de género.

ESTUDIO DE CASO DE LA COOPERATIVA VÉRTICE

FORMACIÓN DE LA COOPERATIVA A PARTIR DEL IMPULSO DE ONU-MUJERES Donde se unen los sabores del alma (Vértice, 2021).

Vértice es una cooperativa localizada en el municipio de Lerma de Villada, Estado de México, que nació oficialmente en diciembre de 2020 a raíz del programa Segunda Oportunidad, implementado por la Organización de las Naciones Unidas, dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esta Organización, a través del programa Segunda Oportunidad implementado en 2019 como parte de una prueba piloto, brindó la oportunidad para la realización de proyectos que incentivaron la creación de comercios o, como en el caso de Vértice, la creación de una cooperativa.

Segunda Oportunidad se creó para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 e impactar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en los objetivos: cuatro, cinco, y ocho, buscando lograr cuatro resultados:

• Brindar acceso contenido y material educativo de alta calidad a mujeres en las zonas de implementación. • Incrementar el acceso a empleo, a oportunidades de emprendimiento para mejorar la calidad de vida de las mujeres. • Enfrentar y erradicar normas sociales dañinas y discriminatorias que reducen el acceso a oportunidades educativas y de ingreso económico para mujeres. • Fortalecer y mejorar los marcos normativos y presupuestales multisectoriales para que las mujeres tengan acceso a oportunidades educativas y de empleo (ONU-Mujeres, ONU-Mujeres México, 2019).

Este programa se encarga de brindar cursos y talleres a mujeres para poder incrementar el acceso a empleo y oportunidades de emprendimiento para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

En el caso de la Cooperativa Vértice, una de las socias señala:

El año pasado tuvimos la oportunidad de conocernos dentro de una organización que se llama ONU-Mujeres, en la que se encuentra adscrito el programa de segunda oportunidad, el cual incorpora proyectos enfocados a emprender y posibilitar mejores escenarios en el mercado laboral. A través del municipio, y de cursos de la misma organización congeniamos con la idea de construir una cooperativa en el municipio de Lerma.

Respecto a las intenciones y propósitos de la iniciativa fomentada desde el organismo internacional, nuestras entrevistadas afirmaron lo siguiente:

Con este proyecto nos sentimos muy contentas, no sólo somos distribuidoras, también anexamos algunas extensiones referentes al café, por ejemplo: cafeteras, recipientes, vasos, y hasta hace poco incorporamos la venta de tisanas, producto que es elaborado por un joven de Ocoyoacac. Paralelamente se han ido sumando algunas ideas de venta, pero con el fin de apoyar a pequeños comerciantes que carecen de espacios para dar visibilidad a sus trabajos (Informante uno miembro de la Cooperativa Vértice, 2021).

De acuerdo con las palabras de las socias cooperativistas, los cursos y talleres fueron un “incentivo para poner en práctica los conocimientos adquiridos, y así lograr fomentar el apoyo entre mujeres y que juntas alcancemos una soberanía e independencia económica”.

Aunque jurídicamente aún no obtienen el título como cooperativa, los miembros se autodenominan como cooperativa debido a los principios y valores que persiguen las socias, tal y como lo mencionaron:

Nos definimos como cooperativa, sin embargo, no siempre fue así, al inicio cada integrante del grupo iba en caminos distintos. Por otro lado, el asesoramiento y los principios de una cooperativa llamaron nuestra atención a cada miembro del grupo, así nace la idea de ser una cooperativa y sentirnos identificadas con las características de una cooperativa (Informante uno miembro de la Cooperativa Vértice, 2021).

Para las socias cooperativistas una cooperativa es más que un negocio, es “un proyecto de vida” que puede generar redes de solidaridad con otros colectivos, organizaciones y cooperativas. Así lo expresaron las socias cooperativistas:

El proyecto busca practicar los valores de comercio justo, la iniciativa tiene el objetivo de brindar oportunidades a quien por motivos de edad, escolaridad, género, rezago, carencias, accesibilidad, no ha tenido la suerte y oportunidad de encontrar un sustento económico (Informante uno miembro de la Cooperativa Vértice, 2021).

Vértice se ve como una oportunidad de crecimiento y emprendimiento para todas sus integrantes, además de que de acuerdo con nuestras informantes, Vértice es un nodo para el cooperativismo en la región debido a que se busca brindar el espacio a otras cooperativas para poder ofertar sus productos, con la finalidad de fortalecer las redes de comercio justo. En este sentido, paralelamente a la idea original de la cooperativa se han ido sumando algunas ideas de venta, pero con el fin de apoyar a pequeños comerciantes que carecen de espacios para dar publicidad a sus trabajos. Eso es, que Vértice se está convirtiendo en un polo de fomento económico para el municipio.

En un inicio la Cooperativa Vértice contaba con la presencia de siete socios cooperativistas, de los cuales seis eran mujeres y un hombre. Cabe señalar que la Cooperativa Vértice surge espontáneamente a raíz de un proyecto familiar que ya contaba con tiempo de planeación, pero no es hasta la impartición de los talleres y cursos por medio del programa Segunda Oportunidad que esta iniciativa recobra fuerzas y se pone en marcha. Actualmente la Cooperativa Vértice cuenta con cuatro socios activos, de los cuales tres son mujeres, todas casadas y con hijos, y sólo un hombre. En referencia a ello, una integrante nos cuenta lo siguiente:

En diciembre llegamos al acuerdo de vender café, ya que es un producto con mercado en el municipio, y además es un alimento que nos fascina a todas las integrantes del grupo. Hoy día somos siete integrantes, seis mujeres y un hombre, aunque hemos contado con el apoyo de nuestras parejas en todo momento (Informante dos miembro de la Cooperativa Vértice, 2021).

En lo personal siempre me han gustado este tipo de colectivos, aunque soy licenciada en Criminología, la pasión de sumarme a un proyecto de carácter social me entusiasmó desde que entré a la Universidad. Desde pequeña me interesó este perfil, hoy día estudio la carrera de Educación en Tecnologías en la Universidad Autónoma Metropolitana, quizá el lado humanístico y el corte social que brinda la institución influyó un poco para realizar este proyecto (Informante dos miembro de la Cooperativa Vértice, 2021).

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COLECTIVO EN VÉRTICE

Las actividades de comercialización y administración que se desempeñan dentro de la Cooperativa Vértice se dividen en tres sectores: la venta, distribución y control de productos, como café, cerveza vi- va, tisanas frutales, chocolate y productos alimenticios diversos. La venta y la distribución de los productos están a cargo de los cuatro miembros cooperativistas, ya que las cuatro integrantes están encargadas de las ventas. La administración de los productos también está a cargo de la presidenta y de los socias(os) de la cooperativa.

En este contexto todas las integrantes cumplen con un turno para estar a cargo de la cooperativa. Vértice está abierta los siete días de la semana de las 11:00 am a las 18:00; durante ese tiempo se tienen distintos horarios que se distribuyen para realizar el inventario, un área para el control de entradas y salidas de insumos, productos, ganancias y un área de ventas en donde, como ya se mencionó, existe una colaboración activa de todas las socias.

Para la venta y distribución de los productos cuentan con un local ubicado en el centro del municipio de Lerma de Villada, en donde son presentados en un exhibidor para la apreciación del público y de los clientes. Por otro lado, la Cooperativa Vértice realiza asambleas mensuales en donde se discuten los avances, pendientes y actividades que faltan por desempeñar, con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo; además se busca que la repartición de los ingresos sea igualitaria entre todas las socias.

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, la Cooperativa Vértice oferta distintos productos, el principal es la venta de café orgánico proveniente de Chipas a través de la Unión Majomut, 1 1 La Unión Majomut es una organización sin fines de lucro que agrupa a cerca de mil familias de productores de café de 35 comunidades indígenas, de las etnias tsotzil y tseltal, de la región de los Altos de Chiapas, México. tisanas frutales del colectivo La Asunción, cerveza viva “Dos palomas” y “Rayuela”, y productos alimenticios que van desde la distribución de otros colectivos de manera casera. En palabras de las socias cooperativistas:

A través del café no sólo estamos creciendo como distribuidora sino que también llevamos satisfacción a las personas que lo consumen, ya que no sólo están comprando un producto mexicano de calidad, sino que están fomentando el apoyo a la riqueza natural que nos regalan los productores chiapanecos de Majomut, en donde la actividad del cultivo es remunerada de una forma recíproca de quien lo cultiva, lo trabaja, lo vende y lo consume (Informante dos miembro de la Cooperativa Vértice, 2021).

La finalidad de la Cooperativa no es ser sólo una cafetería que brinda productos agroecológicos y una distribuidora de productos, también busca anexar algunas extensiones referentes al café, por ejemplo, cafeteras, recipientes, vasos y termos. Una de las socias expresa: “Más que una cafetería y distribuidora, buscamos ser un centro en donde puedas venir a ofertar tu producto y nosotras ayudarte a llegar a más personas, buscamos fortalecer las redes de comercio justo”.

El emprendimiento social fue promovido principalmente por ONU- Mujeres, ya que fue uno de los pilares para el desarrollo de la cooperativa al brindarles un espacio para ellas a través de reuniones y talleres donde pudieron expandir sus redes, permitiéndoles construir el equipo que son hoy en día Vértice se presenta como una alternativa de organización económica en donde las mujeres ocupan un lugar central en el ámbito laboral.

VALORES Y PRINCIPIOS

La Cooperativa Vértice es una iniciativa que desde su creación ha tenido la convicción de fortalecer las redes de comercio justo, de ahí su interés por abrir las puertas a otros colectivos para que en Vértice encuentren la oportunidad de ofertar sus productos y que lleguen a más personas; las socias expresan que “una de las ideas es difundir la cultura del café, es decir, qué hay detrás, dar a conocer su historia; y la otra idea es que nuestros productores y proveedores puedan difundir y presentar sus productos”. Además, dentro de los valores y principios que persiguen como cooperativa se encuentran:

• Crear redes de comercio justo • Lealtad • Honestidad • Inclusión • Respeto • Cumplir con los acuerdos y reglas previamente establecidos • Trabajo en equipo • Equidad • Disponibilidad • Fomentar el cuidado del medio ambiente • Constancia • Adhesión voluntaria y abierta • Comunicación y diálogo • Control democrático

Se pone especial énfasis en que el objetivo de Vértice “es apoyarnos entre mujeres, que quieren trabajar, enseñarnos a crecer, tener nuestros propios ingresos; debe existir motivación en nuestro grupo para incentivar a más mujeres y fomentar el crecimiento personal, emocional y económico”, en palabras de las socias. En Vértice se demuestra el profundo interés por armonizar las relaciones de trabajo externando la filosofía cooperativa.

Anteriormente se mencionaron algunos de los valores y principios que se practican y que caracterizan a Vértice. El primero es la creación de redes de comercio justo; para las socias el crear estas redes fomenta la solidaridad entre colectivos, además de expandir la demanda y la oferta de productos.

En general los valores que más resaltan y las identifican son la lealtad, el respeto, la honestidad y la inclusión que existe entre ellas y que generan a quien compra sus productos. La comunicación, el diálogo y el control democrático se encuentran presentes siempre que deben tomar una decisión; también se busca el cuidado del medio ambiente al reutilizar lo más que se pueda. El inmueble del lugar ha sido reciclado y transformado en equipo de trabajo, el trabajo en equipo es primordial no sólo en la administración de los productos, sino también con las distintas tareas que desempeñan dentro y fuera de la cooperativa.

RETOS, PERCEPCIONES Y LIMITACIONES

Dentro de los retos que tienen como cooperativa, las socias expresan que

[…] principalmente la organización interna; llegó un momento en el cual no sabíamos qué hacer, pensamos en desistir, el proyecto avanzaba, pero no con comodidad, aunque todas teníamos la intención de participar, el desconocer de ciertos temas genera problemas en el grupo, sobre todo si son administrativas, sin embargo, te reitero que los talleres y las asesorías por parte de Segunda Oportunidad nos fortaleció como cooperativa.

Realmente las condiciones sociales no fueron un factor detonante, como les mencionamos es una iniciativa que se venía formando desde el año pasado. Quizá la pandemia rezagó nuestras intenciones de mercado, pero fueron solucionadas, comenzamos a distribuirlo a las personas más cercanas (Informante dos miembro de la Cooperativa Vértice, 2021).

Otro de los retos a los que se han enfrentado es que algunas personas ven como una cafetería a Vértice, es decir, un negocio más y no un espacio en donde se puede aprender de la cultura del café, de la solidaridad y las redes de comercio que Vértice ha generado en poco tiempo: “Quisiéramos ser el parteaguas del cambio en la economía local, ser la inspiración para la creación de otros colectivos de mujeres, además crear un lazo de apoyo entre mujeres, poder adaptarnos a los cambios y explotar nuestros talentos”; éstas son las palabras de una de las socias de la cooperativa ante el cuestionamiento de cómo se veían en un futuro.

Vértice es una cooperativa que tiene como base el emprendimiento de las mujeres; las entrevistas mostraron el desarrollo y la mejora económica y social que están viviendo las socias al apropiarse de espacios donde históricamente se les habían cerrado las puertas. Por medio de este espacio han podido acceder a actividades económicas lejos de las condiciones precarias y desiguales que habían vivido por muchos años, para insertarse en un trabajo que no sólo les produce un ingreso económico, pues también desarrollan nuevas habilidades y toman sus propias decisiones; tal es el caso del uso de tecnologías, que les ha generado confianza y con ello han conseguido el desarrollo profesional de cada una de las socias.

REFLEXIONES FINALES

No es ningún secreto que la exclusión de ciertos sectores de la población existió y sigue vigente en la actualidad, sobre todo en el mercado laboral; aunado a ello, la pandemia ha ocasionado un panorama de mayor complejidad para ciertos sectores, como el de las mujeres.

Es claro que hoy la emergencia sanitaria expone en mayor grado al sector de las mujeres, sin embargo, como se mencionó en apartados anteriores el empleo tradicional del sistema capitalista es una alternativa que deja al descubierto temas de desigualdad y con pocas áreas de oportunidad para las mujeres. Es por ello que a partir de este esquema surgen nuevas alternativas frente a estragos económicos, discriminatorios, sociales, culturales, políticos y ambientales.

Hoy, movimientos y corrientes sociales se presentan como planteamientos capaces de revolucionar espacios para desarrollar fuentes de empleo, es entonces que las redes de apoyo y organización, como una fuerza social, ha representado transformaciones en los entornos locales; la solidaridad, la empatía y la cooperación han permitido construir mejores condiciones para las mujeres.

El cooperativismo y el emprendimiento han sido sitios de desarrollo económico y social para las mujeres, además de construir vínculos entre distintas organizaciones e iniciativas. Las emprendedoras son iniciadoras de cambio, sobre todo porque en el campo representa una oportunidad de crecimiento individual y colectivo; el emprendimiento no sólo es un beneficio empresarial pues también impacta en la comunidad al integrar y sumar a diversos actores de la sociedad que coordinan mejores condiciones laborales.

Por otro lado, la consolidación del cooperativismo en el caso mexicano es un tema pendiente, sin embargo, hoy día se puede destacar un buen desempeño en el desarrollo del tema. Aunque el emprendimiento es distinto del cooperativismo, la similitud en el enfoque aproxima la idea de colectividad y cooperación entre sectores, en este caso, el de la mujer.

En el siglo pasado el desarrollo cooperativo y del emprendimiento se han insertado en el profundo interés del campo académico, científico y en particular, en materia de políticas públicas. Aunque en plenaria no existe una consolidación de estas alternativas, hoy día estas propuestas se han presentado como como proyectos de gestión que incorporan a sectores y actores públicos y privados.

Por lo anterior, se propone prestar mayor énfasis en el sector local, debido a que estos cursos de acción tienden a transformar contextos sociales, por lo que es fundamental diseñar programas, proyectos, planes y políticas que incentiven la integración de principios cooperativos.

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* Estudiante de la licenciatura en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma: <2173073135@correo.ler.uam.mx>. ** Egresada de la licenciatura en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma: <2172041442@correo.ler.uam.mx>. *** Egresada de la licenciatura en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma: <2172041399@correo.ler.uam.mx>. GRÁFICA 1 DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN DE LAS MJERES DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2021 <_No_paragraph_style_>Actividades económicas

<_No_paragraph_style_>Servicios directos <_No_paragraph_style_>Restaurantes y servicios de alojamiento <_No_paragraph_style_>Servicios financieros y coorporativos <_No_paragraph_style_>Gobierno y organismos internacionales <_No_paragraph_style_>Comercio <_No_paragraph_style_>Construcción <_No_paragraph_style_>Insdustria manufacturera <_No_paragraph_style_>Insdustria de electricidad <_No_paragraph_style_>Sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca FUENTE: elaboración propia con base en el Banco de Información Económica, 2022.

<_No_paragraph_style_>2 943 714 <_No_paragraph_style_>2 504 891 <_No_paragraph_style_>1 712 108 <_No_paragraph_style_>969 008 <_No_paragraph_style_>5 598 385 <_No_paragraph_style_>175 350 <_No_paragraph_style_>3 522 856 <_No_paragraph_style_>3 760 173 <_No_paragraph_style_>935 432 <_No_paragraph_style_>Participación de mujeres GRÁFICA 2 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES DURANTE LA DÉCADA DE 2010 A 2020 <_No_paragraph_style_>60 <_No_paragraph_style_>50 <_No_paragraph_style_>40 <_No_paragraph_style_>30 <_No_paragraph_style_>20 <_No_paragraph_style_>10 <_No_paragraph_style_>0 <_No_paragraph_style_>Participación

<_No_paragraph_style_>49

<_No_paragraph_style_>33.3

<_No_paragraph_style_>2018 FUENTE: elaboración propia con base en INEGI, 2010-2020.

COMERCIO ALTERNATIVO Y RESISTENCIA COOPERATIVA ANTE UN CONTEXTO DE GENTRIFICACIÓN Y CRISIS SOCIOECONÓMICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Cristina Millán Villanueva* Julio César Alexis Zamora Mier y Terán**

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se abordan problemáticas causadas por la segregación socioespacial en contextos de crisis socioeconómica dentro de una de las zonas urbanas más densamente pobladas del centro del país, para dar cuenta de la capacidad de resiliencia que pueden tener las cooperativas del sector social de la economía para generar formas alternativas de desarrollo e inclusión. Se presenta el caso de la cooperativa de economía solidaria Casa Espora, ubicada en medio de un proceso de gentrificación en Toluca, Estado de México. Se exponen determinadas vicisitudes a las cuales Casa Espora se ha enfrentado a raíz de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 y se explican las estrategias y formas de organización que les han permitido realizar sus objetivos económicos y sociales bajo principios de la economía social y solidaría. Mediante esta investigación que se realizó durante el 2020 y 2021, buscamos aportar documentación sobre las experiencias de las cooperativas de economía social y solidaría, y robustecer la discusión sobre la importancia de las cooperativas como una alternativa viable para el desarrollo socioeconómico justo y sostenible ante escenarios de gentrificación y en medio de contextos de crisis como lo ha sido la emergencia sanitaria actual.

Bajo el lema “Otra economía es posible” (Guerra, 2010:67), el comercio alternativo promovido por proyectos de asociación cooperativa —fundamentado por los principios de la economía solidaria—, es una propuesta emergente que busca afrontar diversas problemáticas sociales, principalmente relacionadas con crisis de desempleo y pobreza que afectan el tejido social (Tellez, 2012:3). Lo anterior forma parte de los efectos colaterales que caracterizan a la actual economía globalizada que permea las sociedades capitalistas derivadas de las diversas transformaciones en los modos de producción y la oferta del trabajo asalariado tras la revolución tecnológica, la cual cada vez demanda mayor preparación profesional para la adquisición de empleo, pero sin la garantía de un salario digno o suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador o trabajadora. De esta forma se propicia un sistema de exclusión entre quienes pueden acceder a dicha preparación profesional y quienes no (Herrera, 2019:62), orillando a la población que no cuenta con las posibilidades de recibir dicha profesionalización a optar por otras alternativas de empleo que les permitan sostener sus núcleos familiares, tal es como el comercio informal o el subempleo. Incluso contando con cierto grado de profesionalización, el empleo no es garantía para la población, por la falta de oferta laboral.

Gran parte de dichos efectos colaterales son posibilitados por las instituciones gubernamentales al dar impulso a políticas neoliberales que favorecen el reordenamiento territorial para atender lógicas de mercado de la economía capitalista global, priorizando iniciativas privadas y extranjeras para la construcción de macroempresas por encima de la inversión para la pequeña empresa local; políticas que en México tienen auge a partir de la década de los noventa tras la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en 1994, el cual estableció las pautas para la reestructuración de la economía mexicana en favor de los intereses del mercado mundial (Olvera, 2014: 160). Así, no sólo representó una reforma al modelo de desarrollo estatal, sino al desarrollo urbano al reflejarse en una serie de transformaciones en el diseño de las ciudades como centros de distribución y transacciones del mercado global capitalista, favoreciendo la proximidad espacial y la aglomeración territorial de grandes comercios y transnacionales, que a su vez desplazó a la población local a las periferias de centros urbanos, atrayendo, a la inversa, la migración de población con mayor capacidad adquisitiva definida por grupos etarios con determinadas preferencias y posición socioeconómica (Gónzalez, 2005 en Moreno, Rubí y Sandoval, 2011:176-177).

En ese sentido, las cooperativas de economía solidaria, al buscar construir un comercio alternativo a las lógicas dominantes de la economía global y al abandono gubernamental como garante de empleo, han encontrado en la asociación colectiva de voluntades partículares un mecanismo de subsistencia y resistencia, optan por la cooperación como instrumento de ayuda mutua, tejiendo redes de solidaridad capaces de universalizar beneficios. Sin embargo, lejos de la ciega romantización que pueda vislumbrarse en proyectos de tal indole, el presente artículo pretende contribuir al debate en torno no sólo a su potencial transformador, sino también a las visicitudes, retos y limitaciones que cooperativas nacidas en contextos tan complejos como lo son los centros urbanos, enfrentan en el proceso de resistir no sólo al acaparamiento del espacio público que producen las políticas de reurbanización neoliberales que imponen la oferta comercial central y merman el alcance competitivo de dichos proyectos, sino también a situaciones de crisis emergentes como la suscitada por la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2, la cual ha engrosado las cifras de empobrecimiento y desempleo a escala mundial.

Es por ello que la tesis del presente artículo es afirmar que la existencia de propuestas alternativas a las lógicas de mercado de la economía capitalista, como son las cooperativas de economía solidaria, necesitan ser analizadas en razón de su particular contexto territorial, so- cial, político y económico en el que se desenvuelven, ya que de ello dependerán los retos de gestión, de desarrollo y las limitaciones que enfrentarán. Las cooperativas de economía solidaria gestadas en ciudades con características que indiquen un proceso de gentrificación contienen diversos elementos de análisis valiosos que podrían ayudar a repensar y enarbolar estrategias que contribuyan a la resistencia cooperativa y premediten limitaciones que las asfixien o absorban bajo lógicas de reconfiguración capitalista de las ciudades y su competencia desleal.

Por tal motivo, el análisis realizado en torno al caso particular del proyecto de economía solidaria Casa Espora ubicado en el municipio de Toluca será la punta de lanza para clarificar dichos postulados, al dar razón de los elementos endógenos y exógenos presentes en su devenir como propuesta alternativa a la economía capitalista, así como en el territorio y contexto en el que se desenvuelve para ejemplificarlos y observarlos a fin de elaborar preguntas guías a las experiencias urbanas de cooperativas como Casa Espora. En primera instancia, por su ubicación en una ciudad que presenta indicios de un proceso de gentrificación en los últimos años y que presumiblemente se ha acelerado tras la convulsión de las economías nacional y global por efecto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, creando la antesala para el declive de las economías locales, donde aun así Casa Espora ha mostrado una fuerte capacidad de adaptabilidad para su supervivencia. Los resultados obtenidos en la investigación documental sobre los procesos de gentrificación, así como el ciclo de vida y las dinámicas propias de la ciudad de Toluca, como el trabajo empírico realizado mediante una serie de entrevistas directas a quienes conforman Casa Espora, se presentan a continuación.

ECONOMÍA SOLIDARIA EN TOLUCA: EL CASO DE CASA ESPORA

Ubicada en la calle Humboldt No. 210, colonia Santa Clara, a unas calles del Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, Casa Espora surge como una cooperativa de carácter socioambiental en 2017 conformada por un equipo multidisciplinario, dinámico y colaborativo que a través de la libre asociación colectiva, ofertan diferentes servicios por medio del diseño y desarrollo de proyectos integrales de permacultura, sustentabilidad urbana, bioconstrucción, actividades de recreación terapéutica y difusión de responsabilidad y conciencia alimentaria, así como la conformación de un pequeño mercado de comercio alternativo cuyo objetivo es conformar redes de apoyo para posibilitar un comercio justo entre quienes producen y consumen productos y mercancías en tal espacio, respectivamente. El propósito primordial de Casa Espora consiste en involucrar a la comunidad local a través de actividades culturales, artísticas, comunitarias, ecológicas y espirituales, mediante talleres, cursos, charlas, visitas escolares, programas de voluntariado y eventos comunitarios.

Como proyecto de economía solidaria, surge de un proyecto llamado Sabe Tierra Huerto, que tiene diez años de antigüedad, coordinado por la maestra en Agroecología Ireri Elisa Origel Rodríguez, enfocado a promover saberes y conocimientos en torno a la educación alimentaria sustentable; de ahí que haya heredado la permacultura como eje rector para aportar a la construcción de una conciencia colectiva sobre la convivencia del entorno local con los recursos materiales, naturales y humanos presentes que favorecen la resiliencia del comercio alternativo en Toluca, conformando un espacio para la educación, la salud y el desarrollo de destrezas artísticas donde se practica y fomenta el cooperativismo. Dado que busca inculcar en su comunidad el apoyo mutuo, la responsabilidad, la igualdad, la equidad y la vocación social (Muciño, 2019:41), Ireri Origel manifiesta de la siguiente manera su percepción de Casa Espora como proyecto:

Realmente en Casa Espora nos vemos como una comunidad, la cual se encuentra actualmente conformada por seis proyectos. También nos vemos como un foro cultural y artístico, por lo que también le abrimos la puerta a todo aquel proyecto que quiera o necesite un espacio para transmitir algo, dar una charla, presentar algún libro, impartir algún taller, etcétera.

Al respecto, la maestra Ireri nos relata que fueron seis los proyectos independientes representados por 11 personas, quienes die-ron vida a Casa Espora en 2017 como proyecto cooperativo basados en principios de economía social que, pese a que en la literatura han ido modificándose con el tiempo, mantienen las bases fundadoras de Rochdale (1844 en Tellez, 2012:7): i) la libre adhesión y libre retiro; ii) control democrático —un socio, un voto—; iii) neutralidad política, radical y religiosa; iv) ventas al contado; v) devolución de excedentes; vi) interés limitado sobre el capital; vii) educación continua (Téllez, 2012:7). Sin embargo, eventualmente, por cuestiones ajenas a la organización interna, sólo dos de los proyectos fundadores se han mantenido vigentes: Sabe Tierra Huerto 1 1 Página web donde es posible apreciar su trabajo y oferta: <https://viaorga nica.org/sabe-tierra-huerto/>; Facebook: <https://www.facebook.com/sabetierra huertocomunidad>; Instagram: <https://www.instagram.com/sabetierrahuerto/>. y Sintonía. 2 2 Página de Facebook donde puede consultarse su trabajo y sus productos: <https://www.facebook.com/Sinton%C3%ADa-Espacio-para-Ser-conscien te-306704622861872>. A continuación, se describen brevemente los proyectos que actualmente conforman de manera interna a la organización de Casa Espora.

SABE TIERRA HUERTO

Es un proyecto cooperativo de autogestión agroecológica y de conciencia alimentaria sustentado en la filosofía del Slow Food, movimiento internacional que busca la recuperación y conservación de tradiciones alimentarias tradicionales y locales mediante la difusión de la conciencia alimentaria y de sus formas de consumo, ya que para la filosofía Slow Food la alimentación está intrínsecamente ligada a la cultura, la política, la agricultura y el medio ambiente; 3 3 Información disponible en la página oficial de la organización Slow Food: <https://www.slowfood.com/es/quienes-somos/>. en síntesis, se trata de un espacio donde se practica y difunde la agricultura urbana, así como el aprendizaje para la construcción de huertos escolares y urbanos. Aunado a lo anterior, Sabe Tierra Huerto ha buscado incentivar y practicar un comercio local justo entre quienes intercambian los productos que allí se producen y ofertan, procurando siempre el bienestar del patrimonio biocultural, el rescate y la conservación de semillas mediante la ecogastronomía, resaltando la importancia de cultivar alimentos de una manera autosuficiente, saludable y ecológica dentro de la cotidianidad de consumo de las personas que habitan las ciudades.

Por tal motivo, se constituye como un huerto demostrativo de agricultura y permacultura urbana con la capacidad de fungir como aula de aprendizaje y capacitación para la comunidad —ya que cuenta con una pequeña biblioteca de libre consulta— y como espacio productivo donde es posible sembrar hortaliza, frutas y hierbas, con las que se elaboran productos para su comercialización y autoconsumo, acorde a los principios de la economía solidaria; su lema represen tativo: “Trabajando con la naturaleza y no en contra de ella”.

SINTONÍA

Proyecto coordinado por la psicóloga Adriana Penélope de la Torre Zepeda, dirigido a promover el bienestar del estado de ánimo personal mediante actividades de carácter terapéutico, como la lanoterapia, es decir, a través de la reivindicación de saberes ancestrales en torno al tejido, en este caso de mandalas (principalmente), telares de cintura otomí y bordado de arpillera, a manera de herramientas capaces de liberar estrés y de desarrollar mejores habilidades de concentración y destrezas psicomotrices. Lleva a cabo talleres de inteligencias múltiples y atención plena para infancias y adolescencias.

Todo lo anterior se difunde y promueve por medio de diversos talleres en los que personas de todas las edades pueden participar y que, además, se llevan a cabo en grupos, lo cual permite diálogos que nutren el aprendizaje y las habilidades para relacionarse con otras personas. Sus ideales se centran en formar comunidad con la idea de unidad e integración, tomando el bienestar emocional como la forma de crear relaciones sanas. De forma conjunta, Penélope atiende otro proyecto llamado Penélope y Rosa, dirigido a la venta de mandalas de gran tamaño, como parte de la tienda creada en Casa Espora, de la cual hablaremos más adelante. La impresión que Penélope nos ofrece respecto al trabajo colectivo en Casa Espora es la siguiente:

Aunque el huerto es una actividad propia de Sabe Tierra Huerto, al encontrarse en casa nos compete a todas las personas de la Casa, entonces a veces hay cosas que trabajamos cada quien, en nuestros proyectos, pero hay cosas que trabajamos por la Casa. Esta Casa tiene necesidades que se abordan desde lo colectivo mediante el compromiso que se tiene con los demás y los bienes para toda la casa; eso se entiende y, por ejemplo, aunque yo no esté, al contar con la tienda, mis productos de igual forma se pueden vender por quien en ese día le toque estar pendiente de la tienda. Te comprometes para trabajar para los demás.

LIZZOULI

Proyecto de producción y venta de cosmética natural; su principal objetivo es que en la producción de sus artículos y empaques se usen ingredientes naturales. Lo promueve la bióloga marina Lourdes Lizzouli Parra López.

[…] para mí es importante ayudar a reducir el impacto ambiental, por lo que hasta el empaque debe intentar seguir esa idea; por eso intento elaborar algunos productos en sólido (como el champú), justo para evitar los envases de plástico. Otra opción es hacer empaques de cartón; o trato que en su mayoría sean de vidrio para poder reutilizarlos.

Además, ofrece talleres de enseñanza para la elaboración de jabones y productos de higiene personal, lo que para ella es de suma importancia, ya que les brinda a las personas el conocimiento para consumir de forma responsable, lo cual también ayuda al bolsillo de las familias:

Pareciera que es muy caro hacer esos productos, pero el sentido de que sean para autoconsumo pues reduce costos y es natural. Por ejemplo, una barra que hacemos aquí en el taller que es de 80 gramos te dura hasta cinco o seis meses, y una de plástico no te dura ni un mes.

Por tal motivo, Lizzouli 4 4 Facebook: <https://www.facebook.com/EcoLizzouli>; Instagram: <https:// www.instagram.com/eco.lizzouli/>. aporta un valor de suma importancia al seno de Casa Espora, relacionado con la autogestión a través de la enseñanza de elaboración de productos de primera necesidad, como lo son los productos de higiene personal, que tienen una fuerte demanda en el flujo cotidiano del mercado; es por ello que consideramos relevante destacar dicha experiencia a la conformación del núcleo organizativo de Casa Espora.

ASBAJE BAKERY

Fundada en 2016 por Nicolás Cano Salgado y Francisco Javier Jiménez, Asbaje Bakery 5 5 Facebook: <https://www.facebook.com/Asbaje.Bakery>; Instagram: <https://www.instagram.com/asbaje.bakery/>. es una panadería artesanal que elabora pan de masa madre, un cultivo de bacterias y levaduras naturales que ayudan al proceso de fermentación de la harina de forma natural, logrando así una mejor digestión y reducción de daños a la salud por el consumo de pan entre sus consumidores y consumidoras; además conserva el pan fresco sin necesidad de conservadores.

Para nosotros el reto principal es tener productos que sean buenos para la salud. Tenemos productos sin azúcares; la masa madre también ayuda a degradar el gluten y que no caiga tan pesado. Nosotros también estamos inscritos en Slow Food de Toluca, que es una asociación internacional que se dedica a tener productos buenos, justos y limpios (Mata, 2021).

Asbaje Bakery y Sabe Tierra Huerto son los bastiones de la filosofía Slow Food presente en Casa Espora, tanto en el trabajo que ofrecen a la comunidad como en sus años de experiencia siendo partícipes de la difusión de mejores formas de consumo y cuidado de la alimentación de las personas.

LACTA CORAZÓN

Alma Laura Santana, licenciada en Enfermería y asesora de lactancia y educación de parteo, diplomados y maestrías afines a éste, es fundadora del proyecto Lacta Corazón 6 6 Página web: <https://www.lactacorazon.com.mx/>; Facebook: <https://www.facebook.com/lactacorazon>; Instagram: <https://www.instagram.com/lactacorazon/>. al buscar dignificar la maternidad mediante diversos foros, productos y talleres que buscan reflexionar en torno al papel y las necesidades de las mujeres que se encuentran en etapa de lactancia.

Aportar en la construcción de redes de apoyo para la maternidad es uno de los objetivos de Lacta Corazón; “tener una tribu” para empatizar y compartir experiencias sobre la maternidad y con esto facilitar y mejorar las etapas sobre el cuidado integral de las familias, y sobre todo de las mujeres en cuestión. Este proyecto está basado en la venta y producción responsable de productos para el cuidado de la mujer, la maternidad e higiene materna que además sea amigable pa- ra el ambiente.

ARTE DISPERSO

Colectivo de artistas plásticos dedicadas a la producción y venta de objetos que pasan por un proceso de reciclaje y reutilización para la elaboración de artefactos artísticos y diseños únicos, además ofrecen talleres, cursos y asesorías sobre construcción del escenografías y programas educativos artísticos; planeación de proyectos artísticos; así como organización de eventos y exposiciones relacionados con el arte.

El caso de Arte Disperso en Casa Espora es una muestra de la capacidad que dicho espacio tiene al proporcionar espacios flexibles entre quienes deseen colaborar asociativamente y estén dispuestas a perseguir ideales de ayuda mutua y responsabilidad colectiva, ya que como es bien sabido, el arte es una de las áreas con menor oferta laboral, por lo que encontrar una propuesta de arte como lo es Arte Disperso dentro de una cooperativa devela las potencialidades presentes en organizaciones de este tipo.

LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE CASA ESPORA

De tal manera, Casa Espora adopta un esquema de educación para el consumo basado en la impartición de talleres, cursos y asesorías sobre la producción natural de los productos que se comercializan dentro de sus instalaciones, con la opción de volver a reproducirlo de forma individual y cambiar hábitos de consumo. Para poder vender sus productos de manera directa, han logrado la instalación de una tienda común en la cual se pueden encontrar productos de cada proyecto interno anteriormente mencionados, con excepción de Asbaje Bakery, que cuenta con su propio espacio para cocinar y comercializar sus productos dentro del espacio de Casa Espora. También es posible encontrar productos de familias productoras locales de Toluca y del Estado del México, entre otras entidades de la República mexicana, que pagan un alquiler, intercambian alguna cosa o prestan algún servicio a Casa Espora.

Podemos decir que la organización de Casa Espora depende de procesos democráticos para la toma de decisiones debido a que sus integrantes han buscado formas prácticas de hacer compatibles los ideales del diálogo directo mediante la organización de asambleas y la discusión comunitaria como medio para establecer acuerdos, que es el principal mecanismo de la organización interna en Casa Espora para prevenir la cimentación de jerarquías y, por ende, para democratizar la organización del trabajo en torno a la economía social (Garteiz, 2011:221). De esta forma se atienden las condiciones sociales y familiares particulares de cada integrante y se adaptan a las circunstancias en su contexto. Tal como lo comenta la maestra Ireri Origel:

Cada uno de estos proyectos cuando entra tiene beneficios y obligaciones de forma proporcional. Cada proyecto paga una renta dentro de este espacio; de esta manera solventamos los gastos; entre todos nos repartimos los gastos de renta de agua y de luz, y de lo que vaya saliendo. Cada proyecto tiene la libertad de crear sus dinámicas y actividades que mejor le convenga y pueda elaborar para responder a sus necesidades, responsabilidades y objetivos.

La cooperativización en la aplicación de resultados económicos y la democratización societaria se ha desarrollado alrededor de la unión de las fuerzas de trabajo y factores productivos necesarios para comercializar sus productos y rolar entre ellos las herramientas necesarias, así como los costes dentro de sus espacios de actividad. Son estos vínculos de interdependencia alrededor de su actividad productiva lo que caracteriza a Casa Espora al recibir aportaciones equitativas entre sus asociados y asociadas, tener fuentes de ahorro común y compartir los recursos propios de la organización (Muciño, 2019:43). Lo anterior, según testimonios de integrantes de Casa Espora, no podría ser posible sin una formación previa para comprender la organización asociativa que permita que la información circule de forma eficaz aportando saberes al interior de la organización, a fin de establecer criterios creativos y de planeación para es- tar al tanto de las necesidades económicas y mantener la dinámica rotativa de los trabajos que se requieran.

De manera análoga, el establecimiento de directorios y relaciones particulares con sus clientes para el seguimiento de las ventas y redes solidarias, les ha permitido mapear cierta expectativa respecto a la oferta establecida bajo una demanda asequible a su capacidad de producción y distribución, reduciendo costos innecesarios y maximizando sus ganancias en la medida de lo posible para cubrir los costes de producción. Además, de ese modo se informa sobre los procesos de elaboración y venta de sus productos, creando una plataforma de transparencia que promueve el consumo consciente.

Estos criterios de transparencia sobre el proceso de comercialización de los productos influyen en la vinculación y calidad que se ofrece al consumidor, convirtiéndose en un aspecto que busca ser atendido con integridad conforme a los valores que fundamentan la relación de las cooperativas con su comunidad o sociedad. En ese sentido, el interés por la responsabilidad social es una preocupación de las cooperativas por integrar principios o códigos de conducta éticos para su relación con el exterior de la misma y en su entorno más cercano (Rosselló, 2013:38), y al mismo tiempo, de influir en la formación y desarrollo del equipo de trabajo con respecto a condiciones dignas de empleo.

DEL MERCADO VERDE ALTERNATIVO

Los seis proyectos que conforman Casa Espora tienen una iniciativa común, que es el Mercado de la Tierra Verde Alternativo de Toluca. Este mercado lo componen 28 proyectos familiares e individuales que forman un total aproximado de 70 personas. Es un espacio de consumo responsable, comercio justo y producción alternativa que busca la vinculación entre el campo y la ciudad. La filosofía que orienta sus actividades económicas es la economía social solidaría, así como la producción agroecológica de alimentos, que es la más a fin para llevar a cabo sus principios de la sustentabilidad y de responsabilidad social de acuerdo con la economía circular y el comercio justo y directo. Los valores de los estos preceptos se enuncian en la tabla 1.

A partir de un enfoque agroecológico, Casa Espora distribuye productos de agricultura urbana y rural generados por la circulación de insumos locales con el propósito de usar eficiente y sosteniblemente los recursos locales (Peredo, Vela y Jiménez, 2016), ya que el propósito de la agricultura agroecológica en espacios urbanos, de acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación participativa en Casa Espora, busca mejorar la calidad de los productos y la calidad de vida de los consumidores al promover el desarrollo local basado en el cuidado del medio ambiente y la producción y el consumo responsables.

El Mercado de la Tierra Verde Alternativo de Toluca también es parte de la red global de Slow Food Internacional junto con Asbaje Backery, una organización sin fines de lucro con sede en Italia que está presente en 160 países, los cuales integran una comunidad de más de 100 mil personas asociadas que fomentan los valores del ciclo para obtener una “comida buena, limpia y justa para todos”. 7 7 Información disponible en la página oficial de Slow Food México: <https:// www.facebook.com/slowfoodmexico>.

Buena: Nuestra comida debe ser sabrosa, elaborada con productos locales y de temporada; presentando platillo frescos y saludables. Limpia: Nuestra comida promueve un estilo de vida saludable, producida preservando la diversidad. Sin dañar al medio ambiente, garantizando el bienestar animal y sin dañar la salud humana. Justa: Nuestra comida busca estar al alcance de cualquier persona para tener un vínculo de respeto entre la dignidad del trabajo del campo y el consumidor. Para todos: Buena comida, limpia y accesible a todas las personas. Celebrando, respetando y fomentando en todo momento, las diversas culturas, tradiciones y el conocimiento culinario de quienes residen en México (<https://www.facebook.com/slowfoodmexico>).

Slow Food tiene una sede en México, donde reúne a más de 35 grupos locales que organizan eventos y proyectos regionales. Se ocupa del preservar y compartir alimentos y culturas alimentarias locales y defiende y promueve políticas públicas para ofrecer una alternativa holística al sistema industrial por medio de eventos de degustación, talleres, proyectos de oportunidad social y la certificación de la comunidad asociada.

En síntesis, como fue posible observar durante esta investigación, Casa Espora ha surgido y permanecido estos cinco años gracias al esfuerzo conjunto de todas las personas que la integran, sin embargo, es importante observar el contexto en el que ha surgido para tener un panorama más amplio de la valía y las limitaciones de su existencia en las entrañas de uno de los centros urbanos más importantes del país, la ciudad de Toluca.

TOLUCA Y SU IMPORTANCIA COMO CIUDAD

La ciudad de Toluca tiene caraterísticas que la posicionan como uno de los pilares de la economía mexicana, principalmente por ser la capital del Estado de México, entidad que ocupa el segundo lugar entre los estados que más aportan a la economía mexicana a través de su producto interno bruto (PIB) anual, el cual en 2019 —periodo pospandemia— representó el 8.9% del PIB nacional, que en 2020 aumentó a 9.1% con un egreso de 1 993 874 millones de pesos, superado únicamente por el 17.7% en 2019 y 15.8% en 2020 de la capital del país, la Ciudad de México (mapa 1, gráfica 1 y 2).

La importancia del Estado de México también se debe a su densidad demográfica, ya que cuenta con 13.5% de la población nacional, convirtiéndola en la entidad con mayor densidad demográfica en 2020 con alrededor de 6 922 418 habitantes, por lo que es uno de los destinos más atrayentes para la inversión extranjera directa y por ende concentra una gran presencia empresarial con alrededor de 700 459 establecimientos comerciales contemplados por el INEGI, 8 8 En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) (2021) se ofrecen los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de los negocios activos en el territorio nacional, actualizados fun encabezando así la lista en unidades económicas (comercios grandes) presentes en el país.

Asimismo, el municipio de Toluca cuenta con una población aproximada de 910 608 habitantes, representando así el 5.38% de la población total de la entidad y contribuyendo en un 10.46% al PIB de la misma. 9

Directorio de empresas y establecimientos, damentalmente en el segmento de los establecimientos grandes. Fuente: , <https://www.inegi.org.mx/temas/di rectorio/#Informacion_general>. INEGI

En resumen, el lugar primordial de Toluca como capital del Estado de México y bastión económico nacional es indiscutible, sin embargo, no es por casualidad, sino por una serie de factores que la han llevado a ser lo que es hoy en día, como veremos a continuación.

Toluca cuenta con una organización social, política y económica muy concretos establecidos por determinados grupos y actores dominantes con la capacidad adquisitiva y el poder político necesarios para direccionar el devenir de su urbanización al priorizar el aspecto económico, ya que “los fundamentos de la urbanización son en gran parte económicos” (Polése, 1998, en Orozco y Sánchez, 2013:68). Al enfocar el área geográfica en este contexto, es posible comprender el proceso de gentrificación en Toluca, así como las condiciones del desarrollo de Casa Espora como cooperativa autogestiva, la cual enfrenta el asimilacionismo al que todos los mercados locales se ven forzados a introducirse para sobrevivir y eventualmente a ser absorbidos por la llegada de las economías globales, que en el caso de Toluca ha sucedido a causa las diversas variaciones en su economía, teniendo su génesis en el detrimento de la actividad industrial a inicios de la década de los noventa, cuando grandes proyectos de infraestructura para la ampliación de rutas de transporte comenzaron a llevarse a cabo, facilitando el acceso de un mayor número de productos y mercancías ajenas a la economía regional, lo cual preparó el escenario para la captación de inversión extranjera y por ende de su mercado, alterando así la producción y prevalencia de las principales actividades económicas de la economía local (Botello, 2005:85).

Considerando lo anterior, el confluir como sociedades en economías globalizadas, la variación comercial y el comportamiento de los mercados, tendrán la capacidad suficiente para modelar las ru- tas que necesite el orden capitalista para la acumulación mediante el despojo, premisas básicas de su funcionamiento. Esto no podría ser posible sin otro actor imprescindible dentro de la organización de la población mexiquense: el poder político, es decir, la toma de decisiones que emanan de la administración pública estatal ligada o limitada por el sector privado al establecer una red de complicidad para la elaboración de políticas públicas que faciliten el acceso comercial a los capitales que les resulte conveniente o afín a sus intereses, los cuales tienden a promover el desarrollo urbano como un producto de consumo (Orozco y Sánchez, 2013:69). Para las cooperativas de economía social, dicho ordenamiento está lejos de ser un fenómeno ajeno a la formulación de sus estrategias y el cómo se adaptan a las dinámicas comerciales de los espacios que habitan, siendo este espacio el punto que les servirá de plataforma para poder representarse y desarrollarse.

CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN TOLUCA: CIUDADES, UN PRODUCTO MÁS DEL MERCADO CAPITALISTA

Toluca, como otras zonas designadas como centros urbanos, ha sido escenario de invariables modificaciones de su espacio, dinámica social y urbana que tiene que ver al menos tres factores: la inserción de la economía nacional al mercado financiero internacional, el proceso de transformación democrática, el cambio institucional, y la presencia de nuevas propuestas de desarrollo y contradicciones en el espacio urbano. Sin embargo, es a partir de la reestructuración industrial y la inserción de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) a la economía global a finales de la década de los noventa, facilitada por las autoridades gubernamentales de todos los órdenes territoriales, que Toluca comenzó a convertirse en un nodo isomorfo a la Ciudad de México para la inversión global (Botello, 2005:88-89). Es decir, la ciudad como producto empezaría a ser ofertado principalmente para el mercado inmobiliario y financiero.

Es así que durante esos mismos años, una fuerte crisis de desempleo impactó la dinámica laboral de la ZMVT, concentrando la oferta laboral en la Ciudad de México por parte de franquicias transnacionales y privadas, pero mediante el crecimiento de sector terciario, lo cual favoreció la aparición del subempleo sin la disminución de los indices de desempleo en la ciudad. El tercer sector sigue siendo hasta nuestros días la principal fuente empleo de la ciudad de Toluca, en una crisis económica que obligó a migrar a familias y comercios locales, depreciando el costo del uso de suelo, situación que años después aprovecharían inversionistas privados y extranjeros con la capacidad suficiente para el acaparamiento de la demanda mercantil de los bienes básicos e indispensables de la población (Orozco y Sánchez, 2013:70-72).

Siguiendo el análisis de Orozco y Sánchez (2013) en el que apuntan que la configuración de las ciudades bajo las lógicas del modo y estilo de vida capitalista responde a la misma lógica del hiperconsumo que busca convertir en productos los centros urbanos (Pólese, 1988 en Orozco y Sánchez, 2013:68), señalamos que ésta es la razón por la que tras un fuerte declive o deterioro urbano, será el poder político emanado de los gobiernos el encargado de facilitar al mercado global la reconstrucción y el “embellecimiento” urbano para revitalizar ciudades que han concluido su ciclo de vida mediante programas de “modernización” o “remodelación urbana”, mismos que sólo responderán a la atracción de un tipo de población específica con un poder adquisitivo superior al de la población local, que eventualmente será desplazada. Actualmente Toluca se encuentra en una situación igual o más adversa que en la década de los noventa, ya que no sólo existe una fuerte crisis de desempleo si no que, según estudios recientes, la concentración del empleo ha ido en aumento en el centro de la ciudad de Toluca (Ramírez, 2015:103). Esto quiere decir que frente a una creciente crisis de empleo en la ciudad de Toluca, las propuestas de comercio alternativo se convierten en valiosas propuestas de empleo, que sin embargo enfrentan complejas desventajas emanadas de la voraz dinámica de la metropoli y la competencia desleal de los grandes establecimientos transnacionales que acaparan la demanda, obligándoles a mantener precios que no son lo suficientemente asequibles para la población. Esto se contrapone a la experiencia cooperativa más frecuente en la literatura y la experiencia mexicana, la cual reposa en el cooperativismo de carácter rural, donde las redes solidarias pueden lograrse con mayor facilidad entre la población local y recuperar antiguas tradiciones de intercambio no monetario, como el trueque (Martínez et al., 2019:33).

Por si fuera poco, actualmente Toluca se enfrenta a una de las mayores crisis financieras de su historía, la cual ha ido arrastrando du- rante los últimos años a causa de la crisis económica ocasionada por la pandemia por el SARS-CoV-2, que ha dejado de manifiesto la preocupante situación laboral al presentar una deuda de alrededor de 2 500 millones de pesos (Alvarado y Colín, 2021), no de ahora, pero ya imposible de contener ante la pedregosa situación económica mundial, afectando principalmente a empleadas y empleados, a quienes desde fines del año pasado se les adeuda gran parte de su salario. Esta situación, aunque parece ajena al tema que aquí nos convoca, tiene una estrecha relación contextual, ya que es una muestra del debilitamiento institucional para la protección de trabajos y su garantía, ya que tan sólo en 2021 la tasa de desempleo en Toluca fue de 5.5%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Desempleo, representando así una población de 34 548 personas desempleadas, es decir, 42.7% de la población y 18.6% en empleos están en riesgo o en graves condiciones de explotación laboral.

Por otro lado, el subempleo que los grandes comercios ofertan a las juventudes desempleadas es otro de los elementos constitutivos del estancamiento económico en Toluca; tal es el caso de miles de jóvenes que optan por brindar sus servicios en franquicias de transnacionales o del sector restaurantero que pagan sueldos por debajo del salario minímo o incluso inexistentes, ya que suelen pagar con propinas, negándoles cualquier seguridad o base económica de algún tipo. 10 9 Fuente: Portal web del Ayuntamiento de Toluca. <https://www2.toluca.gob.mx/>. Nota: No existen bases de datos actualizadas a nivel municipal en todo el país, por lo que la información presentada en torno al municipio son aproximaciones estadísticas recabadas de diversos documentos o portales oficiales del Ayuntamiento municipal de Toluca.

Esto, como veremos a continuación, establece las condiciones óptimas para acelerar los procesos de gentrificación que, para cooperativas como Casa Espora, multiplica las dificultades que ya de por sí enfrentan al competir con la oferta de grandes comercios.

GENTRIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL

La gentrificación puede entenderse como un fenómeno de carácter social, territorial y político de reconfiguración capitalista urbana. El concepto fue acuñado por la socióloga Ruth Glass en 1964 en su libro London: Aspects of Change para nombrar el proceso de reconfiguración y desplazamiento urbano observado a través de su estudio sobre la vida citadina londinense en la posguerra, en comunidades rurales británicas envueltas en fuertes conflictos sociales, principalmente por el acceso a viviendas, como consecuencia de las condiciones de crisis y desigualdad que ciertas zonas de la sociedad londinense enfrentó en dicho marco histórico (Marco, 2015:4).

De manera concisa y general, la gentrificación es un proceso de cambios y de nuevas formas de desarrollo dentro de territorios habitados por poblaciones que presumiblemente tienen bajos ingresos y en donde se presentan modificaciones y ocupaciones de los espacios por poblaciones de clase media y alta, para la recreación de particulares o agentes inmobiliarios mediante inversiones privadas, a fin de adaptar los espacios y dinámicas socioeconómicas a sus exigencias e intereses (Arreortua, 2013). Asimismo, un factor relevante pa- ra dicho proceso es el desplazamiento y la segregación que hay en medio de dichas dinámicas como elementos de elitización del espacio público, como un hecho homologado al proceso de gentrificación de la actividad comercial (Arreortua, 2013).

Ahora bien, es importante advertir que la gentrificación se presenta en lugares que se perciben como unidades subyacentes que definen de forma yuxtapuesta a un espacio y tiempo fijos, y que denotan dimensiones específicas de las dinámicas sociales, políticas y territoriales, así como su interrelación (Albert y Benach, 2019). En dichas unidades podemos identificar una serie de normatividades que de forma expresa y tácita configuran las expresiones dentro de dicho espacio y tiempo, construyendo los territorios donde buscar los espacios que nos permitan adquirir y acceder a nuestras necesidades sociales y económicas. Esto, a partir de las realidades materiales, presionan a los individuos a dirigirse a determinadas formas de desarrollo y subsistencia dentro de los mismos y, por consiguiente, las organizaciones que controlan o regulan las actividades socioeconómicas pretenden mantener un control social ante lo que consideran una anomia o un problema para la imagen y recreación dentro de espacios públicos y áreas aledañas a la concentración de comercios de ciertos estratos y clases sociales, siendo el comercio informal, la inseguridad y las intervenciones en espacios públicos por grupos no legitimados o formalizados, algunas de las incidencias que se busca reducir con el fin de “recuperar” o “rescatar” los espacios ocupados y comprometidos a inversiones privadas (Arreortua, 2013).

Las cuestiones comentadas en el párrafo anterior implícitamente se desarrollan como desposesiones y desplazamiento que segregan a individuos de las sedes donde se reproduce y acumula la actividad socioeconómica. La segregación socioespacial producida implica la construcción en el espacio de métodos y maneras de diferenciación social, económica, política, educacional o delictiva, para separar a grupos dentro de un espacio (Pérez-Campuzano, 2011). Asimismo, en sociedades latinoamericanas marcadas por altos grados de desigualdad, se convierte en un fenómeno de acceso y poder en distintas esferas de la vida social, política, cultural y económica, en razón de la estratificación social y la capacidad de incidencia en la toma de decisiones dentro de dichas esferas. “Entre más restringidas sean nuestras opciones sociales, más restringidas serán nuestras opciones espaciales y más excluidos nos sentiremos o seremos” (Pérez-Campuzano, 2011:407).

Desde una dimensión social y geográfica, el concepto de segregación socioespacial se entiende como una distribución desigual dentro de los territorios que de manera conjunta excluye a los grupos desplazados y los convierte en subculturas marginales separadas del entorno social y, por ende, de los espacios para habitar. Esto, según Park, fragmenta la ciudad y construye regiones morales donde predominan códigos propios (Grafmayer y Joseph en Moreno, Rubí y Sandoval, 2011).

CASA ESPORA ANTE LOS PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN EN TOLUCA

El conflicto social dinamitado por crisis económicas como uno de los factores para la antesala de un proceso de gentrificación, es el marco para el desarrollo de la presente investigación, principalmente por las características apreciadas en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, segunda entidad con mayor aportación al PIB nacional y por ende con mayor presencia empresarial del país, que la convierte en el nodo de diversas fluctuaciones comerciales e industriales y cuya economía ha sido convulsionada por una situación de emergencia por la actual pandemia global del SARS-CoV-2.

El propósito de las economías capitalistas de maximizar sus ganancias y mantenerse a la expectativa de la competencia comercial deriva en una sobreacumulación y sobreproducción de mercancías que saturan los mercados y los lugares para comerciar (Benach y Al- bet, 2019), lo cual da lugar al acaparamiento de los espacios y a una competencia que los comerciantes locales no pueden sostener ante gigantes empresariales.

A raíz de la consolidación de las ciudades capitales como los principales centros de servicios y mercados financieros, en las últimas tres décadas el acondicionamiento urbano se ha convertido en la principal cualificación de la configuración socioespacial, orientado también a las lógicas capitalistas del mercado y disociando los desplazamientos y despojos hacia preceptos de modernización y competencia internacional (Torres-Tovar, 2019).

Se llevan a cabo planeaciones y proyectos de ordenamiento territorial que constituyan las ciudades como los principales centros para realizar actividades financieras, servicios de producción y espacios de innovación para el desarrollo (de cualquier índole). Así se reinventan y resitúan los enclaves económicos y la rentabilidad de los territorios hacia necesidades e intereses de particulares exteriores a las localidades, priorizando los intereses económicos sobre las necesidades humanas individuales y colectivas (Torres-Tovar, 2019).

Según Vidal, las cooperativas son una respuesta a una demanda no atendida por el sector público ni privado de manera convencional y, según sea el caso, también pueden ser una respuesta común ante problemas locales y sociales que afectan a la sociedad. En el caso de Casa Espora, el comercio alternativo consiste en introducir valores de la economía social y solidaria en lugar de aquellos introducidos por el capitalista, como la productividad, la competencia y las estructuras rígidas de comunicación entre jerarquías. Dichas propuestas nos enseñan que la economía no es un cuerpo teórico ajeno o independiente de la filosofía o ética sobre el trato necesario para el desarrollo integral de las personas con sus ideales y valores culturales con los cuales buscan identificarse en sus comunidades y sociedades (Ros, 2007:18); y también que la economía solidaria fue una necesidad para afrontar el empobrecimiento causado por el debilitamiento de las estructuras sociales y económicas a raíz de la globalización (Ros, 2007:17).

Salvá y Doblas postulan que el comercio justo en los países anglosajones es directamente llamado comercio alternativo, como una expresión del comercio con productores marginados en países desarrollados, lo cual es otro ejemplo equiparable de resiliencia para satisfacer las necesidades socioeconómicas sin que esto implique acceder directamente a las lógicas del mercado capitalista (Salvá y Doblas, 2005). El afán de integrar a sus formas de trabajo y producción de manera práctica también ayuda a sensibilizar sobre problemáticas sociales, políticas, ambientales o culturales, por lo que compartir material, cursos y pláticas relacionados con temas o aspectos específicos sobre alguna de dichas problemáticas contribuye a tener diversidad de opciones para elegir bajo espectros más amplios y no restringirse a consumir y adquirir ciertos productos. Algunas actividades de Casa Espora están orientados a integrar acciones para coadyuvar y fomentar relaciones de respeto y equidad entre consumidores y productores. Algunos ejemplos son los siguientes:

SOBRE LA PANDEMIA POR COVID-19 Y LA RESILIENCIA DE CASA ESPORA

Tal como lo hemos señalado, la pandemia por Covid-19 ha generado un fuerte impacto en la rentabilidad del comercio; también ha sido fuente de desempleo y ha generado el reemplazo de comercios locales y tiendas familiares por comercios transnacionales y restaurantes y bares, afectaciones que sufrió Toluca al no ser excepción de una emergencia sanitaria global, al ser vulnerable ante una capacidad nula para la protección del comercio local por parte de gobierno municipal de Toluca, ni de ningún nivel de gobierno, en comparación a las garantías empresariales y los gastos reurbanización en zonas céntricas y con alta afluencia de tránsito y comercio tanto formal como informal (Cole y otros, 2020).

Para quienes integran Casa Espora lo anterior ha significado adoptar nuevas estrategias para mantener el espacio que rentan para realizar sus actividades. Las redes sociales digitales han servido de apoyo para promocionar sus productos y servicios, y también para seguir realizando talleres, cursos y asesorías en modalidad virtual. El seguimiento de la comunidad de consumidores les ha permitido dar un trato particular a las personas que se vinculan a través de los contactos de Casa Espora puesto a disposición por las mismas redes sociales.

Sin embargo, como ejemplo de resiliencia, pese a las adversidades, Casa Espora es de los pocos comercios locales que se han mantenido a flote durante los dos años que ha durado la pandemia, reforzando así el sentido de identidad colectiva a través de la cooperación, tal como Lizzouli nos compartió en una de las charlas que tuvimos con ella:

Yo la veo como muchos puntos a favor porque al final de cuentas somos muchas personas involucradas ¿no?, y creo que es algo que también nos ha beneficiado sobre todo en pandemia, el que seamos como un equipo grande: una cooperativa, porque, aunque de repente no estamos al cien económicamente, yo te puedo decir que muchos negocios cerraron y nosotros al ser un equipo grande hemos sido capaces de seguir pagando una renta. […] A lo mejor si yo estuviera sola en un local, yo ya habría botado el proyecto porque no me hubiera dado para más.

CONCLUSIONES

La gentrificación, al constituirse entre una lucha de clases y un contexto de despojos y acaparamiento del espacio, es un efecto de la misma globalización y debe ser entendida como un problema social que se desarrolla dentro los territorios en desplazamientos directos o indirectos de grupos de los ingresos menores hacia zonas lejanas a los centros (Arreortua, 2013:285). Las ciudades que responden a la neoliberalización (capitalismo) en los procesos contemporáneos de acumulación son el resultado de la sociabilización de las fuerzas productivas y de los medios del consumo colectivo que, por consiguiente, se distribuyen en un espacio determinado teniendo cierta influencia en construcción de las relaciones mercantiles de las zonas (Hidalgo y Janoschka, 2014). Hay que mencionar, además, que este fenómeno fue una problemática que tuvieron los integrantes de Casa Espora para poder encontrar un espacio en el que puedan desarrollar sus actividades y por el cual tuvieron que cambiar de espacio en una ocasión y perder actividades relacionadas con ambientes abiertos y un mejor aprovechamiento de la economía circular.

Ahora bien, considerando también que el Mercado Verde Alternativo es una organización de los productores que se conforma mediante la distribución de sus productos en Casa Espora, es necesario destacar que dicha agrupación se une como una asociación y comunidad para facilitar la distribución y comercialización de sus productos formando una red de productores y una comunidad de comerciantes basada en el consumo responsable.

Acerca de los problemas que pueden afectar a largo plazo a Casa Espora como modelo de la economía social, es el de ser descartado por esquemas del desarrollo público y mantenerse sin reconocimiento legal mediante el cual puedan tener una vinculación efectiva con instituciones públicas que favorezca en el fortalecimiento de la comunidad. Asimismo, los esfuerzos de los integrantes de Casa Espora por vincularse con instituciones públicas como universidades y gobierno habían sido intermitentes debido a proyecciones de la economía social como un retroceso, subversión o fracaso dentro de la ideología de grupos comerciales con mayor capacidad adquisitiva e influencia para tener acceso a bienes y servicios públicos urbanos con lógicas de “recuperación de espacios o embellecimiento de barrios” (Muciño, 2013:98-100).

Las cooperativas de consumo con enfoque agroecológico y basados en la sustentabilidad, como lo es como Casa Espora, son una forma viable de organización laboral y propuesta del comercio para la comunidad de Toluca, puesto que quienes integran Casa Espora satisfacen sus necesidades socioeconómicas por medio de los recursos obtenidos por el empleo como parte de la cooperativa y el Mercado Verde Alternativo beneficia a 25 familias productoras locales y regionales.

Esto da cuenta de la complejidad a la que Casa Espora y cualquier cooperativa situada en un centro urbano debe hacer frente, donde muchas veces las limitaciones provocadas por la competencia entre grandes comercios de capital privado y extranjero asfixian sus iniciativas, estableciendo condiciones que les obligan a recurrir a apoyos gubernamentales o a certificaciones que impulsen sus iniciativas, pe- ro que en detrimento de sus aspiraciones y su filosofía orientada al bienestar común, se vean opacados por los retos propios de la ciudad, que cada vez cuenta con menos población local o cercana entre sí, dificultando el reforzamiento de un tejido social local inmediato, o la oferta de productos a precios más asequibles a los bolsillos de las personas.

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* Estudiante de la licenciatura en Políticas Públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <2162039743@correo.ler.uam.mx>. ** Estudiante de la licenciatura en Políticas Públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <2162039743@correo.ler.uam.mx>. TABLA 1 ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN TEÓRICA EXPUESTA <_No_paragraph_style_>

Economía circular

Basada en la sustentabilidad, se enfoca en establecer una relación entre el medio ambiente y el sistema económico (Vanesa Prieto-Sandoval, 2017:89) mediante el diseño del productos sin generar desecho con la creación de productos de fácil desmontaje y su reutilización, además de establecer los modelos empresariales para que los fabricantes tengan incentivos económicos para recoger, volver a fabricar y distribuir sus productos (Vargas-Hernández y Gónzalez, 2017:116) y con esto puedan ayudar a reducir el daño al medio ambiente por las actividades económicas.

Comercio justo

Son relaciones comerciales basadas en el diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad con el fin del contribuir al desarrollo sostenible y lograr precios ecuánimes para el productor y el consumidor (Salvá y Doblas, 2005:11); y con esto ofrecer mejores condiciones sociales y económicas a los productores y trabajadores marginados y/o vulnerados. El funcionamiento organizacional democrático del comercio justo se compromete a promover los derechos fundamentales de los trabajadores.

Comercio directo

Conforme a las relaciones de solidaridad y respeto de la economía social, el comercio directo es el acercamiento y acceso necesario para reconocer y garantizar las prácticas del comercio justo en relación con la transparencia de sus procesos mercantiles y de producción.

FUENTE: elaboración propia. FIGURA 1 MUNICIPIO DE TOLUCA

Temoaya Otzolotepec Almoloya de Juárez Toluca

Zinacantepec MetepecMetepec CalimayaCalimaya Tenango del Valle Estado de México FUENTE: SEDECO,UPEIG e INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2019. GRÁFICA 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 <_No_paragraph_style_>20.0 <_No_paragraph_style_>15.0 <_No_paragraph_style_>10.0 <_No_paragraph_style_>5.0 <_No_paragraph_style_>0.0 <_No_paragraph_style_>17.7 <_No_paragraph_style_>3 500 000 <_No_paragraph_style_>3 000 000 <_No_paragraph_style_>2 500 000 <_No_paragraph_style_>2 000 000 <_No_paragraph_style_>1 500 000 <_No_paragraph_style_>1 000 000 <_No_paragraph_style_>500 000 <_No_paragraph_style_>0 <_No_paragraph_style_>Porcentaje <_No_paragraph_style_>8.9 <_No_paragraph_style_>7.8 <_No_paragraph_style_>6.9 <_No_paragraph_style_>4.5 <_No_paragraph_style_>4.0 <_No_paragraph_style_>3.2 <_No_paragraph_style_>3.3 <_No_paragraph_style_>3.3 <_No_paragraph_style_>3.4 <_No_paragraph_style_>3.4 <_No_paragraph_style_>2.4 <_No_paragraph_style_>2.5 <_No_paragraph_style_>2.9 <_No_paragraph_style_>2.9 <_No_paragraph_style_>2.1 <_No_paragraph_style_>2.3 <_No_paragraph_style_>2.3 <_No_paragraph_style_>1.4 <_No_paragraph_style_>1.6 <_No_paragraph_style_>1.5 <_No_paragraph_style_>1.5 <_No_paragraph_style_>1.5 <_No_paragraph_style_>1.4 <_No_paragraph_style_>1.3 <_No_paragraph_style_>1.2 <_No_paragraph_style_>1.1 <_No_paragraph_style_>0.9 <_No_paragraph_style_>0.9 <_No_paragraph_style_>0.7 <_No_paragraph_style_>0.6 <_No_paragraph_style_>0.6

CDMX Estado de México Nuevo León Jalisco Veracruz Guanajuato Coahuila Puebla Sonora Baja California Chihuahua Tamaulipas Campeche Tabasco Michoacán Querétaro Sinaloa San Luis Potosí Quintana Roo Hidalgo Yucatán Chiapas Oaxaca Guerrero Aguascalientes Durango Morelos Baja California Sur Zacatecas Nayarit Colima Tlaxcala <_No_paragraph_style_> Millones de pesos Participación FUENTE: SEDECO, UPEIG, INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2019.

GRÁFICA 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2020

CDMX Estado de México Nuevo León Jalisco Veracruz de Ignacio de la Llave Guanajuato Baja California Coahuila de Zaragoza Chihuahua Sonora Puebla Tamaulipas Michoacán de Ocampo San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Querétaro Campeche Hidalgo Oaxaca Chiapas Yucatán Aguascalientes Guerrero Quintana Roo Durango Morelos Zacatecas Baja California Sur Nayarit Colima Tlaxcala 15.8

9.1

8.0

7.3 4.5

4.3 3.7

3.6

3.2

3.1

2.5

2.3

2.1 1.6

1.6

1.5

1.5 1.4

1.4 1.3

Producto interno bruto precios básicos 21 884 029 Millones de pesos corrientes 1.2

1.1

1.0

0.8

0.7

0.6 0.6

0.0 2.0 10.0 6.0 14.0 4.0 12.0 8.0 16.0 18.0 FUENTE: INEGI (2020).

GRÁFICA 3 UNIDADES ECONÓMICAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2021

Baja California Sur Colima Campeche Aguascalientes Nayarit Quintana Roo Durango Zacatecas Tlaxcala Tabasco Querétaro Morelos San Luis Potosí Coahuila de Zaragoza Sonora Sinaloa Baja California Chihuahua Yucatán Tamaulipas Hidalgo Guerrero Nuevo León Chiapas Oaxaca Michoacán de Ocampo Veracruz de Ignacio de la Llave Guanajuato Jalisco Puebla CDMX México

35 747

38 502

41 613

61 657 66 148

66 311 66 752

69 306

82 497

85 960

94 378

111 434

113 402

114 487

118 972

123 642

125 980

128 183

130 391 132 950

139 270

169 784

186 120

218 853

250 851

260 228

272 553

326 741

343 597

378 100

474 333

700 459

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 FUENTE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 2021.

<_00_FALSA>Segunda parte AUTOORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA SOLIDARIA AUTOORGANIZAR LA VIDA EN COMÚN: AUTOGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN RADICAL HACIA LA RECONEXIÓN DE ECONOMÍA Y POLÍTICA Gustavo Moura de Oliveira*

INTRODUCCIÓN ** * Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor en Ciencias Sociales (UNISINOS, Brasil). Correo electrónico <comanchi@hotmail.com>. ** Agradezco a Nicole Eileen Tinjacá E. (Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la unam) por su atenta revisión y comentarios a este capítulo.

Estamos en el medio de una crisis, no de situaciones consumadas del todo. [...] Se trata de fenómenos políticos, sociales, subjetivos e intersubjetivos. Son el resultado de enfrentamientos y de derrotas del mundo del trabajo frente al capital, de consiguientes cambios en las relaciones de fuerzas políticas. Implican decisiones y acciones de las gentes de este mundo. De opciones, por lo tanto, y de sus correspondientes acciones. Para cada quien, no sólo para algunos. Aníbal Quijano

La sociología política latinoamericana ha contribuido, poco a po- co, a la crítica del modo de producción capitalista como la forma de gestión de los recursos materiales y del trabajo, así como a la crítica de la forma Estado-nación y de la democracia neoliberal como las formas de participación política y de organización de la vida en común. Esa división entre economía y política, respectivamente, es incluso uno de los puntos criticados por parte de la sociología política de Nuestra América. El inicio del proceso colonial mismo y después la conformación de los Estados-naciones latinoamericanos, sería el punto que marca tal separación, dotándose, a través de un proceso violento, el monopolio de la política, del mismo modo que la forma capital tenga el monopolio de la economía, además de hacer que se perciban como dimensiones separadas de la vida.

Enrique Dussel (2014) plantea que el capitalismo ha llegado a las Américas en el mismo momento que llegó Cristóbal Colón. Para el filósofo no es posible analizar el proceso de acumulación primitiva, por ejemplo, que fue indispensable para la transición del capitalismo mercantil al industrial en la Europa del siglo XVIII, sin considerar el papel de los interminables saqueos y de la esclavitud, tanto de las poblaciones originarias de la región como de la población de África que fue traída a la fuerza. Es cierto que la industrialización capitalista latinoamericana sólo se confirmó “tardíamente”, en el siglo XX; asimismo, la integración de la región al sistema mundial encuentra sus orígenes, siempre bajo saqueo, explotación, violencia y sangre desde el año de 1492 (Las Casas, 1969).

Muchas autoras y autores (Dussel, 2006; Meiksins Wood, 2000, 2006; Osorio, 2002; Roux, 2002, y otros) plantean que ha sido el proceso de expansión capitalista, primero en Europa, después en Estados Unidos y América Latina, lo que ha separado política y economía en cuanto dimensiones antes integradas cuando pensamos en la afirmación, reproducción y organización de la vida humana en sociedad. En relación con la política, tal separación terminó por entregar su monopolio al Estado, como señala Rhina Roux (2002:232):

La comprensión de la política como una actividad referida al Estado, como acción orientada a dirigir el aparato estatal, a conquistar el poder político o a influir en él, sea como un medio o como un fin, forma parte del imaginario político de la modernidad que acompaña la existencia del Estado nacional, soberano y territorialmente delimitado, que se configura y difunde mundialmente entre los siglos XVI y XX.

Siguiendo a la autora, es importante señalar que esta condición casi de sinónimos entre política y Estado ha producido consecuencias irreparables al entendimiento (o subjetivación) de los pueblos en América Latina del significado y las formas de reproducción de la política. Si el Estado pasara a ser casi sinónimo de política serían sus formas de funcionamiento (las del Estado) las que terminarían consolidándose en el intersubjetivo general de la población como la “forma típica” de manejar la política. Sin embargo, se trata de una forma que tiene el enfoque en la representación que garantiza su participación solamente a una pequeña elite profesionalizada, quedando así la idea y la práctica de la participación política radical restricta al imaginario utópico de unos pocos militantes y académicos críticos de la forma Estado y de la democracia neoliberal.

Por su parte, relacionando economía y política, Jaime Osorio (2002:191, cursivas del autor) contribuye al recordar a Aristóteles.

“El hombre es un animal político”, afirma Aristóteles. Desde un terreno general esta afirmación permite una primera definición de la política, en tanto capacidad social de discutir y decidir sobre los asuntos públicos. Estas funciones, en (una sociedad de clases como) el capitalismo, han sido expropiadas al grueso de la población como parte del ejercicio del poder de los sectores dominantes. Por ello es necesario hacer una reinterpretación de la aseveración aristotélica y afirmar: en el capitalismo los asalariados y demás miembros de las clases dominadas no son un animal político, pero su quehacer político se define por su disposición de llegar a serlo.

Separadas economía y política, a la economía —y por consecuencia al mercado— se ha entregado el carácter de dimensión privada de la vida, en cuanto a la política —y, por consecuencia al Estado— el carácter de dimensión pública. Las feministas, como muestra Carole Pateman (2014), comprendieron muy bien tal contradicción público-privado al gritar bajo el slogan: “¡Lo personal es político!” —en los términos que vengo tratando, “¡lo privado es político!”—. Si lo privado es político, entonces debería ser tratado como ético-político, como también lo es el Estado. Las feministas, al gritar “¡lo personal es político!” están reivindicando, sobre todo, que el espacio de la familia y otros de sus intimidades no pueden quedar más allá de las colectividades. Una agresión (física o psicológica) protagonizada por un hombre hacia una mujer, por ejemplo, es un tema público, por lo tanto, político. Sin intentar jerarquizar sufrimientos, es importante decir que si una agresión machista es un tema público —o debería serlo—, la superexplotación (Marini, 2000) percibida en las relaciones de trabajo en la actualidad también es un tema público, por lo tanto, político.

Empiezo con tales reflexiones no solamente para abrir los caminos a los demás planteamientos que presentaré, sino como forma de ubicarme, sea específicamente en el contexto de este texto, sea en relación con mis opciones teóricas y políticas en sentido amplio. Me posiciono desde un lugar de la crítica de la sociología y la economía política de base latinoamericana.

En el contexto de este diagnóstico que brevemente se acaba de presentar, la economía solidaria ha buscado su lugar en Latinoamérica como concepto teórico, práctica político-económica y proyecto de sociedad desde fines de la década de los ochenta, por lo menos. Es en ese escenario de fondo que el objetivo de este esfuerzo fue primero (i) reflexionar críticamente sobre los abordajes más difundidos del concepto de economía solidaria en América Latina, confrontándolos con el abordaje que se podría decir de inspiración anticolonial del concepto, este último una mirada menos difundida hasta la fecha. En segundo lugar, el objetivo fue (ii) acercar las ideas de autogestión (en general vinculada a la dimensión económica de la vida) y de participación política radical (en general vinculada a la dimensión política de la vida) hacia la reconexión de economía y política. Las principales preguntas alrededor de las cuales se presentan las reflexiones son: ¿Cómo enfrentan el problema de la separación histórica entre economía y política aquellos abordajes más conocidos acerca de la economía solidaria? ¿Cuál es la contribución del abordaje de inspiración anticolonial? ¿Qué papel cumple la autogestión frente a tales cuestiones?

Para contestar dichas preguntas y alcanzar los objetivos señalados, metodológicamente es importante decir que, aunque éste sea un trabajo de rasgo teórico, se trata de un esfuerzo que tiene como base mi tesis de doctorado recientemente publicada (Oliveira, 2021). Al considerar eso, lo que se busca con este texto es difundir algunos de los principales hallazgos de la investigación mencionada, que fue un estudio de casos comparativos de abordaje cualitativo. Para su concretización, se ha realizado investigación bibliográfica sobre Estado, movimientos sociales, economía solidaria y autonomía en un intento de integración entre la bibliografía del Norte global y la latinoamericana. Además de eso, se ha realizado investigación de campo utilizando las técnicas de observación participante y entrevistas semiestructuradas con sujetos de los movimientos sociales de economía solidaria y de los Estados de Brasil y México; fueron 16 entrevistas en cada país, 12 con sujetos de los movimientos y cuatro con sujetos vinculados a los Estados, 32 entrevistas en total.

La secuencia del texto está organizada de la siguiente manera: primero, se presenta una reflexión crítica al concepto de economía solidaria en América Latina a partir de su mirada más difundida desde fines de los años ochenta; en segundo lugar, se organizan algunas reflexiones alrededor de dicho concepto desde su versión de inspiración anticolonial; después, lo que intento es desentrañar qué papel juega la autogestión frente al reto de reconectar economía y política proponiendo que la idea de autoorganización sustantiva de la vida en común podría cumplir un papel más efectivo que la idea de autogestión misma; por último, se presentan algunas reflexiones finales.

LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y SU ABORDAJE MÁS DIFUNDIDO EN AMÉRICA LATINA

El proceso de desarrollo del capitalismo en América Latina, considerado tardío en relación con el de Europa y Estados Unidos, al hacer su transición de la economía agraria a la industrial dejaría grandes partes de la población en los márgenes del sistema. Casi siempre asociadas a las ideas de economía o trabajo informal —o aun de economía popular como aquella economía de los trabajadores que viven de su propio trabajo en el cotidiano y que no perciben ningún margen de acumulación (Antunes, 2005)—, los índices de informalidad (ocupados en la economía popular versus ocupados totales) actuales en Brasil y México —para dejar dos ejemplos latinoamericanos— en noviembre de 2020 fue de 39.1% (IBGE, 2021) y 56.3% (INEGI, 2020), respectivamente. Aníbal Quijano (1998:100-101) ha elegido llamar este trabajo no alcanzado —o no deseado— por el sistema capitalista de polo marginal ** ** Hago aquí la opción por el término/concepto de polo marginal de Aníbal Quijano. Sin embargo, es justamente lo que el autor llama de polo marginal de la economía que también podríamos llamar, aunque de forma menos precisa, de economía popular. Otro término/concepto que de la misma forma ayuda a pensar en las economías populares de manera más precisa es el de economía barroca, de Verónica Gago (2014), inspirada en Bolívar Echeverría. y lo ha definido como

[…] las actividades económicas (productivas y comerciales) de trabajadores sin empleo, ni ingresos salariales estables; en las que se usa recursos residuales (los que no usa el capital) o de baja calidad y poco precio; que tienen muy baja productividad; ninguna o muy elemental división del trabajo; en la que se intercambia trabajo o fuerza de trabajo, principal pero no exclusivamente entre miembros de una misma familia y de manera privada; y cuya rentabilidad es tan baja que no permite sino ingresos para la sobrevivencia familiar o la reproducción de la misma actividad económica, sin ningún margen de acumulación o de capitalización.

Es en el seno de este polo marginal que emergen las experiencias de la economía solidaria, es decir, de trabajo colectivo-asociado. Para el caso de Brasil —donde existen datos disponibles—, por ejemplo, de acuerdo con el Sistema de Informaciones en Economía Solidaria (SIES) basado en el II Mapeo Nacional de la Economía Solidaria, realizado entre 2010 y 2013 y publicado en 2014, de los 19 908 grupos de trabajo colectivo-asociado mapeados, 30% (6 018) eran grupos informales, en cuanto que 69% estaban parcialmente integrados al sistema capitalista. De los últimos, 87% (11 283) estaban formalizados como asociaciones sin fines de lucro y 13% (1 740) como cooperativas formales. Si las cooperativas y las asociaciones, sobre todo las primeras, sí se asumen como integrantes del sistema capitalista, los grupos informales justo son parte del polo marginal de que habla Quijano.

En tal contexto, pregunto: en el ámbito del polo marginal, ¿qué es y cómo definir la economía solidaria? Para Antônio Cruz (2006:69), la economía solidaria es

[…] o conjunto das iniciativas econômicas associativas nas quais a) o trabalho; b) a propriedade de seus meios de operação (de produção, de consumo, de crédito etc.); c) os resultados econômicos do empreendimento; d) os conhecimentos acerca de seu funcionamento; e) o poder de decisão sobre as questões a ele referentes são compartilhados por todos aqueles que dele participam diretamente, buscando-se relações de igualdade e de solidariedade entre seus partícipes.

Además de la contribución de Cruz, vale la pena señalar que la reciprocidad, la interdependencia y la autogestión, si bien no aparecen de forma explícita en las reflexiones señaladas por el autor, son categorías claves para el entendimiento de lo que es la economía solidaria. Es importante destacar también la relación entre seres humanos y naturaleza. En el ámbito de la economía solidaria tal relación aparece de manera radicalmente opuesta colocada en perspectiva con la relación de dominación de la naturaleza por la acción humana típica de la economía capitalista, es decir que en la economía solidaria se trata de una relación de integración seres humanos-naturaleza —tal cual en los debates sobre agroecología y el Buen Vivir, por ejemplo— y no de dominación de los primeros sobre la segunda.

Dicho lo de arriba, merece atención ubicar el origen del concepto de economía solidaria en América Latina. Por cierto tal origen remite a Luis Razeto (1989) en el Chile de fines de la década de los ochenta, y su propuesta bastante original de una economía de la solidaridad. Otros nombres que contribuyeron al desarrollo inicial del concepto y que pueden junto a Razeto ubicarse como los principales nombres de la economía solidaria en el giro de siglo son, sin du- da, José Luis Coraggio (de Argentina) y Paul Singer y Luiz Inácio Gaiger (los dos de Brasil). En la búsqueda por encontrar y sistematizar las experiencias de solidaridad, reciprocidad y autogestión en el interior del heterogéneo polo marginal de la economía —o de la economía popular—, los autores señalados abrieron camino a un efervescente campo de investigación en el ámbito de la sociología económica de Nuestra América y del mundo mismo.

En el intento de explicar la vinculación entre economía y solidaridad, los autores primero buscaron inspiración en las contribuciones de los socialistas utópicos de los siglos XVIII y XIX, así como en la experiencia cooperativista de la Sociedad de los Pioneros de Rochdale, en la Manchester de la mitad del siglo XIX. Buscaron inspiración también en los estudios del antropólogo Bronisław Malinowski sobre los pueblos originarios de las Islas Trobriand en Oceanía, sobre todo a partir de las interpretaciones de Marcel Mauss y Karl Polanyi.

Además de eso, encontraron también inspiración en las formas de vida de antes del inicio de las colonizaciones en América Latina, sobre todo las de la región Andina, de Centroamérica y del Sureste mexicano, que luego pasaron a ser ejemplos de la posibilidad de asociación entre economía y solidaridad con referencia en las ideas de comunidad y de cosmovisión; surge de ahí la propuesta de Buen Vivir o Sumak Kawsay.

Sin embargo, no es menos importante destacar que en el contexto de la actualidad del sistema-mundo capitalista-colonial no tardaría para que tanto el concepto cuanto la práctica de la economía solidaria empezase a recibir muchas críticas. Dichas críticas pasan, por cierto, por su carácter no detonante y por su supuesto bajo nivel cuestionador en el seno del sistema capitalista mundial vigente. Con tales cuestiones en abierto, es común que trabajadores de la economía solidaria transiten entre ella y la economía “tradicional”, la capitalista, de acuerdo con las altas y bajas de los índices de la capitalista. Pero, ¿qué es lo sustantivo de tales críticas? De forma muy directa, la crítica central es aquella direccionada al papel funcional —funcional o hasta estructurante— que las experiencias de economía solidaria asumen, que a veces de manera indirecta y no intencional, en sus relaciones con el sistema capitalista mundial.

En el contexto de lo señalado arriba, el cúmulo de estudios sobre el tema permite percibir, por lo menos, tres distintas perspectivas sobre el papel de las experiencias de economía solidaria frente al sistema-mundo capitalista-colonial: a) la perspectiva de la ya mencionada crítica de la funcionalidad y el papel estructurante de la economía solidaria frente al sistema económico dominante; b) la perspectiva de la economía solidaria como fenómeno que aparentemente aparece para superar las ausencias del sistema capitalista y que, por consecuencia, se torna un potencial locus de transformaciones intersubjetivas; y c) la perspectiva de la economía solidaria como proyecto de sociedad, o sea, como anticipadora de formas de gestión de los recursos materiales y del trabajo de la sociedad ya no capitalista de mañana.

Para el primer caso, contribuye Henrique Novaes (2006:16):

[...] as cooperativas que surgiram por iniciativa dos trabalhadores compromissados com a luta pela transformação substantiva da sociedade estão sendo funcionais a esta nova fase do capitalismo mundial, caracterizada pela perda significativa de direitos trabalhistas e barbárie social.

Intentando sistematizar la segunda perspectiva, se señala la contribución de Marília Veronese (2009:4):

O caráter contraditório das relações sociais na contemporaneidade abre espaços para que distintos atores sociais busquem oportunidades para o encaminhamento de suas demandas, incluindo aqueles que se veem sem possibilidades de inclusão digna no mercado de trabalho predominantemente capitalista. Diante dessa realidade, o trabalho associativo e cooperativo parece ser uma das respostas viáveis, em termos de condições e meios de trabalho, ao considerar-se o empobrecimento das populações e a falta de oferta de emprego.

Por último, dos contribuciones alrededor de la tercera perspectiva, con Singer e Boris Marañón:

A economia solidária é ou poderá ser mais do que uma resposta à capacidade do capitalismo de integrar em sua economia todos os membros da sociedade desejosos e necessitados de trabalhar. Ela poderá ser o que em seus primórdios foi concebida para ser: uma alternativa superior ao capitalismo (Singer, 2002:114, cursivas del autor).

La propuesta de “economía solidaria” podría articularse a un público-social, a un público no estatal, que debe disputar, como una estructura de poder alternativo, el poder del capitalismo, lucha que necesariamente debe verse como un conflicto de racionalidades, entre una instrumental, la capitalista, y otra, que se puede llamar liberadora y solidaria. Liberadora en los términos de las primigenias promesas de la modernidad, de liberación de las cadenas de la dominación y explotación, y solidaria con relación a establecer relaciones de reciprocidad y complementariedad entre los seres humanos y la Madre Tierra (Marañón, 2017:260).

Esa tercera mirada demanda un análisis desde otras dos distintas perspectivas: por un lado, las experiencias no capitalistas y, por otro, las anticapitalistas. Es con esta cuestión sobre la mesa que se pasa al siguiente apartado.

EL ABORDAJE DE INSPIRACIÓN ANTICOLONIAL DEL CONCEPTO: LA CRÍTICA ESTRUCTURAL-TOTALIZANTE

Marañón (2017) reflexiona sobre una racionalidad económica radicalmente distinta de aquella que es fruto del avance histórico del sistema-mundo capitalista-colonial. Según el autor, esta otra racionalidad tendría el potencial de, partiendo de la crítica explícita de las estructuras de poder y dominación que mantienen de pie el dicho sistema mundial, confrontar y disputar subjetividades y materialidades en el camino hacia aquella sociedad del Buen Vivir. Marañón, además del señalado, examina las obras de Razeto, Coraggio y Singer, donde hace el siguiente diagnóstico:

Los corpus teóricos respectivos de Razeto, Coraggio y Singer carecen, aunque de manera diversa, de un esfuerzo por ubicar a la “economía solidaria” en las relaciones de poder más amplias (totalidad), esto es, de aquellas que nos vinculan a todos como sociedad, definiendo los lugares que ocupamos y los roles que desempeñamos (clasificación social) en la misma (Marañón, 2017:257).

Como se puede ver, la cuestión del autor se ubica alrededor de aquella señalada distinción entre experiencias no capitalistas versus las anticapitalistas. Por un lado, Razeto, Coraggio y Singer —a los cuales se podría añadir Gaiger— que, si bien se esfuerzan por iluminar las características antagónicas entre economía solidaria y economía capitalista, lo hacen sin proyectar la debida atención a la necesidad de reintegración de las dimensiones económica y política de la vida que, como ya se ha señalado, se encuentran en proceso de separación por lo menos desde el inicio del proceso colonial en América Latina. De ahí deriva la falta de compromiso de dichos autores precursores del concepto de economía solidaria con la idea de totalidad, tal cual indica Marañón (2017). No enfocarse a tal necesidad tiene consecuencias tanto teóricas como epistemológicas. Singer (2002:120-121) llegara a decir a comienzos de la década de los año 2000:

[...] a forma mais provável de crescimento da economia solidária será continuar integrando mercados em que compete tanto com empresas capitalistas como com outros modos de produção, do próprio país e de outros países. [...] Mas a economia solidária só se tornará uma alternativa superior ao capitalismo quando ela puder oferecer a parcelas crescentes de toda a população oportunidades concretas de auto-sustento, usufruindo o mesmo bem-estar médio que o emprego assalariado proporciona. Em outras palavras, para que a economia solidária se transforme de paliativo dos males do capitalismo em competidor do mesmo, ela terá de alcançar níveis de eficiência na produção e distribuição de mercadorias comparáveis aos da economia capitalista e de outros modos de produção, mediante o apoio de serviços financeiro e científico-tecnológico solidários.

No parece suficientemente convincente la propuesta del autor. ¿Como combatir la economía capitalista armándose con sus propias lógicas destructivas? En su indispensable libro —al cual se está aquí refiriendo—, el autor defiende que las relaciones sociales internas de los grupos de trabajo de la economía solidaria están basadas en valores cooperativos, en tanto que las relaciones externas entre grupos de trabajo colectivo-asociado y empresas capitalistas podrían estar basadas en valores de competencia en el sentido de la integración de los primeros al mercado capitalista (Brancaleone, 2019; Novaes, 2006). Pero, ¿qué tan avanzada sería la racionalidad humana que podría atribuir valores y prácticas distintos a tales relaciones internas y externas si se tratan solamente de diferentes momentos de un mismo proceso de gestión de los recursos materiales y del trabajo?

Además de eso, no parece factible que un grupo de trabajo colectivo-asociado pueda competir con una empresa capitalista por el mejor (más bajo) precio de venta en el mercado capitalista sin dejar de lado los valores caros a la economía solidaria en sus relaciones internas. En este sentido, encuentra lugar la mirada “[...] que resgata a crítica totalizante de Marx, [que plantea que] é inconcebível a tentativa de se combinar ‘autogestão’ e ‘concorrência’” (Novaes, 2020: 78). El mismo Singer (2002:20) se dio cuenta de eso al destacar que las “cooperativas que vão bem [en la competencia externa, por lo tanto en el mercado] podem vir a apresentar o quadro oposto: a lei do menor esforço concentra o poder de decisão de fato nos gestores e a empresa escorrega sem perceber para uma prática de heterogestão.”; lo raro es que el autor no ha dejado de lado su argumento expuesto más arriba.

Por su parte, la perspectiva anticolonial del concepto en la cual se ubica a Quijano y Marañón —puede agregarse a Laura Collin, Natalia Quiroga, Dania López, Eduardo Aguilar, y otros— plantea, guardadas las particularidades de cada autor, que partiendo del presupuesto de la totalidad del sistema-mundo capitalista-colonial es necesario reconstruir y actualizar las referencias de organización sustantiva de la vida en común (Oliveira, 2021) desde la crítica anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial para reconectar economía y política en el entramado comunitario y cotidiano (Gutiérrez, 2015; Gutiérrez; Navarro, 2019).

Sobre cómo hacerlo, señala Collin (2012:83): “insisto, por tanto, los modelos implican lógicas y la existencia de cambios sustantivos implica el cambio de la lógica”. El mensaje de la autora parece bastante lúcido. Es necesario producir un giro en la lógica del pensar, es decir, de la racionalidad. Así, lo que se tiene de fondo es una cuestión de disputa epistemológica (Quijano, 2005; 2014a), ya no puramente disputas económicas o políticas, o las dos. La teoría aquí aparece como un momento de la lucha, o sea, como una luz que ilumina los caminos por sobre los cuales tendría que pasar el desarrollo histórico, que es siempre abierto y de larga duración (Braudel, 1965), nunca es fatal. Otras teorías para otras prácticas; otras prácticas para otras teorías. Quizá sea ésa la gran enseñanza de la perspectiva anticolonial del concepto de economía solidaria.

En este contexto, si se acepta la idea de que la gestión de los recursos materiales y del trabajo (mercado, economía) y la organización de la vida en común (Estado, política) pueden e incluso deben reencontrarse como autoorganización sustantiva de la vida en común, entonces será necesario enfrentar el desafío epistemológico de la disputa por racionalidades considerando que “autogestão e auto-organização ou são vocábulos para divertir o povo ou significam exatamente isto: a auto-instituição explícita (sabendo-se tal, esclarecida tanto quanto possível) da sociedade” (Castoriadis, 1979:21). Con base en ello, no parece demasiado decir que el contenido político-económico de la sociedad autónoma de Castoriadis podrá ser justamente la autoorganización sustantiva de la vida en común.

Cualquier avance en la búsqueda de respuestas más o menos factibles para el inmenso desafío dejado por Quijano y Collin, en el cual muchas y muchos académicos ya se han metido —de los cuales se podría destacar al propio Marañón (2012) que, juntamente con López (2012), ya están hablando desde hace rato de la solidaridad económica, o Quiroga (2019) con la propuesta de una economía pospatriarcal; o aun Aguilar (2020) con la de reproducción no capitalista de la vida—, pasa por el enfrentamiento entre aquella racionalidad típica de la economía capitalista (individualista, competitiva, egoísta, desigual, de la escasez y alienante) y aquella otra racionalidad económica (interdependiente, colaborativa, de la reciprocidad, de la igualdad, de la abundancia y liberadora). Está última perspectiva, si bien aún aparece en mayor medida como un nuevo horizonte histórico —Quijano (2014b) diría que no exactamente nuevo, pero sí reinventado, porque así como tiene base en las formas de vida de antes de la llegada de Colón, ya está atravesado por “actualizaciones coloniales”, visión compartida también por Rita Segato (2012) y otros— ya acontece en muchas comunidades de América Latina y del mundo.

DE LA APUESTA EN LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOGESTIÓN A LA AUTOORGANIZACIÓN SUSTANTIVA DE LA VIDA EN COMÚN

En el contexto de lo que se plantea hasta aquí, ¿cómo podrán la idea y la práctica de la autogestión contribuir a la superación de tales desafíos? Primero hay que preguntarse ¿qué es la autogestión? Se puede empezar señalando una dicotomía que parece bastante pedagógica: autogestión-heterogestión. Más allá de ella, otras como técnica-gestión, jerarquía-igualdad y patrón-trabajador también asumen un carácter pedagógico. Sobre la técnica-gestión, por ejemplo, en el caso de la autogestión lo que se ve es “um esforço adicional dos trabalhadores na empresa solidária: além de cumprir as tarefas a seu cargo, cada um deles tem de se preocupar com os problemas gerais da empresa” (Singer, 2002:19). Es decir, más allá de la función técnico-repetitiva que no escapa a cualquier proceso de trabajo continuado, la autogestión implica que el trabajador desarrolle también su capacidad de gestión de los procesos además de la técnica sobre ellos.

Una vez subjetivado por el trabajador el hecho de ser un técnico-gestor, el desafío será encontrar los mecanismos que garanticen que la toma de decisión, tarea elemental de cualquier forma de gestión, ocurra en un nivel de igualdad entre todos los trabajadores-gestores, deshaciendo las estructuras jerárquicas típicas de las empresas capitalistas. En este sentido, cualesquiera que sean los mecanismos/métodos utilizados (asambleas, plenarias, reuniones ordinarias y sistemáticas, etc.), ellos dependen del acceso y la fluidez de las informaciones sobre los procesos en cuestión. Una vez garantizado eso, “as ordens e instruções devem fluir de baixo para cima e as demandas e informações de cima para baixo” (Singer, 2002:18), constatando así que jerarquía y verticalidad no son sinónimos ya que asegurada la condición trabajador-gestor y las tomas de decisión en nivel de igualdad, un equilibrio entre horizontalidad y verticalidad siempre será necesario.

Sin embargo, muchas autoras y autores defienden que es incompleta y más o menos impotente la versión puramente organizativa de la autogestión, es decir, cuando tal categoría es proyectada solamente hacia dentro de las experiencias de los grupos de trabajo colectivo-asociado de la economía solidaria. Tales autores plantean que la autogestión no podría quedar colgada en los límites internos de los grupos de trabajo y que, por lo tanto, debería transcender sus paredes alcanzando así toda la diversidad de dimensiones y espacios de convivencia social en un reencuentro con la política.

En este camino, se destacan tres autores que contribuyen a tal mirada. Cassio Brancaleone (2019:355) dice: “A autogestão ou é generalizada, engendrando dinâmicas progressivas de autonomia individual e coletiva, ou não é nada. Ou melhor, é apenas latência e resistência”. Ya Lia Tiriba (2008:84) plantea: “Nessa acepção, a autogestão tem o ideário da superação das relações de produção capitalistas e a constituição do socialismo, concebido como uma sociedade autogestionária.”. Y, por último, Novaes (2020:82) defiende:

Não pode haver uma teoria que se sustente olhando apenas “para dentro” das cooperativas, celebrando a nova forma de decisão “democrática”, “parlamentarista”, na qual os trabalhadores decidem coletivamente os rumos de cada empresa sem se observar a permanência da perda do controle do produto do trabalho.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre organizar lo que es específico de la gestión de los recursos materiales y del trabajo en el interior de los grupos de trabajo colectivo-asociado y organizar las demandas de las demás dimensiones de la vida que, obviamente, también demandan gestión? La respuesta es simple: ¡no existen diferencias! Ésta es una constatación importante porque lleva a la necesidad de defender la deconstrucción histórica de la separación entre economía y política, entre sociedad civil —en su seno, con énfasis en el mercado— y el Estado. En esta línea, Claudio Nascimento (2019: 26) señala,

[…] acima de tudo, a instalação de esferas públicas democráticas, a partir dos locais de trabalho, mas estendendo-se ao território, às cidades. Na Comuna de Paris, os trabalhadores formularam um programa que dizia respeito a todas as esferas sociais. Também na Iugoslávia —única experiência de longa duração— o processo iniciou com os conselhos operários nos locais de trabalho, disseminando-se posterior e lentamente pelo território, isto é, pelas comunidades.

Siguiendo a Nascimento, lo que se tiene es la autogestión como forma de gestionar la economía, transcendiendo e imbricándose a la participación política radical, ésta como una forma de gestionar lo que se entiende hegemónicamente por política. Sin dejar tal discusión, pero llevándola al campo de las reflexiones anarquistas, René Berthier (2002:61-62, apud Souza, 2017:433), contribuye:

“Autogestão” é, antes de tudo, o meio de pôr em aplicação o princípio: a emancipação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. Isso implica estruturas organizacionais que permitem a aplicação desse princípio. Essas estruturas são, de saída, essencialmente organismos de base que permitem a expressão de todos os trabalhadores, simultaneamente no plano da empresa e no local de moradia. Vemos, então, já uma primeira característica da autogestão segundo os anarcossindicalistas: ela é, desde as estruturas elementares da sociedade (empresa, localidade), simultaneamente econômica e política.

En resumen, son dos perspectivas. Una es la que mira hacia dentro (autogestión con enfoque hacia dentro de los grupos de trabajo colectivo-asociado, pero que no se preocupa con la relación de competencia hacia fuera tal cual en la mirada que se está llamando más difundida en América Latina) y la otra es la que mira hacia dentro y hacia fuera (es decir, que tiene enfoque en la autogestión hacia dentro y que rechaza la competencia hacia fuera, tal cual en la mirada que se está llamando de inspiración anticolonial). En este contexto parece que el desafío hacia dentro es lo de la politización y radicalización de la autogestión; en cuanto lo hacia fuera, es lo de su articulación con el proyecto de la sociedad del Buen Vivir, si se quiere la sociedad autogestionaria, “porque no se resuelve nada con una autogestión local aislada, no podemos hoy pensar el mundo como si fuéramos un punto olvidado en el planeta, no hay puntos olvidados ya, todo es importante para la valorización capitalista, y todo es importante para la construcción de las alternativas” (Ceceña, 2010:80).

En este sentido, la experiencia de los intentos de superación del desafío hacia dentro podrá llevar a la experimentación de su superación hacia fuera. En relación con el primer reto, será necesario cargar de política la autogestión, lo que significa explorar al máximo su dimensión, que atraviesa las relaciones humanas como un todo. Siendo la política la disciplina típica de la gestión de las diferencias y de los conflictos humanos, por lo tanto, de las relaciones humanas, politizar la autogestión significa traerla de la condición abstracta de principio-forma llevándola a la condición concreta de método explícito y sistemático a ser subjetivado por los sujetos en acción: autogestión como acción humana en lo que es del campo de la economía; es decir, autogestión de los recursos materiales y del trabajo. Una vez así subjetivada por los sujetos, ella adquiere capacidad pedagógica porque pasa a ser experimentada concreta y simbólicamente: una pedagogía de la autogestión como base y camino hacia una sociedad en la cual prevalezca la cultura del trabajo colectivo-asociado en contra de la del trabajo formal individual, alienante y explotador capitalista (Tiriba, 2006, 2008).

Tal cultura del trabajo colectivo-asociado, que entonces tiene la autogestión como principio orientador y como acción, tiene que ser comunicada como factible y ético-políticamente justa; así se llega al segundo reto, el hacia fuera. De manera gradual y en disputa en contra de la cultura dominante vigente, la cultura del trabajo colectivo-asociado podrá orgánicamente transcender tanto el núcleo de los grupos de trabajo colectivo-asociado cuanto lo de los movimientos sociales que aquellos grupos tendencialmente son parte. Sin embargo, dada la desigualdad con la cual se presenta dicha disputa de culturas del trabajo, los movimientos sociales antisistémicos se encuentran de frente a la tarea histórica de potencializar la difusión y reproducción de la cultura del trabajo colectivo-asociado siempre con énfasis estratégico en la autogestión y sus características incompatibles con la forma capital, completando así el círculo que empieza con la politización de la autogestión, lanzándola entonces a los más distintos espacios de sociabilidades (Estado, mercado, familia, escuelas, universidades, etc.), caracterizándose también como participación política radical.

Esta doble tarea (hacia dentro y hacia fuera) demanda equilibrio. La tarea hacia afuera, que siempre podrá ser potencializada por la organización y articulación de los movimientos antisistémicos, en teoría no podrá demandar más de los sujetos que la tarea hacia dentro. Una vez que el péndulo de la balanza se asiente más hacia fuera que hacia dentro, posiblemente su ausencia en el polo hacia adentro producirá debilidades relacionadas con la pedagogía del trabajo colectivo-asociado. Por las dudas, asegurar que se mantenga de pie la autogestión hacia dentro podrá ser más fructífero para que no se vaya la dicha dimensión pedagógica, así como porque siempre será un potencial detonante de la autogestión hacia fuera.

Frente a lo expuesto hasta aquí, falta decir que desde esta mirada de un proyecto de sociedad, es decir, del horizonte histórico de una sociedad autogestionaria, se tiene acuerdo con lo que plantea Brancaleone (2019:355): “retomar esse legado antissistêmico do conteúdo do conceito de autogestão significa, portanto, recolocar em cena elementos de reflexões oriundos da tradição anarquista e conselhista, onde economia e política se reencontram na velha máxima do ‘autogoverno dos produtores associados’ ”.

Para terminar esta sección sin dejar escapar la relación conceptual más directa entre economía solidaria, la mirada ampliada del concepto de autogestión y una versión de la política que considere la participación radical de los sujetos, una buena propuesta parece ser el abordaje de la economía política solidaria, planteada por Jorge Santiago (2017:45) para describir el proceso de la experiencia del movimiento zapatista del Sureste mexicano:

[...] la economía política solidaria es la búsqueda de la superación del modelo de producción y las relaciones injustas, el cual se basa en los principios de intercambio, respeto a la naturaleza, compromiso con el otro y la otra, ya que el objetivo es producir, crear, construir y transformar. Así, la economía política solidaria se construye desde la práctica, por lo que se trata de la acción colectiva de personas que, conscientemente, participan en el proceso a partir del análisis de la situación de pobreza, marginación y negación de los derechos de todas y todos. Por tanto, es una acción estratégica que toca los puntos clave de la estructura del sistema capitalista: los intereses individuales, el agotamiento de los recursos, la acumulación del poder, el lucro y la destrucción.

En este contexto, parece mucho que se trata, entonces, de un doble camino combinado y superpuesto entre politizar las relaciones económicas vía autogestión —hacia dentro de los grupos de trabajo colectivo-asociado— y transcender estratégicamente la autogestión hacia la política que se reencuentra con la economía ahora como economía política —es decir, hacia fuera de aquellos grupos singulares más allá de sus propias fronteras—. Reconectar economía (desde la mirada de la autogestión) y política (desde la mirada de la participación radical) como economía política solidaria desde los polos marginales hacia el horizonte histórico de la autoorganización sustantiva de la vida en común que ya no encuentra lugar en el horizonte de los Estados-nación, sino en el horizonte comunitario.

REFLEXIONES FINALES

Vale la pena abrir esta sección de cierre retomando los objetivos y las cuestiones que orientaron las reflexiones antes presentadas. En relación con los objetivos, eran dos: (i) reflexionar críticamente sobre los abordajes más difundidos del concepto de economía solidaria en América Latina confrontándolos con el abordaje que se podría decir de inspiración anticolonial del concepto, este último una mirada menos difundida hasta la fecha; y (ii) acercar las ideas de autogestión y de participación política radical hacia la reconexión de economía y política. Por su parte, las preguntas detonadoras eran: ¿cómo enfrentan el problema de la separación histórica entre economía y política aquellos abordajes más conocidos acerca de la economía solidaria? ¿Cuál es la contribución del abordaje de inspiración anticolonial? ¿Qué papel cumple la autogestión frente a tales cuestiones?

Objetivamente, el primer objetivo se cumple con las reflexiones presentadas en los dos apartados que siguieron la sección introductoria; en cuanto al segundo, se realizó en el tercer apartado.

Sobre las preguntas, también de manera bastante objetiva, parece que los abordajes más difundidos de economía solidaria no son suficientes porque consideran poco el complejo entramado de estructuras de poder y dominación del sistema-mundo capitalista-colonial, que en el fondo es lo que mantiene separadas las dimensiones económica y política de la vida. En este sentido, la autogestión quedó en tales discusiones restringidas al ámbito interno de los grupos de trabajo colectivo-asociado, desperdiciando su capacidad de transcendencia y de acercamiento a la idea de participación política radical.

Por su parte, el abordaje anticolonial del concepto parece ayudar más porque plantea más como horizonte histórico, pero también como práctica en el aquí y ahora, la reconexión entre economía (autogestión) y política (participación radical) partiendo, sobre todo, de la idea de totalidad y de la necesidad de una transformación epistemológica e intersubjetiva radical como condición a tal reconexión.

Por último, vale la pena señalar que parece que, frente al reto de reconectar economía y política, la idea de autoorganización sustantiva de la vida en común desde su horizonte comunitario podría ayudar más que la idea misma de autogestión, mismo que en su versión ampliada (hacia fuera) y transcendente. Eso porque esta última estuvo históricamente anclada en las discusiones más restringidas a lo económico. Por lo tanto, para reconectar economía y política en sus versiones contrahegemónicas (autogestión y participación política radical, respectivamente): autoorganizar sustantivamente la vida en común.

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AMBULANTAJE CALLEJERO: UN DILEMA ENTRE EL OBEDECER Y/O DESOBEDECER. UNA MIRADA NETNOGRÁFICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Julio César Rodríguez Dorantes*

INTRODUCCIÓN

La pandemia por el virus SARS-CoV-2 ha provocado severas afectaciones en el mercado laboral, sobre todo en actividades informales como el comercio ambulante, cuyo origen se encuentra ligado a una estructura productiva limitada incapaz de absorber a toda la fuerza de trabajo disponible. Las medidas de contención impuestas para frenar la propagación de la enfermedad impactaron las condiciones laborales y de vida de los comerciantes debido a que la restricción de movilidad y ocupación de espacios públicos, mercados, plazas y calles, profundizó las dificultades para la generación de ingresos. Sin embargo, al mismo tiempo, la emergencia sanitaria ha mostrado la capacidad de resiliencia de los comerciantes, que han tenido que encontrar nuevas formas de organizarse y gestionar mecanismos de supervivencia.

En esta dirección, el objetivo de este trabajo es analizar los mecanismos de acción colectiva y de autogestión ambulante que los manteros de las ramblas de Barcelona y los toreros del Centro Histórico de la Ciudad de México han puesto en marcha de cara al confinamiento. El trabajo se realizó siguiendo una agenda de investigación mixta en la que se emplearon herramientas clásicas del trabajo de campo y netnográficas, que en el contexto de aislamiento social permitieron conocer de primera voz las formas de organización local de los comerciantes ambulantes en ambos contextos. En el nivel teórico se recurrió a Émile Durkheim (1985), Michel Foucault (2009), Evans-Pritchard (1976), Erich Fromm (1981), Larissa Lomnitz (1975), Alberto Melucci (1999) y Horacio Espinoza (2017) con el propósito de analizar y relacionar la acción colectiva de los vendedores ambulantes con actos de desobediencia, resistencia y resiliencia. Entre los hallazgos más importantes de este trabajo de investigación destaca el hecho de que en tiempos de crisis económica, sanitaria y emocional, los grupos más vulnerados, en este caso comerciantes ambulantes, han logrado implementar estrategias para sobrevivir ante las adversidades que representa el Covid-19 en Barcelona y Ciudad de México.

Para dar cumplimiento a este objetivo, el capítulo se conforma de cinco apartados: en el primero se da cuenta del contexto en ambas ciudades, en las que toreros y manteros han creado sus fuentes de trabajo. Seguidamente, se presenta el marco teórico que sustenta esta investigación atendiendo categorías como: norma social, estructura social, poder, resistencia, obediencia, desobediencia y acción colectiva. En el tercer apartado se da cuenta del apartado metodológico para dar paso, en el cuarto, al apartado etnográfico mediante la presentación de los casos de estudio. Finalmente, se presentan algunas reflexiones.

EL CONTEXTO

En este artículo se analizan las diferentes estrategias de resiliencia que emplearon manteros y toreros ante el confinamiento en las ciudades de Barcelona y Ciudad de México. Los comerciantes ambulantes han desarrollado diversos mecanismos de acción colectiva y autogestión para sobrevivir a las adversidades que representa vender en vía pública en tiempos de pandemia debido al Covid-19. En ambas ciudades el papel desempeñado por los grupos de vendedores informales a lo largo de la emergencia sanitaria se ha visto afectado y hasta juzgado por diferentes sectores de la sociedad: autoridades, medios de comunicación y la población en general. Los comerciantes callejeros, al continuar con sus actividades en los espacios públicos y no acatar estrictamente las medidas de restricción aparecen como los inadaptados, los que evaden impuestos, se rebelan y no obedecen.

El comercio en vía pública alberga a un sector de la población que no está inserto en el mercado formal y por ello se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad debido a que no cuentan con seguridad social, acceso a un sistema de salud adecuado y protección ante el desempleo. De aquí que el comerciante ambulante, que vive al día, tenga que buscar diversas alternativas para generar ingresos económicos, la mayoría de las veces sin respetar las normas impuestas en cuanto a la ocupación de los espacios públicos, en este caso las calles aledañas a los centros turísticos de Barcelona en España y la Ciudad de México. Por ello, además de ser considerada una actividad no regulada, también se considera que deteriora el espacio público y empobrece al paisaje urbano. Con ello el estigma del comerciante ambulante es grande y la carga social en negativo se reproduce constantemente entre distintos sectores de la sociedad.

Frente a la emergencia sanitaria y las medidas de contención de la enfermedad, algunos grupos de comerciantes ambulantes se organizaron y generaron acciones individuales y colectivas que les permitieron resolver sus necesidades de sustento, aunque recibieron críticas respecto a que son personas que no cuidan su salud y no sólo se ponen en riesgo ellos mismos, sino que también a la sociedad. An- te esta situación se ha creado el dilema de obedecer o desobedecer, que en tiempos de crisis se puede entender como un acto de rebeldía, pero también como una respuesta estratégica para sobrevivir. El acto de desobediencia se comprende en el marco de las indicaciones de las autoridades sanitarias en España y México respecto a prohibir las reuniones colectivas en espacios públicos, por lo tanto, el comercio irregular en vía pública también. Aunque en el encierro los manteros y los toreros continuaron habitando los lugares públicos para hacer de las calles sus lugares de trabajo. Ante la desobediencia de los ambulantes las autoridades generaron estrategias de contención no sólo de la enfermedad, sino de las personas también.

En Barcelona el trabajo ambulante emplea de manera regular alrededor de dos mil manteros según un informe publicado en 2019 por el observatorio de PIMEComerç. 1 1 PIIMEC es la patronal que representa las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña. En el caso de la Ciudad de México no se sabe con certeza el número de vendedores ambulantes; sin embargo, algunos informes aseguran que el comercio en las calles aledañas al zócalo ocupa alrededor de 20 mil vendedores ambulantes. Por lo tanto, es importante destacar que el comerciante ambulante es un actor social que la mayoría de las veces se encuentra ante la necesidad imperante de buscar alternativas para generar ingresos económicos. En consideración a esto, en tiempos de crisis la precariedad laboral se ha intensificado provocando incertidumbre entre vendedores, pero también lazos de resistencia y organización. Por ello, en este capítulo se reflexiona sobre la situación de los comerciantes callejeros a partir de las siguientes preguntas: i) ¿Cuánto ha costado la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social para los comerciantes ambulantes?; ii) Si manteros y toreros obedecen, ¿desaparecen?, iii) Si desobedecen, ¿se les castiga y criminaliza?

Se considera que las calles de la Ciudad de México (CDMX) y las ramblas de Barcelona (BCN) tienen algo en común: el empleo informal como consecuencia de la falta de trabajo y la precariedad laboral, y se postula la idea de que las prácticas informales que llevan a cabo los manteros de Barcelona y los toreros en el Centro de la Ciudad de México durante el confinamiento son un referente de la poca eficiencia de las autoridades para resguardar la integridad de su población mediante acciones propositivas en beneficio del grueso de la población. Existe una relación simbólica entre estos dos grupos de vendedores ambulantes que, a pesar de la diferencia geográfica, pueden vincularse y confrontarse. Estas articulaciones se basan en la organización social y el movimiento autogestivo, que le dan un valor significativo al estudio de la ciudad y a sus diferentes formas de habitarla. Por ello, en este capítulo se cuestiona la persistencia de condiciones laborales adversas para los trabajadores en los espacios que son gestionados por ellos mismos y al mismo tiempo se busca entender el entramado de relaciones entre los diferentes actores que participan en la reconfiguración del espacio; identificando relaciones de poder y resistencia.

ANÁLISIS TEÓRICO DE LA RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES ANTE EL CONFINAMIENTO

En este apartado se hace un análisis teórico-conceptual relacionando la conducta social de los comerciantes ambulantes con la desobediencia, representada en un acto de rebeldía justificado por la necesidad de sobrevivir en tiempos de crisis sanitaria. En este sentido, se afirma que la organización y la autogestión son parte de la vida cotidiana del sector vulnerado de ambas ciudades, manteros y toreros, durante la emergencia sanitaria. Para comprender la autogestión y la acción colectiva se retoman propuestas de autores que han abordado el tema desde una perspectiva antropológica: Émile Durkheim (1985), Michel Foucault (2009), Evans-Pritchard (1976), Erich Fromm (1981), Larissa Lomnitz (1985), Alberto Melucci (1999) y Horacio Espinoza (2017). Se recurrió a la antropología para sostener que el hombre es un individuo que se caracteriza por formar parte de una sociedad regulada por normas sociales y reglas, que hacen de la sociedad una comunidad que piensa y actúa conforme a los intereses colectivos.

Para Émile Durkheim (1985), las normas sociales cumplen dos funciones: la integración y la regulación. Durkheim asegura que la sociedad se conforma por un orden moral, de tal modo que la norma social moldea el pensamiento y la conducta del individuo: “el hombre es ser moral sólo porque vive en sociedad, ya que la moralidad consiste en ser solidario con un grupo” (Durkheim, 94:1993). Según el autor, hay un momento en el que las relaciones sociales se rompen y el individuo no se puede integrar fácilmente a una sociedad y, por lo tanto, se suicida. De este modo, se retoma la propuesta del autor para analizar la exclusión social en el acto de desobedecer. En ese caso, los vendedores ambulantes se han visto en la necesidad de generar redes de solidaridad con el fin de proponer alternativas económicas para sobrevivir al encierro que propusieron las autoridades sanitarias.

Entonces, el orden social se crea cuando la sociedad se encarga de integrar o excluir a los sujetos al regular las conductas mediante normas sociales. En este trabajo se parte de la idea de que los comerciantes ambulantes, al desobedecer las normas establecidas durante la crisis sanitaria, suelen caer en la anomia enfrentándose al dilema que aquí se ha venido planteando: desobedecer la norma social. Por lo tanto, llevan la necesidad a una acción colectiva de supervivencia. Ahora bien, en tiempos de Covid-19 la crisis sanitaria ha transformado rápidamente las relaciones sociales en las ciudades y ha tenido gran influencia en la interacción entre el comerciante irregular y las autoridades, generando una lucha constante de mandar y no obedecer. Es decir, se ha constituido, siguiendo el planteamiento de Durkheim, la anomia social.

En efecto, en tiempos de crisis las normas que implementan las autoridades sanitarias para reducir el riesgo de contagio han provocado una ruptura en el tejido social, generando malestar y desobediencia entre los comerciantes ambulantes. En esta dirección, es importante relacionar el concepto de anomia con el actor de la desobediencia y resistencia de los manteros y toreros, considerando el desorden social como una conducta que ha sido una alternativa de supervivencia. Asimismo, la organización y la autogestión forma parte de una estructura social encabezada por la moral que regula y moldea el comportamiento.

Por otro lado, el Estado genera normas que regulan la sociedad, pero al mismo tiempo desarticulan procesos sociales, culturales y económicos. Esto último se reflexiona en el contexto del comercio ambulante en tiempos de pandemia. Evans-Pritchard, en su trabajo Brujería, magia y oráculos entre los azande (1976) da cuenta de la paradoja en la norma social afirmando que es ambigua y manipulable. El autor analizó la brujería y su implicación con la norma social durante su estancia con los azande en la región Centro-Norte de África, señalando que la norma social es desacertada, además de abordar el tema de la norma social relacionándola con las necesidades de cada sociedad.

Ahora bien, y con respecto a lo dicho por Evans-Pritchard, “la norma social es ambigua”. El confinamiento actual que restringe la interacción con el otro ha resultado para el comerciante callejero un mandato que ha desarticulado sus redes de trabajo y al mismo tiempo ha sido la medida más eficaz para contener la crisis sanitaria, siendo ésta la situación de la mayoría de los trabajadores informales miembros de grupos vendedores ambulantes que han sido afecta- dos y se ven en la necesidad de organizarse en virtud de sobrevivir. En consideración a lo expuesto por Evans-Pritchard respecto a la estructura social y que si no existe un órgano de gobierno ni una vida política organizada, se genera “un anarquismo ordenado”. En ese sentido, en tiempos de pandemia, si la norma social del confinamiento impera en las relaciones comerciales de los trabajadores ambulantes se genera la desobediencia y, por lo tanto, la presencia de éstos en los espacios públicos.

Ahora bien, existe en el imaginario social la idea de que las normas generan convivencia y estabilidad moral, sin embargo, Foucault (2009) plantea que “donde hay poder hay resistencia” (Foucault, 2009: 100). En ese sentido, el Estado ha generado mecanismos de control y los vulnerados generan mecanismos de resistencia, todo parte de una estructura dominada y dominante. Desde ese punto de vista, la relación de poder y control se ejerce desde “el panóptico”, concepto que plantea Foucault de forma metafórica para dar cuenta de la práctica de la moralidad y autodisciplina, reconociendo esta práctica como parte del contrato social. El autor incluyó a esta práctica el término de biopoder, que según él consiste en obediencia del cuerpo y el control de la sociedad. De esta forma, se considera que la desobediencia se manifiesta de diferentes formas.

En este punto es importante aclarar que este acto de desobediencia se dirige al mandato de las autoridades, que no propusieron alternativas sociales y económicas para los trabajadores ambulantes, quiénes, debido a su situación de precariedad, al afectarse su ingreso económico tuvieron que romper las normas. Se puede observar sin duda alguna que el poder y la resistencia dentro del comercio en vía pública es evidencia de la imposibilidad del derecho a tener un trabajo digno y al libre tránsito, generando una disputa por el espacio público entre peatones y vendedores. Se trata de conflictos entre diferentes actores sociales que hacen de la vía pública un espacio de trabajo, de ocio y de desplazamiento. Este tipo de altercados en medio de la emergencia sanitaria ha llevado a reflexionar acerca de las relaciones entre el espacio, los actores y las actividades socioeconómicas en ambas ciudades.

Frente a las relaciones entre lo público y lo privado, lo normativo y lo informal, se generan relaciones de poder, pero también mecanismos de resistencia. Foucault explica el poder y la relación con la organización del espacio al afirmar que “podría escribirse toda una historia de los espacios, que sería al mismo tiempo una historia de los poderes” (Foucault, 2009:12). Aunque en el imaginario social de quien los ve y su opinión se basa en pensar en que los ambulantes son actores marginales, Foucault diría que son actores capaces de producir resistencia. Yo agregaría: llevan la vulnerabilidad a una acción colectiva. Entonces, para el caso de nuestra investigación, se afirma que las normas sociales sanitarias son necesarias, pero se han utilizado para centralizar el poder desde el gobierno.

Por otro lado, Erich Fromm (1981) reflexionó acerca de la condición humana y su proceso del desarrollo social afirmando que “la historia humana comenzó con un acto de desobediencia, y que no es improbable que termine por un acto de obediencia” (Fromm, 1981: 9). El autor hizo uso de la historia para argumentar dicho concepto: “Reyes, sacerdotes, señores feudales, patrones de industrias y pa- dres han insistido durante siglos en que la obediencia es una virtud y desobediencia es un vicio” (Fromm, 1981:9). Por lo tanto, la desobediencia y la acción colectiva, según Fromm, son parte de una representación social que reacciona ante cierta situación o instrucción de las autoridades.

Del mismo modo, Erich Fromm aborda el término desobediencia en 1981 desde un enfoque simbólico y social afirmando que dicha conducta es consecuencia de actos de imposición: “La obediencia a una persona, institución o poder obediencia heterónoma es sometimiento; implica la abdicación de mi autonomía y la aceptación de una voluntad o juicio ajenos en lugar del mío”. Por lo tanto, el desobedecer de los manteros y toreros como un acto de rebeldía ante la situación precaria de trabajo es, siguiendo el planteamiento del autor, generar conciencia y convicción de supervivencia. “La obediencia a mi propia razón o convicción y mi juicio, sí son auténticamente míos” (Fromm, 1981:11).

Por su cuenta, Larissa Adler Lomnitz (1985) habla acerca de “los mecanismos de supervivencia de los marginados comportan la totalidad de su sistema de relaciones sociales debido a lo inestable y precario de la situación laboral” (Lomnitz, 1975:20). De esta forma, la autora logra situarnos en el problema de la marginación en su libro Cómo sobreviven los marginados. Con una mirada antropológica, la autora explica los mecanismos de supervivencia (redes de intercambio) de un sector determinado que se encuentra clasificado social, cultural y económicamente en la parte inferior de la escala social. Lomnitz afirma que la organización social facilita la supervivencia a través de la reciprocidad y la confianza. Siguiendo el planteamiento de Lomnitz, se reflexiona desde la condición de vulnerabilidad del comerciante ambulante en tiempos de pandemia, el acto de la desobediencia como parte de la supervivencia y la acción colectiva que se lleva a cabo como referente de los medios de reciprocidad.

Por su parte, Alberto Melucci (1999) hace referencia a Parsons en su libro Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, en 1943, afirmando que “las conductas desviadas son todas aquellas que infringen las normas institucionalizadas y testimonian un desequilibrio en los procesos de integración” (Melucci, 1999:28). En ese sentido, el autor habló acerca de la acción colectiva como un proceso social, pero también simbólico; “Los individuos, actuando conjuntamente, construyen su acción mediante inversiones organizadas; esto es, definen en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones para darle sentido al estar juntos y a los fines que persiguen” (Melucci, 1999:43).

En este sentido, la actual decisión de desobedecer por parte de los vendedores ambulantes no es parte de la espontaneidad, ni mucho menos para contradecir el mandato del encierro. Es un acto que, ya se ha dicho anteriormente, es de necesidad. Una de las características del comercio ambulante es que por mucho tiempo se ha desarrollado y trabajado en la clandestinidad. Algunos economistas le llaman economía informal, que contrasta con la economía formal. Es una actividad que se presenta en los espacios públicos que visibiliza la precariedad laboral y la falta de oportunidades laborales. Asimismo, en las grandes ciudades el trabajo en vía pública, además de ser informal es considerado una actividad que estropea el paisaje urbano, afectando la vialidad.

Como lo señala Monnet Jerome (2005) para el caso de la Ciudad de México en su artículo titulado “El prisma del ambulantaje”, los comerciantes ambulantes son una plaga que hay que erradicar. “Es una vergüenza y una pena que una ciudad tan bella y con tanta historia esté llena de mugre basura […] hacen de la Ciudad de México una de más feas y sucias ciudades del mundo, qué lástima” (Foro en internet, ref. 7). Con lo anterior, la autora expone las percepciones de quien ve y percibe el comercio ambulante influenciado por dispositivos generadores (medios de comunicación) de estigmas sociales. Por lo tanto, el comercio informal es una actividad que genera percepciones encontradas de desagrado y empatía.

Para el caso de nuestra investigación, las normas sociales buscan controlar el comercio ambulante en vía pública, sin embargo, esta actividad ha persistido a lo largo de la historia tanto en las ramblas de Barcelona en España como en el Centro Histórico de la Ciudad de México, resultado quizás de lo que Lewis (1961) señaló como la cultura de la pobreza. En contextos en los que el comercio informal es una de las principales actividades para los que viven en condiciones de pobreza, es válido cuestionar el hecho de que el derecho al trabajo enunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se cumple para todos. De acuerdo con este organismo, “El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana”. 2 2 Comité de Derechos Humanos Económicos Sociales y Culturales. Observación general No.18, el derecho al trabajo, aprobada el 24 de noviembre en Ginebra Naciones Unidas en 2005. <https://www.cndh.org.mx/sites/de fault/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf>.

En la práctica las normas no se llevan a cabo y resultan ser, como lo menciona Shannon Spedd (2006), que los derechos funcionan de manera conjunta con el capitalismo y sirven como discurso regulatorio: normalizan ciertas relaciones de poder y, a la vez, cooptan demandas políticas más radicales (Spedd, 2006:76). En ese sentido y siguiendo la idea Spedd, el mandato del “quédate en casa” en México o el toque de queda en España cumplen estas características que analiza la autora, normalizan y cooptan demandas sociales ante una pandemia como la del Covid-19. Finalmente, Horacio Espinoza (2017), miembro del grupo de Observación de Antropología del Conflicto Urbano (OACU), hizo referencia a un mercadillo rebelde en Barcelona llevando a cabo un análisis de las prácticas antidisciplinarias a partir del surgimiento de un colectivo popular a favor de los derechos de los migrantes mejor conocido como los manteros del Barrio del Raval.

El autor describió la organización colectiva y activista en contra de la criminalización de la pobreza, consiguiendo analizar la interferencia con la turistificación de las ramblas en Barcelona. Horacio Espinoza afirmó en su investigación: “Las fronteras urbanas son una de las características del capitalismo y la globalización neoliberal” (Espinoza, 2017:17). El autor describe las diferentes formas de sobrevivir en espacios públicos, describe que una de ellas es la disputa por el territorio desde dos perspectivas: acción directa y la representación política. “Un mantero, constituido como trasformación directa, efectiva y práctica sobre el espacio urbano y la otra, es jugar el juego de la representación política el cual ha llegado a impactar para negociar con el ayuntamiento de Barcelona” (Espinoza, 2017). Ahora bien, y a modo de conclusión de este primer apartado, se reflexiona acerca de las propuestas de los autores para entender causas y mecanismos de poder y resistencia, mandato y obediencia, y sumisión y rebeldía.

APARTADO METODOLÓGICO

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en esta investigación, se recurrió a una herramienta virtual para identificar las formas de organización de manteros y toreros en tiempos de pandemia. Para realizar el trabajo virtual fue necesario hacer un esfuerzo metodológico para comprender las nuevas formas de sostener la resistencia informal. Se utilizó la netnografia como herramienta de campo para recopilar información sobre la forma de autogestión entre los comerciantes ambulantes. Para el caso de los toreros se analizó la página de Facebook Chambeandoando, un medio de comunicación gestionado por una figura política que hace de la vulnerabilidad un acto de dependencia política. Del mismo modo, se recurrió a realizar tra- bajo de campo en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En el caso de los manteros, se revisaron diferentes blogs gestionados por miembros del Top Manta donde convocan y denuncian sus condiciones y estrategias de sobrevivencia; asimismo, se hizo una revisión exhaustiva de notas periodísticas en diferentes medios de comunicación que exponen las formas de organización y trabajo de los manteros. Del mismo modo, se realiza un trabajo de campo en el periodo de febrero de 2022. El recurrir a esta agenda metodológica permitió dar cuenta de los mecanismos de autogestión y acción colectiva desde una perspectiva multisituacional.

ETNOGRAFÍA DE LA RESISTENCIA Y LA AUTOGESTIÓN ANTE LA PANDEMIA, EL CASO DE LOS “TOREROS” Y LOS MANTEROS

En este apartado se exponen los estudios de caso de los manteros en Barcelona y los toreros en el Centro de la Ciudad de México, y se analizan las formas de desobedecer para sobrevivir y/o obedecer y desaparecer. Antes es importante destacar que la preocupación de mantener a la población en aislamiento ha sido uno de los grandes retos que las autoridades de México y España han enfrentado en tiempos de pandemia debido al Covid-19. A pesar de generar distintos mecanismos para provocar el distanciamiento social, no se logró que el comercio ambulante cesara debido a que no hay condiciones dignas para un sector de la población que necesita ocupar los espacios públicos para sobrevivir, el comercio callejero sigue formando. Esto es: en tiempos de pandemia los comerciantes se han resistido a la idea de ser borrados del atractivo pandémico de la ciudad.

LOS “TOREROS” EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En este apartado se hizo uso de la entrevista etnográfica en tiempos de pandemia debido al Covid-19 en el Centro de la Ciudad de México. Del mismo modo, se usó de la metodología del acompañamiento. 3 3 “Etnografia en movimiento para explorar trayectorias de niños y jóvenes en Barcelona”, en Diana Arias, <file:///C:/Users/juldo/Downloads/56044-Tex to%20del%20art%C3%ADculo-110640-3-10-20170613%20(1).pdf>. Para dar cuenta de la situación que viven los comerciantes ambulantes, también conocidos como toreros. Asimismo, el objetivo era entender las diferentes formas de supervivencia ante la crisis sanitaria, económica y social por la cual estaban pasando los vendedores ambulantes. El Centro Histórico de la Ciudad México es un lugar que se visita con frecuencia y se normalizan las relaciones sociales y simbólicas basadas en el intercambio de mercancía considerada de “fayuca”, o contrabando pues estos productos forman parte del comercio informal.

Al iniciar el reconocimiento del lugar resultó asombroso el escenario urbano en el que se presenta la organización y la resistencia ambulante. Pensar en la organización es pensar en la autonomía ambulante, sin embargo, para el caso de los toreros resultó difícil esta práctica de autogestión debido al sistema político en el que se encuentra inmerso. Es bien sabido que el comercio en vía pública en el Centro de la Ciudad de México es controlado por líderes políticos y se encuentra atravesada por mecanismos de corrupción y clientelismo político. Las condiciones de trabajo no han terminado de complacer a los capitalistas. Los empresarios crean contratos inestables para contratar a un gran número de trabajadores. El empleo que se está generando en el país se lleva a cabo a través de contratos temporales y por medio de empresas que funcionan como intermediarias. En 2020 las autoridades sanitarias de la Ciudad de México se jactaban de prevenir el contagio del virus, haciendo un llamado a la “conciencia; quédate en casa”:

No hay necesidad de llegar a tomar decisiones extremas como las que hoy vemos en Europa, donde se declaran formalmente Estados de excepción y se suspenden las garantías constitucionales y se usa la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública; ¡no es deseable!, entonces, hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa, es la mejor vía que voluntariamente y conscientemente decidamos quedarnos en casa (Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 2020, informe de salud Covid-19).

Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el 2 de abril de 2020 dio un informe al respecto donde mencionó: “Sí disminuimos los contactos, disminuimos la curva de contagios. No contagiar y no contagiarse”. Respecto a lo dicho anteriormente, se parte de la idea de que si los toreros obedecían al llamado perderían su lugar en el mercado informal; por lo tanto, no podían recluirse en su hogar para prevenir dicho contagio. Para encontrar el dato empírico se decidió salir a las calles a pesar de las indicaciones de las autoridades sanitarias, a fin de confirmar lo que se ha venido discutiendo: No hay alternativas eficientes para el comerciante callejero en tiempos de crisis sanitaria y económica, por lo tanto, la desobediencia es una alternativa de supervivencia.

Ahora bien, es interesante ver y reflexionar acerca de las nuevas formas de vender en vía publica siendo parte de un mecanismo de resistencia, de necesidad económica y social. Para ello fue necesario hacer un recorrido metodológico rescatando la práctica del vagabundeo o el arte de perder el tiempo, lo que Charles Baudelaire llamó flaneur en (1890) y más tarde Walter Benjamin retomó el concepto para analizar la conducta social. Esta práctica consistió en recorrer calles sin un rumbo fijo, sin embargo, ese andar dio la oportunidad de relacionarse con la realidad social. Pareciera que alzar la voz en este oficio (comercio informal) es un hábito normalizado que genera lazos de comunicación entre el que consume y el que provee.

Un requisito para ser trabajador ambulante es saber llamar la atención, pero no para llegar a los oídos de los policías, en donde comienzan las jornadas de trabajo desde una perspectiva jerárquica y de poder. Gianni Vattimo le llamaría “El sujeto y la máscara” … “La jerarquía no se establece solo, como se ve, entre el mundo ordenado de los conceptos-palabras y el mundo de las impresiones [...] es un mundo de supremacías y sumisiones” (Vattimo, 1989:46). En ese sentido, el rol social del policía y el vendedor es:

• El que persigue y el perseguido. • El que obedece y el que manda. • El que agradece, pero también traiciona. • Al que se le teme, pero también genera burlas.

Es así, la vida cotidiana del torero y el policía en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estos actores sociales son aquellos que reflejan múltiples significados donde predominan las emociones, las necesidades y el poder. Continuando en el vagabundeo me doy cuenta de que los toreros llegan sin que se les noten sus intenciones de sobrevivir en tiempo de pandemia. Algunos de ellos se dirigen con cierta agilidad a sus lugares asignados. La adrenalina es fuerte, pero controlada, ya que se han a costumbrado a la vida acelerada, así es la vida de ellos. Unos primeros gritos se escuchan: “Pásele, güera, tenemos de todo, desde cubrebocas hasta el paraguas, pásele”. Si podría dar nombre a quien da la iniciativa de comenzar la jornada de trabajo, sería el de Juan o Pepe.

¿Por qué Juan o Pepe? Son la representación de miles de personas en situación de olvido laboral. Son los que se ven obligados a seguir buscando ingresos económicos. Son aquellos que reproducen la misma necesidad, son la mayoría de los mexicanos: “Los gastos no paran ni en tiempos de Covid-19”. Ellos son los que se ven orillados a salir a las calles del Centro de la ciudad para generar ingresos, ya sea mediante la venta o el intercambio de fuerza de trabajo; pero ellos son Juan o Pepe, es el referente de la situación de crisis sanitaria, social y económica. A ellos les está prohibido enfermar. Eduardo Galeano diría: “…los nadies que sueñan en salir de pobres”.

Ellos (los toreros), además de estar en peligro de contraer el SARS- CoV-2 ven en el contexto y en las calles una oportunidad de innovar sus ventas y comienzan a vender cubrebocas y gel antibacterial. Dirían los emprendedores: ¡Renovarse o morir! Dirigentes del Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comercio Popular y del No Asalariado (Modecos) afirmaron que las ventas están por los suelos y por lo tanto también los ingresos para llevar a casa. Para entonces, se comienza a escuchar con más frecuencia: “¡Quédate en casa, respeta la sana distancia!”, un mandato que confronta y desafía la realidad de los toreros.

De esta forma, ¿qué opciones dan las autoridades con la indicación del quédate en casa? Esta pregunta no se concibe entre los vendedores ambulantes callejeros. Para Rubén, 4 4 Rubén es comerciante informal, vende en la calle de Apartados esquina con del Carmen en el Centro Histórico de la CDMX. que fue el primer colaborador en esta investigación (informante clave) le pregunté acerca de la organización entre comerciantes: “¿Cómo se organizan para llevar a cabo las ventas durante el confinamiento?; ¿hay alguna organización para llevar a cabo mecanismos de acción?”. A lo cual me contestó con una sonrisa sarcástica y de indignación: “Pertenezco a varias organizaciones porque hay varios líderes a quienes les pago”. Siguiendo con el hilo de la entrevista, le pregunté: “¿Las autoridades los han apoyado este tiempo de crisis?”. Su respuesta fue:

No, ninguna, aparte la gente está en desacuerdo porque gritamos, generamos basura, estamos afuera de sus casas; pero es la necesidad, ¿sabes? Si no tuviéramos esa necesidad de salir y trabajar pues no lo haríamos… Y mucho menos en estos tiempos. Si tuviéramos espacios organizados cada quien con sus lugares no tendríamos por qué ir a invadir las calles, pero es la necesidad y sí creo que les causamos molestias porque las calles están sucias y se ven desordenadas y a veces oscuras y todo y pues sí, creo que causamos problemas, malestares, pero ¿qué le hacemos?, tenemos que trabajar también. Y pues no, nadie nos apoya (Rubén, 2020).

Rubén, al igual que muchos comerciantes, ha hecho de las calles su lugar de trabajo. Para los toreros, en tiempos de confinamiento no hubo alternativas ante el encierro social, por lo tanto, se vieron en la necesidad de resistir y salir a las calles como parte de su vida cotidiana. Ante esta situación de encierro, le pregunté a Rubén: “¿Han pensado en ventas por internet?”. La pregunta le pareció muy inocente: “No, flaco, nosotros sólo conocemos la calle para trabajar, aunque existe ese pedo de Marketplace, he escuchado que abrieron una plataforma para vender por ahí”. Una compañera de trabajo de Rubén escuchó la plática en ese momento y dijo; “Es fácil decir quédate en tu casa cuando cada 15 días cobras sueldo, nosotros … hay que chingarle, si no vendes no comes” (Jasmín, 2020).

En esos momentos es importante cuestionar los privilegios académicos. Le hice la pregunta que le había hecho a Rubén minutos antes: “¿Las autoridades los han apoyado este tiempo de crisis?”. Jasmín contestó: “Necesitamos trabajar, no nos queda de otra, tenemos necesidad de llevar el pan a nuestras familias, no es justo que nos criminalicen por eso” (Jasmín, 2020). Después de esa tarde se reflexionó la respuesta de Rubén “nosotros sólo conocemos la ca- lle para trabajar”. Se buscó información relevante en Facebook con el objetivo de confirmar lo dicho por Rubén. Se encontró un grupo virtual, pero a diferencia de la página de <manteros.org>. La página administrada por Diana Sánchez Barrios, quien fue candidata del PRI y líder del comercio en vía pública. Su página lleva por nombre <#Chambeandoando>, un medio de comunicación en cuyos principios está el de dignificar el comercio ambulante apoyado por relaciones políticas. En concreto, se revisaron los comentarios de los miembros de esa página. Publiqué la misma pregunta que hice en campo: “¿Las autoridades los han apoyado en este tiempo de crisis?”. Después de algunos días comenzaron a llegar algunas respuestas:

Yo soy comerciante de la calle corregidora el el centro histórico d la ciudad d México hoy el mes de abril del 2020 nos acaban d decir los d gobierno que hoy es el último día para trabajar y que tiene q estar limpio d comerciantes n es justo q nos pidan eso x q nosotros vamos al día q vamos Aser nuestros hijos necesitan comer n es posible q no nos dejen trabajar y q l poquito q vendamos sea para comer (Erika, 2020). 5 5 Transcripción textual extraída de la plataforma de Facebook.

Algunos miembros del comercio ambulante se ven orillados a desafiar las normas implementadas por las autoridades sanitarias del Gobierno de la Ciudad y deciden dejar de lado el llamado a la conciencia. El llamado “Quédate en casa” se confronta con la realidad de los comerciantes ambulantes, ya que si obedecen se encrudece la situación económica y familiar. El comercio en vía pública ha sido parte de la vida cotidiana y las adversidades que se presentan en los espacios públicos.

Extraño que me corretean los policías... Y hasta sus mentiras (solo hacemos nuestro trabajo son órdenes de arriba no se de quien pero son órdenes) son la pura variedad... ya hablando en serio pronto las y los comerciantes del espacio público regresaremos a rescatar los espacios que ocupamos y ha darle vida nuevamente a nuestras calles como parte de nuestra vida y cultura el <#comercioPopular> presente (Omar, 2020).

Ahora bien, a lo largo de la investigación en campo en las calles del Centro de la ciudad, la única forma de resistencia y organización por parte de los comerciantes ambulantes era salir a las calles y seguir su vida cotidiana informal, simulando que obedecen y desaparecen. Sin embargo, se les veía todo el tiempo en las calles (Moneda, Soledad, Correo Mayor, etc.). Las autoridades, al darse cuenta de la resistencia informal decidieron cercar y prohibieron el acceso a las calles principales. Por lo tanto, si no hay quien compre, no hay quien venda. Aumentó la presencia de policías y servidores públicos. Rubén dijo que ya le habían puesto nombre a esta nueva figura de autoridad: “el caballero es esos que traen el chaleco verde y vienen acompañados por los policías” (Rubén, 2020).

El 19 de enero de 2021 hubo una marcha y cierre del Eje Central, era de comerciantes ambulantes; al acercarme a ver la movilización me di cuenta de que eran comerciantes establecidos de las plazas ubicadas en los alrededores del Centro Histórico, sin embargo, los medios de comunicación generalizaron la acción. Al preguntarle sobre esta situación a Rubén, mencionó que no hay organización, ni colectivos, ni mucho menos; no sabe si hay alguno, pero que en los más de 20 años que ha estado en las calles del Centro nunca ha visto algo parecido. Dice que estaría bien porque así mantendrían lugares más limpios y, por lo tanto, la gente iría a comprar más.

EL CASO DE LOS MANTEROS

Mi interés aquí es analizar las formas de organización del comercio ambulante y la autogestión informal de los manteros en los espacios públicos en Barcelona, que han generado conciencia social a partir de su condición de migrantes impulsando el lema “Ninguna persona es ilegal”. Cabe mencionar que los manteros han hecho de su condición de migrantes una lucha de reivindicación por la vida digna a través de la acción colectiva y la organización local ambulante. En 2012 se comenzó a tomar registro de las formas de organización de los manteros ante su situación como ilegales. Fue entonces cuando me di cuenta de que el comercio en la vía pública no es exclusivo de América Latina, sólo que en su mayoría son migrantes africanos los que se dedican a esta actividad.

Años después, en 2015, se dio seguimiento a la creación del sindicato de vendedores ambulantes como consecuencia de la muerte de Mor Sylla. El sindicato de manteros afirmó en ese año que dicha muerte fue por parte de la policía, mejor conocida como los mossos de escuadra. A partir de estos sucesos, me interesó analizar y comparar las condiciones de los manteros con la de los toreros. En 2022 se da continuidad al trabajo empírico en las calles de Barcelona con el objetivo de concluir el trabajo de campo. Cabe mencionar que para este apartado se utilizó más el trabajo virtual, aunque no se dejó de lado el trabajo de campo tradicional; esto se debió al Covid-19 y a las nuevas formas de acercarse a la unidad de análisis.

Ahora bien, en 2020 se habló de un toque de queda que afectó gravemente la economía de los manteros que trabajaban en las ramblas de Barcelona, Quedarse en casa no era una opción para ellos y comenzaron a buscar alternativas de supervivencia. Pedro Sánchez; presidente del gobierno en turno de España, el 13 de marzo de 2020 dio un informe confirmando lo siguiente:

Acabo de comunicar al jefe de Estado la celebración, mañana, de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país en todo España durante los próximos 15 días. Estamos en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo. Nos espera como dije a principio de semana, semanas muy duras y no cabe descartar que la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de diez mil afectados va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro. Con unidad, con responsabilidad y con disciplina social.

Del mismo modo, el secretario de Salut Pública, Joan Guix, anunció en Barcelona: “En el marco de las normas establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria causada por el Covid-19, se restringe la circulación de personas a los supuestos contenidos en su artículo 7”. Aunque los manteros de tiempo atrás ya habían decidido crear una organización a la que llamaron Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, a consecuencia de la muerte de Mor Sylla 6 6 Inmigrante senegalés muerto en un operativo en Barcelona en 2015. en (2015) generaron asambleas y actividades de autogestión.

Algunos colectivos llevaron por nombre Tras la Manta y el Espacio del Inmigrante. La muerte del Mor Sylla se convirtió en una lucha simbólica que tomó un significado de resistencia y dignidad donde cuestionaron la democracia y la condición del inmigrante en Barcelona, en el caso de Mor Sylla. Se cuestionó; ¿cómo pudo vivir 15 años sin seguridad social, 15 años en la clandestinidad? Los manteros se han ganado la vida de forma clandestina en Barcelona. Sin embargo, Azis Faye, 7 7 Miembro del Sindicato de Manteros en Barcelona, en <https://www.goe the.de/ins/es/es/kul/sup/hyb/azi.html>. en una entrevista en 2018 para el periódico El País, aseguró que la vida se la ganan con dignidad: “No vinimos a Barcelona ni a dedicarnos a la venta ambulante, ni a correr delante del policia, sino a vivir dignamente” (El País, 2020).

La acción colectiva como alternativa de sobrevivir por parte de los manteros me ha hecho reflexionar acerca de la propuesta de Michel Foucault: “el cuerpo se convierte en fuerza cuando es un cuerpo productivo y un cuerpo sometido” (Foucault, 2009:35). En ese sentido, la organización que han llevado a cabo no sólo ha sido para beneficio del Top Manta han generado además redes de solidaridad entre ellos mismos y con otros grupos vulnerados en tiempos de pandemia y antes del confinamiento. Algunos medios de comunicación lo señalaron en su momento: “La pandemia empuja a los manteros a la recogida de chatarra.” 8 8 “La pandemia empuja a los manteros a la recogida de chatarra”, en El País <elpais.com>.

Esta noticia está cargada de estigma social por parte de los medios de comunicación hacia sus actividades de venta informal en espacios públicos, Al estar en campo y platicar con Iñaqui, mencionó que esta actividad no es nueva. “Los miembros del Top han generado de siempre la recogida de chatarra debido a que esta actividad no genera multas. Es una forma estratégica de generar ingresos y también redes de intercambio”. Asimismo, otro medio informativo aseguró: “El Top Manta desaparece por el coronavirus”. 9 9 <https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/vivir/manteros /20200 828140036157273.html>. Esta noticia, al igual que la anterior, está cargada de juicios de valor, ya que no desaparece, sino se renueva al buscar nuevos espacios para la venta; por ejemplo, una tienda ubicada en Carrer d´En Roig, 1, Barcelona, España. Llevan a cabo sus actividades y acciones de lucha y resistencia. Iñaqui afirmó que al estar en una tienda establecida evitan ser multados y andar huyendo de la policía.

Ahora bien, los manteros en Barcelona son parte de una organización que ha surgido por la necesidad de sobrevivir en un contexto donde regularmente se les invisibiliza y estigmatiza. Los manteros son migrantes que carecen de permisos para obtener un trabajo en el mundo laboral formal; cabe mencionar que dentro de la organización hay mujeres que se dedican a la elaboración de prendas y ropa que venden, sin embargo, al hombre se le ve con más frecuencia en vía pública y en actos de organización social y política. La organización y autogestión por parte de los manteros en tiempos de Covid-19 tomó un significado relevante, ya que si obedecían al llamado se quedarian sin manta y sin trabajo, por lo que se vieron en la necesidad de innovar sus funciones sociales y económicas.

Por lo tanto, el sindicato de manteros de Barcelona propuso, en compañía de otros grupos vulnerados, mecanismos para sobrevivir a las adversidades en tiempos de pandemia para el apoyo mutuo: “las cajas de resistencia” que hicieron frente a la crisis sanitaria y económica. Es una de las iniciativas que han surgido de la acción colectiva ambulante, la organización local y la solidaridad colectiva de los manteros afirmando que: “ante la crisis sanitaria del coronavirus, se habla poco de las personas precarias que dejara este estado de alarma”. Por lo tanto, ellos en compañía de otros colectivos llevaron a cabo la organización y autogestión:

• Asociación mujeres migrantes Diversas • Red de amigos de Torreblanca-Sevilla • Valencia Acull. Red Acoge.Valencia • Sindicato de manteros de Madrid • Salud y resiliencia urbana en el barrio del cementerio. Alicante • Caja de resistencia urgente. Bilbao

Estos colectivos, en compañía del Top Manta de Barcelona, han buscado hacer frente a la crisis sanitaria y económica mediante “la caja de resistencia” a través de cooperación solidaria, educación emancipatoria e incidencia política, además de promover y difundir el proyecto “nadie es ilegal”. Del mismo modo, el activista y también mantero Lamine Sarr compartió la situación en que se encuentran los miembros del Top Manta: “La crisis nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por falta de recursos y la exclusión social”; por lo tanto, afirmó “el coronahambre también mata”.

Para enfrentar el problema, el Top Manta llevó a cabo un proyecto al que llamaron “Banco de alimentos” para sobrevivir durante el confinamiento. Esta práctica se basó en repartir productos de primera necesidad entre miembros del colectivo y a quienes estaban en situación de vulnerabilidad. La organización de ambulantes se pronunció en las redes sociales para denunciar la situación de precariedad vivida:

Los manteros de Barcelona están precarizados desde verano, cuando fueron desalojados de las calles por el megaoperativo policial del Ajuntament de Barcelona. La mesa de urgencia del Gobierno Municipal no nos dio ninguna solución. Nuestra emergencia es desde entonces muy preocupante (El País, 2018 ).

Un medio de comunicación español que lleva por nombre La Sexta 10 10 Disponible en <https://www.lasexta.com/noticias/nacional/los-mante ros-se-unen-a-la-lucha-contra-el-coronavirus-fabrican-material-sanitario-y-crean-un-banco-de-alimentos-para-los-mas-vulnerables_202003285e7fb13195e62a0001c273c2.html>. reconoció y publicó por una iniciativa solidaria: “Los manteros se unen a la lucha contra el coronavirus: fabrican material sanitario y crean un banco de alimentos”. El Top Manta fabricó material necesario para el personal médico; con máquinas de coser y su propio material hicieron batas y cubrebocas para donarlos a los hospitales. En 2021 la organización de manteros ha logrado consolidar una cooperativa que además de apropiarse de espacios públicos y resignificarlos como lugares dignos para llevar a cabo actividades económicas. Es así y, como se ha venido mencionando, el comercio informal en vía pública es una alternativa ante las pocas oportunidades sociolaborales que hay en Barcelona para los grupos de inmigrantes provenientes de África. Por lo cual, han hecho de su trabajo una demanda social por la dignidad humana.

La organización de manteros ha sido para solicitar oportunidades dignas de trabajo, pero también para denunciar su situación como ilegales; por ejemplo, cualquier tipo de contacto con los policías es una amenaza para la integridad física y moral de los senegalenses, incluso siendo residentes legales de España. Abdou, mejor conocido como Mara, en una entrevista para el periódico El País en 2018, compartió su vida y su situación de vivir por más de 20 años en España, pero además ser negro. Afirmó que ha tenido trabajos formales, pero cuando no hay trabajo la opción es la calle. “En una ocasión la policía me detuvo y me golpeó diciéndome ‘Negro de mierda, cállate, te vamos a tirar a la basura’ ”. En ese sentido, se afirma que la lucha de los manteros no sólo es por el tema del comercio informal, sino también es por el derecho a la vida.

La pandemia invisibilizó muchas actividades laborales, erradicando la precarización laboral en algunas otras y, por lo tanto, de los manteros, como se señaló anteriormente en esta investigación. Como afirma Yoan Molinero-Gerbeau:

Los trabajadores manteros son pioneros no sólo en defensa de un urbanismo democrático e igualitario, sino que mediante su resistencia a la represión y su construcción de subjetividades permiten desvelar el dispositivo de gobierno que afecta al conjunto de las sociedades (Molinero y Avallone, 2020:21).

En ese sentido, la organización de manteros cuestionó el sorteo de Navidad que hoy en día es una tradición en toda España; afirmó el colectivo que es una práctica totalmente capitalista, por lo tanto, el colectivo decidió llevar a cabo la Lotería Mantera, basada en recaudar fondos para solventar gastos y ofrecer contratos a manteros para que puedan trabajar legalmente.

REFLEXIONES FINALES

En la presente investigación. Se analizó la organización social y la acción colectiva de manteros y toreros. Este acto de desobediencia a causa del Covid-19 y el mandato de las autoridades sanitarias: “Quédate en casa” en México y el “toque de queda” en Barcelona. La conducta rebelde de no acatar indicaciones tiene una explicación de problema estructural (falta de oportunidades laborales y precariedad en el trabajo formal). Además de la falta de propuestas efectivas para cubrir necesidades básicas de quienes se encuentran vulnerados en tiempos de pandemia. En ese sentido, se hace evidente que hay una ruptura en el mundo laboral informal de los comerciantes callejeros tanto de la Ciudad de México como de Barcelona. Los toreros y los manteros no han dejado de salir a las calles, siguen en una lucha constante por sobrevivir ya sea de forma colectiva, individual o bajo la supervisión de alguna figura pública política.

Por razones de coherencia, las reflexiones se presentan en dos apartados: teórico y empírico. En el nivel teórico se buscó reflexionar so- bre los conceptos de organización social y autogestión. Sobre la organización social y las prácticas de resistencia en las calles de Barcelona y la Ciudad de México, se encontró que durante la pandemia la tendencia fue generar mecanismos para fortalecer las relaciones sociales de los comerciantes ambulantes. Después de reflexionar acerca de las propuestas de diferentes autores, se puede afirmar que la organización social es una necesidad en común que ayuda a fortalecer las relaciones económicas, culturales y sociales. Es importante señalar que en la organización social es inevitable generar roles y por lo tanto se manifiestan jerarquías, sin embargo, estas jerarquías se pueden resignificar y mantener una relación horizontal con el resto de la organización colectiva.

Para el caso de la acción colectiva, se puede afirmar que es resignificar las relaciones sociales y, por lo tanto, la organización entre individuos. Asimismo, se considera que la acción colectiva es un punto de discusión y tiene incidencia en el ámbito político. Generar un cambio a través de la demanda social es parte de los objetivos de es- ta conducta social colectiva. La acción colectiva, desde la mirada de Alberto Melucci, es dejar de lado las necesidades de un representante y moldear el pensamiento de quien se encuentre en la jerarquía de la organización, lo que verdaderamente importa en la acción colectiva es brindar apoyo a la necesidad verdadera y colectiva. Se describieron dos ejemplos de ello.

Los manteros en Barcelona basan sus necesidades en lo colectivo, generan un fondo donde todos aportan recursos al que llaman Caja de Ayuda para compartir con quien lo necesite. En el caso de los toreros y la situación ante la pandemia predomina un interés que se interpone a la acción colectiva, es decir, el líder del comercio genera cuotas para autorizar la venta en su “territorio”. En el nivel empírico, los manteros en las ramblas de Barcelona se han consolidado como un movimiento social donde se mantienen en una lucha constante por revindicar el derecho a la ciudad desde su condición de migrantes africanos, generando acciones directas para mejorar la situación precaria que viven en un país ajeno al suyo, donde el comercio ambulante se ha vuelto un dispositivo para denunciar y demandar condiciones dignas de vivir.

La organización de manteros ha logrado, a través de diferentes mecanismos de resistencia, dialogar con las autoridades y llegar a entablar acuerdos. Hoy en día se encuentran en establecimientos fijos llevando a cabo ventas con su propia marca (Top Manta). El sindicato ha logrado que algunos miembros logren regular su condición de migrantes al conseguir documentos y permisos para trabajar; es- tán generando recursos en su lugar de origen para evitar que las nuevas generaciones migren a Europa. Afirma un miembro del colectivo: “Se necesita que los jóvenes se queden en África, África está cambiando, Europa sin los negros no es nada”.

En el caso de los toreros en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no han logrado generar una lucha social, sus actividades dependen de intereses políticos que generan clientelismo y dependencia de un líder comercial que controla y decide quién vende y qué vender. A pesar de que surgió un movimiento llamado #Chambeandoando, no se ha logrado resignificar el trabajo digno en las calles de la ciudad, la organización política tiene diferentes intereses y no son propiamente colectivos. Es evidente que la apropiación del espacio público y la resignificación de los lugares se explican por diferentes necesidades y diferencias estructurales entre ambos grupos de comerciantes ambulantes; una de ellas es la falta de oportunidades laborales en el mercado formal del trabajo, razón por la que los trabajadores callejeros son obligados a buscar nuevas alternativas de ingresos económicos en las calles, llevando a cabo la organización y la acción colectiva y en otros casos la dependencia de autoridades locales.

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* Doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la línea de investigación metrópolis: imaginarios, símbolos y retóricas urbanas. Correo electrónico: <juldorantes@gmail.com>.

<_00_FALSA>Tercera parte ALTERNATIVAS ORGANIZATIVAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANCLAJE Y DESANCLAJE DE LOS MERCADOS: LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA ORGÁNICA DEL MERCADO EL 100 Alma Edid Cruz Villanueva* Rocío Rosales Ortega**

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, aunque el sistema económico se rige por una economía globalizada con un conjunto de normas y valores estandarizados que caracterizan al mercado, los territorios cuentan con procesos específicos en sus formas de organización productiva y comercial. De tal forma, la economía global está compuesta por múltiples e interrelacionadas formas de organización socioeconómica, en las cuales las acciones y relaciones de poder de los actores sociales son cruciales para desarrollarse en ella. En esta investigación se analiza la construcción social del mercado con base en formas de organización, reglas y normas abstractas, desancladas de los contextos sociales en donde surgieron, pero que son apropiadas y ancladas de forma específica en cada territorio mediante los intereses, acciones y acuerdos entre los actores sociales. Este es el caso de la organización de los circuitos cortos de comercialización y la certificación participativa del Mercado El 100, que se diferencia de las prácticas convencionales del mercado agroalimentario, porque a través de la cooperación y coordinación que lo caracteriza, facilita la comercialización y la calidad de los productos orgánicos, al mismo tiempo que mejoran las condiciones económico-sociales de los productores.

El Mercado El 100 se localiza en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, y reúne a pequeños productores orgánicos provenientes de localidades rurales y periurbanas cercanas a la Ciudad de México (en un radio de 160 km). El Mercado al paso del tiempo conformó un circuito corto de comercialización alimentario (CCCA) coordinado por una organización no gubernamental (ONG), la cual actualmente funge también como intermediaria y capacitadora para instrumentar la Certificación Orgánica Participativa (COP).

La ONG LU’UM promueve la venta directa entre pequeños productores-consumidores, por lo que contribuye al fortalecimiento de las economías rurales. Entre sus principales objetivos se encuentra el apoyo a la economía local al fomentar que los consumidores valoren económicamente los alimentos por sus características culturales, beneficios a la salud y el cuidado al medio ambiente. En el Mercado El 100, los organizadores y productores se relacionan por motivaciones e intereses comunes, y fijan objetivos productivos-comerciales muy distintos con respecto a los mercados convencionales. En el desarrollo de esta investigación empleamos la metodología cualitativa para conocer las experiencias e intereses de los productores, organizadores y consumidores. El trabajo de campo se realizó en el Mercado El 100 y en las unidades productivas durante los meses de febrero y marzo de 2020. En el proceso de investigación empleamos la observación flotante, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. Se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas (diez con productores, seis con consumidores y una con un organizador), en donde identificamos diversos procesos productivos, motivaciones e intereses, así como estrategias organizacionales y relaciones de poder entre los actores. Debido a los objetivos del capítulo y a su extensión, no analizamos el papel de los consumidores. El análisis de datos se realizó con el software MAXQDA, el cual facilitó la selección y clasificación de observaciones y testimonios con base en las categorías de análisis: anclaje, desanclaje, territorio, redes sociales, proximidad territorial y circuitos cortos de comercialización.

El capítulo se organiza en tres apartados: en el primero se explica la dinámica del mercado con base en las interrelaciones dinámicas del anclaje y el desanclaje al territorio, que exigen las reglas del mercado mundial, así como el funcionamiento de las redes económico-sociales. En el segundo apartado se analiza, con base en el trabajo de campo, el origen y las trasformaciones del Mercado El 100, así como el papel de la ONG LU’UM como organizadora del proceso de certificación de los productores de alimentos orgánicos. En el tercer apartado desagregamos la categoría proximidad territorial para analizar el funcionamiento del circuito corto de comercialización alimentario (CCCA) promovido por el Mercado El 100, como resultado de la combinación de la proximidad física, organizacional, cognitiva, social e institucional.

EL ANCLAJE Y DESANCLAJE: UNA PERSPECTIVA PARA EXPLICAR LA DINÁMICA DE LOS MERCADOS

En la actualidad podemos observar que los mercados están inmersos en un sistema económico complejo, el cual funciona y se desarrolla a través de múltiples formas de organización socioeconómica. A pesar de los argumentos en torno a la homogeneización de las prácticas económicas del capitalismo actual, provocadas por la globalización, es fundamental afirmar que cada comunidad, sociedad y país conforma su organización económica con rasgos particulares, los cuales se diferencian unos de otros (Rosales, Brenner y Mendoza, 2012). Por ello, a pesar de vivir en un sistema económico global, el mercado se construye y convive dialécticamente entre prácticas económicas locales y globales.

La relación local-global en la dinámica del funcionamiento de los mercados encuentra una estrecha vinculación con los conceptos de anclaje (embeddednes) y desanclaje (dis-embeddednes) elaborados por Karl Polanyi. 1 1 Los conceptos embeddednes y dis-embeddednes han sido traducidos de múltiples maneras. Para este caso, la traducción no es lo más importante, sino la interpretación contemporánea de los conceptos, ya que sugiere que las categorías económicas pasan a integrarse al todo social del que forman parte. Ambos conceptos han permitido desarrollar una línea de interpretación interdisciplinaria entre las ciencias sociales (Gómez, 2004). Ambos conceptos fueron utilizados originalmente por Polanyi para describir la inclusión de las relaciones económicas en las relaciones sociales durante el periodo de transición hacia el capitalismo (Gómez, 2004).

Karl Polanyi reconoció que los mercados se organizan social y económicamente a través de dos realidades. Por un lado, los mercados se construyen y se organizan en un contexto anclado (embeddednes) a una estructura social, con componentes culturales, económicos y políticos específicos (Polanyi, 2003). Este concepto se vincula con las especificidades locales 2 2 El debate sobre lo local (desde la geografía y la sociología), en contraposición a los enfoques estructuralistas globales, incluyó al territorio como un elemento fundamental de los procesos económicos y enfatizó el papel de los actores sociales ligados a los mismos (Rosales, Brenner y Mendoza, 2012). que le imprimen los actores sociales a cada territorio (Pike, Lagendijk y Val, 2000). Por lo tanto, el término anclaje territorial se refiere a los arreglos institucionales que surgen y se desarrollan en un contexto local, con los cuales los actores definen los objetivos y las formas específicas de organización de los mercados (Rosales, 2016).

Por otro lado, para Polanyi los mercados “locales” están inmersos en la economía capitalista y se ajustan a ella porque tienen la capacidad de separase del contexto (dis-embeddenes) en el que se formaron para unirse a un conjunto de leyes abstractas, generales y aplicables en cualquier territorio (Polanyi, 1992, citado por Rosales, 2016). En este sentido, el término desanclaje territorial, se refiere a la separación del mercado de su contexto local para sincronizarse con la lógica del capitalismo global.

La geografía económica añade a los conceptos de anclaje y desanclaje un punto de vista territorial y escalar, que permite explicar la forma en que se entrelaza y coordina la especificidad económica local con la lógica económica de la globalización (Rosales, Brenner y Mendoza, 2012; Hess, 2004). Así, las relaciones sociales que construyen los mercados están innegablemente ancladas a los territorios. Sin embargo, las relaciones sociales, productivas y comerciales no se encuentran encapsuladas, sino que confluyen con distintos territorios. Por lo tanto, en lugar de entender sólo procesos locales o globales en los mercados, se trata de entender la realidad económica a partir de un análisis multiescalar, en el cual se establecen múltiples redes socioeconómicas con relaciones de poder y control específicas (Pike, Lagendijk y Vale, 2000; Hess, 2004).

Para Hess (2004), las relaciones sociales que se originan en cada territorio desarrollan mercados con normas y valores ampliamente arraigados en los arreglos locales. Por eso, insiste en decir que el sistema económico actual es complejo, debido a la diversidad de organizaciones económicas que existen. Así también, a partir de los arreglos institucionales es como el mercado se desancla de la organización socioeconómica local en donde se formó, para establecer junto con otros mercados normas y leyes generales aplicables para todos. En este sentido, la economía global se desarrolla a partir de diversas organizaciones socioeconómicas, surgiendo así una variedad de capitalismos (Soskice 2001, citado por Hess, 2004).

Por lo tanto, cuando hablamos del mercado global podemos pensar en un entramado de múltiples redes de producción y comercialización locales, las cuales poseen la capacidad de articularse, comunicarse y ajustarse entre ellas a distintas escalas (locales, regionales, nacionales e internacionales), es decir, se van formando de manera multiescalar. Las relaciones económicas que se establecen en una organización productiva o comercial están ineludiblemente inmersas en una red social y territorial, por lo cual su potencial depende de las capacidades y aptitudes de los actores sociales que las integran, así como de los acuerdos y negociaciones que establezcan.

En este sentido, el objetivo central de las redes sociales es el establecimiento de las relaciones entre los participantes, los cuales comparten conocimiento, información y tecnología. En ellas se definen objetivos y responsabilidades dentro de la producción y comercialización (Valdez y Márquez, 2016). Asimismo, se inscriben en un campo de poder, el cual permitirá o no a cada red mantener sus funciones, influir o controlarse mutuamente, o separarse y desde ahí relacionarse con otras redes. En este sentido, las redes productivas y comerciales revelan cierto control del contexto en el que se desarrolla la producción, el intercambio y el consumo (Raffestin, 2011).

Por otro lado, las redes sociales se desarrollan a partir de un proceso de interacción sociocultural, en el cual se establecen instituciones formales e informales y diversos tipos de vínculos. Las instituciones formales se integran por leyes y reglas, mientras que las informales por normas, hábitos y principios como obligaciones de reciprocidad y confianza (Herreros, 2002). Así también, se estructuran de dos formas, según la jerarquía o equidad de las relaciones sociales que en ellas se establezcan. Putnam (2000) distingue una red horizontal y una vertical. La primera se caracteriza por establecer relaciones de poder equivalentes. Su estructura se origina por las relaciones familiares, amistosas o de parentesco y en éstas es probable que se establezcan relaciones de cooperación, reciprocidad y confianza, sin embargo, no están exentas de conductas de deslealtad y conflictos (Granovetter, 2000).

Por su parte, la segunda se conforma por actores en condiciones desiguales a través de la dependencia y las relaciones jerárquicas. Estas relaciones también se establecen entre grandes y pequeñas empresas, así como en organizaciones sociales, como las ONG. Todos los actores sociales juegan un papel importante en un sistema productivo o comercial, pero el poder que tenga cada uno dependerá del tipo de relaciones que establezca (Granovetter,1985).

Por último las redes se distinguen por tener vínculos fuertes o débiles. Los fuertes se establecen por relaciones estrechas entre actores sociales pertenecientes a una red y difunden información y conocimientos que son útiles para intereses en común. En este tipo de vínculos, los actores sociales establecen acuerdos duraderos y pueden relacionarse económicamente a través de la cooperación, la confianza y obligaciones de reciprocidad; sin embargo, son limitadas para la adquisición de nuevas ideas e información (Ostrom y Ahn, 2003; Herreros, 2002; Granovetter 2000).

Por otro lado, los vínculos débiles se caracterizan por generar relaciones entre actores diferenciados y funcionan como puentes por medio de los cuales se puede acceder a otro tipo de redes. Destacan porque permiten obtener ideas e información novedosas, las cuales son de gran utilidad para alcanzar los objetivos de algún grupo social (Granovetter, 2000). En este sentido, las características que poseen las redes sociales han permitido entender la realidad económica desde un punto de vista diferente, en donde las acciones de los actores sociales son fundamentales para observar las estrategias de producción y comercialización que se generan según ciertos objetivos.

Por otra parte, la proximidad territorial permite comprender con mayor profundidad la forma como se interrelacionan los actores sociales que construyen una red productiva y comercial. Boschma (2005) explica que la proximidad territorial no sólo se refiere a la cercanía física entre actores, sino que implica también proximidad organizacional, cognitiva, social e institucional. La proximidad organizacional es importante en las redes productivas y comerciales porque es el ámbito de las interrelaciones, en donde los actores sociales se coordinan para tomar decisiones, transferir conocimiento, intercambiar información y se rigen por arreglos institucionales. También se expresa en las relaciones de interdependencia entre los actores, ya que su asociación se origina por el hecho de compartir intereses y conocimientos similares. Sin embargo, para que ésta exista y sea eficiente, es necesario que los actores sociales tengan proximidad cognitiva, social e institucional (Boschma, 2005).

La proximidad cognitiva se refiere al conjunto de conocimientos e información que los actores comparten en la red. La información proviene de distintas fuentes, según los vínculos (débiles o fuertes) que establezca cada red social con otras, y su difusión puede ser a través de relaciones simétricas o asimétricas de poder (Boschma, 2005). La proximidad social se basa en las aportaciones de Polanyi y Granovetter, con respecto al anclaje de las relaciones económicas en el contexto social. Esta proximidad permite que los actores sociales tejan relaciones de confianza y reciprocidad en un entorno con normas y hábitos cotidianos (Bochman, 2005; Rosales, 2012).

Por último, la proximidad institucional se refiere a la vinculación de los arreglos institucionales (reglas, normas, hábitos y valores anclados) de una organización local con el marco institucional (leyes y reglas desancladas) que rige procesos económicos globales como la producción y comercialización de alimentos orgánicos. Boschma (2005) se apoya en las diferencias de éstos para explicar cómo el marco institucional permea en formas particulares la organización económica. En otras palabras, el entorno institucional, aunque es general y abstracto, en ámbitos locales se lleva a cabo en coordinación con los arreglos específicos de las organizaciones.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALTERNATIVAS. TIANGUIS Y CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA

En las últimas dos décadas del siglo XX, los efectos negativos del sistema agroindustrial dieron origen a diversos movimientos sociales en diversos países. Éstos se organizaron por activistas del medio ambiente, activistas indígenas, académicos, campesinos, pequeños productores, organizaciones religiosas y ONG´s, que buscan reorientar al sistema agroalimentario global (Giménez, 2009). Gracias a ello, hoy día es fundamental diferenciar entre producción agrícola convencional, orgánica y agroecológica.

Los tianguis alternativos se diferencian de la lógica convencional del mercado porque su organización socioeconómica reconstruye el valor cultural de los alimentos y el vínculo directo entre productor y consumidor, que se perdieron con la instalación de los grandes centros de abasto y los supermercados en las ciudades (Pardo y Durand, 2018).

El Mercado El 100 es uno de varios proyectos productivos que coordina la ONG LU’UM, que se basa en los criterios internacionales de desarrollo sustentable. Esta organización trabaja desde 2009 con diversas comunidades rurales en México y funciona como intermediaria y capacitadora de pequeños productores. A través de un Modelo de Intervención Social, LU’UM tiene como objetivo rescatar las técnicas y materiales tradicionales, así como la innovación de productos, con la finalidad de insertarlos en mercados competitivos (LU’UM, 2020).

El Modelo de Intervención es nombrado por LU’UM como modelo de acompañamiento comunitario, que consiste en realizar un diagnóstico participativo, canalizarlos con aliados y construir estrategias productivas y comerciales según las características del proyecto. El modelo de acompañamiento tiene un proceso de aprendizaje y reconocimiento de capacidades que se instrumenta por medio de capacitaciones para el desarrollo de la producción, la creatividad y la comercialización (LU’UM, 2020).

La comercialización de los productos (artesanías, muebles, vestimenta y alimentos) que coordina esta ONG se basa en los criterios del comercio justo, el cual pretende ser un medio que impulse el desarrollo humano y la sustentabilidad de grupos productivos (FAO, 2017; LU’UM, 2020). LU’UM se caracteriza por tener alianzas con instituciones públicas como Conaculta, Indesol; ONG´s como IRRI México, OXFAM México; fundaciones como la de Carlos Slim, Alfredo Harp Helú, Pepsico México, Gentera; y empresas privadas como General Motors y Grupo Pardo, de las cuales obtienen financiamiento y capacitación para proyectos comunitarios relacionados con el desarrollo sustentable. De acuerdo con los datos de esta organización, se ha dado seguimiento al emprendimiento de 83 grupos productivos, en los cuales participan alrededor de siete mil personas y aproximadamente el 70% son liderados por mujeres (LU’UM, 2020).

El Mercado El 100 es un proyecto propuesto por Alan Favero, director creativo de LU’UM, y desarrollado por colaboradores de la misma ONG. La idea surgió, según Ana Calderón, coordinadora del mercado, porque hace diez años no existía en el espacio público de la Ciudad de México un tianguis que ofreciera productos cultivados con prácticas limpias y vendidos directamente por los productores locales. De acuerdo con la filosofía inicial del mercado, el propósito era reunir productores que cultivaran o trasformaran alimentos de manera sustentable.

La concepción de sustentabilidad del Mercado El 100 se relacionaba en un inicio con la producción de alimentos a pequeña escala a través de cultivos ecológicos, así como con la transformación de alimentos libres de sustancias químicas como colorantes, saborizantes y conservadores. Asimismo, los participantes preferentemente debían ser pequeños productores y los consumidores tendrían que pagar un precio justo por los productos. Poco a poco se incluyeron otros principios y actualmente la concepción de sustentabilidad 3 3 Las investigaciones de Renting, Marsden y Banks (2015) consideran que los CCC atienden las demandas de la sustentabilidad porque permiten que pequeños productores, adquieran mayor control de los procesos productivos y que promueve el Mercado El 100, también contempla la organización de circuitos cortos de comercialización (CCC), los cuales procuran reducir la distancia que existe entre el lugar de producción y el mercado en donde se vende (en el mapa 1 se observa que los productos provienen de las zonas periurbanas y rurales cercanas a la Ciudad de México), al mismo tiempo que evita la figura del intermediario.

El grupo que inició el Mercado El 100 estaba conformado por distintos profesionistas con experiencia en administración, economía, gastronomía y áreas especializadas en el campo, lo cual, según la coordinadora, fue lo que impulsó el proyecto. Para comenzar con el tianguis fue fundamental contar con los productores, para ello los primeros organizadores propusieron y acordaron los criterios básicos que tenían que cumplir los cultivos y procesos de producción que planearon incorporar. Los criterios se basaron en las recomendaciones de la FAO en relación con productos ecológicos y así fue como iniciaron la búsqueda y selección de los productores.

El chef que integraba al primer Comité Organizador estaba familiarizado con productores que cumplían las características que se requerían, así fue que el comité logró vincularse con 12 productores. Con el tiempo, la aceptación del mercado El 100 y la demanda de productos sanos y frescos fue creciendo, y ahora el tianguis se integra con alrededor de 50 productores agrícolas.

Los productores son muy distintos entre sí, por lo cual los clasificamos en dos grupos: los productores agrícolas y los productores que transforman alimentos. La historia de la formación de las unidades de producción, tanto de los agricultores como de los transformadores, responde a diversas motivaciones. Las principales motivaciones que encontramos fueron: mejorar las condiciones económicas, el autoempleo o emprendimiento de un negocio propio, mientras que otras motivaciones están relacionadas con el desarrollo de proyectos comunitarios, así como quienes participan por cuestiones personales de salud.

El grupo de productores agrícolas se integra por campesinos que cuentan con el conocimiento tácito del cultivo y cuidado de animales, el cual combinaron con conocimientos adquiridos en capacitaciones y talleres de producción orgánica. Asimismo, en esta clasificación están los productores con estudios universitarios (agronomía, biología, geografía, medicina tradicional, entre otras), que eligieron la producción orgánica como una oportunidad para autoemplearse y emprender un negocio. El objetivo que guía a este grupo de productores consiste en promover prácticas orgánicas o agroecológicas, así como también recuperar la importancia del valor cultural y la producción de los alimentos en el campo.

El segundo grupo lo integran productores dedicados a trasformar granos, semillas, frutas y verduras. La mayoría de ellos cuenta con estudios universitarios y algunos colaboran con cooperativas productivas, de las cuales adquieren materias primas, como es el caso del cacao y el café orgánico. Algunas cooperativas productivas forman parte de proyectos de emprendimiento y apoyo a campesinos y mujeres de comunidades con difícil acceso al mercado, por ejemplo, aquellas que se localizan en la sierra de Guerrero y Oaxaca y la región de la Chontalpa en Tabasco.

En un principio los organizadores del mercado no pensaron en los alimentos orgánicos, sin embargo, la creciente demanda de éstos en la Ciudad de México fue una de las razones por las cuales los organizadores optaron por incluirlos en su estrategia de trabajo. Además, algunos productores ya contaban con una certificación orgánica, otros tenían prácticas productivas orgánicas, pero no tenían suficiente ca- pital para una certificación, y otros podían modificar algún proceso o insumo para catalogarse como productores orgánicos.

En México existen las certificaciones para productos orgánicos que otorgan organismos privados nacionales o internacionales (conocidas como certificaciones por terceras partes) y certificaciones participativas. La primera está a cargo mayoritariamente por organismos privados capacitados, que garantizan la independencia e imparcialidad en la evaluación de los procesos productivos. Los pequeños productores no pueden acceder a ellas, ya que normalmente son muy costosas. La segunda forma de certificación es una alternativa propuesta por universidades y ONG’s, dirigida a apoyar a los pequeños productores, que no cuentan con suficiente capital para una certificación por terceras partes.

La certificación participativa se realiza a través de relaciones de autoorganización, cooperación y aprendizaje. Los actores encargados de certificar se organizan según sus aptitudes y conocimientos para vigilar y garantizar la calidad de los productos. La certificación de este tipo se basa en visitas cruzadas entre organizadores (académicos, especialistas, estudiantes) productores y, en algunos casos, consumidores.

En 2017, el comité organizador inició una capacitación con un organismo privado para posteriormente capacitar a los productores e iniciar los trámites con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para realizar la certificación participativa. Para el comité organizador no fue fácil iniciar esta faceta, principalmente porque las características de los procesos productivos son distintas entre cada producto, así como las capacidades de infraestructura que tiene cada productor. Por lo tanto, el comité organizador diseñó y modificó manuales y formatos, los cuales debían ser claros y accesibles, para explicar los requerimientos de la Ley General de Productos Orgánicos (LGPO) y los requisitos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el SENASICA.

No todos los productores lograron amoldarse cien por ciento a los criterios de la LGPO. Por ejemplo, los apicultores no cumplen con el requisito de la polinización de las abejas en un predio con 5 km a la redonda libre de fertilizantes, pesticidas, animales de granja y de presencia humana, ya que no es posible controlar las técnicas de cultivo y actividades económicas de lotes colindantes. De tal forma, el Mercado El 100 vigila que cumplan con los criterios de los productos agroecológicos.

La sustentabilidad es un discurso complejo, el cual es instrumentado por instituciones y grupos sociales con diversos intereses y capacidades de organización (Douglas, Konefal y Maki, 2018). En este caso, el Mercado El 100 ha adoptado un discurso propio que se adapta a la heterogeneidad de los productores y a la diversidad de productos, por lo que su organización se ha vuelto más compleja.

Con el tiempo, las características de los productos no fue lo único que cambió en el Mercado El 100, sino también la toma de decisiones al interior de la organización. En un inicio las decisiones se tomaban por medio de acuerdos entre organizadores y productores. No obstante, la dificultad que implicó organizarse de esa forma condujo a que los organizadores cada día tomaran más control sobre las decisiones. Actualmente, en la organización se acentúan las relaciones más jerárquicas y verticales, ya que la gestión, propuestas de trabajo, certificación orgánica participativa, normas, reglas y sanciones, las establece directamente el comité organizador.

El marco institucional de la LGPO permeó en Mercado El 100, ya que los organizadores, en un determinado momento, decidieron ajustarse a las reglas generales de la producción orgánica nacional. Ante tal situación, los organizadores replantearon los requisitos que debían cumplir los productores y las reglas de la organización que debían modificarse.

Las modificaciones en las normas y formas de organización generaron mayores beneficios, en comparación con el conjunto de mercados alternativos que se organizan en la Ciudad de México. La coordinadora, Ana Calderón, destacó que la COP contribuyó, en primer lugar; a mejorar los procesos productivos para garantizar que los productos sean orgánicos y así conservar precios altos; en segundo lugar, aumentó el prestigio y la imagen del mercado, ya que la certificación permitió el reconocimiento nacional por la SADER-Senasica e internacional por la FAO y; en tercer lugar, profundizó el compromiso de los productores, para garantizar los procesos productivos orgánicos. Ana Calderón 4 accedan de manera más favorable al mercado global. Asimismo, crean redes de colaboración y aprendizaje que facilitan la instrumentación de certificaciones participativas, también llamadas sistemas de garantía participativa. comentó lo siguiente:

Se ha vuelto kilométrico, con los años hemos tenido que cambiar. Hace rato platicábamos lo de Chapingo; pues igual aquí, en un principio era un poco más colaborativa la toma de decisiones con los productores, pero con el tiempo nos hemos ido como cerrando un poco más […]. Por ejemplo, el proceso para la certificación, aunque desde un inicio se realizaban visitas, los productores no lo veían como algo obligatorio [...] así tal cual, para unos eran como “ahí cuando tenga tiempo los recibos”, “bueno vengan”, pero no tenían nada de documentación […] entonces, cuando decidimos cumplir con la Ley Orgánica y llevar a cabo la certificación participativa, tuvimos que ser mucho más estrictos. En el reglamento se estableció que los productores que no realizaran las adecuaciones o no entregaran la documentación, se les descansaría [se restringe por varios fines de semana la venta en el tianguis], y si después de eso, si siguen con los incumplimientos, a los productores se les dice: si en tantos días no has entregado ningún avance, ya para fuera. Entonces los productores empezaron a tomar en serio las visitas […] nos ayuda mucho cumplir con los requisitos [de la LGPO] porque los verifica SENASICA […] ahora hay más compromiso y trabajo por parte de nosotros y por parte de los productores.

Actualmente los nuevos integrantes son aceptados si cumplen con algunos requisitos que marca la LGPO, y posteriormente, a través de un plan de seguimiento, los productores y organizadores capacitados asesoran gratuitamente a los miembros de nuevo ingreso, para mejorar sus procesos de producción y así obtener la COP.

En el tianguis, los actores sociales con mayor poder son los que integran el Comité Organizador y el Comité de Inspección para la certificación. Estos miembros están capacitados por alguna institución (privada o pública), conocen a plenitud las reglas de la LGPO y organizan la inspección para acreditar la certificación participativa orgánica. De esta forma que los productores menos capacitados establecen relaciones de dependencia con los comités para mejorar sus prácticas productivas y administrativas.

El Comité Organizador se encarga de lo siguiente: a) elegir a productores que cumplen con algunos requisitos de la LGPO y que están dispuestos a pasar por un periodo de conversión para ser orgánicos; b) diseñar los planes de acompañamiento (de cada productor) para mejorar las prácticas productivas y administrativas; c) formar el comité de inspección para identificar si los productores cumplen o no con los requisitos para la certificación, d) coordinar al Comité de Inspección (fija los días de visitas y su logística); e) elaborar y gestionar la documentación requerida para la certificación; e) realizar los trámites para la certificación en la SADER-SENASICA; f ) elaborar y actualizar el reglamento de comportamiento y venta en el tianguis; g) presentar las propuestas de trabajo a corto y mediano plazo para el tianguis, por ejemplo, programación de talleres y eventos; h) coordinar los días de tianguis, mantener en buen estado el inmobiliario y administrar cuotas de recuperación.

El Comité de Inspección de la COP se conforma por productores capacitados y dos agrónomos que forman parte del Comité Organizador, y se encargan de: a) realizar visitas de inspección (cada seis meses o un año); b) identificar incumplimientos de la LGPO en unidades de producción (tanto técnicos como documentales); c) presentar recomendaciones a los productores para que modifiquen prácticas productivas o administrativas; c) verificar posteriormente el cumplimiento de las recomendaciones, y d) emitir un dictamen según los resultados de la inspección. El Comité de Inspección es fijo y es el único encargado de realizar dichas tareas.

Cada productor tiene que demostrar al Comité de Vigilancia que cumple con los requerimientos de los alimentos orgánicos. Para ello, se deben realizar distintas bitácoras de producción y almacenamiento. Estas bitácoras son requerimientos que los productores adoptaron para asegurar y comprobar que sus productos cumplen con las normas establecidas por la LGPO para los alimentos orgánicos. Ana Calderón destacó que la elaboración y los registros en bitácoras es la actividad en la que los productores requieren más ayuda del Comité de Inspección, ya que la mayoría de ellos nunca las habían puesto en práctica.

Algunos entrevistados reconocieron que, si hubieran intentado certificarse individualmente, habrían fracasado y perdido dinero, principalmente por el desconocimiento que existe de la organización de los documentos (bitácoras y formatos) para explicar la organización de procesos productivos. De igual manera, consideran que las recomendaciones y el seguimiento que lleva a cabo el Comité de Inspección permite crear compromisos para que no se abandone la meta de la certificación, ya que al incumplir son acreedores a sanciones o co- rren el riesgo de ser dados de baja del mercado. Fernando 5 4 Entrevista con la coordinadora del Mercado El 100 en las oficinas de la ONG LU’UM, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, 18 de febrero de 2020. comentó lo siguiente:

Estamos en eso. Cuando nos hicieron la revisión el año pasado el dictamen que nos dieron fue de operadores con incumplimientos menores a resolver en un año, justo es como nuestra curva de aprendizaje. Cuando enviaron a revisar nuestro taller, pues sí se encontraron con detallitos que teníamos que resolver para que nos puedan dar el dictamen de productores con certificación orgánica […] toda la revisión se hace en base a la Ley de Producción Orgánica, en el camino, pues la vas aprendiendo con compañeros y los organizadores […] la verdad el mercado nos ha apoyado mucho en esto, es un proceso en el que no estás familiarizado, si tienes duda te acercas, se nos dice te enseñamos como poder llevar tus bitácoras, o sea, tienen esta disposición de explicarte los requisitos y ayudarte a implementarlos, y es una ayuda porque de lo contrario sí sería muy difícil y costoso […] la certificación no tiene costo, y es una ventaja pues la mayoría de las empresas que certifican productos orgánicos cobran cantidades enormes […]

Las bitácoras que se organizan para el cultivo tienen que ver con el uso de semillas, fertilizantes, monitoreo de condiciones fisicoquímicas del cultivo, condiciones químicas del agua, productividad y condiciones medioambientales del almacén. Mientras que en las unidades de transformación existen bitácoras del origen, recepción y conservación de las materias primas, del producto en proceso y del producto terminado. El cuadro 1 muestra el tiempo límite que tiene un productor para modificar técnicas, sustancias o documentación necesaria para certificarse como productor orgánico. El Comité de Inspección clasifica y distingue por colores a los productores, con base en la LGPO, como: operador orgánico, operador con incumplimientos menores de nivel 1 y operador con incumplimientos menores de nivel 2, tal como se muestra en el cuadro 1.

CUADRO 1 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTORES CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LGPO

Operador orgánico cumple con la LGPO	Operador con incumplimientos menores a subsanar en un año o menos nivel 1	Operador con incumplimientos menores a subsanar en dos años o menos nivel 2

FUENTE: elaboración propia con base en la información del Mercado El 100 (2020).

Cabe señalar que el Comité de Inspección periódicamente vigila a los productores descritos como operadores orgánicos; es decir, el hecho de acreditar los requisitos para la certificación no significa que ésta sea permanente. En caso de que un productor incumpla los requisitos de la LGPO, el Comité de Inspección reclasifica su certificación como operador con incumplimientos menores nivel uno o dos. Por lo tanto, la inspección es un proceso continuo que da seguimiento a los procesos productivos y permite la renovación de las certificaciones orgánicas.

En el esquema 1 se muestra el proceso de organización de la certificación que realiza el Mercado El 100.

En este sentido, el Comité Organizador cumple con el papel de intermediario, gestor y el Comité de Inspección como vigilante y capacitador. El Comité Organizador facilita la coordinación y vigilancia de las funciones y actividades de la red en su conjunto, y los trámites legales para la COP. Por otro lado, los productores y especialistas del Comité de Inspección comparten sus conocimientos con productores menos capacitados, y constantemente los vigilan para que cumplan con la LGPO.

Para los productores que cuentan o están en proceso de adquirir la certificación participativa, ésta significó una transformación socioproductiva importante porque deben trabajar con mayor coordinación a través de normas y prácticas específicas. La cooperación entre productores y organizadores favoreció el aprendizaje colectivo, así como la modificación de prácticas productivas y administrativas a bajo costo. Alma 6 5 Entrevista con Fernando, transformador de café, realizada por vía telefónica el 12 de febrero de 2020. es una productora capacitada y forma parte del comité de la COP del mercado; constantemente comparte sus conocimientos como bióloga y asesora técnica para solucionar problemas en las unidades de producción, a fin de que los productores cumplan con los requerimientos de la certificación. En la entrevista, comentó lo siguiente:

Yo tengo experiencia en asesoría técnica, y tengo contacto con el tema de la certificación desde el 96. Yo empecé con IFOAM, con alemanes y con suizos, todas las certificaciones más exigentes […] y si, por ejemplo (cuando requieren de su ayuda otros productores) me dicen, no he podido combatir la plaga de hormigas, entonces, con mi experiencia, les digo: ¿ya probaste tierra de otro hormiguero?, y se quedan así, de ¡no!, y mira, les explicas, un hormiguero tiene una feromona especial, y si tú traes tierra de otro hormiguero y la revuelves, ellas dicen, no, esto ya no es mío y se van para otro lado. Entonces no estás contaminando […] tú le puedes recomendar eso en una zona rural […] porque en ocasiones si no hay un insecticida autorizado por las empresas certificadoras tienes que dar soluciones, no sólo decir que está mal, sino recomendarle, por eso es tan importante compartir lo que sabemos, sobre todo los que vamos a las inspecciones.

En este mercado sin duda existe una clara división del trabajo, y para los productores es una manera práctica de organizarse, ya que los comités les permiten concentrarse en sus unidades de producción y realizar las modificaciones necesarias para cumplir con los requisitos de la LGPO, así como también reducir considerablemente los costos de la certificación. Sara 7 6 Entrevista con Alma, trasformadora de chocolate de la región de la Chontalpa, Tabasco, en la cafetería Salto del Agua, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, 19 de febrero de 2020. mencionó:

Pues diría que se reparte la responsabilidad […] al final del día se vuelve supercómodo llegar y que alguien […] lleve la administración, la certificación, que realice los trámites con las instituciones, la alcaldía […] Hay otros ejemplos que conozco con una estructura horizontal, donde la responsabilidad es de todos los productores, es decir, todos tienen que colaborar y todos tiene que decidir y hacer, y eso implica mucho tiempo, va más allá de tu tiempo en las ventas […] Entonces, yo también tengo trabajo en la producción, y organizar todo esto implica trabajo de lunes a domingo, aunque sólo lo veas el domingo. Aquí pues entras y hay un reglamento […] y pues te permite deslindarte de la administración y dedicarle el tiempo necesario a tu área de producción, porque también implica mucho trabajo […] La certificación participativa aquí se vuelve un proceso de más acompañamiento, de cosas que necesitas mejorar, yo te apoyo, yo te acompaño, construyes una red de apoyo con los mismos productores […] que implica un costo menor si lo realizaras con una certificadora de tercera parte.

Es claro que en el Mercado El 100 predominan las relaciones asimétricas de poder en la toma de decisiones para la organización productiva y comercial, así como la dependencia para aprender y mejorar prácticas productivas o administrativas. Sin embargo, también se conforman relaciones horizontales entre productores, quienes se organizan de manera independiente para apoyarse mutuamente y complementar el aprendizaje adquirido dentro de la red jerárquica. Los productores establecen relaciones simétricas de poder, basadas en la cooperación y la reciprocidad. Éstos a través de talleres o por favores mutuos comparten experiencias, conocimientos e identifican fallas en los procesos productivos o en la documentación, lo que permite mejorar los resultados en las visitas del Comité de Inspección.

De tal forma, la organización socioeconómica del Mercado El 100 se conforma por relaciones de dependencia, cooperación y reciprocidad. Es un espacio social dinámico y flexible, en donde productores y organizadores tienen la facultad de enseñar, aprender y retroalimentarse constantemente. Por lo tanto, estas relaciones son un instrumento mediador para que los productores progresivamente adquieran mayor conocimiento y control de sus procesos productivos.

De acuerdo con Ana Calderón, la meta de la organización es mejorar las capacidades de los productores para que cada día dependan menos de la misma para realizar trámites tales como la renovación de la certificación, así como la comercialización de sus productos. Los organizadores del mercado esperan que los productores sean cada vez más competentes y aceptados en cualquier punto de venta de alimentos orgánicos en un futuro.

Esta meta todavía no se ha cumplido como lo planean los organizadores, sin embargo, los productores sí han logrado ampliar sus ventas. Por ejemplo, el señor Silvestre 8 7 Entrevista con Sara, productora de flores, hierbas y productos de la milpa en el Mercado El 100, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, 1 de marzo de 2020. surte a diversos restaurantes gourmet de la Ciudad de México y logró hacerlo porque estos clientes confían en la evaluación y verificación que hace el Mercado El 100, y sobre todo cumple con los requerimientos que establece la LGPO.

En este sentido, la dependencia y cooperación que existe en el Mercado El 100 para aprender, corregir y certificar prácticas productivas es de gran utilidad, ya que no sólo reduce los costos de certificación, sino también permite que los productores se interconecten con otros espacios económicos como restaurantes, hoteles u otras organizaciones; lo que amplía sus posibilidades para insertarse directamente con otros mercados.

LA PROXIMIDAD TERRITORIAL: LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN, UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA

La proximidad geográfica entre las unidades productivas en la Ciudad de México permitió la consolidación de una red multiproductiva con relaciones comerciales continuas en el Mercado El 100. Este entorno económico fortalece los vínculos mercantiles y las economías locales de áreas periurbanas de la Ciudad de México y de localidades rurales más distantes. 9 8 Entrevista a la familia Barrera en la unidad productiva, en San Luis Tlaxiatemalco, alcaldía Xochimilco, CDMX, 21 de febrero de 2020.

La cercanía física de los productores fue un factor fundamental para sus ventas, ya que en las ciudades se localiza gran parte de los consumidores que demandan alimentos orgánicos. Por lo tanto, los productores del Mercado El 100 aprovecharon esta ventaja para evitar intermediarios y obtener mayores ganancias. Sin embargo, las relaciones sociales que establecen en el mercado también favorecen la conformación de otro tipo de proximidades.

La proximidad organizacional (Boschma, 2005) se traduce en la coordinación de organizadores y productores del Mercado El 100 para tomar decisiones, transferir conocimiento, intercambiar información y establecer/adoptar arreglos institucionales. La proximidad cognitiva se construye constantemente por el conjunto de conocimientos e información difundida entre productores y organizadores-productores. Los conocimientos e información que se difunden en la red se obtienen de múltiples redes sociales externas al mercado, pero que comparten un lenguaje, conocimientos, experiencias e intereses similares. Desde la apertura del mercado, cada organizador y productor contaba con una base propia de conocimientos que implica experiencias, saber-hacer, valores y normas, los cuales sirvieron como marco de referencia común para compartir e incluir otros conocimientos. En este sentido, la red social del Mercado El 100 se nutre de los vínculos débiles que aportan conocimiento nuevo y posibilita la creación de espacios de innovación social, organizacional y productiva (Ostrom y Ahn, 2003; Herreros, 2002; Granovetter, 2000). De tal forma, la proximidad cognitiva del mercado se integra de conocimientos específicos pero heterogéneos, y son útiles para mejorar técnicas de producción, administración y para obtener la certificación.

Por otra parte, la proximidad cognitiva que existe entre productores se asocia con la proximidad social, ya que ésta se basa en relaciones horizontales de confianza con normas y hábitos cotidianos. Las relaciones de amistad y compañerismo sirven para afianzar favores y compartir conocimiento ya sea tácito o científico, el cual es útil para mejorar procesos productivos y evitar errores en las inspecciones del Comité de Certificación.

Es importante señalar que la confianza entre los productores no se basa en actos generosos o desinteresados, sino en obligaciones de reciprocidad, misma que forma parte de las normas sociales de comportamiento inculcadas. Con base en Herreros (2002) observamos que la confianza generada entre los productores está a prueba constantemente, es decir, se puede perder si algunos de ellos no actúan recíprocamente dentro de la red. Sin embargo, aunque están en la obligación social de compartir conocimientos con otros, también se observó que los productores seleccionan los conocimientos que quieren difundir, ya que cada productor se reserva información según sus intereses.

Por último, la proximidad institucional que identificamos en el Mercado El 100 se basa en la interrelación entre el marco institucional de la LGPO y las instituciones ancladas que conforman la proximidad social. La proximidad institucional del Mercado El 100 se asocia con la proximidad cognitiva y social, porque se institucionaliza la confianza y las obligaciones de reciprocidad para la difusión del conocimiento (productivos, administrativos y comerciales). Por lo tanto, las prácticas informales como normas, hábitos y valores son útiles para mejorar prácticas de producción orgánica y cumplir con la LGPO. Esta proximidad es una especie de pegamento que proporciona coherencia a la acción colectiva y en términos económicos reduce la incertidumbre, el oportunismo y los costos de transacción (Boschma, 2005; Rosales, 2012). En este sentido, el Mercado El 100 está anclado en las prácticas sociales de los productores y desanclado al adaptar las reglas y normas definidas por la LGPO, que a su vez operacionaliza una visión global de sustentabilidad. Esto favorece la capacidad de adaptación de un mercado alternativo, dentro de las transformaciones agroalimentarias promovidas por capitalismo global (Rosales, 2012).

CONCLUSIONES

Las aportaciones de Karl Polanyi permiten explicar que los mercados se construyen y se organizan territorialmente (anclaje/embededness), y a su vez tienen la capacidad de vincularse a un conjunto de normas generales definidas en la economía global.

El análisis de la organización y funcionamiento del Mercado El 100, muestra que a través de las redes socioeconómicas se integran y establecen arreglos institucionales. Asimismo, las redes se inscriben en el campo del poder, el cual responde a los intereses y motivaciones de los actores sociales (Raffestin, 2011). En este sentido, mostramos que los mercados se construyen en un entorno específico, pero que frecuentemente están ajustándose en un contexto multiescalar, para mantenerse dentro de la lógica capitalista global.

Los tianguis alternativos son sin duda una expresión de cómo los mercados se ajustan a la lógica capitalista con características específicas. El Mercado El 100 se encuentra integrado a la lógica global de producción y comercialización de alimentos a través de arreglos institucionales mundiales que se expresan en la LGPO, los cuales se reproducen en las reglas y principios de la organización. Esto permite que los productores agrícolas y transformadores permanezcan y compitan desde la lógica capitalista, sin perder su especificidad productiva y organizacional.

La conjunción de la certificación orgánica participativa y los circuitos cortos de comercialización, son elementos que diferencían al Mercado El 100, del resto de los tianguis alternativos de la Ciudad de México. Las relaciones horizontales y verticales establecen tareas, obligaciones y responsabilidades que reducen costos de transacción y oportunismo de los miembros, al mismo tiempo que se comparte conocimiento e información que favorecen el cumplimiento de la LGPO.

Los vínculos que la ONG LU’UM establece con la SADER y el SENASICA para acreditar la certificación participativa, permiten mejorar, regular y vigilar la producción orgánica. De igual forma, la instrumentación de las recomendaciones mundiales sobre la eliminación de intermediarios en la comercialización de alimentos mediante la organización de los CCC y la adopción de la LGPO conformó un espacio de aprendizaje y capacitación continua, en donde los productores adquieren mayores beneficios económicos.

BIBLIOGRAFÍA

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* Maestra en Estudios Regionales por el Instituto José María Luis Mora. Correo electrónico: <almavillanueva027@gmail.com>. ** Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Correo electrónico: <rro@xanum.uam.mx>. MAPA 1 ORIGEN DE LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO EL 100

E O

Autor: Alma Edid Cruz Villanueva. FUENTE: elaboración propia con base en datos del Mercado El 100 y Marco Geoestadístico Nacional INEGI-UTM.

ESQUEMA 1 PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA PARTICIPATIVA DEL MERCADO EL 100

<_00_FALSA>Solicitud de ingreso y llenado de formatos

<_00_FALSA>Dictaminación de acuerdo con lineamientos (compañeros productores + coordinación)

<_00_FALSA>Certificado Órganico

<_00_FALSA>Aceptado

<_00_FALSA>Visita del Comité de Inspección y redacción de informe (productor + consumidor + coordinación)

<_00_FALSA>Operador con inclumplimiento menor a subsanar en un año o menos

<_00_FALSA>Operador con inclumplimiento menor a subsanar en dos años o menos

FUENTE: Mercado El 100 (2020).

AGRICULTURA URBANA Y PRODUCCIÓN LOCAL DE ALIMENTOS. HUERTOS COMUNITARIOS EN LA PERIFERIA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Silvia Iveth Moreno Gaytán*

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, alrededor de 55% de la población mundial tiene una marcada preferencia por habitar en ciudades. En México, se estima que para 2030 el 90% de la población vivirá en zonas urbanas. Las ciudades son los centros de actividad económica y representan más de 70% de las emisiones globales (Patraca, 2021). Estos datos reflejan la necesidad de energía externa para el funcionamiento de las ciudades, así como la cantidad de alimentos que se requiere producir para satisfacer los niveles nutricionales de la población urbana (Chávez, 2007). Ambos aspectos representan una problemática con respecto a la demanda de alimentos frescos, de valor nutricional e inocuos que no sólo ocurre en las áreas urbanas sino también se presenta como una necesidad y un derecho humano difícil de garantizar ante el inminente cambio climático (CNDH, 2021).

El tema alimentario enfrenta grandes retos en toda la cadena productiva, desde la calidad del suelo en donde se cultiva, pasando por los centros de distribución, hasta llegar al consumidor final y las diversas dificultades que cada individuo afronta en la relación nutrición-alimentación, por ejemplo, con la absorción de micronutrientes (Urquía-Fernández, 2014). Esta temática hace evidente las complejas relaciones que se mantienen entre campo y ciudad. En el imaginario colectivo urbano existe la idea de que los alimentos provienen del campo, a pesar de que dicha tendencia se ha transformado junto con el espacio rural y la pluriactividad que en él coexiste (Delgado y Ruiz, 2008). El sentido de la vinculación supone también que la energía y los alimentos requeridos por la población de la ciudad para operar se originan en el medio rural (Delgado, 2015). Sin embargo, las dinámicas del espacio rural han sido trastocadas, lo que en los últimos 20 años transformó la visión bucólica acerca de dicho espacio.

En este siglo, la relación entre lo rural y lo urbano experimentó diferentes transformaciones en el imaginario colectivo de cada espacio y de las actividades que se realizan en ellos. Dicha situación no sólo afectó las formas de vida en el medio rural, sino también las que se desarrollaban en el espacio urbano. Las crisis padecidas a escala mundial son, en buena medida, las responsables de dicha transformación pues por un sentido de necesidad básica la población de las ciudades introdujo prácticas que se pensaban y fijaban en el medio rural, tales como la agricultura y la producción de ganado menor para la alimentación diaria (Canabal, 2001). Desde luego, dichos fenómenos se traducen en un cambio constante en la forma de vinculación entre los espacios rurales y los urbanos.

El capítulo tiene por objetivo analizar los procesos y estrategias que se construyen y consolidan en áreas populares en el oriente de la Ciudad de México; procesos y estrategias que impactan en la autosuficiencia alimentaria, la construcción de comunidad en áreas populares y acciones micro para mitigar los efectos del cambio climático. Además, se analiza cómo en espacios urbanos populares existen prácticas innovadoras y emancipadoras respondiendo así al deterioro social expresado en la malnutrición y la marginación. De igual manera, se cuestiona el imaginario de que en los sectores populares no hay labores para mejorar el entorno y el espacio urbano, por ello se describen las acciones colectivas en busca de la soberanía alimentaria y la construcción de comunidad cuyo objetivo primordial es la mejora en la calidad de vida de los participantes. Estas acciones en barrios periféricos —llamados también populares— experimentan políticas públicas en las que las consideraciones ambientales y sociales se categorizan por encima de los aspectos económicos del sistema alimentario que son sostenidas por las necesidades y consensos colectivos por el uso del espacio. La argumentación parte de una panorámica general sobre la agricultura urbana, poniendo énfasis en su consolidación en el contexto mexicano. Posteriormente, se muestra la forma en que se obtuvo la información dentro de una viñeta de metodología. Dentro de la investigación se presentan los diferentes huertos comunitarios en el oriente de la Ciudad México para contextualizar el territorio donde están localizados y comprender quién o quiénes gestionaron su instalación, cuáles son los alimentos que producen, los motivos y los logros obtenidos con la implementación en cada uno de los huertos comunitarios, así como las diversas problemáticas que enfrentan. En el cierre de capítulo se trazan los puentes entre huertos comunitarios y la autosuficiencia alimentaria para las ciudades. Finalmente, se presentan las conclusiones.

EL CONTEXTO DE LA AGRICULTURA URBANA CONTEMPORÁNEA

Desde inicios del siglo XXI, la agricultura urbana ha ido en aumento y fue convirtiéndose en una práctica cada vez más frecuente en distintas latitudes del planeta, tanto en países desarrollados como en aquellos denominados en vías de desarrollo (Hoza y Delbridge, 2020). Los habitantes de las ciudades mexicanas no han sido ajenos a tal fenómeno y han implementado diversos proyectos de agricultura urbana (Rovelo, 2020). La reciente crisis de salud derivada de la pandemia de Covid-19 puso al descubierto la urgente necesidad de mejorar la alimentación de la población a escala nacional; destapó las disparidades que enfrentan los pobladores de las grandes áreas urbanas al no disponer de alimentos frescos, en contraposición a lo que ocurre en regiones de ciudades pequeñas y áreas rurales donde la población pudo retornar a la siembra de autoconsumo (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2020). Si bien antes de la pandemia de Covid-19 ya existían diversos proyectos de agricultura urbana con iniciativas en distintos niveles educativos, que van desde el preescolar hasta el universitario, así como acciones impulsadas desde las esferas gubernamentales, la práctica de la agricultura urbana había sido poco visibilizada como estrategia para mitigar el cambio climático y como herramienta para mejorar la alimentación de la población urbana.

El impulso a la agricultura urbana y las redes en torno a ésta se incrementaron y reforzaron con la pandemia de SARS-CoV-2. En esa trama, creció también la conciencia por alimentarse con mayor cantidad de verduras y frutas frescas para prevenir un padecimiento grave de Covid-19 (Secretaría de Salud, 2020). Previo a este impulso, la promoción de la agricultura urbana surgió en el contexto nacional de implementación de políticas públicas con impacto en la vida cotidiana de la población al momento de decidir cómo y con qué alimentarse. Estas políticas públicas buscan combatir la pandemia nacional de obesidad y distintos padecimientos de salud relacionados directamente con la forma en la que se cultivan y producen los alimentos, entre otros aspectos (Hernández, 2006). Estas preocupaciones no son exclusivas de México, pues a escala internacional se atienden esos fenómenos. Como parte de la agenda 2030 han sido retomados seis de los 17 objetivos: 2) Hambre cero, 3) Salud y bienestar, 11) Ciudades y comunidades sostenibles, 12) Producción y consumo responsable y 13) Acción por el clima (ONU, 2015). Cabe aclarar que los objetivos de la agenda 2030 no derivan directamente de la conciencia de los representantes institucionales y gubernamentales de las naciones, más bien son el resultado de las acciones implementadas a partir de las exigencias y la presión que ejercen fundaciones y organizaciones que enarbolan demandas por derechos y compromisos que tengan impacto en el bienestar de la población mundial y del medio ambiente. En ese sentido, hay organizaciones que retoman demandas como el derecho a la alimentación y la defensa de los sistemas alimentarios a través de mecanismos organizados a escala internacional (Massey, 2016). Por ejemplo, en la COP26 hubo una actualización de acuerdos para fijar límites jurídicamente vinculantes a las emisiones de gases de efecto invernadero (ONU, Organización de las Naciones Unidas, 2021). Sin embargo, representantes de empresas, fundaciones, grupos de la sociedad civil y ONG’s mundiales señalan que éstos son insuficientes y escuetos si se pretenden alcanzar logros significativos capaces de ayudar a disminuir en 1.5° la temperatura del planeta. En esta dirección, México se comprometió con algunos de los objetivos 2030 y en la COP26 se adhirió a la declaración sobre bosques y uso de tierra; asimismo, signó su compromiso para reducir tanto la emisión de metano como la de CO2.

Algunos de los objetivos de la agenda 2030 han obligado a generar políticas públicas demandadas por las comunidades con la intención de incidir en niveles locales en los sistemas alimentarios de las ciudades. El énfasis estriba en las iniciativas que desde lo local combinan acciones para mitigar el cambio climático en las urbes y que al mismo tiempo proponen estrategias alimentarias de los habitantes urbanos de las zonas populares.

Las ciudades son el ejemplo vivo de cómo se ha creado un sistema alimentario desigual en el que existe disponibilidad alimentaria suficiente, pero que es inaccesible para ciertos grupos de personas que no cuentan con los ingresos suficientes para lograr alimentarse adecuada e idóneamente. La planificación urbana para cerrar el siglo XX se concentró en la industrialización y la urbanización (Soja, 2008), pero dejó de lado los asuntos relacionados con el medio ambiente y la alimentación, bajo la suposición de que la relación campo-ciudad seguiría estática. En contraste, en la actualidad los habitantes urbanos necesitan de más activos para lograr alimentarse de forma suficiente y con calidad (Harvey, 2013). Estos activos fueron detonados por los momentos de crisis recientes en los que los habitantes de las urbes y áreas urbanas experimentan un retorno a lo local ante el cierre de fronteras y el rompimiento de cadenas de suministro. Sin embargo, es necesario señalar que también existe una necesidad de construir relaciones de proximidad y reciprocidad antes desconocidas para la ciudad y sus habitantes.

Soja argumenta que las crisis urbanas han contribuido al desarrollo de las escuelas de estudios urbanos, además señala que las investigaciones de Castells y Harvey han reconceptualizado los espacios urbanos “posmetropolitanos” presentes en los debates del urbanismo del siglo XXI. Ambos aspectos implican el repensar del espacio en la ciudad (Soja, 2008). Este rehacer del espacio se lleva a cabo a partir de la relación entre los habitantes, es decir, entre los constructores de inmobiliarias, aquellos que toman las decisiones políticas, sociales y económicas y quienes poseen y ejercen diversas formas de poder (Harvey, 2013).

Las transformaciones espaciales del siglo XXI han derivado en cambios que reconfiguran el territorio urbano, en gran medida enmarcados dentro de las acciones que llevan a cabo los agentes señalados por Harvey. Las resistencias a la expansión de esos procesos se han forjado a través de las intervenciones de los habitantes a nivel local y comunitario. La defensa del territorio y los recursos locales, además de la buena alimentación y la mejora del medio ambiente, se convirtieron no sólo en reivindicaciones sociales sino también en componentes analíticos para repensar la forma en que se construyen y habitan los espacios urbanos.

AGRICULTURA URBANA EN MÉXICO

En el supuesto convencional, la agricultura está relacionada con la ruralidad y lo urbano va definiéndose en oposición a las actividades primarias. Dicha tendencia a pensar el espacio urbano desde una oposición y polarización a lo rural ha perdido nitidez. La evidencia empírica encontrada y examinada en México demuestra que di- cha reducción no es suficiente para comprender el fenómeno actual de la interacción entre la ruralidad y lo urbano. El retrato de las áreas populares del oriente de Ciudad de México se empeña en mostrar la prevalencia de elementos rurales en la configuración urbana de los denominados puntos de encuentro de lo urbano con lo rural, también llamados agricultura urbana.

La agricultura urbana en México se ha supuesto al mismo tiempo del nacimiento y expansión de las más grandes ciudades. En el centro del país, la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas y extensas en el mundo, creció atrapando núcleos agrarios donde era común encontrar agricultura y ganadería, prácticas que fueron perdiéndose ante la expansión y consolidación de la ciudad y los servicios urbanos. Pese a ello, hasta el día de hoy en la Ciudad de México pueden encontrarse diferentes prácticas agrícolas que reconectan al ser urbano con la “naturaleza” y con una suficiencia alimentaria que constituye un cambio de expresión, quebrando así la relación de agricultura y ruralidad e integrando la actividad agrícola al quehacer urbano (Méndez, Ramírez y Alzate, 2005).

La caracterización de la agricultura urbana varía por ciudad. Su génesis se vincula con los tipos de residentes y por la disposición de recursos culturales y económicos del área donde se instala. En ese sentido, tiene una amplia gama de definiciones, mismas que van desde la producción a pequeña escala de alimentos de origen vegetal y animal en áreas intraurbanas, hasta aquellas que incluyen prácticas para producir hortalizas y alimentos frescos en instalaciones de edificios inteligentes y muros verdes (FAO, 2016).

En algunos casos, la agricultura urbana es diseñada en aras de la producción de alimentos a pequeña escala; además, en las zonas en las que los vecinos reconocen un origen rural, la instalación de huertos se lleva a cabo con la finalidad de fortalecer lazos comunitarios y obtener alimentos. Dichos aspectos generan una reconfiguración de los espacios urbanos en los cuales la producción de alimentos frescos está presente con el objetivo de construir suficiencia alimentaría. Este tipo de iniciativas es más frecuente en áreas urbanas, donde los habitantes pueden interferir en la configuración de los espacios, ya sea a través de un movimiento de resistencia an- te el despojo de un lugar o por la recuperación de espacios públicos considerados comunes, generalmente menos atendidos por parte de los gobiernos locales.

El reciente apogeo de la agricultura urbana en diversas ciudades mexicanas se conecta con movimientos internacionales y nacionales para construir soberanía alimentaria. En el contexto nacional, esta actividad crece buscando generar un sistema alimentario que concientice a la población sobre lo que está comiendo (Sangines, 2020). A escala local, se desarrolla a base de incentivar la producción de alimentos, la promoción de la agroecología y la recuperación de la cocina tradicional fincada en las especies endémicas y locales. Es- to se ve reflejado en la propagación de mercados alternativos en diversas ciudades del país que abastecen la demanda de productos conectados por circuitos de proximidad geográfica, cultural y derivados de la agricultura periurbana (Del Valle-Rivera y Tolentino-Martínez, 2017).

En Ciudad de México existen planes y programas vinculados con políticas nacionales para incentivar iniciativas que impulsen la soberanía alimentaria. También hay pactos firmados desde el gobierno federal y local que pretenden garantizar el derecho a la alimentación y acciones que mitiguen el cambio climático (cuadro 1). Desde un marco de incidencia global, la sociedad influye en la revisión de cómo se gestiona la alimentación a escala internacional. En ese sentido, diferentes actores sociales buscan crear marcos normativos de supervisión para las regiones y comprometer a los países con el derecho a la alimentación. En el marco de incidencia nacional, las demandas y las exigencias logran vincularse a programas, acuerdos y leyes para que una nación adquiera compromisos y responsabilidades que tengan impactos positivos en sus territorios. Mientras tanto, el marco de incidencia local genera incentivos de mejora del sistema agroalimentario mediante la promoción de mejores prácticas para la salud y el ambiente que permitan la coexistencia entre ciudad, agricultura urbana y periurbana (cuadro 2). Los marcos están estrechamente vinculados a las acciones que la sociedad impulsa desde el ámbito local y comunitario; son acciones intersectadas en los sectores populares por un reconocimiento de origen rural. Desde la geografía urbana, varios autores señalan que en el nivel local es urgente promover una reapropiación urbana “desde abajo” que involucre a los ciudadanos (Janoschka, 2011).

En el cuadro 1 se leen los marcos de incidencia que recaen sobre la alimentación y el impulso a la agricultura urbana con acciones que van desde un marco global hasta lo local. Conviene señalar que estos discursos se yuxtaponen de manera reivindicativa de lo local como lugar 1 1 El lugar se reconoce como físico, al mismo tiempo que es producto de los modos en que el ser humano lo organiza; refleja y acumula las huellas de las distintas generaciones que lo han habitado y transformado: es un legado histórico y emotivo. El lugar se problematiza y se considera como un ensamble especial con historia y significado; es parte de las experiencias de la gente y sólo puede ser desentrañado a partir de la comprensión de los sentidos que se le atribuyen (Tuan, 2007). y así se establecen las mayores resonancias y conexiones entre las organizaciones sociales y los pactos internacionales. Esos marcos de referencia firmados por el Estado mexicano confirman las funciones que cumple la agricultura urbana (Moreno y Jiménez, 2020) en su vinculación con la alimentación y con el medio ambiente. No obstante, un aspecto pendiente es el ámbito económico porque la agricultura urbana en las modalidades de huertos comunitarios no ha logrado generar ingresos económicos a las familias que participan, ni tampoco fuentes de empleo como en otras ciudades latinoamericanas como La Habana (Cuba) o El Rosario (Argentina) (Canabal, 2001). Sin embargo, contribuye a mejorar la alimentación creando un vínculo directo con la salud de los individuos, así como una educación ambiental y en la implementación de prácticas agroecológicas para mitigar el cambio climático. Desde esta perspectiva, las fuentes consultadas y los referentes empíricos ayudan a identificar los tipos y las diversas funciones de la agricultura urbana (cuadro 2).

METODOLOGÍA

Este capítulo es fruto de una investigación sobre las dinámicas socioterritoriales y las redes en las configuraciones actuales de los sistemas agroalimentarios de agricultura urbana y periurbana en la región Centro de México. Por ello, se muestran iniciativas concretas de huertos comunitarios pensados como estrategias urbanas de alimentación en colonias populares de una de las zonas metropolitanas más pobladas del mundo (Moreno, 2020). La obtención de datos se realizó mediante un camino cualitativo con entrevistas a informantes clave, observación participante y recorridos de campo en diferentes huertos comunitarios para comprender el origen, la organización del espacio productivo de alimentos y cuáles son las contribuciones hacia los vecinos. En conjunto, dichos elementos sirvieron para hacer una tipología de los huertos comunitarios con las siguientes características:

1) Por necesidad económica. Deriva de una estrategia para incursionar en la práctica agropecuaria, asumida como alternativa de acceso a alimentos básicos. 2) Absorción urbana del entorno rural. Debido al crecimiento desmedido, irregular y no planificado de la ciudad, zonas tradicionalmente agrícolas y rurales resultaron insertas en entramados urbanos. 3) Acción institucional externa. Por capacitación a comunidades para poner en marcha la práctica de la agricultura urbana desde entidades gubernamentales estatales para brindar alimentos a poblaciones vulnerables. 4) Acción institucional interna. Organizaciones vecinales, colectivas e instituciones de diversa índole que encuentran en la agricultura urbana un medio para el cumplimiento de objetivos comunes. 5) Aprovechamiento de recursos disponibles. Se aprovechan las condiciones urbanas de disponibilidad para el montaje de prácticas agrícolas y pecuarias. En este caso, la decisión de cultivar especies vegetales de ciclo corto atiende a una visión utilitarista de uso del espacio. 6) Expresión de antecedentes rurales. Personas que por distintas circunstancias han tenido que migrar del campo a la ciudad, son portadoras de un rico acervo cultural, tecnológico agrícola y rural (Méndez, Ramírez y Alzate, 2005).

Las entrevistas se dividieron en tres categorías: a) en primera instancia con servidoras públicas de campo que operan el programa de la Unidad de Planeación Participativa, de la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana, para identificar las colonias en donde están los huertos de reciente creación; b) a informantes clave y líderes comunitarios que gestionan los huertos, tanto de reciente creación como aquellos que llevan más de un quinquenio y, por último, c) a servidoras públicas vinculadas de la Dirección de Desarrollo Sustentable de la alcaldía de Iztapalapa, en categoría de toma de decisiones.

Los huertos comunitarios se georrefenciaron para localizar y contextualizar el espacio urbano. Los recorridos de campo para la georreferencia de los huertos se hicieron con los líderes de cada huerto que contribuyeron a la explicación de la génesis del proyecto, las motivaciones, problemáticas y metas a corto plazo. Esto resulta importante para generar criterios de usos de los huertos y responder preguntas respecto a las contribuciones que éstos pueden dar en alimentación, salud y medio ambiente.

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La propagación de huertos comunitarios, no sólo en el oriente de la Ciudad sino en varias ciudades del mundo, tiene un nuevo auge fuertemente influido por estrategias de sobrevivencia de las sociedades a partir de la crisis económica de 2008-2009 (Hoza y Delbridge, 2020). Aunque a escala mundial el resurgir cíclico de estas formas de producción a pequeña escala se relacionan directamente con conflictos bélicos, crisis económicas, enfermedades y desastres naturales, la forma que toma para el transcurso del siglo XXI gira en torno a una vertiente más comunitaria, en proyectos de subsistencia y en su interés por mejorar la alimentación de manera colectiva (Fernández de Casadevante y Nerea Morán, 2012).

Las motivaciones que llevan a la población a participar en los huertos comunitarios son variadas. Algunos participantes lo hacen para enfrentar padecimientos de salud relacionados con la alimentación, otros tienen origen rural y un fuerte apego a la agricultura. En otros casos, la participación se debe a los nuevos procesos que la constitución local reconoce sobre los derechos de los pueblos originarios donde existió agricultura y chinampa. En este sentido, los huertos comunitarios urbanos representan puntos de encuentro y unión entre lo rural y lo urbano en los que la población local genera una serie de resistencias que contribuyen a repensar la concepción de lo local y lo urbano. Además, los huertos comunitarios son también espacios de aprendizaje, de intercambio, de construcción de comunidad, de preservación de recursos; espacios en los que se aprende a cambiar la forma de alimentarse e incluso de construir vivienda. Los territorios donde se localizan los huertos comunitarios son parte de las áreas hacia donde creció la Ciudad de México entre 1970 y 1980, colonias populares que se consolidaron en lo que antes fueron ejidos (mapa 1).

HUERTOS COMUNITARIOS

HUERTO ACATITLÁN

Este huerto comunitario derivó del programa de presupuesto participativo que impulsó el colectivo Raíces de Oriente en un espacio público de la colonia Ermita Zaragoza. Antes de su instalación, el espacio en el que se encuentra era un jardín que se mantenía por un grupo de vecinos que posteriormente constituyó el Club de Cultivo Centli. A partir de entonces, los participantes brindaron talleres de manejo del huerto urbano a más vecinos, logrando incubar otros huertos urbanos comunitarios. El huerto Acatitlán produce hortalizas y composta para la población, aunque la producción todavía no es capaz de abastecer de alimentos suficientes a las familias que ahí participan. Los logros, según lo relatado por tres integrantes del huerto, pueden verse en los aprendizajes sobre su manejo, en el involucramiento de las familias con una participación entusiasta de la comunidad infantil. Además, señalan que van obteniendo conocimiento acerca de las cualidades de cada planta, aprenden a comer mejor al incluir más verduras en su dieta y, por último, tienen actividad física que les ayuda a combatir el sedentarismo. Al existir dos grupos de vecinos que realizan las actividades en el huerto se han generado divisiones en la administración. Por un lado, Raíces de Oriente impulsa acciones con el fin de obtener financiamiento público para la infraestructura. Sin embargo, no siempre las acciones impulsadas logran consensuarse con el otro grupo de vecinos para tener un mayor involucramiento. Aunque no cuenta con un sistema de riego, el huerto no tiene problemas con el acceso al agua. Es importante señalar que el deterioro del huerto será próximo si se deja de recibir financiamiento público y si los involucrados no logran acordar acciones comunes para el mantenimiento e impulso de éste.

MALINALLI

Este huerto comunitario es “hijo” del Club de Cultivo Centli, partícipe del huerto comunitario Acatitlán. Se localiza en la colonia Lomas de Altavista, en el municipio mexiquense de Los Reyes Acaquilpan. Si bien tiene dos años funcionando, utiliza un predio público que pertenece al ayuntamiento, en el que años antes hubo un huerto urbano operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia municipal (DIF) que fue abandonado. El terreno ha sido transformado para la producción de alimentos frescos y como espacio de educación ambiental. Antes, el espacio era una barranca que fue rellenada con suelo de desperdicio de construcción. El huerto tiene capacidad para almacenar agua, cisternas pensadas para la producción de truchas —instaladas durante el tiempo que estuvo a cargo del DIF—, pero no posee sistema de riego; tiene ocho camas de cultivo entre hierbas aromáticas y hortalizas; dos camas de cultivo para nopal y diversos árboles frutales. Además, cuenta con un hotel de insectos, dos composteras y un baño seco, un fogón, área de germinado y todavía tiene espacio disponible para implementar acciones que benefician la producción de alimentos. Cuando el proyecto inició participaban alrededor de 25 personas, sin embargo, de- bido a las afectaciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19, las complicaciones laborales y de disponibilidad de tiempo, el número de participantes ha disminuido. Los logros giran alrededor de la recuperación del suelo para producir hortalizas, hecho que bien puede evaluarse como un éxito, sobre todo si se considera el origen del relleno de la barranca. Asimismo, existe una integración de niñas y niños en las diferentes actividades del huerto y es destacable que, pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia, las actividades productivas no se detuvieron.

HUERTO DE EJIDOS DE SANTA MARÍA AZTAHUACAN

El huerto es derivado del trabajo conjunto de la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana, la Unidad de Planeación Participativa y la Dirección Territorial Aztahuacan; surgió a raíz de un diagnóstico comunitario realizado en la Plaza Valentín Campa en el año 2019. Durante el taller llevado a cabo por el personal de la alcaldía, los vecinos comentaban que el mayor problema es la escasez de agua y la mala calidad de la poca que reciben; asimismo, la colonia tiene problemas debido a las grietas geológicas, hay pocas áreas verdes y carencia de árboles. A partir de dicha problemática, las vecinas que contaban con experiencia en huertos comunitarios plantearon instalar uno, complementándolo con la siembra de árboles. Las y los vecinos propusieron el sitio “idóneo” para instalar el huerto: un espacio público abandonado, es decir, un punto considerado como “rojo” por el alto índice delictivo. De hecho, los vecinos relatan que en ese lugar encontraron un cadáver con aproximadamente dos años de antigüedad. La instalación de las cinco camas de cultivo, plántulas y los árboles frutales se logró con la intervención de la Unidad Departamental de Prevención de Impacto Ambiental de la Alcaldía y los vecinos contribuyeron con malla sombra de costales. A decir de los participantes, la propia instalación del huerto es un logro en sí mismo, aunque la producción alimentaria aún es raquítica y no cuentan con captación de agua ni sistema de riego, que tendrá que impulsarse para que no se abandonen las actividades. Alrededor de este joven huerto, la alcaldía recupera espacios comunes y el gobierno de la Ciudad de México impulsa una sede de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). Por considerarse un huerto joven, el futuro del proyecto es incierto, aunque la población sigue participando y valorando los recursos para la alimentación de sus familias. Hasta el momento el huerto produce zanahorias, lechuga, acelga, maíz, jitomate, tomate, cebolla, rábanos y plantas medicinales como lavanda y manzanilla. No obstante, desde el punto de vista de los participantes, el mayor triunfo es la satisfacción personal y colectiva de que en la propia ciudad exista un proyecto de esta índole, a pesar de las múltiples dificultades que enfrentan.

LA COLMENA

El huerto comunitario de la colonia La Colmena se instaló en el jardín comunitario La Fuente, que sumó a la infancia, adultos jóvenes y personas de la tercera edad, además de algunos integrantes del Club de Cultivo Centli. El huerto es parte de las acciones derivadas de los talleres de la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana, la Unidad de Planeación Participativa y la Dirección Territorial Acatitla Zaragoza. Si bien el establecimiento del huerto urbano derivó del diagnóstico comunitario por parte de la alcaldía, la construcción, gestión y actividades desarrolladas tienen poca vinculación con la administración gubernamental. En el huerto comunitario participan alrededor de 15 personas, aunque cuando se imparten talleres sobre su manejo se adhieren más vecinos de la comunidad. Ante la desconfianza hacia las autoridades de la alcaldía, que en el cambio de administración suelen abandonar los proyectos, el costo de la instalación lo asumieron los vecinos. De hecho, las mujeres, que son las más participativas, aseguran haber invertido $30.00 para ello. Los requerimientos para el funcionamiento los han obtenido de donaciones de la comunidad. Es preciso señalar que no tienen agua y no cuentan con sistema de riego. Actualmente gestionan un espacio público para el traslado del huerto, puesto que el jardín La Fuente carece de toma de agua y es utilizado por otras personas, sin respeto por las hortalizas, para pasear mascotas. Desde el punto de vista de las participantes los beneficios del huerto se traducen en el aprendizaje sobre los ciclos agrícolas y los cultivos, la atracción de fauna polinizadora, la enseñanza a los niños acerca de dónde provienen los alimentos. De igual manera, llevan hortalizas a sus hogares, aprenden a separar los residuos en las viviendas para elaborar composta, realizan actividades recreativas que, vale la pena señalar, continúan durante el actual periodo de la pandemia. Finalmente, consideran que mediante el huerto hay también un cuidado de su salud y contribuyen a la mejora del medio ambiente.

SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLA

Este huerto urbano se localiza dentro de un espacio de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social (UTOPIAS), programa impulsado por la alcaldía. La colonia de San Sebastián Tecoloxtitla destaca porque sus habitantes llevan 20 años con un arduo trabajo organizativo comunitario buscando convertirse en un pueblo originario de la ciudad. Esta UTOPIA se construyó en donde hubo una primaria y un Centro de Atención Múltiple (CAM) que dejaron de funcionar a causa de los hundimientos en la barda perimetral y el daño estructural en los edificios de las dos instituciones, todo ello relacionado con las grietas que afectan al territorio de Santa Martha. Ambas escuelas estuvieron en abandono y, para impedir que fueran invadidas, la comunidad realizó varios proyectos, entre ellos un huerto urbano que fracasó cuando invasores pretendieron que el terreno, de aproximadamente una hectárea, fuese utilizado para la edificación de viviendas. Estos aspectos ocasionaron una férrea defensa de ese territorio y concentró la gestión de los recursos locales y comunitarios.

La instalación de una UTOPIA en esa localidad responde a un momento coyuntural en el que los partidos políticos empataron fuerzas en los tres niveles de gobierno, momento que la comunidad supo aprovechar para equilibrar sus necesidades con un programa gubernamental de nivel local. El predio pertenecía a la federación y las tierras ejidales fueron donadas para la construcción de las escuelas que, finalmente, terminaron demolidas. Luego del periodo en el que los centros educativos dejaron de utilizarse, la comunidad entró en litigios para que el espacio pudiera ser donado de manera triple, es decir, que al mismo tiempo tuviera pertenencia y reconocimiento jurídico para la Ciudad de México, la alcaldía y la comunidad. Pese a las dificultades que ello implicó, finalmente se lograron destinar recursos económicos para derribar las ruinas y construir un espacio funcional para la comunidad.

En aras de los intereses comunitarios, la UTOPIA circunscribió diversas preocupaciones buscando combatir una serie de problemáticas, mismas que están contempladas dentro del proyecto científico Observatorio Interactivo de Hundimiento y Fracturamiento llevado a cabo por dos instituciones: GeoCiencias-UNAM y Conacyt. El proyecto busca revisar las deformaciones en el suelo, así como el funcionamiento de un parque ecológico que incluye la producción de alimento desde lo local con un huerto urbano y medicina tradicional. El huerto está a cargo del comité comunitario responsable de la UTOPIA. Los miembros del comité hacen voluntariado para mantener todos los servicios. El huerto cuenta con seis camas de cultivo, las plántulas fueron seleccionadas por los biólogos encargados de implementar la flora, tiene un sistema de captación de agua de lluvia y el agua potable; la capacitación ha sido escasa porque el espacio lleva un año operando, justo en el tiempo de la pandemia de Covid-19. La comunidad tiene mucha injerencia en la gestión de la UTOPIA porque no quieren que las autoridades de la alcaldía y de la Ciudad de México administren sus espacios públicos; además aprovechan los derechos de los pueblos avalados en la Constitución local de Ciudad de México.

CAMELLÓN MUJERES LIBRES

Este espacio se ubica en la colonia Santa Martha Sur. Es un huerto urbano instalado durante la primera gestión de Clara Brugada como jefa delegacional de 2009 a 2012 y luego como alcaldesa de la demarcación en el periodo 2018-2021. En sus primeros tres años, el huerto estuvo a cargo del personal delegacional. Sin embargo, tras el cambio de gobierno se dejó en abandono y fue gestionado por dos señoras que se involucraron voluntariamente. A través de su esfuerzo y de la realización de actividades con los vecinos, lograron mantenerlo por siete años. Para para la producción de alimentos frescos, el huerto tuvo 32 camas de cultivo instalados sobre un camellón debajo de torres de electricidad; tuvo una división perimetral y arbustos de raíz superficial para no afectar los ductos de Pemex que atraviesan el suelo. El área es considerada una zona “roja” por el alto nivel delictivo y de indigencia. En 2017, las señoras que se encargaron de cuidar y gestionar los recursos decidieron abandonar el proyecto ante la falta de apoyo de las autoridades de la entonces delegación. Es notable que, pese al transcurrir del tiempo, en el lugar sobreviven plantas que tuvieron fines herbolarios. Con la intención de convertirlo en un espacio seguro y así combatir la delincuencia, algunos vecinos todavía tienen interés por recuperar el espacio. Haciendo un análisis retrospectivo, las señoras que le dieron vida al huerto piensan que faltó involucrar y capacitar a más vecinos para que lo gestionaran adecuadamente.

LOMAS ESTANCIA

Entre las colonias Lomas Estancia y Coronillas la práctica de la agricultura urbana tiene por lo menos ocho años de experiencia. Se realiza en parte del suelo de conservación de la Sierra Santa Catarina en lo que los pobladores conocen como “joyas”. Dos agrupaciones, una de ejidatarios y la otra autonombrada Ni un Paso Atrás, integradas por alrededor de 15 personas, pretenden preservar la agricultura agroecológica que llevan practicando hace aproximadamente 30 años. Tanto Coronillas como Lomas Estancia son colonias constituidas sobre tierras ejidales bajo el ritmo de expansión de lo urbano que fue atrapando a los núcleos agrarios, a los productores de ganado menor y de agricultura intensiva. De ese modo, con la constitución de las colonias populares, los campesinos abandonaron paulatinamente, aunque no del todo, la actividad agrícola y pecuaria. Además, es necesario señalar que la mayoría de la población que llegó a vivir a estos asentamientos emigró del campo a la ciudad. Posteriormente, integraron colectivos locales y algunos ejidatarios se reagruparon para continuar con la práctica de la agricultura agroecológica, utilizando los terrenos más planos en las joyas para evitar que se invadieran con fines de construcción de vivienda irregular y que se utilizaran como vertederos de “cascajo”. El colectivo y los ejidatarios que no desisten en la producción agrícola intentan que la comunidad se integre y conserve los recursos naturales. Para ello, han implementado su propuesta de agricultura en la ciudad. En conjunto, ambas agrupaciones realizan agricultura agroecológica con cultivos emblemáticos de México tales como nopal, maíz, maguey, haba y frijol; además comienzan a incluir otras hortalizas para el autoconsumo. Una dificultad para los ciclos agrícolas es el acceso al agua en la zona, por lo que se limitan a la temporada de lluvia. No obstante, los participantes en este tipo de iniciativas consideran que la agricultura ha conducido a no pocos triunfos individuales, familiares y comunitarios. De igual manera, señalan que un logro barrial se muestra en la gestión de los senderos que sirven de acceso al área de conservación. Uno de estos accesos se limpió de basura y hierbas silvestres, posteriormente se instaló ahí un espacio infantil con juegos. De hecho, ese fue el primer resultado de una gestión colectiva de recursos materiales compartidos. El segundo aspecto, en el que el colectivo Ni un Paso Atrás pretende tener más incidencia, es el de dar mayor impulso a la agricultura; impulso que ha servido para el autoconsumo y que, es importante apuntar, se volvió fundamental en medio de los estragos generados por la pandemia de Covid-19.

COLECTIVO ASPE Y LA TABIQUERA

Los huertos se localizan en la unidad habitacional Cananea, en el predio popularmente conocido como El Molino y son autogestionados por la Unión de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Vivienda “Libertad” (UCISV). Como se ha señalado, uno de los objetivos de la agricultura urbana es que las comunidades en la ciudad sean incluidas en la toma de decisiones para delinear estrategias de alimentación sana que puedan encaminar un desarrollo sustentable conforme a sus necesidades e ir edificando soberanía alimentaria desde lo local. En la zona, los huertos comunitarios se han convertido en un referente de la arquitectura participativa. En ellos hay por lo menos 25 integrantes constantes —18 son mujeres— y otros participantes intermitentes. Asimismo, los huertos son un ejemplo que usan las instituciones de educación básica de la zona para explicar a las ni- ñas y niños de dónde provienen los alimentos, involucrando así a la agricultura tradicional en el espacio urbano. Todos los integrantes del colectivo se han formado en un seminario agroecológico durante seis meses. En el seminario aprendieron a adaptar sus saberes de la agricultura campesina rural a la producción en la ciudad, además están en constantes intercambios y cursos de actualización para mejorar el sistema productivo.

Los huertos urbanos constituyen uno de los proyectos jóvenes en Cananea. Surgió en 2008 y desde entonces no ha tenido interrupciones en la producción, aunque sí altibajos en la participación activa de integrantes y en los resultados pecuarios. La producción se lleva a cabo en dos superficies. La primera de ellas se conoce como La Tabiquera, cuya superficie es aproximadamente de media hectárea. Cuenta con 32 camas de cultivo de 15 m x 1.5 m, temazcal (baño de vapor de origen prehispánico), área de composta, sanitario seco, estanque para la producción de peces, dos camas de cultivo de plantas medicinales y aromáticas, invernadero y árboles frutales. Además, tiene tres cisternas de ferrocemento, captación de agua pluvial, habitación oscura para hongos, producción de conejos y avícola. La segunda superficie es la que se opera desde el Colectivo ASPE, que tiene una medida aproximada de 300 m2, cuenta con tres camas de cultivo de 30 m x 1.5 m, un salón de tinturas, cisterna de ferrocemento con captación de agua pluvial, vermicomposta, dos composteras, sa- lón de reuniones con iluminación a partir de panel solar y sanitario seco. El 75% de la producción es para el autoconsumo y 25% para la comercialización. La venta de las hortalizas y de la totalidad de productos derivados de la agricultura urbana se comercializan en la localidad a precios accesibles. Todo lo recaudado sirve para adquirir insumos y realizar los diversos eventos sociales comunitarios.

CONEXIONES DE HUERTOS COMUNITARIOS Y LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA PARA LAS CIUDADES

La producción de alimentos en el entorno local se ha analizado desde la agricultura periurbana, la rural y desde los circuitos de proximidad para abastecer a las ciudades de alimentos (Delgadillo, 2018). Estas iniciativas en la Ciudad de México y los alrededores evidencian otro tipo de participación de los ciudadanos en la construcción de su territorio, del hacer comunidad y de alimentarse, así como de la suficiencia y la soberanía alimentaria escueta. Todos estos elementos revelan postulados erigidos por la Vía Campesina (Nyéléni, 2013), no sólo desde el campesino en las zonas rurales, sino también con intersecciones entre lo rural y lo urbano que ocurren en la ciudad. Es un fenómeno que debe verse tanto desde el urbanismo participativo como desde aquello que lo rural y el quehacer del campesino sigue aportando a las ciudades y a la configuración del espacio urbano, a partir de lo cual existen intercambios de conocimientos, prácticas para la producción con técnicas agroecológicas y con agricultura tradicional.

Los huertos comunitarios en barrios populares tienen que verse dentro de la complejidad que representan dichos territorios y en la aportación a la soberanía alimentaria de la ciudad. La propagación de la agricultura urbana, a través de huertos comunitarios y por cumplimiento de los acuerdos internacionales que firma México, sustenta la capacidad de la sociedad a incluirse en procesos participativos que aspiran a garantizar el acceso a recursos: tierra, semillas, tecnologías, conocimientos, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Además, introduce derechos individuales y colectivos ante la vulnerabilidad de las ciudades por los procesos disruptivos como la crisis energética y el cambio climático.

Asimismo, los huertos comunitarios inmersos en otros procesos participativos específicos en la configuración del territorio de la periferia popular enuncian otras formas específicas de participación política en la gestión del espacio denominado público y de reinventar lo común. Los huertos comunitarios aportan muchas posibilidades al entorno vecinal, como: a) aumento en la cantidad de alimentos disponibles, b) incremento en la cantidad de alimentos frescos para las familias urbanas, c) educación ambiental y prácticas que coadyuvan a mejorar el manejo de residuos sólidos, como ya se mencionó en los relatos de cada huerto y como se da cuenta en el cuadro 3. Resulta esencial que, en esta etapa de pandemia, en los debates sobre la sustentabilidad y las acciones para mitigar el cambio climático, la alimentación de los sectores populares incluya acciones y procesos organizativos en combinación con las iniciativas gubernamentales.

CONCLUSIONES

La incursión en modelos de agricultura urbana no sólo obedece a las condiciones de pobreza, sino también responde a otros tipos de racionalidad económica no vinculadas al mercado capitalista convencional. En las zonas populares se regresa a la implementación de actividades básicas por una atención a la alimentación, pero también de colectividad y comunidad, confirmando así cómo los discursos y marcos legales de lo global a lo local permean las acciones y estrategias en el barrio.

Es importante señalar que los huertos comunitarios estudiados no producen los suficientes alimentos para dar de comer a las familias e individuos que participan en ellos. Sin embargo, son iniciativas que pueden proyectarse hacia el futuro al nutrir modelos distintos de urbanismo en su relación con lo rural, sobre todo si se piensa en un modelo más complejo que no suponga la separación de la naturaleza y los espacios verdes. En otros términos, los huertos comunitarios pueden configurar otros sistemas alimentarios en lo urbano integrándose a redes de abastecimiento alimentario para los vecinos y en el nivel región dentro de la misma ciudad, además de nutrir mercados agroecológicos y alternativos.

Con estos estudios de caso es difícil afirmar la existencia de soberanía alimentaria para las ciudades, porque la participación de la sociedad ocurre en grupos reducidos. No obstante, hay que dar mayor difusión a dichas iniciativas para que sigan propagándose en el oriente de la ciudad y logren una autosuficiencia alimentaria para reducir la dependencia de la compra de alimentos, que en sectores populares asciende a 80% de su ingreso económico. En este sentido, se alcanzaría una soberanía alimentaria a partir de la interconexión de territorios que integran redes regionales.

Finalmente, es necesario apreciar las propuestas y el trabajo comunitario por parte de los habitantes de la ciudad que participan en los huertos. Quienes participan en los huertos aprovechan el momento coyuntural entre el empate de partidos en los distintos niveles de gobierno, proponen diálogos y gestionan recursos económicos para que sus territorios sean tomados en cuenta. En este sentido, es importante destacar que entre más conciencia e interés haya de las autoridades y tomadores de decisiones por reconocer la importancia de la agricultura urbana para el desarrollo social urbano, para la educación ambiental y en su aportación en la búsqueda de la preservación de los recursos territoriales locales, más acciones en conjunto entre comunidad y gobierno podrán encaminarse en el corto plazo.

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Artículo 1 se adicionó “el reconocimiento a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Artículo 27 se le adicionó que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca, como parte fundamental del desarrollo rural integral y sustentable. Artículo 4 se adicionó “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) México (2020), México, disponible en <https://n9.cl/djoy5>. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014), México, disponible en <https://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf>. Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México (2020), disponible en <https://n9.cl/hqdun>. 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* Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM). Correo electrónico: <moreno.silvia@crim.unam.mx>, <morena.05.yo09@gmail.com>. CUADRO 1 VINCULACIONES GLOBALES-LOCALES PARA LA AGRICULTURA URBANA <_No_paragraph_style_>

Año	Incidencia	Incidencia	Incidencia local
1981		Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). “Reconocimiento del derecho a la alimentación”.
2000	Alimentos para las ciudades.
Ciudad-región: comprende un centro urbano y su zona de influencia periurbana y rural que la rodea. Abarca: red de actores, procesos y relaciones de producción de alimentos, transformación, comercialización y consumo que existe en una región geográfica determinada.
2008	Cumbre mundial sobre la alimentación.
Año	Incidencia	Incidencia	Incidencia local
2008	Retos que enfrentan las ciudades en la materia para satisfacer sus necesidades alimentarias enfocadas a la seguridad alimentaria.
Naciones Unidas declara a la agricultura urbana como estrategia para reducir la insuficiencia alimentaria urbana y fortalecer en las ciudades una mayor capacidad para enfrentar la crisis global.
2009			Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.
2011		México reconoció el derecho a la alimentación y se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1° y 4°.
Año	Incidencia	Incidencia	Incidencia local
2013			Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México.
2014	Sistemas alimentarios de ciudad-región (World Urban Forum)	Modificación al artículo 27°, se adicionó que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos. La ley establece como parte fundamental el desarrollo rural integral y sustentable.
Generar capacidades adaptativas para la resiliencia dentro de una realidad global multiescala e interconectada.
Pacto de Milán (C40 Cities) Proyectos con políticas públicas innovadoras en sistemas alimentarios urbanos.
Año	Incidencia	Incidencia	Incidencia local
2015	163 ciudades del mundo firman el Pacto de Milán.		Firma del Pacto de Milán.
		a) Promoción, desarrollo y evaluación de políticas y programas municipales en los que se involucre a todos los sectores del sistema alimentario. b) Revisar y en su caso modificar acciones, planes y políticas para que integren los objetivos de creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.
2017			1) Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México. 2) Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México.
Año	Incidencia	Incidencia	Incidencia local
2020			Reforma a la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México que pretende “transitar a una economía circular, generar tejido social y participación comunitaria, aumentar la fuente de servicios ambientales y el porcentaje de área verde por habitante en el entorno urbano, además de apoyar a garantizar la seguridad alimentaria de los y las capitalinas, lo que encaminará hacia una ciudad sostenible”.

FUENTE: elaboración propia con base en la revisión de leyes y acuerdos referidos. CUADRO 1 (CONTINUACIÓN) CUADRO 1 (CONTINUACIÓN) CUADRO 1 (CONTINUACIÓN) CUADRO 1 (CONTINUACIÓN) CUADRO 2 TIPOS DE AGRICULTURA URBANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO <_No_paragraph_style_>

Localización	Tipo de agricultura urbana	Destino de consumo
Intraurbana Nuevos diseños de la arquitectura: azoteas verdes o muros verdes	Gourmet	Restaurantes de alta cocina
Entre 10 y 50 km alrededor de la ciudad	Periurbana	Mercados agroecológicos y alternativos / Restaurantes de alta cocina
Sur de la CDMX	Tradicional chinampera	Central de mayoristas, mercados locales y alternativos
Viviendas particulares, espacios públicos e instituciones públicas	Huertos urbanos	Autoconsumo, ventas de proximidad, demostrativo y educación ambiental
Jardines, camellones, baldíos, espacios públicos	Huertos comunitarios	Autoconsumo, trueque, educación ambiental

FUENTE: elaboración propia con base en trabajo de campo (2020-2021). MAPA 1 LOCALIZACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS

NezahualcoyótlNezahualcoyótl CamellónCamellón MujeresMujeres LibresLibres Ejidos de Ejidos de Santa María Santa María AztahuacánAztahuacán La ColmenaLa Colmena AcatitlánAcatitlán San SebastiánSan Sebastián TecoloxtitlánTecoloxtitlán MalinalliMalinalli La PazLa Paz LomasLomas EstanciaEstancia IztapalapaIztapalapa TláhuacTláhuac Valle de ChalcoValle de Chalco El MolinoEl Molino ColectivoColectivo ASPEASPE El MolinoEl Molino La TabiqueraLa Tabiquera

Sistemas de coordenadas: grados Unidad linear: grados Datum: WGS_1984 Elaborado por: Moreno Gaytan Silva Iveth Escala: 1:37 235 FUENTE: elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB, 2020). CUADRO 3 CARACTERÍSTICAS DE LOS HUERTOS COMUNITARIOS <_No_paragraph_style_>

Núm.	Nombre	Alcaldía o municipio	Edad/años	Espacio en donde	Propiedad/	Origen del huerto*
Huertos impulsados a partir de 2018
1	Acatitlán	Iztapalapa	3	Espacio público	Alcaldía/espacio común habitacional	Acción institucional externa
2	Malinalli	Los Reyes Acaquilpan	2	Espacio público	H. Ayuntamiento/riesgo por grieta	Acción institucional interna
3	Ejidos de Santa María Aztahuacan	Iztapalapa	2	Espacio público	Alcaldía/camellón	Necesidad económica/acción institucional interna
4	La Colmena	Iztapalapa	3	Espacio público	Alcaldía/jardín	Acción institucional interna
5	San Sebastián Tecoloxtitla	Iztapalapa	1	Espacio público	Mixto: CDMX/alcaldía/comunidad	Expresión de antecedentes rurales
Huertos con mayor antigüedad
6	Camellón Mujeres Libres	Iztapalapa	7	Espacio público	Federal/camellón	Expresión de antecedentes rurales
Núm.	Nombre	Alcaldía o municipio	Edad/años	Espacio en donde	Propiedad/	Origen del huerto*
7	Lomas Estancia	Iztapalapa	8	Espacio público	CDMX/suelo de conservación	Absorción urbana del entorno rural
8	Colectivo ASPE	Iztapalapa	12	Espacio público	Alcaldía/cinturón verde comunitario	Necesidad económica/acción institucional externa
9	La Tabiquera	Iztapalapa	12	Espacio público	Alcaldía/cinturón verde comunitario	Necesidad económica/acción institucional externa

* Criterio de origen de huerto (Méndez, Ramírez y Alzate, 2005). FUENTE: elaboración propia con base en trabajo de campo 2020-2021.

CUADRO 3 (CONTINUACIÓN)

ISOMORFISMO EN LAS ORGANIZACIONES FAMILIARES DE ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA: EL CASO DE CAPULHUAC Y LA PRODUCCIÓN DE BARBACOA Alma Patricia de León Calderón* Ignacio López Moreno**

INTRODUCCIÓN

Esta investigación parte del interés por conocer la estructura organizacional que adoptan grupos humanos y sus comunidades co- mo estrategia de subsistencia a través de una actividad económica de corte tradicional que han llevado por décadas, la cual contrasta con la economía urbana industrial de su región. Particularmente, se toma el caso de la localidad de Capulhuac, del municipio con el mismo nombre en el Estado de México, que se caracteriza por tener como actividad económica principal la producción y venta de barbacoa de ovino, que destaca a nivel nacional.

Este trabajo se cuestiona acerca de ¿cómo las diferentes generaciones de familias en Capulhuac han coincidido y mantenido como sustento económico principal a la producción de barbacoa? y ¿por qué existe una homogeneidad en las formas y prácticas organizacionales de los barbacoyeros, siendo que las organizaciones que compiten en un mercado tienden a la diferenciación?

La primera hipótesis que se exploró es que los vínculos entre los pobladores es tal que, sus tradiciones han prevalecido de generación en generación a través de las relaciones familiares. Lo que a su vez se vería reflejado en una cohesión social de las familias de la comunidad, compartiendo saberes y tradiciones. No obstante, el trabajo de campo, llevado a cabo a través de observación y entrevistas a integrantes de la comunidad, evidenció que existe poca cohesión o vínculos entre las organizaciones familiares que se dedican a la producción de barbacoa en Capulhuac.

Por lo anterior, una segunda hipótesis que se planteó y que sirve de guía en este trabajo, es que la decisión de cada individuo, como integrante de una familia, ha sido absorbida por una racionalidad organizacional que crea patrones y que se traduce como la “forma familiar de hacer barbacoa”, lo que se explica por el capital social al interior de la organización familiar (vínculos internos); al exterior de la unidad familiar no ha sido la cohesión o el capital social de la comunidad lo que ha provocado que se haya dado una homogeneidad de la actividad y de las estructuras organizativas para preparar y vender barbacoa, sino el ambiente institucional de la localidad que, a pesar de la competencia que existe como productores y vendedores, ha prevalecido como una actividad sin cambios por décadas en lugar de incentivar procesos más innovadores en su producción y venta.

Con base en lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar las causas de la homogeneidad organizacional de una economía sustendada en una actividad económica de corte tradicional, como son los barbacoyeros de Capulhuac. Por ello, se retoman conceptos clave de la teoría organizacional para explicar el fenómeno observado, tales como: campo organizacional, isomorfismo institucional e institucionalización. Para ello, se realizó trabajo de campo que consistió en entrevistas a 45 integrantes de familias barbacoyeras de la localidad durante 2018 y 2019.

Para la consecución del objetivo planteado, el capítulo se divide en tres apartados: en el primero se describe al municipio de Capulhuac como área de estudio; en el segundo se presenta la producción de barbacoa como campo organizacional; en tercer lugar, se analizan las causas del isomorfismo de las unidades económicas de los barbacoyeros de Capulhuac. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio.

EL ÁREA DE ESTUDIO: CAPULHUAC

El municipio de Capulhuac se localiza en el área central del Estado de México, ocupa el lugar 19 de los 125 municipios que conforman dicha entidad. Limita al norte con el municipio de Ocoyoacac; al sur y al este con el municipio de Tianguistenco; también limita al oeste con el municipio de Lerma y Tianguistenco (mapa 1).

Capulhuac fue fundado en el año 1425 por algunas familias matlatzincas y una nahua que se asentaron en la ribera del río San Juan, al oriente de la gran laguna de Chignahuapan; no obstante, debido a la fauna que cohabitaba ahí, emigraron al sur, estableciéndose en el actual centro del municipio. Hacia el año 1476 este pueblo, como otros aledaños, fueron conquistados por el Imperio Mexica y quedó sujeto a la provincia tributaria de Cuahuacan hasta el fin de la época prehispánica. Durante la Colonia formó parte del arzobispado de la capital y quedó sujeto a la encomienda del Marquesado de Toluca (García, 1999:60-63). La religión que predomina en el lugar desde aproximadamente 1525 es la católica, por lo que se llevan a cabo múltiples festividades religiosas a lo largo del año (Coordinación General de Protección Civil del Estado de México [CGPCEM], 2016: 16), aunque las dos principales son la Feria del Santo Patrón, Don Bartolomeo Apóstol en agosto, y la Feria de la Barbacoa en febrero.

Capulhuac se abastece de agua de la ya desecada laguna perteneciente al Alto Lerma, formando parte de la Región Hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, por tanto, la corriente del río Lerma cruza por la parte occidental del municipio; asimismo, el río Xalatlaco y el río San Juan pasan por el sur. También se encuentran en el municipio dos lagunas y una ciénega, pero debido a la huella antropogénica las condiciones de dichos cuerpos de agua ya no son tan favorables 1 1 Durante el trabajo de campo pudimos observar el uso de cisterna y otros sistemas de acumulación de agua debido al alto consumo que supone la producción de barbacoa, y la práctica de racionalizar el agua por parte de la autoridad. (CGPCEM, 2016:14).

La población total del municipio es de más de 35 mil habitantes, donde el sexo masculino representa 48.15% de la población, lo que significa que habitan más mujeres que hombres en el municipio (INEGI, 2015). De acuerdo con el INEGI (2015), los residentes contabilizados dentro y fuera del municipio son aproximadamente 32 203 personas, de las cuales 97.81% vive en Capulhuac, 2.7% vive en otro municipio, 1.34% vive en otro estado o país, mientras que el 0.86% no fue especificado. Se trata de un municipio, que a diferncia de otros pertenencientes a la entidad, no presenta mucha movilidad o emigración de su población.

Es importante señalar que 35.28% de los hombres son jefes de un hogar, mientras que de las más de 18 mil mujeres, 11.29% son jefas, pero 66.87% de ellas son esposas e hijas y dependen del jefe de familia, mientras que 2.25% de los hombres dependen de su esposa. Además, de 50.65% de los habitantes vive en hogar conformado por una familia nuclear, mientras que el 44.8% vive en una familia de tipo extensa, y 0.46% vive en una familia compuesta (INEGI, 2015). De lo anterior se evidencia que los hogares siguen manteniendo una configuración tradicional, en donde el rol de jefe de familia recae principalmente en los hombres.

En Capulhuac se ubican más de ocho mil viviendas habitadas, la mayoría son propias (72.63%), rentadas (11.13%) o prestadas (15.19%); además, 99.74% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 97.96% de los ocupantes de las viviendas tienen acceso al agua, 97.47% tiene conexión al drenaje, 92% de ellas entregan sus residuos al servicio de recolección de basura, otras la depositan en un contenedor (3%); finalmente, 2.31% y 0.65% la queman o la entierran (INEGI, 2015). En resumen, la mayoría de las viviendas del municipio cuentan con los servicios básicos brindados por el gobierno local.

Capulhuac cuenta con una población mayormente urbana, con un problema menor de analfabetismo y con menores carencias, siendo el lugar 94 de prioridad para el gobierno estatal. Aproximadamente 23% de las mujeres ha concluido la preparatoria; por su parte, 24% de los hombres la ha terminado. En el caso de la preparación profesional, el porcentaje de mujeres es de 18.34% y el de hombres es 18.63%. Estos indicadores aunados a otros más colocan a Capulhuac con un grado de marginación muy bajo (cuadro 1).

Aunque la alfabetización de los habitantes ha sido casi totalmente concluida y su preparación ha crecido, la ocupación de la población sigue basándose en el comercio. El 56% de la población ocupada corresponde a comerciantes y trabajadores en servicios diversos, 21% son trabajadores de la industria, los agropecuarios representan 2%, mientras que 19% se refiere a los profesionistas, técnicos, administrativos y funcionarios (INEGI, 2015).

La actividad económica comercial que predomina en la población de Capulhuac no es reciente. El municipio se ha caracterizado por estas actividades comerciales desde sus orígenes, pues se transportaban mercancías a diversos lugares, trayendo de regreso productos de distintas regiones. Hoy en día el comercio sigue siendo el principal sostén de la economía. Las principales unidades económicas de Capulhuac se ubican en: el comercio al por menor (728 UE), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (647 UE) e industrias manufactureras (188 UE), y la industria alimentaria (120 UE) (gráfica 1).

En 2009 el mayor número de trabajadores se concentraba en las industrias manufactureras y en servicios de alojamiento y preparación de alimentos, este último es donde se ubicarían los barbacoyeros (gráfica 2). Para 2014 la situación ya se había modificado, pues el mayor número de personal ocupado en el municipio se encontraba en servicios de alojamiento, preparación de alimentos y bebidas; en el comercio al por menor; así, el personal ocupado en industrias manufactureras pasó del primero al tercer lugar (gráfica 2).

Por otra parte, los sectores económicos que tuvieron más remuneraciones entre los años 2009 y 2014 son el industrial y servicios por alojamiento temporal, y preparación de alimentos y bebidas; además, para el año 2014 se nota una disminución importante de las remuneraciones totales para la industria.

En resumen, los datos nos muestran que la población de Capulhuac tiene un nivel muy bajo de marginación, así como un muy bajo porcentaje de analfabetismo; por el contrario, presenta una tendencia creciente en la población con estudios de preparatoria. No es una región de expulsión, es decir, no se presenta el fenómeno migratorio, a diferencia de otros municipios de la entidad, predominan las actividades de comercio, lo cual se asocia a su proceso histórico y su ubicación geográfica. Cabe mencionar que siguen siendo muy marcados los roles por sexo en la estructura familiar, pues los hombres son quienes se ubican como jefes de familia, además de que predominanan las familias extendidas, es decir, familias integradas por parientes pertenecientes a distintas generaciones que comparten una vivienda.

LA PRODUCCIÓN DE BARBACOA EN CAPULHUAC

La gastronomía mexicana ha sido considerada un regalo para el mundo, pues desde la época prehispánica la preparación culinaria de los alimentos era distinta a la conocida por los habitantes del continente europeo. Los antiguos pueblos se alimentaban principalmente de frutas, calabazas, frijol, chile y maíz; de este último se hacían distintos tipos de tortillas, tamales; varias especies de aves, conejos, venados, liebres, armadillos, peces, ranas, ajolotes, hormigas, gusanos de maguey, tomaban atoles, chocolate y pulque (Sahagún, 1540a: 297-301 e Iturriaga, 2013:13). La preparación de la carne se podía hacer a través del asado a fuego directo, su cocimiento al vapor, guisada con chiles, tomates o pepitas, y por supuesto se asaba bajo la tierra en un horno subterráneo (barbacoa) (Sahagún, 1540b:55 e Iturriaga, 2013:13).

Se han descrito dos principales teorías sobre el origen de la palabra barbacoa, la primera que proviene del maya Baalbak’Kaab (carne tapada con tierra), y la segunda, que se origina del taíno caribeño Barabicu (carne cocinada sobre andamios de madera) (Cid del Prado, 2021). Más allá de dichas teorías, la barbacoa ha implicado un sistema de cocimiento por calor indirecto; para esto excavan la tierra hasta formar un hoyo profundo, en la base se colocan brasas de leña, encima de éstas ponen planchas de piedras muy calientes, sobre las piedras va la carne y hojas frescas de plátano (González-Espinosa et al., 2021). La barbacoa que se prepara en el centro del país, en lugar de usar hojas utilizan pencas de maguey, ya que era una planta muy común; se le agrega a la carne epazote, chiles, chilaca, sal, ajo y cebolla.

Hoy día, la barbacoa llega a prepararse de tres formas diferentes: en hoyo, hervido y en bote. La barbacoa de hoyo consiste en excavar un hoyo de aproximadamente un metro de profundidad forrado hasta su tercera parte con piedras o ladrillos para que al momento de prenderlo se conserve el calor. La técnica de hervido consiste en que la carne se cueza en un perol de acero inoxidable; se monta la carne con los ingredientes y se deja hervir dependiendo del tipo de animal y la utilización de leña o gas, según convenga, mientras que el horno es una estructura similar a un horno de pan, el cual se cubre con papel aluminio para conservar el calor.

A la llegada de los españoles se introdujeron distintos animales; en primer lugar fueron puercos, caballos, vacas, borregos y cabras. La expansión ganadera se reprodujo de manera fructífera en la zona Centro del país, especialmente desde la actual Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, hasta los pastizales del Alto Lerma, siendo lugares con condiciones favorables para alimentar a dichos herbívoros (Cedillo, 1999:24-26). Esto dio paso al cambio en la gastronomía pues la carne traída del Viejo Mundo pudo ser preparada con diversas técnicas culinarias prehispánicas.

La barbacoa que se prepara actualmente en el municipio de Capulhuac es producto del mestizaje gastronómico generado en la época colonial. Es un platillo que sustituyó a los elaborados con productos de la Ciénega de Lerma, pues desde su fundación Capulhuac era un pueblo que vivía de las bondades de los productos lacustres, de la agricultura y del maguey (Pillado, 2013:57).

La vida cambió con las nuevas reglas económicas impuestas por el cabildo español, ya que la ganadería fue la base de la estructura económica. Un claro ejemplo de esto fue la posición de Hernán Cortés como uno de los primeros ganaderos en el país, pues en una de sus cartas de 1526 señalaba que el Matlazingo tenía rebaños de ovejas, vacas y cerdos (Coello, 2007:7).

Por otro lado, es importante mencionar que para Cortés el Valle de Toluca significó un lugar del que pudo obtener beneficios tanto económicos como geográficos, pues ahí se encontraba el paso hacia Cuernavaca y Michoacán (Ortega, 2010:51). Debido a su posición, Cortés le dio a Juan Gutiérrez Altamirano la encomienda de los municipios de Calimaya, Metepec y Tecamajalco (Coello, 2007:8 y Ortega, 2010:53). De este modo, se dice que Altamirano fundó la hacienda de Atenco, considerada como la primera estancia ganadera en América (Garcia, 1999:63).

Por lo anterior, es claro que se generó un cambio sustantivo en la preparación de productos en la región, se crearon alimentos lácteos, embutidos y barbacoa de borrego en hoyo hecha con la técnica tradicional prehispánica; además se convirtió en un platillo típico de las festividades (Viesca, 2011:106). No obstante, muchos pobladores siguieron alimentándose de productos lacustres, ya que sólo hasta finales del siglo XVI se permitió a algunos nativos con riqueza poseer unos cuantos animales (ovejas y cabras), ya que la tenencia del ganado la poseía la Corona, así como terratenientes con grandes capitales (Albores, 1995, citada en Viezca et.al., 2011:57; Cedillo, 1999: 25-26).

Para 1884 se tenía registro de las actividades de los habitantes de Capulhuac; en dicho documento se dice que se dedicaban a la agricultura y a la elaboración de pulque; también que se alimentaban principalmente de tortillas, pan, carne, chile, legumbres y del ya mencionado pulque (AHMC, citado en Pillado, 2013:58).

Para principios del siglo XX, la reproducción de los magueyes favoreció la elaboración de pulque en grandes cantidades, suceso clave para el desarrollo comercial del municipio, junto con la adquisición de ganado ovino para distribuir su lana en Gualupita y elaborar ro- pa, mientras que la carne era aprovechada para la barbacoa, lo cual sustituyó los guisos con productos lacustres. La barbacoa fue el producto que permitió a los habitantes seguir comerciando en sus ru- tas ya establecidas (Pillado, 2013:62-63).

Cabe señalar que debido a la rica y compleja cultura del agua, los pobladores pudieron, por aproximadamente cuatro siglos, aprovechar los productos brindados por la laguna (pescado, ajolotes, ranas, aves, vegetales y tule), los cuales fueron el sustento alimenticio y económico de la región hasta mediados del siglo XX, cuando por orden del Gobierno Federal en 1942 se entubaron las lagunas del Alto Lerma. Desde entonces las principales actividades que sustituyeron a las lacustres son: el comercio, labores en la industria y agricultura, es decir, la forma de subsistencia se basó en estas nuevas actividades (Ceballos, 2003:7).

Así, la comercialización de la barbacoa se vio favorecida por los siguientes factores:

1) la necesidad de sustituir las mercancías lacustres que antiguamente vendían para su sustento, 2) la disponibilidad de ganado lanar en los pueblos vecinos, 3) las rutas de comercio hacia el Valle de México, Tierra Caliente y los pueblos de montaña del Alto Lerma, 4) abundancia de magueyes en la región y 5) la costumbre de vender productos lacustres guisados en los mercados de la región (Pillado et al., 2013:63).

Existen diferentes historias acerca del origen de la barbacoa, una de ellas es que la barbacoa surge como una evolución de un platillo que se preparaba con anterioridad en la región; este platillo es el chito: 2 2 El proceso de preparación del chito es muy similar al procesa utilizado para la barbacoa, ya que es la carne de borrego que se prepara en un horno de barro y se sazona con sal.

[...] antes no era barbacoa se llamaba chito [...] que era parecido a la barbacoa, pero esa carne nada más se hervía a vapor y sacaban los pedazos de carne y ya se vendía, se vendía en las plazas por ejemplo en Santiago Tianguistenco pues ahí fue donde empezaron a vender eso aquí los de Capulhuac […] Ya los señores ya estaban grandes y empezaron a vender ese famoso chito y de ahí ya empezaron a mejorar, a ir mejorando la barbacoa que, en el horno, que en bote y este, y pues hasta ahorita.

El chito se preparaba con carne de borregos o chivos y eran utilizados los animales que criaban los vendedores; asimismo, se utilizaba leña para su preparación, la cual provenía del mismo municipio o del municipio vecino de Xalatlaco. 3 3 Para conocer más sobre las relaciones socioambientales que surgen en torno a la producción de barbacoa, recomendamos la tesis de Luis Brunett Pérez

De acuerdo con la tradición oral, la venta de barbacoa aumentó cuando en 1947 el señor Felipe Pulido comenzó a vender su producción en la Ciudad de México; se dice también que en ese mismo año el señor Pedro Zamora enseñó el oficio a sus tres hijos, expandiendo el negocio por distintos lugares de la Ciudad (Guadarrama, 2016):

Venimos de generación la cual fue pionera en esto que fue la barbacoa; mi abuelo Pedro Zamora Ubaldo, de ahí parte la enseñanza hacia mi papá y mi papá hacia mí. […] Era campesino antes de iniciar con el negocio […] Porque antes se manejaban los arrieros, transportaban los productos en mulas y caballos, carretas, entonces no ha- bía camino, no había carros, eso lo enseñó a elaborar la barbacoa, va a otro Estado, se fija, se enseña y viene y lo trae para acá; entonces, al ver el resultado de ese ingreso lo vio como una actividad que le remunera más (entrevista 1).

El sistema de producción y venta de barbacoa marcó una tendencia de división sexual y generacional del trabajo de vida y la lógica campesina. Esta forma organizacional, como veremos más adelante, transitó de la vida y la lógica económica del campesinado a un sistema productivo basado en el oficio, lo que también le dio una forma particular de producir y reproducirse, tal y como argumenta Bueno-Castellanos:

El sistema productivo basado en el oficio tiene su principal fortaleza en la patrimonialidad, lo que significa heredar el derecho de dominio formando una secuencia de obligaciones. No se trata solamente de transmitir el conocimiento técnico, sino las habilidades en los diversos controles implícitos en el oficio. Es un recurso estratégico y táctico que se cuida sigilosamente, la mayoría de las ve- ces de manera trans-generacional. Se trata de una herencia cultural de normas y habilidades (2015:84).

En la década de los años cincuenta se potencializó la venta de barbacoa, caracterizada por el involucramiento totalmente familiar, pues los hombres eran los encargados de buscar las cabezas de ganado, las mujeres recolectaban alimentos lacustres en lo poco que quedaba de la ciénega con el fin de venderlos o consumirlos en el hogar, y al regreso de los varones todos los miembros de la familia ayudaban al desgrase, corte de la carne, elaboración y venta del platillo con todo lo que implica (Zamora, 2012, citado en Pillado et al., 2013:63).

Entre 1960 y 1970 la consolidación del mercado fue importante, pues en la Ciudad de México y Morelos ya había muchos puestos ambulantes y la mayoría de éstos surgieron cuando los ayudantes de los dueños iniciaron su propio negocio, cubriendo otras regiones (Pillado et al., 2013:64). Debido a la demanda de carne, la producción de ganado ovino, caprino y porcino se incrementó; además en el municipio había dos curtidurías, las cuales procesaban buena parte de las pieles que salían al sacrificar borregos y cabras, estas pieles se enviaban a San Mateo Atenco, León, así como a la actual Ciudad de México (Gracía,1999:55).

Desde 1970 hasta 2019 la producción nacional de carne de ovino tuvo un crecimiento anual sostenido de 2,2% de media anual, y el consumo per cápita pasó de 467 g a 567 g (Bobadilla-Soto, 2021:1). Pero si incluimos dos datos podremos comprender mejor la magnitud del caso que estamos manejando: se consumen unas cien mil toneladas al año en nuestro país, y entre 90 y 95% se consume en barbacoa (Bobadilla-Soto, 2021:3; Cid Del Prado, 2021: 9; Isla-Moreno et al., 2020:1).

Los estados de México e Hidalgo destacan con 29% del total de la población ovina nacional, lugares que tradicionalmente concentran una gran parte de la producción, el comercio y la transformación de la carne. Particularmente, en Capulhuac, Estado de México, se sacrifican entre 40 y 60 mil animales por mes provenientes de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y del mismo Estado de México (Partida de la Peña et al., 2013).

Actualmente en Capulhuac se sacrifican alrededor de 15 mil animales semanalmente, por lo que el aprovisionamiento animal supera las fronteras municipales y estatales claramente (Miranda de la Lama et al., 2018). Debemos tener en cuenta que 15 mil cabezas semanales suponen un volumen anual de 30 mil t en vivo, y unas 13 mil t en canal. Este volumen da trabajo a unas cuatro mil familias, según un estudio del Gobierno Municipal de Capuhuac (2018). Estos números nos hablan de magnitudes que requieren de organizaciones, de comerciantes establecidos, de criadores de ganado, introductores de ganado, compradores de subproductos, tianguis, etc. En el siguiente apartado nos adentraremos en este campo y explicaremos cómo los niveles de agregación son casi inexistentes, y si los hay, como por ejemplo la Unión de Barbacoyeros, no son funcionales o engloban pequeños grupos desconectados entre ellos (García, 1999:47).

CAMPO ORGANIZACIONAL E ISOMORFISMO EN LA PRODUCCIÓN DE BARBACOA EN CAPULHUAC

Un campo organizacional se refiere a aquellas organizaciones que en conjunto constituyen un área reconocida de la vida institucional como los proveedores principales, los consumidores de recursos y productos, las agencias reguladoras y otras organizaciones que dan servicios o productos similares (DiMaggio y Powell, 1999:106). En este caso, en Capulhuac se observa la formación de un campo organizacional como resultado del surgimiento de modelos organizacionales dominantes para la producción de barbacoa, el cual, como quedó establecido en los apartados anteriores, lleva décadas conformándose y proviene de una práctica y lógica campesina que subyace en la actual (Godelier, 1974).

Los modelos organizativos son el

[...] conjunto de prácticas, rutinas, procedimientos o técnicas que una organización implementa para el logro de objetivos y metas relativamente estables, ya sea a través de una estrategia planeada o bien como consecuencia de su propia inercia en la búsqueda de soluciones a problemas concretos (Montaño Hirose, 2001; DiMaggio y Powell, 1999, citados en González y Escala, 2014:99).

A través de los modelos organizativos se pueden apreciar los lenguajes, símbolos y significados que comparten los diferentes integrantes y que le dan sentido e identidad a la organización, al tiempo que moldean significativamente la escala de acción (González y Es- cala, 2014:99). La producción de barbacoa se caracteriza por un modelo familiar de “hacer la barbacoa” que ha predominado durante décadas, por lo que se puede hablar de un modelo organizativo para preparar barbacoa en Capulhuac.

Si bien es claro cómo al interior de cada unidad económica familiar se han establecido criterios particulares que le dan una identidad familiar a la producción de barbacoa, lo cierto es que al exterior las relaciones interorganizacionales no observan tales vínculos, co- mo a primera vista podría suponerse y que fueran el reflejo de la homogeneidad entre dichas organizaciones en Capulhuac.

En el trabajo de campo se distinguieron dos maneras de transmisión del conocimiento referente a la preparación de la barbacoa; la primera es la tradición familiar en la que se transmite el conocimiento de generación en generación, y la segunda es cuando una persona es contratada, a temprana edad normalmente, para ayudar en tareas sencillas y con el tiempo van aumentando sus responsabilidades y conocimientos en torno a la barbacoa.

En el primer caso nos encontramos con vendedores cuya tradición de la barbacoa se extiende por muchos años, como afirma uno de los entrevistados: “El negocio empezó de la abuela pues su papá de la abuela, se puede decir que la familia tenemos más de cien años haciendo barbacoa”.

Una constante que existe en los vendedores de barbacoa es que al casarse una pareja, si alguno de los integrantes del matrimonio no se dedica a la barbacoa, se introduce en el negocio y lo aprende, dejando incluso su trabajo anterior, como nos relató un informante durante la entrevista:

Pues yo creo que tengo, tiene poco, desde que me casé con mi esposa me empecé a dedicar a esto porque anteriormente yo no me dedicaba a este tipo de negocio, que serán unos dieciocho años, diecinueve años. [...] yo al juntarme con mi esposa dejé mi trabajo y como sus papás de mi esposa se dedicaban a la barbacoa, pues me empecé a endrogar con ellos, a trabajar.

En el caso de las personas que aprenden el negocio sin pertenecer a la familia nuclear, suelen empezar como “chalanes” en su infancia o juventud y siguen el esquema de aprendizaje usual: aprender-observando, aprender-haciendo y aprender-interactuando (Bueno-Castellanos, 2015:94). De tal forma que entran a formar parte de la familia y se les trata como a uno más, tal y como los reconocía un informante:

[…] este negocio se formó gracias a mi abuelito y se ha pasado a mi papá y después a mí […] Todos los trabajadores con los que trabajo son parte de la familia o como si lo fueran.

Esta profunda confianza al interior choca con cualquier servicio municipal o intento de asociación, tal y como nos comentaron en algunas de las entrevistas:

Sí, sí contamos con rastro municipal, pero ha habido muchos muchos conflictos porque, como le diré, por lo mismo de que la mayoría, si por decir todo el pueblo trabajamos la barbacoa hay un sobrecupo, no nos abastece, entonces eso mismo nos orilla a trabajar con nosotros en nuestra propia casa, obviamente cada quien conforma, su manera de trabajarlo.

Y queda claro que los acuerdos que se buscan son aquellos que se basan en la confianza y el trato directo:

Algunos compran el borrego y se asocian con granjeros como yo para conseguir la carne, otros directamente le compran los canales a algún familiar o conocido, o algunos incluso compran la barbacoa ya hecha. Es que cada cual se amolda a lo que puede.

Cabe mencionar que la actividad con la cual los integrantes de una familia han participado en otra refiere principalmente al sacrificio de ganado, compra de ganado, venta de barbacoa y atender a clientes; aunque también hubo casos en donde declararon participar en la preparación de barbacoa, pero en esos casos la relación entre los integrantes de las diferentes organizaciones se trataba de un vínculo familiar directo (hermanos o cuñados), en los demás casos se dijo tener una relación de amistad o que eran conocidos.

Destaca que la homogeneidad en los modelos organizativos no responde a vínculos entre las diferentes familias, sino que debe de considerarse otras variables que influya en que, a pesar de que las familias compiten por recursos y clientes, dichos modelos sean homogéneos. El isomorfismo institucional es un concepto que explica el proceso a través del cual las organizaciones se vuelven más homogéneas unas con respecto a otras al enfrentar condiciones contextuales aparentemente similares (DiMaggio y Powell, 1999).

Este proceso parte de la proposición de que las organizaciones, al incorporar elementos organizativos legitimados al exterior, que definen el valor de los elementos estructurales, promueven el éxito y la supervivencia de la organización, reducirán la incertidumbre y las posibilidades de fracaso (Montaño Hirose, 2010).

La homogeneización, a través de la cual es posible transferir modelos organizativos, puede darse por medio de tres formas de isomorfismo: mimético, coercitivo y normativo, las cuales operan detrás de los procesos de cambio institucional (DiMaggio y Powell, 1999:109). Con base en las observaciones del trabajo de campo, se considera que en Capulhuac predomina el isomorfismo normativo, es decir, aquel en el que existe una base cognoscitiva y una legitimidad que controla la profesionalización de la actividad, en este caso, de los barbacoyeros como expertos en el proceso de su hechura, reconocidos no sólo en el nivel estatal sino nacional.

El conocimiento social, una vez institucionalizado, existe como un hecho, como parte de la realidad objetiva, y se puede transmitir directamente sobre esa base. Por lo que, para actos altamente institucionalizados, es suficiente que una persona simplemente le diga a otra que ésta es la forma en que se hacen las cosas (Zucker, 1999: 126). En Capulhuac se observa que las organizaciones familiares están motivadas a llevar a cabo ciertos modelos organizativos, porque de otra manera no podría considerarse como la “forma de hacer barbacoa” reconocida por la colectividad; no sería la forma en la cual se conoce la barbacoa a nivel regional o incluso nacional.

Los sociólogos organizacionales con frecuencia encuentran que las conductas y estructuras que son institucionalizadas en la organización cambian más lentamente que las que no lo son, pues “las instituciones no sólo limitan las opciones: establecen los criterios por los que las personas descubren sus preferencias, en otras palabras, algunos de los costos hundidos más importantes son los cognoscitivos” (DiMaggio y Powell, 1999:45).

Toda creencia tiene necesariamente antecedentes biográficos, puesto que fue adquirida; motivos, puesto que forma parte de una estructura psíquica y cumple una función en ella, y razones, puesto que consiste justamente en tener por existente el objeto de la creencia (Villoro, 1982:75).

Unas características fundamentales que identifican la cultura es que es ideativa, pues los hábitos son conceptualizados como normas o pautas de conducta ideales; la cultura produce satisfacción, pues de lo contrario los hábitos no persistirían; y la cultura es adaptativa, ya que los sucesos históricos, como los factores geográficos, ejercen una influencia condicionante, mas no determinante, en el curso de la cultura (Murdock, 1987:79-84).

Las organizaciones familiares productoras de barbacoa en Capulhuac han repetido por décadas los procesos para preparar su producto, la han convertido en una forma de susbistencia económica, la cual es reconocida en su región como una actividad tradicional; si bien se han adaptado a lo largo del tiempo en la forma de transportarla (de carretas a camionetas), han mantenido la forma de preparar la barbacoa y la forma de presentarla, lo cual se ha legitimado y convertido en el sello de su región; esto ha funcionado como un condicionante para que las nuevas generaciones que siguen con la actividad económica familiar lo repliquen igual que la generación anteriror, con pocos cambios o innovación en los procesos.

CONCLUSIONES

Las familias de barbacoyeros de Capulhuac han tenido como estrategia económica de subsistencia la producción tradicional de la barbacoa, actividad que han reproducido por décadas. En estre trabajo se indagó sobre la causa que origina que las diferentes generaciones de familias en Capulhuac han coincidido y mantenido como sustento económico principal a la producción de barbacoa y, particularmente, por qué existe homogeneidad en las formas y prácticas organizacionales de los barbacoyeros, siendo que las organizaciones que compiten en un mercado tienden a la diferenciación, es decir, por qué no han tenido cambios entre unos y otros para distinguirse o innovar en su producción.

Respecto a la primera pregunta, se pudo documentar que durante décadas la producción de barbacoa en Capulhuac se ha constituído como una actividad tradicional de la región, en su origen fue una actividad que surgió ante la necesidad de sustituir los productos lacustres y ante la nueva disponibilidad de animales de ganado, así como para aprovechar los factores geográficos de las rutas de comercio ha- cia el Valle de México. Hoy en día es una actividad con una alta legitimidad entre los pobladores de la localidad, que está muy ligada a su legado prehispánico y colonial que fue fortaleciendo una cultura de comercio regional. Cabe mencionar que más de la mitad de la población económicamente activa realiza actividades comerciales, como el servicio de preparación de alimentos.

Al interior de los grupos familiares se pudo observar una racionalidad organizacional, traducida en la “forma familiar de hacer barbacoa” que ha generado patrones en los procesos que cada generación ha repetido durante décadas, lo cual se explica sabiendo que predominan las familias extendidas en Capulhuac, es decir, este conocimiento que pasa de generación en generación es muy plausible si consideramos que las familias se integran por parientes de diferentes generaciones que habitan en una misma vivienda. En ese sentido, las nuevas generaciones aprenden el oficio directamente de los padres, tíos, primos y abuelos, que además procesan el producto en sus viviendas.

Al exterior, es decir, entre las organizaciones familiares la vinculación es diferente, no se observó una cohesión como la que existe dentro de las familias, al contrario, se identificó una atomización de los negocios en la comunidad, pues cada familia tiene el suyo. Podemos concluir que esta atomización ha contribuido a que exista una gran cantidad de unidades económicas en actividades comerciales. Se podría sugerir que el pertenecer a una unidad económica familiar garantiza el empleo de sus integrantes, lo que podría asociarse con la poca movilidad o emigración de los habitantes de Capulhuac al tener asegurado un ingreso económico en el propio núcleo familiar.

El hecho de que en la región ha predominado la actividad económica de la barbacoa sin cambios significativos durante décadas, o con pocas innovaciones, —lo que se constata en la forma en que los puestos se colocan, en que se vende en lugares muy similares (mercados locales o caminos), en que la presentación de la barbacoa es casi igual en cualquier comercio familiar— se explica por el ambiente institucional de la comunidad, que ha institucionalizado el oficio como una actividad legítima, respetada y que la identifican como una forma de obtener o complementar el ingreso familiar. En este sentido, la socialización actúa como una fuerza isomorfa más fuerte que la racionalidad económica por diferenciar su producto con los consumidores, pues cada familia que entra en esta actividad, de manera consiente o no, respeta las formas “tradicionales” de preparar y vender la barbacoa, si quiere ser aceptado como parte del gremio de barbacoyeros de la región.

Finalmente, este trabajo nos lleva a plantear algunas proposiciones que pueden ponerse a prueba en futuras investigaciones: 1) las poblaciones o comunidades que se identifican con un legado histórico o cultural tienden a consolidar actividades denominadas “tradicionales” que los vuelve más adversos a los procesos de innovación o cambio. 2) Las actividades tradicionales no se relacionan, necesariamente, con niveles altos de marginación de su población, sino con el grado de institucionalización que actúa como una fuerza isomorfa de ciertas actividades consideradas imprescindibles para una comunidad.

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* Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <a.deleon@correo.ler.uam.mx>. ** Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <i.lópez@correo.ler.uam.mx>.

MAPA 1 LOCALIZACIÓN DE CAPULHUAC

Ocoyoacac Lerma Capulhuac Tianguistengo Xalatlaco

<_No_paragraph_style_>Simbología <_No_paragraph_style_> Municipio de Capulhuac <_No_paragraph_style_> Municipios aledaños

<_No_paragraph_style_>2.4 <_No_paragraph_style_>0 <_No_paragraph_style_>0.3 <_No_paragraph_style_>0.6 <_No_paragraph_style_>1.2 <_No_paragraph_style_>1.8 <_No_paragraph_style_>Millas

FUENTE: elaboración propia con información del INEGI. CUADRO 1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE CAPULHUAC <_No_paragraph_style_>

Población total	35 495
% Población de 15 años o más analfabeta	2.3
% Población de 15 años o más sin primaria completa	9.39
% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado	0.43
% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica	0.12
% Ocupantes en viviendas sin agua entubada	1.74
% Viviendas con algún nivel de hacinamiento	28.36
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra	2.3
% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes	39.13
% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos	40.82
Índice de marginación	-1.259
Grado de marginación	Muy bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional	2235
Lugar que ocupa en el contexto estatal	94

FUENTE: estimaciones del Conapo con base en INEGI, Encuesta Intercensal de 2015.

GRÁFICA 1 UNIDADES ECONÓMICAS DE CAPULHUAC <_No_paragraph_style_>2 500 <_No_paragraph_style_>2 000 <_No_paragraph_style_>1 500 <_No_paragraph_style_>1 000 <_No_paragraph_style_>500 <_No_paragraph_style_>0

2 025

728 647

212 188 120

6 44 10 17 5 5 6 3 8 5 4 3 3 31 18 3 3 50 55 39

Total municipal Industrias manufactureras Industria alimentaria Industria de las bebidas y del tabaco Fabricación de prendas de vestir Subsectores agrupados por el principio de confidencialidad Industria de la madera Impresión e industrias conexas Industria química Industria del plástico y del hule Fabricación de productos a base d minerales no metálicos Fabricación de productos metálicos Fabricación de muebles, colchones y persianas Comercio al por mayor Comercio al por menor Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamientos temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades gubernamentales Sectores agrupados por el principio de confidencialidad FUENTE: elaboración propia con base en el Censo Económico 2014 del INEGI.

GRÁFICA 2 PERSONAL OCUPADO EN CAPULHUAC <_No_paragraph_style_>3 000 <_No_paragraph_style_>2 500 <_No_paragraph_style_>2 000 <_No_paragraph_style_>1 500 <_No_paragraph_style_>1 000 <_No_paragraph_style_>500 <_No_paragraph_style_>0 <_No_paragraph_style_>Cantidad de personas

Industrias manufactureras Comercio al por mayor Comercio al por menor Información en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamientos temporal y de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades gubernamentales Sectores agrupados por el principio de confidencialidad <_No_paragraph_style_> 2009 2014 FUENTE: elaboración propia con base en el Censo Económico 2014 del INEGI. GRÁFICA 3 TOTAL DE REMUNERACIONES POR UNIDAD ECONÓMICA DE CAPULHUAC <_No_paragraph_style_>120 <_No_paragraph_style_>100 <_No_paragraph_style_>80 <_No_paragraph_style_>60 <_No_paragraph_style_>40 <_No_paragraph_style_>20 <_No_paragraph_style_>0 <_No_paragraph_style_>Millones de pesos

<_00_FALSA>Cuarta parte ECONOMÍA SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS PALO ALTO: LECCIONES DEL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA URBANA PARA LA POLÍTICA DE VIVIENDA Moisés Alejandro Quiroz Mendoza*

INTRODUCCIÓN

La vivienda ocupa una posición central en muchas cuestiones sociales y representa actualmente un problema de múltiples dimensiones. El modo de producción capitalista contemporáneo se fundamenta en la acumulación, el despojo y en una ética del individualismo que se ha arraigado en las relaciones sociales; por lo tanto, la meritocracia y el enriquecimiento individual dominan las ideas de autorrealización. Así, la vivienda se ha consolidado como una forma de mercancía y ha desplazado a la vivienda como derecho humano fundamental, y con ello se ha consolidado su producción bajo un modelo basado en la propiedad privada, que en realidad privilegia la ganancia económica al consolidar los créditos para la compra como principal forma de acceso a la vivienda. Las consecuencias de esta visión pueden observarse en el excesivo crecimiento urbano y consumo de suelo para vivienda nueva; paradójicamente también es visible en la inaccesibilidad a la vivienda nueva y en grandes cantidades de vivienda abandonada, en problemas de gobernanza y seguridad en poblaciones periféricas, en la dotación parcial, inadecuada y esporádica de servicios urbanos, en la carencia de equipamiento de salud, educación o servicios sociales, en la movilidad ineficiente caracterizada por recorridos largos, costosos y contaminantes, en el desplazamiento de población y vivienda social de las centralidades y en formas de relaciones sociales individualistas que debilitan los lazos de ciudadanía.

La vivienda, en tanto derecho, es un requisito indispensable para acceder a muchos otros derechos humanos fundamentales; sin su satisfacción las condiciones de desigualdad y sus efectos nocivos en otros campos urbanos, sociales y ambientales empeorarán. Es claro que el modelo capitalista e individualista no satisface estas necesidades sociales, por lo que sería importante observar algunas experiencias que privilegian visiones distintas sobre la habitación y la ciudad. La cooperativa de vivienda de Palo Alto es un ejemplo de alternativa a la forma de satisfacción actual de vivienda, la cual ha tenido el acierto de materializar la propiedad colectiva del suelo, clave para desmercantilizar la vivienda. El estudio de las cooperativas de vivienda es indispensable para observar los alcances y limitaciones de esta forma social de tenencia de la vivienda como medio de satisfacción del derecho a la vivienda; el mayor conocimiento de estas formas de habitación permitirá plantear políticas que ofrezcan una alternativa a aquellas que mercantilizan la vivienda.

El objetivo de este trabajo es aportar observaciones para una política de vivienda alterna a partir del análisis de la experiencia de Palo Alto, la cooperativa de vivienda de mayor tamaño y una de las más longevas de América Latina, que se ubica en la Ciudad de México. Podremos observar ventajas sustantivas respecto a la ubicación, adecuación, accesibilidad y seguridad de tenencia de la vivienda mediante estrategias colectivas que fomentan el sentido de lo público y la cultura de la ciudadanía. Este trabajo también busca resaltar los elementos que aun limitan el pleno desarrollo de esta forma habitacional y que obstruyen el óptimo funcionamiento de los mecanismos colectivos de toma de decisiones en la producción del espacio urbano.

LA VIVIENDA COMO MERCANCÍA Y COMO DERECHO

La vivienda como mercancía induce altas condiciones de vulnerabilidad en contextos de gran desigualdad. Los altos costos del suelo, la predominancia de la propiedad privada, el alto índice de trabajo informal y la tendencia de las ciudades a poseer condiciones espaciales desiguales sobre la distribución y el acceso a los espacios públicos, servicios urbanos básicos y equipamiento de salud o educación, impiden a la población afrontar situaciones contundentes y complejas tales como crisis de desempleo, de seguridad o sanitarias como la pandemia de Covid-19. “La informalidad urbana y sus problemas asociados agudizan los efectos de la pandemia que carecen de un servicio adecuado de limpia, agua y saneamiento, padecen situaciones de hacinamiento y dificultades en el acceso a salud, educación o alimentación que agudizaron la vulnerabilidad ante la enfermedad” (Di Virgilio, 2021:88)

Estas condiciones están influidas por la idea de vivienda como mercancía, lo que favorece un modo de producción e intercambio como forma de acumulación; esto se logra por dos vías: abaratando los costos de producción mediante la construcción en suelo bara- to ubicado en las periferias lejanas y usando técnicas y materiales baratos, o acaparando suelo y vivienda en suelo servido y localizado en las centralidades para la vivienda en renta o para la venta a grupos de clase media y alta; ambos casos excluyen la posibilidad de vivienda social de calidad y bien localizada. La vivienda se encuentra inserta en un contexto capitalista de producción, acumulación y exclusión que impide a muchas personas acceder y ejercer su derecho a ella:

Todas las estructuras físicas y jurídicas de la vivienda —los edificios, el suelo la mano de obra, los derechos de propiedad— se convierten en artículos de consumo. En este proceso, la capacidad de un edificio para funcionar como hogar pasa a ser algo secundario. Lo que importa es la manera en la que un edificio funciona en los circuitos de acumulación económica (Madden y Marcuse, 2018:49).

Frente al panorama de la vivienda como mercancía fijada por el capitalismo, hay críticas que buscan romper las dinámicas de acumulación y reconocer vías alternas de satisfacción de vivienda; brevemente se comentan dos: la primera consiste en la visión de vivienda como derecho suscrita por la comunidad internacional en 1963 en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y actualizada en 2015 en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS); la segunda corriente es la de la vivienda como proceso contenida en la noción de producción social del hábitat y la vivienda (PSH), aporte latinoamericano que plantea ideas comunes a las economías alternativas y social y solidaria.

La vivienda puede ser considerada un derecho, pieza fundamental ante las crisis y ante el desarrollo de la libre personalidad. Una cuestión fundamental del aporte especialmente pertinente para este trabajo es la interdependencia del derecho a la vivienda ampliamente reconocida:

[…] es una necesidad universal en la vida, en cierto sentido es como una extensión del cuerpo humano. Sin ella, resulta imposible participar en la mayor parte de la vida social, política y económica. La vivienda es más que un alojamiento, puede aportar seguridad personal y ontológica (Madden y Marcuse, 2018:37).

Así, contar con un techo seguro tiene una fuerte conexión con las posibilidades de desarrollo de sus habitantes, “las condiciones de la vivienda pueden incidir de manera significativa en la capacidad que tenga un hogar de aumentar sus ingresos” (Libertun de Duren, 2017:8).

Desde esta perspectiva, el sistema de vivienda no puede únicamente orientar sus esfuerzos por hacer económicamente sostenible su producción, sino que debe priorizar su satisfacción guiada por siete ejes fundamentales para asegurar una vivienda adecuada: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural (ONU-Hábitat, 2018:53). De este modo, desde la perspectiva internacional e institucional la vivienda tiene que ser adecuada a las personas.

Sin embargo, esta perspectiva no puede criticar a fondo la dinámica de acumulación dominante, por ello ha podido ser asimilada e impulsada internacionalmente. En una mirada más detenida y crítica a la estrategia de la vivienda al centro de los ODS elaborada especialmente para México por ONU-Hábitat, Sedatu e Infonavit podemos apreciar que la dinámica propuesta no es radicalmente diferente a la política habitacional previa. Las propuestas para ampliar el acceso a créditos individuales siguen opacando a otras formas públicas y colectivas de financiación y tenencia; las propuestas de titularidad pública de vivienda o la titularidad colectiva y social apenas se encuentran dibujadas en la propuesta. Por supuesto, no hay que desechar los avances y compromisos adquiridos por las naciones en el PIDESC o en los ODS, pero es justo reconocer también sus limitaciones.

Desde otra perspectiva más osada, la PSH plantea una visión distinta a la tradición neoclásica de la economía y se sustenta fuertemente en una visión alterna de economía. Para la PSH la vivienda podría sustraerse de ser considerada un bien escaso y ser ampliada al reconocerse que forma parte de un entorno social con una amplia variedad de recursos para ser conceptualizada como un bien social potencialmente abundante (Ortiz, 2012:31). De este modo la PSH y la economía social y solidaria buscan dar un giro a la forma de hacer ciudad, no basada en las reglas de producción capitalista si- no en reglas de producción social y colectiva cuyo objetivo no es la producción y acumulación de bienes escasos, sino la ocupación de capitales sociales abundantes para la satisfacción colectiva de necesidades comunes:

[…] las economías alternativas son formas de organizar el trabajo, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios sobre bases distintas a la competencia, la dominación, la explotación y la depredación que han caracterizado a la económica capitalista (Reygadas, 2014:14).

La economía social como alternativa fundamentada en la cooperación y adherida a una visión de PSH transforma radicalmente la vivienda mercancía en un acto de habitar:

Es producto cultural y como tal se articula no sólo a un lugar sino a su historia y su entorno social, natural y construido: implica una relación cultural e incluso afectiva entre el habitante y el lugar que ocupa. Es fruto de los procesos de poblamiento de un territorio. No responde a normas estrictas ni a espacios prefigurados. Deja huellas, trazas urbanas e íntimas. Es un producto (como el vino en la barrica) vivo, que soporta el tiempo, que se adapta a la vida cambiante de la familia y a las transformaciones del contexto. Genera arraigos o al menos nostalgias y regresos. Aloja y da un marco digno a todas las funciones individuales, familiares y comunitarias, sin negar las económicas y las espirituales. Manifiesta diferencias individuales y expresiones colectivas. Es generadora de ciudad. Se caracteriza por producir espacios en los que privan a la vez la diversidad y la armonía. Exalta la vida. Constituye, en suma, un acto poético (Ortiz, 2012:33).

Esta perspectiva podría incluso superar a la vivienda como derecho planteado en los ODS; las cooperativas de vivienda pueden ofrecer soluciones a diversos problemas de la vivienda en el sistema capitalista. Entre sus aportes podemos identificar claramente la posibilidad de solucionar el problema de la asequibilidad, ya que al adquirir un derecho de uso pero no el suelo de la vivienda, és- te se vuelve un bien mucho más asequible. Otro aporte es la solución de necesidades comunes de forma colectiva, lo cual es un gran aliciente para la identidad de grupo, el compromiso colectivo y la visión social de los grupos, pero más allá esta forma de organización sustenta un idea de cultura ciudadania amplia que en última instancia nos lleva a acariciar la realización del derecho a la ciudad como derecho colectivo: “La autonomía política y la reproducción material de la vida aparecen como dos dimensiones estratégicas del hacer común en contextos urbanos” (Navarro, 2016:6). Por ello la PSH se plantea la vivienda no sólo como máquina de vivir, sino que la excede y la considera la base para un proceso continuo de habitar que en última instancia produce espacio, ciudad y hábitat.

En América Latina algunas cooperativas de vivienda se adhieren explícitamente a la PSH y en conjunto las cooperativas de vivienda forman un subsistema de vivienda muy diverso con distintas modalidades, como uso y goce, de propiedad, de construcción o de renta; algunas de estas expresiones se plantean la propiedad colectiva y otras no, unas intervienen sólo en una parte del proceso y otras asumen el proceso en su totalidad; la diversidad es muy amplia. Existen subsistemas cooperativos de vivienda muy desarrollados en países como Alemania, Suecia o Uruguay, de reciente fortalecimiento como en España, donde se ha impulsado como una solución a la crisis de vivienda, y de forma incipiente, con pocas experiencias y contextos adversos, en países como El Salvador, Guatemala y México. En una colonia cooperativa de uso y goce como Palo Alto, cada familia ocupa una vivienda y cada una es representada por un socio que forma parte de la cooperativa, la cual es dueña del suelo y las viviendas; cada socio establece un contrato de uso y goce de los bienes de la cooperativa, en este caso sus viviendas y espacios comunes sin el derecho a arrendar, vender o destruir. En la vida cotidiana de la comunidad se celebran asambleas quincenales para discutir temas de la cooperativa (como organización) y de la colonia (los asuntos públicos de la comunidad); las comisiones se juntan para comentar avances en sus trabajos: Vigilancia, Administración, Educación, Cultura, Comunicación, Género y todas las demás comparten sus opiniones, sus problemas y soluciones. La colonia cuenta con espacios públicos como una casa para el adulto mayor, biblioteca, consultorio, una cancha de futbol llanero, entre otros, que son administrados por socios y miembros de la comunidad. Nadie puede rentar ni vender legalmente sus casas. En México, las colonias así son escasas y vale la pena conocer sus historias.

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA PALO ALTO, BREVE RECORRIDO HISTÓRICO

La cooperativa Palo Alto es un caso excepcional porque las leyes en materia de vivienda y cooperativismo en México impiden la proliferación de este tipo de experiencias y ésta ha sobrevivido por cinco décadas. Palo Alto es una inspiración para muchos movimientos urbanos e incluso rurales populares que se encuentran en lu- cha por la defensa de sus territorios en toda América Latina, porque se ubica en una zona muy codiciada por el capital inmobiliario y parece inédito que una comunidad popular logre resistir la presión inmobiliaria que pesa sobre ella desde sus orígenes. A pesar de los intentos de despojo constantes y recientes, la propiedad colectiva de la cooperativa no ha podido ser individualizada y por lo tanto la tierra no ha entrado a circulación comercial.

En la Ciudad de México, alcaldía Cuajimalpa, muy cerca de Santa Fe, a la altura del km 14.5 de la carretera México-Toluca, sobre Paseo de las Lilas, podemos observar cómo se alza un ícono de la arquitectura mexicana moderna, es el Conjunto Arcos Bosques del arquitecto Teodoro González de León, popularmente conocido como “El Pantalón”. Unos pasos adelante hacia el edificio veremos un lugar mucho más impresionante ubicado al fondo de una cuenca cavada por mineros años atrás, donde podremos observar cómo las discretas casas de dos niveles se plantan firmes, desafiando a los altos edificios que la rodean.

El lugar comenzó a ser habitado en la década de 1940; en aquel entonces estaba lleno de árboles como alcanfores, fresnos, encinos y ahuehuetes. La Sierra de las Cruces divide el Valle de Toluca del Valle de México, de cuyo lado existían bosques densos, escurrimientos estacionales y ríos que discurrían hacia Tacubaya y Chapultepec y por medio de acueductos alimentaban a la Ciudad de México. De estas montañas generosas con el valle se extraían carnes, madera para las fábricas de papel, arenas para construcción, leña, agua y varios recursos más; era una zona rural.

Los propietarios de la zona, ávidos por explotar sus recursos, importaron mano de obra de localidades rurales como Contepec, Michoacán, de donde muchas familias fueron traídas por el patrón Efrén Ledezma a trabajar en las minas de arena de Palo Alto con la promesa de una vida mejor. Estas familias no llegaron a vivir a los pueblos contiguos, tuvieron que alojarse en el mismo terreno de la mina y rentar un pedazo del suelo. La mina carecía de servicio básico alguno, no había escuelas, ni consultorios médicos, estaciones de policía, bomberos, ni nada. La ruptura de sus lazos comunitarios, la precarización laboral y la poca formación educativa indujeron problemas sociales entre estos migrantes, como violencia y alcoholismo. En los recuerdos de los vecinos más longevos de Palo Alto abundan recuerdos de maltratos físicos, abusos sexuales, muertes infantiles; era la época de miseria y opresión. Por 30 años se afianzaron estas condiciones, aumentó la población, se redujo la productividad de la mina y la urbanización residencial se aproximaba por las colonias de Bosques de las Lomas (Quiroz, 2019:48).

Hacia 1970 confluyeron varias condiciones que hicieron posible la materialización de una utopía. En esos años la población en la mina era mayor, había más de una generación de personas nacidas en ella y las actividades económicas se habían multiplicado a servicios domésticos en las colonias residenciales cercanas, actividades industriales y construcción, pero la situación del asentamiento no había mejorado. La producción en la mina se había limitado por la prohibición de detonaciones de dinamita que afectaba a las residencias de Bosques de las Lomas. Por otro lado, la cercanía con las zo- nas residenciales y el entorno boscoso hacían de estos suelos objeto de codicia para el desarrollo residencial para clases altas; el patrón ya había intentado desalojar a las muchas familias que habitaban el predio de la mina. La amenaza latente indujo al conflicto entre habitantes y terratenientes y al mismo tiempo impulsaba la organización. Fue en ese momento que varias corrientes políticas de izquierda anidaron en la mina.

El cercano colegio Merici, católico particular de monjas ursulinas, donde laboraban algunos de los habitantes en Palo Alto, conocía la situación del asentamiento y envió un equipo para mejorar las condiciones de higiene. El equipo estaba formado por el sacerdote Carlos de Anta, las trabajadoras sociales Luz Lozoya y Graciela Martínez y el mítico Rodolfo Escamilla, El Gordo, líder espiritual de la cooperativa, quienes más que atender las cuestiones de higiene identificaron en la falta de vivienda la causa de su opresión. Escamilla era originario de Maravatío, Michoacán, y era sacerdote, pero eso no lo supo la comunidad hasta que fue asesinado en 1977; tenía experiencia en la fundación de sindicatos y cooperativas en Michoacán y la Ciudad de México, y junto a otros sacerdotes latinoamericanos formaba parte de la Juventud Obrera Cristiana, agrupación que trabajó en favor del llamado social de la Iglesia Católica (Corriente Rodolfo Escamilla de Lucha por la Liberación, 1987).

La efervescencia de los problemas sociales no fue ajena a la Iglesia mexicana, que apoyó la creación de diversas organizaciones, algunas de apoyo a asentamientos urbanos y rurales populares, como el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (Copevi) en 1964, que también llegó a la mina. Bajo el lema de “Ver, juzgar, actuar”, Escamilla y su equipo comenzaron un trabajo de educación popular. Poco a poco la gente se fue convenciendo de la necesidad del actuar colectivo frente a los intentos de desalojo para defender su legítima permanencia en el lugar donde algunos de sus progenitores ya habían muerto y para organizarse para luchar por viviendas dignas (Grupo Rodolfo Escamilla Solidario, 1985). Así, en 1972, la comunidad eligió el cooperativismo como su forma de organización y fundó la Sociedad Cooperativa de Vivienda Unión de Palo Alto, que adquirió créditos y gestionó los ahorros colectivos para la construcción de la colonia.

Un año después la cooperativa ya habían hecho un primer pacto de compra del terreno con la intermediación de las autoridades. Sin embargo, los terratenientes no renunciarían fácilmente a la propiedad y fueron rezagando la firma de la venta. Ante la falta de resolución de las autoridades por hacer valer los acuerdos, la Asamblea de Socios decidió ocupar los terrenos; en julio de 1973 las familias lo ocuparon por la noche e instalaron unas chozas provisionales de lámina a dos aguas, para demostrar que tenían la convicción de no abandonar la tierra y en unos años serían totalmente sustituidas por casas y espacios públicos para los socios y sus familias. Aunque los granaderos cortaron los caminos para aislar a la comunidad y les confiscaron herramientas y materiales de construcción, la comunidad resistió. La detención de un par de compañeros obligó a una negociación entre los Ledezma y el equipo técnico mediada por las autoridades delegacionales. La operación fue un éxito, desde entonces el terreno fue ocupado por la cooperativa, se agilizaron los acuerdos de compra, que se firmaron en 1974, pero sobre todo la experiencia brindó identidad y cohesión en la cooperativa. A partir de este punto la cooperativa trabajó arduamente en el proceso de formación política, en la gestión de créditos y en la construcción de viviendas. La solidaridad de clase se convirtió en un elemento primordial de la cooperativa y con estos triunfos revalidaron sus personas a través de la acción colectiva; los recuerdos de este evento aún emocionan a quienes lo relatan y es una de las fiestas principales de la comunidad (Quiroz, 2019:63).

El proceso de construcción espacial de la comunidad es tan notable como el de la organización social de la cooperativa. Con la ayuda del arquitecto uruguayo Carlos Acuña, quien venía de vivir la entonces incipiente experiencia de las cooperativas de vivienda uruguaya, y el mexicano Enrique Ortiz, miembro de Copevi, se adoptó el modelo de uso y goce y se planeó la construcción progresiva de las viviendas y en general de la colonia. El suelo, que conservaba las huellas de la minería de arena, tuvo que ser aplanado; se cavaron surcos para introducir servicios, se ordenó el territorio y se destinaron áreas de vivienda, de equipamiento, de espacios comunes como el Salón de Asambleas y se reservó suelo para la proyección a futuro. Idearon un sistema de construcción de elementos prefabricados que eran ensamblados en el suelo para después ser montados en las casas. Esto permitió que las familias pudieran trabajar junto a los socios en la construcción de las casas de todos, los niños hacían mezcla y tablillas como si jugasen, las mujeres y hombres levantaban las casas de todos como si fuese la propia, todas las casas tuvieron el mismo diseño para evitar sentimientos individualistas, y fueron entregadas por sorteo escalafonado para que los más cumplidos recibiesen primero su casa, pero sin saber cuál sería para que trabajaran por igual en todas las obras (Ortiz, 2016:86).

En un primer momento se construyó sólo una casa prototipo pa- ra que los socios conocieran el proceso de construcción y para que aportaran y aprobaran el diseño definitivo de las casas, que así se adecuó a sus necesidades. Esta primera tipología habitacional para los socios fundadores se fue adaptando a los gustos y a las propias necesidades de las familias en el tiempo y terminó alrededor de 1982. Después de la construcción de las casas hubo una etapa constructiva en la modalidad de departamentos para las familias de beneficiarios, descendientes de socios fundadores. Las familias de socios beneficiarios hijos de socios que comenzaban a independizarse, construyeron departamentos en edificios de dos plantas, con otro tipo de sistemas participativos alrededor de 1985.

A pesar de todos los logros, el clima al interior de la cooperativa se distinguía por la fragilidad de la convivencia social y por la disminución de las prácticas de ayuda mutua y del sentido de identidad cooperativa. La cooperativa había alcanzado seguridad de vivienda, servicios básicos y equipamientos de bien común; lejos de verlo como un logro colectivo, muchos socios perdieron la necesidad que impulsó a la organización y el espíritu colectivo comenzó a mermar. Según el testimonio del arquitecto Jorge Andrade, quien trabajó en la cooperativa entre 1985 y 1989 en el desarrollo de los departamentos para hijos de los socios, existía ya una división en la cooperativa originada por la falta de consenso sobre la propiedad para las nuevas viviendas. El proceso hizo evidentes las diferencias entre la primera y la segunda generación; según Andrade muchos hijos tenían un mayor nivel de vida, eran profesionistas y la experiencia de lucha les era ajena. Para reincorporarlos al espíritu cooperativista se ideó una dinámica en la que se recopilaron testimonios que fueron leídos en las asambleas en presencia de los socios jóvenes, lo que tuvo un efecto positivo (Quiroz, 2019:91).

En la década de 1990, con el fortalecimiento de las políticas neoliberales, muchas cooperativas, cajas de ahorro, grupos comuneros y otras organizaciones alternativas vivían un ambiente hostil. Debido a la presión inmobiliaria y al sueño meritocrático, intereses particulares comenzaron a ser estimulados en la cooperativa. Se gestó un grupo que buscaba la liquidación de la cooperativa y la escrituración individual de los predios. Comenzaron a difundir entre otros socios e hijos de socios la idea de escriturar las viviendas con el argumento de que la cooperativa ya había cumplido su objeto. Supuestamente a estas personas se les ofreció una fuerte suma de dinero y en contubernio con las autoridades de la Dirección General de Fomento Cooperativo (DGFC), las autoridades delegacionales, el diputado priista Oscar Levin Coppel y la asambleísta priista Esther Kolteniuk Toyber de Césarman dieron cauce a la liquidación de la cooperativa (Posada, 1996). El grupo solicitó la disolución ante la DGFC respaldada por la firma de tan sólo 30 socios disidentes, que logró cancelar el registro de la cooperativa el 16 de noviembre de 1994 a pesar de que tanto la Ley General de Sociedad Cooperativas de 1938 bajo la que se constituyó la cooperativa señalaba que para su disolución se requería el consentimiento de dos terceras partes de los socios (art. 46, I), así como la recién aprobada Ley General de Sociedades Cooperativas aprobada en agosto de 1994 también reconocía en su artículo 66,I la misma norma.

El 14 de enero de 1996 comenzó una serie de enfrentamientos que duraron varios días. El primer hecho se dio cuando un disidente intentó atropellar a un socio, luego, cuando un grupo se dirigió al domicilio del agresor, fueron recibidos con una lluvia de bombas molotov, botellas vacías y gasolina (Posada, 1966). Tras los brotes de violencia, las autoridades mediaron e indujeron a la firma de las Bases de Entendimiento, que comprometían a los disidentes a renunciar a su parte social de la cooperativa, es decir a las viviendas, y el grupo mayoritario se comprometió a liquidar a los disidentes. Por su parte, las autoridades se comprometieron a resguardar las viviendas de los disidentes, mismas que fueron inventariadas, selladas y soldadas en puertas y ventanas. De esta forma la cooperativa Palo Alto perdió su registro legal, pero también logró defender la continuidad de la propiedad colectiva.

Como sucedió con muchas otras organizaciones populares, la década de 1990 planteó nuevos retos a los cuales no pudieron sobrevivir pues el impulso del neoliberalismo en México fomentó nuevas aspiraciones e ideales ajenos al movimiento cooperativo, ideales adoptados por algunos habitantes y socios que acusaban a la cooperativa de ser un grupo subversivo. La estigmatización de la comunidad no hacía otra cosa que recalcar su diferencia con un entorno que se transformaba rápidamente y que era profundamente hostil a grupos con aspiraciones comunitarias: “Nosotros sabemos que si escrituramos poco a poco podemos ir siendo despojados, puesto que la gente que nos rodea tiene mucho” (Cabrera, 1998:76).

En ese entonces las cooperativas formaban parte de una política de vivienda que había sido sustituida por otra visión de ciudad y otra perspectiva del papel del Estado en la procuración de vivienda social. Alrededor nuevos espacios comenzaban a proliferar, como centros comerciales, universidades privadas, oficinas corporativas y desarrollos residenciales, que hacían más evidente el contraste entre la cooperativa y una ideología de consumo. Dentro de este tránsito se encontraban ambos bandos de la cooperativa: aquel que buscaba su propiedad individual aun a costa de la comunidad y aquellos que defendían la propiedad colectiva. El caso de Palo Alto:

[…] es reflejo de un conflicto ideológico más profundo de la sociedad, donde chocan dos formas distintas de concebir la solución habitacional de los sectores de la población con menor capacidad económica […]. Las cooperativas de vivienda fueron un modelo para las políticas de vivienda social de la década anterior; ahora, cuando la política la marca el libre juego del mercado, a las cooperativas se les considera un obstáculo (Suárez Pareyón, 1994).

La cooperativa Palo Alto fue testigo de una rápida transformación urbana en la que pasaron de una mina prácticamente aislada del resto de la ciudad, a consolidar una colonia popular que comparte lindero con uno de los proyectos urbanos más importantes de la ciudad. En años posteriores se fundó una nueva cooperativa con los socios fundadores y los hijos de socios, que desde entonces está en litigio con la parte disidente por la tenencia de la tierra.

A casi 30 años del inicio del litigio la cooperativa ha tenido una dificultad enorme para usar su suelo de reserva para producir más vivienda, sus proyectos a futuro se han visto afectados por la situación y parte de las nuevas generaciones son ajenas a las dinámicas cooperativistas o no las comprenden y las asumen como un evento que sucedió en vida de sus abuelos y que nos les incumbe. Por otro lado, una parte significativa de los jóvenes toman parte de las actividades colectivas y cotidianas de la comunidad, éstas son muy diversas y pueden consistir en tareas recreativas como la organización de torneos deportivos, de muestras de grafiti, de fiestas civiles y religiosas; tareas formativas como la participación en educación cooperativa, en talleres de gestión de emociones y relación con los padres; tareas de gestión de espacios comunes como lo era el antiguo gimnasio y salón de cómputo, la biblioteca, la iglesia y la Casa del Adulto Mayor; tareas cooperativas como la participación en comisiones extraordinarias como la comisión de Género, Comunicación, Deporte o Cultura, que organizan talleres de reciclado de basura, jornadas de comunicación en redes, de salud comunitaria y talleres para niños. Muchos de los jóvenes de la cooperativa han producido trabajos académicos sobre su comunidad, han reflexionado sobre la historia y el legado de su comunidad participando de cortos animados y largometrajes documentales y han reflexionado sobre la necesidad de continuidad de la organización cooperativa y la propiedad colectiva (Quiroz y Sánchez-Mejorada, 2019).

A pesar de la difícil situación que pone en vilo su continuidad, la comunidad sigue organizándose como cooperativa porque la parte sustancial de la comunidad valora los beneficios que la cooperativa logró al construir las viviendas y valoran los logros que la cooperativa sigue proporcionando con la creación, mejora y gestión de espacios y equipamientos comunes que benefician a la comunidad. La cooperativa de vivienda Palo Alto es un ejemplo que excede el pensamiento que existe sobre el cooperativismo y que realmente ha logrado construir un hábitat que responde al ideal del derecho a la ciudad. Hoy en día las autoridades judiciales siguen dando cauce al proceso de liquidación espurio que pone en riesgo la existencia de una utopía que se materializó hace ya cinco décadas y que representa en muchos sentidos una posibilidad de futuro para la política habitacional de esta ciudad. Los alcancen son amplios y los riesgos muchos, y por lo que significa esta experiencia para el conjunto de la ciudad conviene ampliar el conocimiento sobre estas formas habitacionales y participar de la defensa de una experiencia significativa para la ciudad.

LECCIONES Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

La experiencia de Palo Alto no es definitivamente la única experiencia de cooperativismo de vivienda en México, pero es la más longeva y la que ha sobrevivido a más adversidades; de ella podemos reflexionar sobre los aspectos estructurales que influyen en la satisfacción colectiva de las necesidades como la vivienda. La cooperativa Palo Alto, en tanto movimiento social y en tanto forma habitacional, se enfrenta a problemas inherentes a ambas expresiones que la conforman. Como movimiento social Palo Alto se enfrenta a la disolución de la unidad y el compromiso social conforme las expectativas y necesidades de las personas que se adhieren van siendo satisfechas, y en el caso particular de Palo Alto las personas más jóvenes también afrontan a la inexperiencia de experimentar situaciones tan adversas como las que enfrentaron los socios fundadores. Y como forma habitacional se enfrenta a una serie de deficiencias jurídicas que impiden el florecimiento de una forma que claramente desafía al modelo dominante de construcción masiva y financiamiento individual que domina la política habitacional.

Sobre el primer punto es importante reconocer que el cooperativismo de vivienda que asuma una visión integral de la vivienda, es decir que se adhiera a la idea de PSH, tiene dos imperativos: el primero es incorporar objetivos adicionales a la mera producción de vivienda como lo pueden ser la creación y gestión de servicios, espacios comunes o emprendimientos económicos, la construcción de más vivienda o la reproducción de nuevas cooperativas de vivienda para los más jóvenes y la solidaridad con otros movimientos sociales y proyectos de economía social y solidaria que mantengan vigentes las necesidades colectivas y el trabajo común. El segundo imperativo es la necesidad de educación cooperativa constante; en los pilares del cooperativismo la educación es uno de los objetivos primordiales por dos cuestiones: la primera es para fortalecer la filosofía cooperativista entre los socios, pero en el caso de la cooperativa de vivienda también es importante para difundir la filosofía cooperativa entre los habitantes de la comunidad que, aunque formalmente no son socios de la cooperativa, la habitan. Esto es, educar a las familias y especialmente a los descendientes de los socios para preparar a las siguientes generaciones para el compromiso, responsabilidades y satisfacciones de la labor colectiva, en el momento en que los socios fallezcan o de iniciar una nueva cooperativa habitacional. Sólo cumpliendo ambos imperativos las cooperativas de vivienda en tanto movimientos sociales lograrán no sólo resistir la erosión del compromiso, sino que incluso lograrán reverdecer el alcance de las organizaciones.

Esto es visible en Palo Alto, donde las tareas colectivas se han logrado materializar con proyectos culturales, ambientales y sociales. Podemos observar otras experiencias cooperativas como la Unión de Cooperativas Tosepan en Puebla, que también posee un programa de vivienda, aunque con un modelo distinto al de uso y goce. Es- ta cooperativa ha logrado diversificar sus tareas, que originalmente comenzaron con la compra y venta colectiva de productos agrícolas a actividades como producción de alimentos, radio comunitaria, ecoturismo, producción de materiales de construcción, créditos a emprendimientos sociales y a la construcción de vivienda, asesoría en construcción ecotecnológica, educación y otras actividades más, lo que ha derivado en una extensa red de cooperativas con distintas tareas, gran parte de las cuales confluyen en su programa de vivienda.

Alcanzar esos beneficios nos obliga a coordinarnos entre varias cooperativas. La Titanchiuaj encargada del programa de vivienda, trabaja con la Tosepantomin, responsable de financiarle al socio la rehabilitación o construcción; con la Tosepan Ojatsentekitinij, que aporta los materiales de bambú, madera y metal, y la Tosepan Pajti, que promueve estufas ecológicas, huertas y gallineros en los traspatios. Aparte, las promotoras y promotores sugieren adecuaciones para aprovechar la energía solar, captar agua de lluvia, utilizar desperdicios y tratar las aguas negras. Hace poco, un grupo de jóvenes empezaron a aprender sobre energía solar o fotovoltaica… ¿será posible que se animen a formar la Tosepan tit (la Cooperativa de la luz)? (Unión de Cooperativas Tosepan; 2018:54).

En cuanto la cooperativa de vivienda como forma habitacional, los retos son quizá más importantes pues dependen de elementos ajenos a la cooperativa que no pueden decidir por sí solos. Sabemos que las políticas de vivienda constituyen y generan problemas de vivienda, así es claro en las políticas de construcción masiva de vivienda que fueron en la práctica mecanismos para fortalecer la industria de la construcción de vivienda y que responden precisamente a la visión de vivienda como mercancía. Estos programas buscaban solucionar un problema que era percibido como simple producción para cubrir un déficit con mecanismos de libre mercado, cuyo principal objetivo es la acumulación y la ganancia. Esta visión ha construido grandes conjuntos habitaciones periféricos, lejanos a los núcleos urbanos con servicios urbanos mínimos carentes o deficientes, condiciones de inseguridad, largos y costosos trayectos de movilidad cotidiana y paradójicamente ha provocado las altas tasas de desocupación de vivienda que es un problema sustancial para el sistema de vivienda mexicano (Mokkonen, 2018:168).

Mokkonen argumenta que la innovación en política de vivienda tiene que venir del propio entramado en el cual pensamos la vivienda y no tanto en innovaciones tecnológicas o innovaciones de esquemas de financiación que tienden a tener sesgos imperialistas del Norte Global o limitaciones importantes por la experiencia en políticas de financiamiento comunes a la región latinoamericana. Lejos de enfocarse en nuevas formas de subsidios cabría enfocarse en estudios sobre suelo urbano, planeación, sistemas jurídicos y movimientos sociales (Mokkonen, 2018:168).

Uno de los retos que enfrenta el cooperativismo son las políticas de suelo y ordenamiento que llevan a un escenario poco favorable para la vivienda social en zonas centrales o incluso en las que están ubicadas en suelos servidos. Así, la política deberá buscar aliviar el impacto negativo de la periferia en los hogares pobres y “promover vivienda de interés social en localizaciones que [ya posean] acceso a centros laborales y que no se encuentren socialmente segregadas (Libertun de Duren, 2017:22). La experiencia de Palo Alto demuestra que la propiedad social del suelo es una herramienta superefectiva para evitar el despojo y desplazamiento en zonas centrales, donde el valor del suelo atrae la codicia del desarrollo inmobiliario rapaz. Después de cinco décadas la propiedad del suelo ha sido una especie de candado para que las familias que habitan la cooperativa no sucumban ante el poder del capital. Ubicar proyectos de vivienda so- cial de propiedad social o pública en zonas centrales puede ser una herramienta poderosa para asegurar la permanencia de las personas y hacer efectiva la interdependencia de la vivienda al localizarse en zonas donde la cercanía con escuelas, centros de salud y actividades económicas reducen el tiempo de traslado y potencian los beneficios de la centralidad y la seguridad en la tenencia pública o colectiva del suelo para crear un círculo virtuoso para el desarrollo personal y colectivo de las personas.

En segundo lugar, es importante que las cooperativas de vivienda generen cooperativas de segundo y tercer grado que ayuden a orientar a las cooperativas de reciente formación, pero que también logren gestionar soluciones comunes a las cooperativas de base. Es- to es, aspectos jurídicos, aspectos de adquisición de suelo, incluso orientación en cuestiones técnicas de ordenación y construcción de la vivienda. Aún más importante es que las cooperativas de tercer grado logren tender puentes de intercambio con otros subsistemas de vivienda cooperativa de otros países para mejorar las estrategias de trabajo a escala regional.

En tercer lugar, las cooperativas de vivienda deben reconocer que el esquema actual de la economía social y solidaria, y el esquema de la política de vivienda, son poco favorables a estas experiencias. Desde la economía social y solidaria la división tripartita en cooperativas de producción, consumo y ahorro y crédito resultan insuficientes para la vivienda como proceso, es decir, el hábitat implica un continuo que no se limita a la mera producción y consumo de vivienda. Lo mismo ocurre con las leyes de vivienda que no favorecen estas experiencias, por lo que las cooperativas de vivienda y en particular las cooperativas de segundo y tercer nivel tendrían que plantearse la incidencia en política pública para lograr marcos jurídicos y esquemas de financiamiento colectivo favorables al cooperativismo de vivienda. El constante hostigamiento sobre la cooperativa pa- ra despojarlos de su suelo demuestra la falta de compromiso de las autoridades por generar opciones diversas en la política de suelo e incluso demuestra la capacidad del capital para cooptar a las autoridades políticas. Por ello las nuevas luchas políticas de las cooperativas tienen que buscar generar marcos jurídicos que las fortalezcan frente al despojo.

Finalmente, uno de los motivos por los cuales esta opción suele ser poco socorrida es producto de esta serie de desventajas estructurales, institucionales y jurídicas que hacen que la opción cooperativa sea una opción sumamente lenta que no se adecua a la necesidad urgente y apremiante de contar con un techo. Esta situación no es privativa de México, en otros países como Uruguay, que cuenta con un subsistema de vivienda cooperativa robusto y consolidado la opción se antoja muy lenta en comparación con otras formas más rápidas, aunque menos accesibles.

En varios países prevalecen limitantes institucionales, políticas, normativas y de acceso a recursos que obligan a largos periodos de gestión e incluso a frenar iniciativas relevantes por su creatividad y potencial aporte. Algunos casos hablan de nueve y hasta 18 años destinados a gestionar sus proyectos, lo que tiene un fuerte impacto a lo interno de las organizaciones sociales y muestra la complejidad que éstas enfrentan en su trato con las instituciones (Habitat International Coalition América Latina, 2017:13).

A pesar de esta gran desventaja es necesario reconocer a la luz de lo visto que “la autoproducción organizada que realizan cooperativas, asociaciones civiles, sindicatos y otros actores, aunque aún tiene un impacto cuantitativo limitado, constituye la forma más avanzada y con mayor potencial para desarrollarse” (Ortíz, 2012:27).

Es importante generar una diversidad muy amplia de formas de vivienda; la economía social y solidaria desde su expresión como cooperativas puede generar un abanico amplio de opciones; las cooperativas pueden incidir en una parte del proceso de vivienda o asumir completamente el proceso de habitar que en última instancia sería lo más deseable, pero es importante que las cooperativas puedan existir de una forma muy diversa, como pueden ser cooperativas de orientación técnica, cooperativas de ahorro especializado en la vivienda, cooperativas de adquisición de suelo, cooperativas de renta y cooperativas de uso y goce para ampliar las experiencias y generar mejores resultados.

CONCLUSIÓN. OTRA VIVIENDA ES POSIBLE

En condiciones de crisis y emergencia, contar con un techo seguro puede ayudar a superar los problemas que enfrentamos de forma colectiva como las pandemias. La visión capitalista caracterizada por el esfuerzo individual y la acumulación ha creado en las ciudades latinoamericanas condiciones de consolidación de las desigualdades y

[…] factores de riesgo para la profundización de los efectos de la pandemia, pues el virus se transmite más rápidamente en contextos de alta densidad demográfica, como los urbanos y metropolitanos. Mientras que para julio de 2020 se estimaba que más de 90% de los casos informados de Covid-19 en el mundo correspondían a zonas urbanas (Di Virgilio, 2021:82).

Lejos de rescatar la historia de la cooperativa como una historia dorada y como un logro exclusivo de los socios fundadores es importante reconocer que el logro de los antepasados respecto a lo- grar la propiedad social ha creado condiciones para que los jóvenes de hoy vivan en un entorno seguro y libre del despojo. “Lo común o lo comunitario es una forma concreta y situada de reproducir la vida social que se actualiza a lo largo del tiempo; y no una mera idealización que nostálgicamente se busca defender” (Navarro, 2016:146). Por ello, es importante recalcar la necesidad de actualizar las luchas, ampliar los objetivos, reproducir las organizaciones y crear cooperativas paraguas que faciliten la reproducción de cooperativas de base.

Palo Alto no es una utopía imaginada, sino que existe desde hace 50 años, procurando condiciones inigualables de habitabilidad en otras partes de la ciudad con casas de calidad, espacios públicos numerosos, incluyentes y gestionados por la propia comunidad a partir de sus necesidades y consensos, y una dinámica democrática que se ha buscado con muchos medios de participación democrática. “Las utopías son significativas precisamente por eso, porque son construcciones mentales y, en cuanto tales, son una parte crucial de la realidad, inciden sobre ella, la conforman y la transforman” (Reygadas, 2014:13). Esta utopía nos enseña la importancia de que las políticas dejen de dictar el camino “normativo” de vivienda y permitir que las decisiones sobre el hábitat descansen en las personas y comunidades. Dados los problemas asociados a la producción masiva de vivienda, cabría identificar formas concretas en que las políticas se fundamenten y expandan las virtudes de la vivienda progresiva y autoconstrucción que básicamente implican procesos descentralizados y con una amplia participación social (Mokkonen, 2018: 174). Sólo la participación de la sociedad en materia de vivienda permitirá alcanzar el ideal de lograr una vivienda adecuada, accesible, bien localizada y segura.

El gran aporte que lograrían las cooperativas de uso y goce es la desmercantilización y desfinanciarización de la vivienda y reforzaría la dimensión de la vivienda como derecho sobre la vivienda como mercancía.

Revocar el carácter de mercancía de la vivienda debe ser la clave de toda respuesta a la crisis de la vivienda... la idea de que la vivienda deba ser ante todo para acumular riqueza es el resultado de las actuales estructuras jurídicas económicas o políticas, y es posible cambiar todas estas estructuras (Madden y Marcuse, 2018).

En el mundo, inclusive en México, existen muchas formas alternativas de tenencia que podrían ser incorporadas al sistema habitacional urbano y rural: tenencia ejidal, comunal, cooperativa, compartida, copropiedad de capital limitado, pública, etc. Todas ellas han sido creadas en un conjunto de derechos, responsabilidades y facultades que constituyen las leyes en materia de propiedad y tenencia. La experiencia de Palo Alto que se originó en el pasado es una muestra de que es posible crear caminos alternos, sociales, solidarios y cooperativos para construir un mejor hábitat.

BIBLIOGRAFÍA

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* Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, El Colegio de México. Correo electrónico: <mquiroz@colmex.mx>.

EL PROGRAMA CAMELLONES CHONTALES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TUCTA, TABASCO. UN ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL ENFOQUE DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Edgar Andrés de la Cruz Rojas* Manuel Lara Caballero**

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se centra en el programa Camellones Chontales para la Explotación de las Zonas Pantanosas, implementado en Tucta, municipio de Nacajuca, Tabasco. Esta comunidad forma parte del grupo indígena de los Chontales de Tabasco o Yokot’ano’b (Yokot’anjo’b) que, como muchos otros pueblos indígenas y afromexicanos, han sufrido una marginación histórica y estructural, teniendo poco reconocimiento social, político y científico durante varios siglos. Como consecuencia, su desarrollo económico es limitado por la dificultad de integrarlos a la economía capitalista por las diferencias en sus valores, creencias y cosmovisión.

Los hombres y mujeres indígenas conservan el respeto, cuidado y uso racional de los recursos obtenidos de su hábitat. Su capacidad de adaptación y manejo de los recursos naturales les ha permitido vivir en armonía con la naturaleza. El trabajo colectivo forma parte de su organización para obtener los recursos para su subsistencia, por lo tanto, la relación entre la comunidad y la tierra o territorio es amplia porque “tienen conocimientos ancestrales y experiencia vitales acerca de cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y los desastres naturales” (Banco Mundial, 2020, párrafo 4).

Sin embargo, la pobreza y la reducción de su espacio productivo, ya sea por el mercado, la expropiación o la destrucción, son problemas cotidianos de los pueblos indígenas a escala global. Además se han enfrentado a la segregación y/o marginación por la sociedad en general, la persecución o sanción por parte de instituciones gubernamentales ante la exigencia del respeto de sus derechos y las violaciones a sus derechos humanos (Catro Lucic, 2008).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró estimaciones de la condición de pobreza multidimensional de los pueblos indígenas. En 2012 la población hablante de lengua indígena en situación de pobreza representaba el 76.8% con respecto a la población no hablante con 43.0%; en lo referente a la pobreza extrema la diferencia entre uno y otro grupo se dispara aún más: 7.9% para la segunda frente a 38.0% de la primera (Coneval, 2014). Las carencias sociales entre uno y otro grupo siguen la misma extensión, a lo que se agrega una percepción de ingresos inferior al salario mínimo.

A ello abona que seis de cada diez hablantes de lengua indígena (HLI) tienen al menos tres carencias sociales, mientras que esta situación se reduce a la tercera parte entre las personas no hablantes. Por otro lado, la mitad de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, contrario a 17.9% de población no hablante en la misma condición (Coneval, 2014:12).

El papel del Estado para la atención de este grupo minoritario es vital. Un primer esfuerzo del gobierno mexicano, a principios del siglo XXI, de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas fue la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2001 para incluir y reconocer que “los pueblos y comunidades indígenas de México constituyen un conjunto social pluriétnico y multicultural, son portadores de identidades, culturas y cosmovisiones que han desarrollado históricamente” (CNDH, 2021: párrafo 1); este hecho marcó un momento importante en la lucha de los indígenas para ser reconocidos como miembros de la nación mexicana y en igualdad de derechos. Como un primer paso fue bueno, pero no es suficiente.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Tabasco ha implementado diversos programas y apoyos para mitigar y/o frenar la pobreza de las comunidades indígenas chontales. Los programas cambian de un sexenio a otro, sin embargo, tienen varios puntos coincidentes que se resumen en las siguientes áreas: 1) Salud: consiste en la promoción y conservación de la medicina tradicional, atención médica, campañas de salud bucal, visual y auditiva, apoyo con prótesis a personas amputadas, entre otros; 2) Preservación de la lengua y la cultura: implementación de campañas de educación, difusión de la cultura, foros, libros impresos, encuentro de curanderos, etc.; 3) Economía: realización de capacitaciones y asesoría en el cultivo de hortalizas y plantas medicinales, proyectos de crianza de traspatio, crédito a ganaderos, fomento del cultivo del maíz, promoción, conservación y venta de artesanías; 4) Derechos humanos: realización de proyectos de difusión de derechos, capacitación en los procesos judiciales, asesoría jurídica, talleres comunitarios, principalmente. Sin embargo, son esfuerzos paliativos porque los apoyos están dirigidos a mantener sus tradiciones, pero no a su desarrollo social, político y económico.

El programa Camellones Chontales se implementó en los años sesenta como un programa visionario para apoyar a las comunidades indígenas. A pesar de no reconocerse en el documento del proyecto como una organización de Economía Social (ESoc), se registró como una Sociedad de Solidaridad Social (SSS), aprovechando las características culturales y sociales de la comunidad, regidos por valores como la solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo colaborativo. Al ser este tipo de organización, se tuvo la intención de generar una organización autosuficiente al combinar el autoconsumo con la venta y distribución al comercio local de cultivos de hortalizas y peces. Su fin último fue integrar a los indígenas de Tucta a las actividades productivas, pero como una alternativa diferente a la organización de las empresas de tipo capitalista.

El gobierno federal realizó un esfuerzo para impulsar el desarrollo de la comunidad de Tucta con el programa de los Camellones Chontales. Su papel como un actor central en la economía del país en los años setenta propició las condiciones para dotar a los indígenas de Tucta de la maquinaria y los profesionistas necesarios para desarrollar el proyecto, nombrando al Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca del Instituto Nacional Indigenista (INI) 1 1 La Ley de Creación del INI fue decretada el 4 de diciembre de 1948, es abrogada por la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) el 21 de mayo de 2003 y, de igual forma, es abrogada el 4 de diciembre de 2018 por la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). como la institución encargada de implementar el proyecto. Sin embargo, la visión de ser una propuesta alternativa de la lógica capitalista fracasó, por lo cual no ha logrado integrarse al mercado.

Las organizaciones de ESoc son una alternativa para fortalecer a las comunidades indígenas e integrarlos al mercado respetando sus saberes, forma de organización y tradiciones, en una palabra, su cultura. El papel del Estado en la generación y como facilitador de éstos, son fundamentales, porque tiene los recursos, mecanismos y fundamentos legales para intervenir y ayudar a su generación. Sin embargo, el diseño y la implementación de las políticas públicas para atender este tema necesitan de un elemento principal, que es esencial en este tipo de organización: la participación y el involucramiento de la población beneficiaria.

El objetivo de esta investigación es analizar el programa de los Camellones Chontales de la comunidad indígena de Tucta, Nacajuca, Tabasco, desde un enfoque de economía social, políticas públicas y participación ciudadana. Para lograrlo, primero se establece teóricamente la relación de estos tres últimos conceptos, así como el papel del Estado como promotor de las organizaciones de ESoc. Posteriormente se identifican las características que hicieron y hacen de Tucta un terreno fértil para la implementación de este tipo de organización. Por último, se analizan los errores cometidos en la implementación de dicho programa para la elaboración de una propuesta de mejora.

La estructura del capítulo se compone de cuatro apartados. En el primero se desarrolla la discusión teórica sobre la economía social, las políticas públicas y la participación ciudadana para entender la relación Estado-Sociedad como un vínculo importante en la generación de organizaciones de ESoc. En el segundo, se expone el contexto de la comunidad de Tucta para demostrar la viabilidad de impulsar este último tipo de organizaciones en ella y se describe el programa de los Camellones Chontales como una primera experiencia. En el tercer apartado se analizan los Camellones Chontales con un enfoque de ESoc y sus niveles de participación en las diferentes etapas de las políticas públicas, con el objetivo de generar una propuesta de mejora. Por último, con la intención de poner en perspectiva el ejercicio realizado, se cierra con algunas reflexiones finales.

ECONOMÍA SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En este apartado se plantea una relación teórica entre los conceptos de economía social, políticas públicas y participación ciudadana. Para ello, es importante identificar las características de las organizaciones de ESoc, las formas en que el Estado interviene en su generación y la importancia de la participación de los beneficiarios en todo el proceso de construcción de las políticas públicas, programas y proyectos sobre el primer tema.

LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOCIAL

Las organizaciones de ESoc son una propuesta diferente de las de tipo capitalista. Tradicionalmente, se han considerado como parte de éstas a las cooperativas, mutualidades y asociaciones. Consideradas por naturaleza de corte democráticas, incentivan la participación de sus miembros en la toma de decisiones estratégicas y administrativas, así como una distribución de beneficios equitativa y justa (Pérez de Mendiguren y Etxezarreta, 2015).

Vuotto y Fardelli (2012) elaboraron un cuadro con las características de las organizaciones de ESoc donde identifican cuatro elementos característicos: 1) Su objetivo principal consiste en la producción de bienes o servicios para la satisfacción de necesidades económicas, sociales, individuales y/o colectivas; 2) tienen a la persona y no al capital como punto central, de éste se desprende que deben tener un marco legal donde se asegure la participación en la toma de decisiones de los miembros sobre los asuntos de la empresa, el fomento de actividades donde se involucre a los miembros y usuarios para generar una responsabilidad individual y colectiva y una propiedad colectiva de los medios de producción y el capital.

El tercer elemento característico de las empresas de ESoc es la contribución al desarrollo local y de las comunidades, por ejemplo, con la generación de empleos, la mejora de la calidad de vida, entre otros. El último es que su viabilidad económica está en relación con el ingreso de la actividad comercial que realizan. En este punto los autores señalan que el Estado juega un papel importante para la protección y el mantenimiento de este tipo de empresas, porque su actividad económica es poco rentable, restringida o insuficiente.

A pesar de la variedad de caracterizaciones de las organizaciones de ESoc, se pueden identificar elementos coincidentes. Para esta investigación se agruparán en cuatro, las cuales se muestran en la figura 1. Primera característica, su objetivo principal consiste en la generación de bienes o servicios para la satisfacción de necesidades económicas y sociales, es decir, el bienestar social más que la ganancia. Segunda, la estructura debe ser legal y gestionada de forma democrática, con la activa participación de sus miembros en la toma de decisiones y con propiedad colectiva del capital y los medios de producción.

La tercera característica de las organizaciones de ESoc es el desborde de sus beneficios en el resto de la comunidad al generar empleos, mejorar la calidad de vida, la conservación del ambiente, entre otros. Cuarta, su viabilidad se basa en la generación de ganancias en la comercialización de sus bienes o servicios, por lo cual podría requerir la intervención del Estado para generar mecanismos de competencia real en el terreno local.

EL PAPEL DEL ESTADO EN EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

La importancia del Estado como generador de organizaciones de ESoc es innegable, por lo que es necesario estudiar el tipo de intervención gubernamental y la implementación de políticas públicas en favor de este tipo de organización. Fonteneau, Neamtan, Wanyama, Morais y De Poorter (2010) consideran las experiencias gubernamentales en esta materia como experimentales, generando una variedad de políticas públicas en diferentes países para la atención de este tipo de empresas. Lo anterior ha generado un panorama complejo y desafiante para generar políticas eficientes, por la fragilidad y vulnerabilidad institucional en la que se encuentran las organizaciones de esta clase.

De lo anterior, los principales problemas a los que se enfrenta el gobierno en relación con las empresas de ESoc son (Fonteneau, Neamtan, Wanyama, Morais, y De Poorter, 2010): a) la institucionalización de estas empresas en las estructuras gubernamentales; b) la transversalidad y centralidad de éstas en otras políticas públicas; c) la territorialización de la acción gubernamental y las atribuciones de los niveles de gobierno para su intervención; d) el establecimiento de mecanismos y estrategias eficientes para la participación de las empresas en la gestión de políticas que les afecten o tengan interés.

Fonteneau, Neamtan, Wanyama, Morais y De Poorter (2010) identificaron algunos instrumentos de políticas públicas y las ordenaron en cuatro grupos. El primero se refiere a políticas con efecto directo en las empresas de ESoc con instrumentos jurídicos y normativos. El segundo, a políticas en materia fiscal para beneficiarlas, como subsidios o condonaciones de impuestos. El siguiente, a políticas diseñadas con intervención en diferentes niveles de administración pública (local, regional o nacional). Finalmente, a políticas específicas para la reactivación de sectores económicos y/o grupos prioritarios, por ejemplo, la agricultura o las comunidades indígenas.

A partir de los grupos anteriores, dichos autores generan cuatro categorías para identificar las políticas públicas relacionadas con las empresas de ESoc. Uno, política territorial, cuyo objetivo es orientar a las comunidades a generar redes de apoyo, planificación estratégica y proyecto colectivos, es decir, la parte administrativa. Dos, instrumentos genéricos para el desarrollo, con un tinte más económico, donde son utilizados mecanismos de financiamiento, educación financiera, investigación de mercados, entre otros. Tres, políticas sectoriales, que como su nombre lo indica, son acciones enfocadas a generar las condiciones apropiadas para estas empresas. Cuatro, políticas a favor de las poblaciones destinatarias, dando atención prioritaria a grupos minoritarios o marginados para integrarlos a la fuerza laboral y a las actividades económicas.

Por su parte, Fernández (2006) retoma la tipología de estrategias gubernamentales para la promoción de las cooperativas propuesta por Benito Díaz en su trabajo La promoción cooperativa en Venezuela, publicado en 1991. Son cuatro estrategias: 1) Préstamos otorgados a la organización; 2) adiestramiento para el trabajo; 3) trabajo colaborativo con organizaciones comunales o civiles; 4) intervención directa del Estado en la creación de las condiciones para la generación, mantenimiento y preservación de la empresa, dotándolos de asistencia técnica, organizacional, capacitación, financiamiento, apoyo en la producción y operación. Para la autora, en esta última la participación de los miembros de la organización es mínima y se genera una dependencia del gobierno, porque.

[…] se produce un reforzamiento del paternalismo estatal, que sustrae al ciudadano de la necesidad de intervenir para gestionar la búsqueda de soluciones a sus problemas, pero cuando el Estado por razones económicas, ideológicas y/o políticas disminuye su capacidad y/o disposición para atender las demandas de los sectores de la población con mayores carencias y urgencias, se ven afectadas las cooperativas así promovidas y la población que se encuentra en espera pasiva (Fernández, 2006:247).

En México, las organizaciones de ESoc se enfrentan a un panorama poco claro porque no existe uniformidad o consenso para definir criterios comunes en las estrategias para incentivar la fundación, el mantenimiento y apoyo a éstas, ni en el marco jurídico ni en las políticas públicas. Esto genera confusión en el papel que desempeñan estas organizaciones en la economía nacional. Además, el Estado no garantiza las condiciones para respetar su forma de organización y valores.

De esta forma, el escenario pesimista se sustenta aún más con la ausencia de una infraestructura institucional que apoye a las organizaciones de ESoc, generando barreras de acceso a financiamiento, capacitación, formación empresarial y además, al crecimiento de la informalidad de sus actividades económicas (Izquierdo Muciño, 2018). Visto así, la intervención del Estado.

[…] tiene un carácter paliativo para el SSE, además de desarticulado toda vez que no se observan directrices que generen una estrategia ordenada, sistemática y de largo plazo que realmente satisficiera los requerimientos más elementales para el crecimiento y para el desarrollo de las unidades productivas del SSE en México (Izquierdo Muciño, 2018:12).

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOCIAL

La participación de la sociedad es fundamental para el desarrollo de las empresas de ESoc. Fonteneau, Neamtan, Wanyama, Morais y De Poorter (2010), hablan de una construcción de estas organizaciones basadas en la “coproducción” o “de abajo hacia arriba”, donde los ciudadanos, a partir de la acción colectiva, son quienes construyen la política pública, porque son quienes pueden elaborar diagnósticos más reales al identificar problemáticas o necesidades urgentes o emergentes, así como proponer soluciones innovadoras con el fin de promover un desarrollo integral de la comunidad.

En el mismo sentido, Fernández (2006) reflexiona sobre la necesidad de un cambio de perspectiva del Estado, evitando el paternalismo y una relación vertical con los ciudadanos, dando paso a la participación directa en la toma de decisiones. Dentro de las empresas de ESoc, la participación también es fundamental, pero para generarla debe existir una capacitación y formación de los miembros, de tal forma que se les involucren y asuman su responsabilidad como actor involucrado. De no existir esta concientización o educación, puede “conllevar a estilos de gerencia conservadores o poco dinámicos que impiden que la cooperación sea competitiva en el mercado” (p. 249).

Para Luis Aguilar (1992) las políticas públicas, en la gobernanza democrática, dejan de estar en las manos exclusivas y excluyentes de los burócratas y los políticos para pasar a los ciudadanos. Estos últimos buscan identificar sus problemas, diseñar sus respuestas y evaluarlas para una mejora continua. Así, ellos prefieren lo racional, la eficiencia y la legalidad. En suma, el autor llama a esa construcción social como “un estado de gente grande” (p. 74).

Las políticas públicas entonces no son un crisol donde los técnicos que comprenden sus instrumentos educarán a todos los demás para comprender las “verdades” y “correctas” soluciones. Como perspectiva de acción de gobierno y de sociedad implica aceptar que las mejores soluciones son en realidad aquellas que se discuten, que se enfrentan y compiten, que se experimentan con evidencias en mano y que se enfrentan a la rendición de cuentas constantemente (Arellano y Blanco, 2015:56).

Para analizar los niveles de participación de la ciudadanía en las políticas públicas, se propone una matriz con base en el modelo holístico del ciclo de las políticas públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública (2019) y el continuum de participación ciudadana de Brager y Specht (1973), citado en Guillén y otros (2009), que se muestra en la tabla 1. En la propuesta se agregan los niveles de participación medio-bajo, medio-medio y medio-alto, a fin de distinguirlos.

El objetivo de construir dicha matriz es poder conocer el nivel de participación de los miembros de la comunidad de Tucta, especialmente de los beneficiarios, en cada parte del ciclo del programa de los Camellones Chontales, para conocer su experiencia en la toma de decisiones públicas y el papel que jugó para la creación de la organización de ESoc.

Esta propuesta de matriz de participación permite observar el nivel de participación de la comunidad en la construcción del programa o política pública. A diferencia de la propuesta de Manuel Canto Chac (2002), no consideramos que la participación sea de manera lineal, sino que puede variar en cada sección del ciclo del programa. Por ejemplo, cuando habla de delegación especifica que sólo “se da en la implementación, no en el diseño de las políticas y programas”, en cambio, en nuestra propuesta el Estado plantea a la comunidad el problema por resolver y define los parámetros o mecanismos de participación, en otras palabras, ellos pueden interactuar en todas las etapas del programa, aunque con limitaciones.

Por otra parte, su propuesta no plantea los niveles de participación, sino el rol que juega el ciudadano en la construcción de la política pública o del programa. Al integrarlo con el continuum de participación ciudadana según Brager y Specht (1973), citado en Guillén y otros (2009), nuestra matriz de participación permite conocer el nivel de participación, pero se ha agregado los niveles medios para distinguirlos de los demás y tener el espectro completo.

Las organizaciones de ESoc tienen características que las distancia de las empresas de tipo capitalistas. El Estado tiene en ellas una alternativa para la generación del desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades que no han logrado integrarse a la lógica capitalista. Sin embargo, es importante fomentar la participación de los beneficiarios tanto en la construcción de políticas públicas relacionadas con ellas, como dentro de ellas. Son esenciales para el desarrollo de este tipo de empresas la capacitación y formación de los miembros en las diversas áreas de la organización, desde la parte productiva hasta la parte administrativa.

LOS CAMELLONES CHONTALES DE TUCTA, TABASCO

En este apartado se muestra cómo la comunidad de Tucta es un terreno fértil con potencial para la generación o mantenimiento de las organizaciones de ESoc. Además de presentar la experiencia de los Camellones Chontales en este pueblo indígena, la información aquí presentada servirá de base para el análisis del apartado siguiente.

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TUCTA, TABASCO

La comunidad de Tucta, Nacajuca, Tabasco, forma parte del grupo indígena de los chontales de Tabasco o Yokot’ano’b (Yokot’anjo’b). Como otros pueblos indígenas, conservan el respeto, cuidado y uso racional de los recursos obtenidos de su hábitat. El trabajo colectivo forma parte de su organización para obtener los recursos para su subsistencia, por lo tanto, la relación entre los habitantes de este ti- po de grupo humano y la tierra o territorio tiene una lógica diferente a los planteados por las ideas liberales, donde la propiedad es privada; aquí la tierra no es un bien, es parte de su identidad.

La historia de los pueblos y comunidades indígenas está manchada de sangre desde la Conquista hasta nuestros días. Aunque en el siglo XXI el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la autonomía política de los pueblos indígenas para elegir a sus representantes conforme a sus usos y costumbres, respetando los derechos de género y establece las responsabilidades del gobierno federal y local para con ellos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019), muchas veces esto queda en letra muerta y el apoyo del Estado ha logrado con poco éxito el desarrollo social, político y económico de ellos.

La historia de los indígenas chontales de Tucta no es la excepción a lo dicho en el párrafo anterior. Su forma de organización y trabajo han sufrido cambios, pero apenas han logrado integrarse a la lógica del mercado capitalista. Ya desde la década de los sesenta del siglo pasado, la política agraria mexicana priorizó la actividad ganadera por encima de la agrícola, iniciando una competencia importante de ambos sectores como actividad fundamental en la economía del país. En Tabasco se intensificó la deforestación de la región, “de 1960 a 1970 se pierden 365 314 hectáreas, en diez años se redujo 60% de monte” (Pérez Sánchez, 2007:42). Este cambio en la actividad productiva significó una modificación importante en el ecosistema del territorio de los chontales, porque se redujo la población de peces y los tiempos de cultivo (Flores López, 2006).

Para subsanar las afectaciones por la actividad ganadera, en 1963 se implementó el Plan Chontal con la finalidad de realizar obras de control y drenaje, construir vías de comunicación y viviendas, rehabilitar los campos, reestructurar la tenencia de la tierra, diversificar cultivos, repartir tierras, crear programas de investigación, asistencia técnica y social, así como planes de crédito agropecuarios (Pérez Sánchez, 2007). Pero de nuevo estas acciones sólo fueron paliativas y las tierras entregadas eran, en la mayoría de los casos, poco fértiles y en consecuencia demasiado costosas para volverlas productivas.

Sin embargo, la actividad petrolera en Tabasco fue un golpe importante en la vida de los indígenas chontales. Aunque inició desde los años cincuenta, no fue hasta 1970 cuando la actividad ganadera de la entidad fue minimizada por esta actividad y demandó mano de obra para la construcción de la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), medios de transporte y la ampliación o construcción de nuevas casas para recibir la mano de obra calificada que, terminadas las construcciones, serían los responsables de manejar y administrar las instalaciones (Pérez Sánchez, 2007; Flores López, 2006). Concluidas las labores de construcción, el desempleo inició una curva hacia arriba con una rápida aceleración. Ésta modificó sustancialmente los ámbitos económicos, políticos, sociales y el medio ambiente del estado de Tabasco. Los indígenas chontales debían trasladarse a las ciudades para vender su fuerza de trabajo ante la falta de oportunidades y apoyos en el campo; muchos decidieron migrar, generando nuevos centros de población (Pérez Sánchez, 2007). La organización social pasó de ser una sociedad cooperativa e integral a una individual y competitiva.

La unidad familiar basada en lazos de parentesco extensos y en mecanismos de cooperación, ayuda mutua y redistribución, tiende a transformarse ante la disminución de la agricultura como actividad predominante, la incorporación gradual al sistema de empleo remunerado y la competencia (CDI, 2018).

Otras consecuencias de la actividad petrolera en el estado fueron “una derrama monetaria en la región que, aunado a la proliferación de fenómenos como el alcoholismo, permitió la influencia de religiones evangélicas o protestantes y el deterioro del entorno ecológico” (CDI, 2018). En cuanto al medio ambiente, “se afectaron tierras por instalaciones de explotación, hubo derrames de petróleo crudo, sales, aceites, emulsiones, contaminación atmosférica, etcétera” (Flores López, 2006:15).

De esta forma, las comunidades indígenas chontales tuvieron cambios en su modo de vida, cultura y tradición gracias a las transformaciones de las actividades económicas de la región. La organización familiar se vio afectada, anteriormente los hombres se dedicaban a la pesca y la agricultura para el autoconsumo y las mujeres al cui- dado de la casa, la educación de los hijos, la crianza de animales de traspatio y la producción de artesanías. Ahora, las mujeres deben buscar trabajo como empleadas domésticas o en comercios, maestras, cocineras o secretarias, y los hombres como peones, jornaleros, periodistas o en la administración pública, como actividad principal, dejando la agricultura y la pesca como actividad complementaria (Flores López, 2006).

En mayor o en menor medida, estas transformaciones han estado vinculadas a los grandes procesos socioeconómicos que han tenido lugar en el estado de Tabasco. Sin duda uno de estos procesos, la actividad petrolera, ha sido el de mayor impacto en los hábitos, costumbres y modos de organización tanto para los sectores mestizos, como para los indígenas de Tabasco. […] Los daños al medio físico, sin embargo, no fueron exclusivos de la actividad petrolera ni se iniciaron con ella. La degradación ambiental fue resultado sobre todo de una intensa deforestación y de la transformación del régimen hidrológico regional, antes de la intensificación de la explotación petrolera (Flores López, 2006:13 y 15).

El gobierno de Tabasco jugó un papel primordial en el proceso de aislamiento, control y exterminio de los pueblos chontales. Durante todo el siglo XX agravió la integridad de los pueblos indígenas al impulsar leyes contra el uso de su vestimenta tradicional y su lengua (Gobierno del Estado de Tabasco, 2015). “Esto causó un proceso de castellanización y bilingüismo. La invisibilidad llegó a tal grado, que en los censos de 1940-1979 la población indígena formó la categoría de ‘otros’ en Tabasco” (Lara Blanco y Vera Cortés, 2017:729).

Los Yokot’ano’b sufrieron injurias y una segregación estructural. En el siglo XXI apenas han recibido atención por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). Sin embargo, ellos mismos se han desconocido como indígenas por el miedo de verse discriminados. Lo anterior se refleja en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cohibirse por hablar su lengua en espacios públicos, fuera de su territorio o en presencia de extraños. Para mitigar esta problemática algunos miembros de este grupo indígena han iniciado proyectos de promoción de la cultura y difusión de la lengua a través de redes sociales como Facebook. 2 2 Véase De la Cruz Hernández (2020).

A pesar de la cercanía y el conocimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México, de las condiciones socioeconómicas de este grupo indígena y de haber tenido a un tabasqueño como subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial en la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, la Secretaría de Bienestar determinó la inexistencia de comunidades indígenas en Tabasco en 2019 y modificó las reglas de operación a los programas de apoyos a este grupo de la población (Guzmán, 2019).

La actividad artesanal sigue vigente, pero se va perdiendo conforme los adultos con el conocimiento para elaborarlas van muriendo o son incapacitados para fabricarlas. Son pocos los jóvenes participantes en dicha actividad. Hoy día se pueden comprar en las comunidades muebles, tambores, máscaras, canastas, bolsos, sombreros, petates, flautas y cayucos a escala; o artículos aún más sofisticados como animales disecados, ollas, comales, cinturones, bolsas y carteras a base de piel de animales como de lagarto, ganado o serpiente (CDI, 2018). Habría que decir algo sobre la importancia de la medicina tradicional para los chontales. Sus tratamientos suelen combinar ritos y/o plantas tradicionales con los medicamentos de la medicina institucional. Para ellos, las enfermedades son causadas por una quebradura del orden cósmico (CDI, 2018). Aunque es importante la conservación de este tipo de saberes, pocas veces se les ha atendido para conocer la actividad médica científica y desarrollar más sus conocimientos.

Las luchas de los pueblos y comunidades indígenas no van en la dirección de regresar a la vida prehispánica, sino al reconocimiento y aceptación en la vida política y social del país. “No se trata de recuperar una civilización aldeana, sino de reconstruir los espacios necesarios para el desarrollo de una civilización actualizada, vigente hoy y proyectada hacia el futuro” (Bonfil Batalla, 1987:242). Para eso, los esfuerzos y logros de ellos no deben quedar en letra muerta, es necesario garantizarles un lugar en los espacios de toma de decisión, como las cámaras legislativas, y ser tomados en cuenta durante todo el proceso de las políticas públicas y los programas que los afecten, por ejemplo, el Tren Maya.

Los habitantes de la comunidad indígena de Tucta desean conservar sus tradiciones y su cultura, pero también quieren desarrollarse social, política y económicamente. Su deseo es lograr, como se dijo en el párrafo anterior, avanzar combinando su cultura con los progresos de la ciencia y la tecnología; es más, aprovechan las bondades de estas dos últimas para difundir y conservarla. Las organizaciones de ESoc, por sus características de poner el beneficio social por encima del capital, su administración legalista y democrática, la propiedad colectiva de la tierra, el beneficio comunitario y la necesidad de intervención del Estado, en mayor o menor medida, para su desarrollo ponen a esta comunidad como un campo fértil para su implementación gracias a los valores propios del grupo indígena. De esto último, se dio cuenta el gobierno en los años sesenta e implementaron una organización de este tipo.

EL PROGRAMA CAMELLONES CHONTALES CON ENFOQUE DE ECONOMÍA SOCIAL

Los habitantes de la comunidad indígena de Tucta fueron de los primeros en beneficiarse con el programa de los Camellones Chontales. Inició el 28 de junio de 1977, cuando el entonces presidente José López Portillo aprobó las Bases para la Acción 1977-1982 de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) 3 3 Hoy IMSS-Bienestar. (Ovalle Fernández, 1980). Ante la ausencia de una fuente de trabajo con ingresos constantes cerca de su lugar de origen y de tierras productivas, el programa surgió como una alternativa innovadora para mejorar las condiciones de vida de los chontales de Tabasco.

Si bien en el documento ejecutivo del programa de los Camellones Chontales no lo denomina una organización de ESoc, sí estableció que los beneficiarios del programa se regirían por la Ley de Sociedad de Solidaridad Social publicada el 27 de mayo de 1976 en el Diario Oficial de la Federación (1976). En dicha ley, se reconoce que los objetivos de la SSS son la creación de fuentes de trabajo, la conservación y mejora del medio ambiente, la explotación sustentable de los recursos naturales y la realización de actividades productivas. Además, el Instituto Nacional de la Economía Social, órgano creado a partir de la Ley de la Economía Social y Solidaria (Diario Oficial de la Federación, 2012), elaboró el Catálogo de Organismos del Sector Social de la Economía (COSSE) en el cual se encuentra la SSS que, de acuerdo con Conde Bonfil (2016), se encuentra dentro de la Economía Social.

Asimismo, de acuerdo con la caracterización de las organizaciones de ESoc elaborada en el subapartado de “Las organizaciones de economía social”, podemos considerar a los Camellones Chontales como un esfuerzo del Estado por generar una organización de ESoc porque cumplen con las cuatro características identificadas anteriormente. En primer lugar, porque el programa buscaba ayudar a la comunidad a superar sus bajos niveles de desarrollo social-económico, por lo cual sus objetivos fueron: 1) Aprovechar y habilitar las zonas pantanosas de la comunidad para hacerlas productivas; 2) dar empleo a los miembros de la comunidad; 3) dar tierra a los indígenas de la comunidad que no tuvieran una propiedad para trabajar; 4) participar en la comercialización de las hortalizas, que tenían gran demanda en el estado de Tabasco; 5) la disminución del traslado de los indígenas a otras comunidades para buscar empleo, lo cual contribuiría a preservar su cultura y sus tradiciones; 6) ser un caso de éxito para replicarlo en otras comunidades con condiciones similares de pobreza y marginación (Ovalle Fernández, 1980). Se cumple así la primera característica de acuerdo con su objetivo principal, al consistir en la generación de bienes o servicios para la satisfacción de necesidades económicas y sociales, es decir, el bienestar social más que la ganancia.

El programa cumple con la segunda característica de las organizaciones ESoc, es decir, la estructura debe ser legal y gestionada de forma democrática, con la participación activa de sus miembros en la toma de decisiones y con propiedad colectiva del capital y los medios de producción. Su organización se realizó conforme al artículo 16 de la Ley de Sociedad de Solidaridad Social; los camelloneros 4 4 Nombre dado a los beneficiarios del programa. integraron una Asamblea General, nombraron a un presidente, un secretario y un tesorero. En total fueron 60 camellones con sus respectivos canales construidos; se le dio un camellón a cada beneficiario. Los camelloneros se formaron en grupos de diez personas, se prefirió que tuvieran algún parentesco, y de esos seis grupos eligieron a un representante para estar en la Asamblea General (Ovalle Fernández, 1980). En la figura 2 se muestra la estructura de la organización, de tipo horizontal, porque aunque la Asamblea estableciera que todos debían sembrar un tipo de cultivo, cada grupo podía ele- gir la forma de trabajar y, a su vez, cada camellonero se autoorganizaba y podía realizar otro tipo de siembra.

La Asamblea General es la figura institucional por medio de la cual se toman decisiones, que afectan a todos los miembros, de forma democrática. Su función es coordinar las unidades de producción, los grupos, con el objetivo de ser eficientes y obtener el mayor beneficio para sus miembros (Ovalle Fernández, 1980; Diario Oficial de la Federación, 1976).

Además, conforme al artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y una vez otorgados los permisos del Ejecutivo Federal, los camelloneros obtuvieron los derechos sobre los camellones. Ese derecho incluía el uso y explotación de la tierra y los cuerpos de agua para la producción de sus cultivos y especies animales (Ovalle Fernández, 1980). De esta forma, los Camellones Chontales debería cumplir con el objetivo del programa de “lograr la autoorganización, autoadministración y el autofinanciamiento de productores” (Ovalle Fernández, 1980:164).

En cuanto a la tercera característica de las organizaciones de ESoc, el desborde de sus beneficios en el resto de la comunidad al generar empleos, mejorar la calidad de vida, la conservación del ambiente, el programa de Camellones Chontales fue planteado como un programa con grandes beneficios sociales. El Estado creyó que con la generación de empleos con un ingreso seguro y constante ocasionaría un aumento en su poder adquisitivo. Con esto último, una vez cubiertas las necesidades de alimentación, los niños y jóvenes tendrían un mejor desempeño en las escuelas, aumentando su calidad de vida gracias a un mayor nivel académico. Además, se disminuiría el problema del alcoholismo en la comunidad gracias al equilibrio social que se generaría por los dos supuestos anteriores, así como la conservación de la cultura gracias al incremento del tiempo en la comunidad, permitiéndoles dedicarse a actividades artísticas y culturales. Finalmente, basado en el principio de solidaridad, se esperaría que los camelloneros participarían activamente en la solución de problemáticas de la comunidad, buscando el beneficio de sus semejantes (Ovalle Fernández, 1980).

La cuarta característica de las organizaciones de ESoc, viabilidad generada por la comercialización de sus bienes o servicios con la intervención del Estado para generar una competencia real en el mercado local, fue cumplida por los Camellones Chontales. Para cumplir con el objetivo de comercializar los productos de los camelloneros, se realizó un estudio de mercado y de factibilidad. Los camellones chontales fueron pensados para las actividades productivas relacionadas con la agricultura y la piscicultura. En la primera actividad se inició con el cultivo de hortalizas: jitomate bola, cebolla bola, chile serrano, repollo (col), ajo, calabacita, pepino, sandía, rábano. En la segunda actividad se consideró al pejelagarto. Estos productos tenían la finalidad de ser utilizados para el autoconsumo y la comercialización en los mercados municipales, principalmente de la capital de Tabasco, Villahermosa. El gobierno estableció el precio de venta de los productos y presupuestó el pago de la mano de obra y del personal administrativo, la renta de la maquinaria, los interés y/o préstamos solicitados, donde el Gobierno del Estado sería el principal inversor. Como novedad del programa, se planteó la necesidad de sacar de la comercialización a los intermediarios, porque aumentaban los costos del producto en los puntos de venta y se ganaba poco. Por esta razón se propuso a los beneficiarios entablar una relación directa con los locatarios o dueños de los puestos en los mercados (Ovalle Fernández, 1980).

Los Camellones Chontales en la comunidad de Tucta fueron el primer esfuerzo del Estado por generar una empresa de ESoc en el municipio de Nacajuca. El programa fue un ejercicio importante y una experiencia enriquecedora de la comunidad, se dotó de tierras a las personas que no contaban con una para sus cultivos y de cuerpos de agua para la producción de peces. Sin embargo, la empresa no funcionó, la comunidad continúa con el deseo de prosperar y espera la ayuda del gobierno para lograrlo.

ANÁLISIS DEL PROGRAMA CAMELLONES CHONTALES

En este apartado hacemos un análisis del programa para identificar los elementos que generaron su fracaso; en seguida, se propondrán puntos a considerar para la mejora del programa Camellones Chontales o de otra organización de ESoc que el Estado implemente en la comunidad de Tucta, o cualquier otra comunidad indígena de los chontales de Tabasco.

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CAMELLONES CHONTALES

En el análisis de la implementación de los Camellones Chontales se pueden distinguir dos etapas. Para los fines de esta investigación se les llamará: a) Organización de ESoc de autoconsumo y comercialización; b) Organización de ESoc turística.

• Organización de economía social de autoconsumo y comercialización

En un primer momento se siguió el plan original del programa, pero con resultados poco favorables. De todos los productos propuestos, sólo fueron aceptados el jitomate y la col, el resto no formaba parte de la dieta de la comunidad. Por otro lado, los mercados no recibieron el producto por la falta de confianza de garantizar un surtido constante de los productos. Además de lo anterior, los camelloneros no administraron ni recibieron parte de la cosecha.

En esta primera etapa se advierten tres factores de su inoperancia: 1) Los estudios de mercado no fueron los adecuados; 2) los productos cultivados no se producen todo el año, impidiendo su comercialización constante; 3) no se consultó a los miembros de la comunidad sobre los productos que iban a cultivarse; 4) no se integró a los camelloneros en la venta de la cosecha; 5) la capacitación se centró en el aspecto técnico; no se incluyó el aspecto administrativo, lo cual dificultó el desarrollo de una estrategia para la comercialización; 6) no se consideró el medio de transporte para realizar la venta directa a los locatarios en los mercados.

Con la primera experiencia, los camelloneros decidieron enfocar su actividad agrícola en el cultivo de “maíz, frijol, plátano macho, cañita, papaya, camote, yuca y calabaza” (Pérez Sánchez, 2007:179). Como forma de complementar el programa, el INI proporcionó tractores a cada grupo; sin embargo, nuevamente no recibieron la capacitación adecuada para su uso, generando mayor trabajo para los camelloneros. Finalmente, decidieron devolver esa maquinaria. Además, el trabajo en grupo no fue del agrado de todos los miembros, generando una desintegración por la falta de confianza y compromiso de los integrantes del grupo, porque se exigía un reparto equitativo, pero no todos colaboraban al con el mismo empeño.

El Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), 5 5 Desaparece en 1988 con la presidencia de Miguel de la Madrid y su política de recorte presupuestal ante la crisis financiera. Para más información, véase Gómez-Pompa (2016). en el año de 1982, decidió maximizar el uso de las tierras de los camellones con la implementación del proyecto Granjas Integradas, el cual tendría como objetivo añadir las actividades de producción animal, principalmente cerdos y pollos, y el manejo de biomasa, con los digestores. Sin embargo, sólo duró dos años (Pérez Sánchez, 2007); nuevamente, la falta de capacitación afectó el desarrollo del proyecto.

• Organización de economía social turística

En el año 2003 se implementó un proyecto turístico como parte del Corredor Gastronómico, Cultura y Artesanal Biji Yokot’an, integrando a 30 camelloneros. Su objetivo era fomentar la flora, fauna y cultura del lugar. El proyecto consistió en poner en operación una alberca, una palapa que funcionaba como restaurante-bar familiar, locales para la venta de artesanías, visita guiada a pie o en cayuco, dónde se podía observar a los manatíes (Pérez Sánchez, 2007).

La capacitación en esta etapa se centró de nuevo en la venta de bienes y servicios. Además, en los cursos implementados por la Secretaría de Turismo del Estado no se consideraron las características de la comunidad. Nuevamente, la parte administrativa y legal en las capacitaciones no fue un tema central. Esto generó un problema en la rendición de cuentas, además de la desconfianza entre los camelloneros sobre el manejo del proyecto, ocasionando la salida de algunos de ellos.

Es pertinente mencionar también los efectos de los desastres naturales ocurridos en Tabasco y dentro de los camellones. Las inundaciones de 2007 y 2010 generaron múltiples daños y la desaparición de los manatíes en el terreno de los camellones. La explosión del pozo Terra 123 en 2013, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), generó contaminación del agua y el suelo, provocando pérdidas en los cultivos y las especies animales con el cual se preparaban los alimentos. Finalmente, un incendio en la palapa del restaurante provocó el cese definitivo de la actividad turística de los Camellones Chontales (Lara Blanco, 2016; Pérez Sánchez, 2007).

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL PROGRAMA CAMELLONES CHONTALES

En este apartado se presenta la matriz de los niveles de participación de los beneficiarios del programa Camellones Chontales. Son dos las matrices por considerar: la primera para la etapa de la organización de ESoc de autoconsumo y comercialización, y la segunda para la organización de ESoc turística. La información para completar las matrices de participación se obtuvieron de dos fuentes: la primera fue el análisis documental presentado párrafos arriba; la segunda fue una entrevista de uno de los camelloneros y una especialista en el tema.

La primera matriz se muestra en la tabla 2, en la que podemos encontrar los siguientes elementos:

a) Los niveles de participación en la etapa uno, en los años setenta, muestran un avance ascendente. Parte de una participación nula hasta un nivel medio-bajo, un nivel menor para un proyecto con un fuerte impacto en la comunidad al modificar su estilo de vida, tanto positiva como negativamente. Esto se puede explicar porque en esos años los gobiernos priistas intentaron rescatar al Estado paternalista mexicano, aunque la grave crisis económica orilló al gobierno a apoyar proyectos con un impacto a largo plazo y viable para ser administrados por los mismos beneficiarios, sin el apoyo garantizado y constante del gobierno. b) En el análisis de decisiones se observa una nula participación de la comunidad; el proyecto fue traído por personas no pertenecientes a la comunidad y pensado a partir del diagnóstico elaborado por agentes externos a la localidad. c) Por el contrario, en la planificación sólo se buscó la aceptación de la comunidad a partir de la interacción con el INIREB, aunado al papel de intermediarios como la madre Muriel (religiosa que desarrolló un papel social importante en el municipio de Nacajuca) y AMLO para abogar y convencerlos de los beneficios del programa. d) La actuación o implementación del programa tuvo un mayor involucramiento de la comunidad, pero limitado. Ellos escogieron cuáles productos aceptar para el cultivo y la forma de trabajar la tierra, por ejemplo labrando la tierra o aplanándola. Su participación se limitó a la parte técnica del proceso productivo, descuidando totalmente la administración de la empresa. e) No hay evidencias o documentos sobre la evaluación del programa, al menos del gobierno. El trabajo de Rentería Camacho (1980) fue una evaluación técnica del programa, pero él no formaba parte de la comunidad y en su trabajo no se observa la participación de los pobladores en la evaluación técnica. Por ello, se decidió no clasificar el nivel de participación de esta parte del ciclo del programa.

En suma, el nivel de participación de la comunidad formaba parte de una realidad nacional. En los años setenta el esquema seguía siendo de gobernabilidad, el Estado continuaba siendo el director y actor principal de las acciones públicas, siendo las palabras del ex presidente José López Portillo las que mejor describen cómo se veían a las comunidades indígenas, es decir, aquellos con la necesidad de ser rescatados. Aunque se observa un avance del nulo al medio-bajo, el papel de la comunidad fue secundario. Se pretendió resolver sus principales problemas con una sola acción. La baja participación por la poca deficiencia en la capacitación y formación del capital humano ya fue mencionada por Fernández (2006) como un factor que puede afectar la competitividad de la empresa.

La segunda matriz se muestra en la tabla 3. Para complementar se preguntó a los camelloneros su experiencia en el proyecto; las conclusiones se presentan a continuación:

a) En la primera parte del ciclo del programa, el análisis de necesidades no fue consultado a la comunidad, sólo informado. Se retoma el trabajo realizado por Correa Díaz, Guerra Fierros, Hernández Mercado, Ríos Peralta y Rojas Carranco (1996), sin embargo no se tomó en cuenta la parte de conservación de la cultura y tradiciones y el cuidado del medio ambiente. Por eso, en esta parte el nivel de participación es nulo. b) La planificación tiene un nivel de participación nula. Se demuestra porque no se consensuó con la comunidad el programa turístico y no existió una labor de convencimiento por parte de las autoridades gubernamentales. c) La implementación del programa sufrió las consecuencias de los niveles de participación de las otras dos etapas. La participación de la comunidad fue bajo, se les dotó de infraestructura e insumos y se les dejó sin capacitación ni seguimiento para monitorear el programa, generando una condición de opacidad en las ganancias obtenidas por las ventas de bienes y servicios. d) Las instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Turismo principalmente, no dejaron base alguna para el seguimiento del programa. Por ello, como también se observa en la matriz anterior, no se realizaron evaluaciones de esta etapa del programa.

A partir de la matriz de participación de la segunda etapa, los niveles de participación de la ciudadanía en la etapa turística del programa Camellones Chontales fue nula. Los camelloneros no tenían conocimiento de las actividades relativas al sector servicio, es decir, no sabían cómo administrar un restaurante, como realizar visitas guiadas, el cuidado de la infraestructura, entre otros. La capacitación proporcionada sólo subsanó parte de la prestación de los servicios. Además, esta etapa dañó la vida interna del grupo de los camelloneros porque al final se quedó en manos de pocos miembros y sin ningún instrumento de rendición de cuentas. De la misma forma que en la etapa anterior, como lo señaló Fernández (2006), la discrecional y la administración ortodoxa en esta etapa de la empresa provocaron la disminución de la participación.

A partir del análisis de la implementación y la participación de los beneficiarios del programa se pudieron detectar dos problemas en las acciones del gobierno para con la organización de ESoc Camellones Chontales. El primero es que la capacitación de los beneficiarios se redujo a la parte técnica del proceso de cosecha de productos agrícolas, elaboración de productos piscícolas, producción gastronómica y mantenimiento de las instalaciones, dejando de lado la capacitación en los procesos de administración, gestión y organización de la empresa. En segundo lugar, que el Estado no puede dejar de lado la participación de los beneficiarios cuando interviene de forma directa en la construcción de una organización de este tipo, además de que debe evitar abandonarlos una vez que concluya su implementación. Con estas observaciones se plantea una propuesta de mejora.

PROPUESTAS DE MEJORA CON UN ENFOQUE DE ECONOMÍA SOCIAL

A continuación se plantea una serie de acciones como propuesta para mejorar el programa Camellones Chontales y reactivar la parte de comercialización. En primer lugar, se elaboró un grupo focal para elaborar un diagnóstico de necesidades de los camelloneros. Posteriormente, se agruparon las problemáticas identificadas por temáticas y se elaboró una matriz de motricidad y dependencia con su respectivo plano cartesiano, con lo cual se obtuvieron cuatro de ellas por considerar. Con el diagrama de problemas prioritarios se consideró que el central fue “Abandono de las actividades productivas dentro de los Camellones Chontales”. Con esto último, se inicia la propuesta de mejora.

El 25 de octubre de 2020 se formó un grupo de enfoque con cuatro personas miembros de la comunidad, que fueron: maestra Violeta Guadalupe Rojas Carranco, especialista en el tema; Eutimio Hernández Román, miembro fundador del grupo de los camelloneros; maestro Domingo de la Cruz Hernández, miembro de la comunidad; Francisco Hernández Guillermo, hijo del señor Eutimio. Ellos mismos clasificaron las problemáticas de Camellones Chontales en: económica, social, técnica y ambiental. El resultado de la actividad se presenta a continuación, sin ningún orden de importancia:

• Económica: desempleo, abandono de las actividades productivas, comercialización de productos. • Social: robo de los productos, prostitución y alcoholismo, falta de rendición de cuentas, reglamento interno de los camelloneros. • Técnica: renovación de la tierra, elevación del suelo (dragas), capacitación en agricultura y piscicultura. • Ambiental: inundaciones, contaminación por pozos petroleros, la protección de especies nativas.

De éstos y a partir de las técnicas anteriormente mencionadas, se detectaron los cuatro problemas centrales: 1) La necesidad de elevar suelo con dragas; 2) falta de rendición de cuentas; 3) capacitación en agricultura y piscicultura; 4) abandono de las actividades productivas. Del primero se tenía precedentes de estar en pláticas con instituciones gubernamentales sobre este tema, por lo cual se considera viable su implementación y ya no se consideró para la elaboración de esta propuesta. En cuanto al segundo y el tercero, se pueden inferir como causas y consecuencias del cuarto. De esta forma, se optó por elaborar la propuesta a partir del problema cuatro.

Se consideró que el objetivo central de la propuesta era “Fomentar las actividades productivas dentro de los camellones chontales”. Para lograrlo, se reconocieron cinco actividades: 1) Proveer de mayor alumbrado público en la zona de los Camellones Chontales; 2) colocar medios de vigilancia en el área; 3) dar capacitación sobre rendición de cuentas; 4) proporcionar capacitación legal; 5) promover la organización interna. Estas actividades, a su vez, ayudarían a garantizar una zona segura en el área de los camellones chontales, aumentar la cultura de rendición de cuentas de los camelloneros y constituir un reglamento interno de los camelloneros. Todo esto contribuirá a disminuir el desempleo en las comunidades indígenas, principalmente de Tucta.

Esta propuesta consideró, primero, la participación de los beneficiarios para su elaboración. El gobierno puede utilizar estos métodos de análisis de diagnóstico para construir políticas públicas para la creación de organizaciones de ESoc y así evitar su pérdida por falta de apropiación una vez que retiré su inversión. Segundo, la importancia de la capacitación de los camelloneros en los temas en los cuales ellos mismos detectaron una deficiencia de conocimiento.

CONCLUSIONES

En esta investigación se realizó un análisis del proyecto Camellones Chontales para identificar la relación de tres conceptos teóricos importantes: economía social, políticas públicas y participación ciudadana, sin olvidar la relación Estado-Sociedad para la creación de las organizaciones de ESoc. El Estado encuentra en este tipo de organización una estrategia para lograr el desarrollo de los pueblos marginados que no han logrado integrarse del todo al sistema capitalista, o bien que no han participado de sus beneficios.

Las características de la comunidad de Tucta, así como muchas otras comunidades indígenas del país, las convierten en un terreno fértil para la implementación de políticas públicas, programas y proyectos para la promoción de las organizaciones de ESoc. Los habitantes de la comunidad indígena de Tucta desean conservar sus tradiciones y su cultura, pero también requieren desarrollarse social, política y económicamente. Las organizaciones de ESoc, por sus características de poner el beneficio social por encima del capital, su administración legalista y democrática, la propiedad colectiva de la tierra, el beneficio comunitario y la necesidad de intervención del Estado, coinciden en mayor o menor medida, con las aspiraciones y valores de ésta y de otras comunidades indígenas.

Lo anterior, quedó demostrado con la implementación de los camellones chontales en la comunidad de Tucta. Éste fue el primer esfuerzo del Estado por generar una empresa de ESoc en el municipio de Nacajuca. Lo cual resultó un ejercicio importante y una experiencia enriquecedora para la comunidad, ya que se dotó de tierras a las personas que no contaban con ella para sus cultivos y de cuerpos de agua para la producción de peces. Sin embargo, como empresa no funcionó y la comunidad continúa con el deseo de prosperar y espera la ayuda del gobierno para lograrlo.

Por otro lado, gracias al análisis de la implementación y de la participación de los beneficiarios del programa se pudieron detectar dos problemas en las acciones del gobierno para la implementación de los camellones chontales. El primero es que la capacitación de los beneficiarios se redujo a la parte técnica del proceso de cosecha de productos agrícolas, elaboración de productos piscícolas, producción gastronómica y mantenimiento de las instalaciones, dejando de lado la capacitación en los procesos de administración, gestión y organización de la empresa. En segundo lugar, que el Estado no puede de- jar de lado la participación de los beneficiarios cuando interviene de forma directa en la construcción de una organización de este tipo, además de que debe evitar abandonarlos una vez que concluya su implementación.

La aportación principal del capítulo fue una propuesta de mejora cuyo objetivo central fue “fomentar las actividades productivas dentro de los Camellones Chontales”. Para lograrlo se consideraron cinco actividades: 1) Proveer de mayor alumbrado público en la zona de los camellones chontales; 2) colocar medios de vigilancia en el área; 3) dar capacitación sobre rendición de cuentas; 4) proporcionar capacitación legal; 5) promover la organización interna. Estas actividades, a su vez, ayudarán a garantizar una zona segura en el área de los camellones chontales, aumentar la cultura de rendición de cuentas de los camelloneros y constituir un reglamento interno de los camellones. Todo esto contribuirá a disminuir el desempleo en las comunidades indígenas, principalmente de Tucta.

Lo importante de esta propuesta es que se consideró, primero, la participación de los beneficiarios para su elaboración. El gobierno puede utilizar estos métodos de análisis de diagnóstico para construir políticas públicas para la creación de organizaciones de ESoc y así evitar su pérdida por falta de apropiación una vez que retire su inversión. Segundo, la importancia de la capacitación de los camelloneros en los temas en los cuales ellos mismos detectaron una deficiencia de conocimiento.

Finalmente, ha de reflexionar que México no es la excepción a las dificultades tanto jurídicas como de implementación de políticas públicas para la atención de las organizaciones de ESoc. Por ello, es necesario establecer estrategias transversales y complementarias para el financiamiento, capacitación y fomento a la autosuficiencia administrativa, para permitir su subsistencia y viabilidad, además de promover reformas constitucionales y/o generar leyes y normas donde se involucre al Estado para crear condiciones propicias para este tipo de organizaciones.

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Rentería Camacho, Francisco (1980), “Tecnología Agropiscicola al Programa Camellones Chontales”, tesis de licenciatura en Ingeniero Agrónomo, Universidad Autónoma de Nayarit. Vuotto, Mirta H. y Claudio Fardelli (2012), Gobernanza y gestión de las organizaciones de la economía social, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires-Facultad de Ciencias Económicas.

* Estudiante de la Maestría en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Correo electrónico: <edgar.44@live.com.ar>. ** Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <m.la ra@correo.ler.uam.mx>. FIGURA 1 CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

Generación de bienes o servicios para el bienestar social Estructura legal, gestión democrática, participación y propiedad colectiva del capital y medios de producción Impacto y beneficio social Viabilidad en la ganancia de la comercialización y necesidad de intervención estatal FUENTE: elaboración propia. TABLA 1 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS <_No_paragraph_style_>

	Niveles de participación ciudadana
	Nulo	Bajo	Medio-bajo	Medio-medio	Medio-alto	Alto
Ciclo del programa	Rol del ciudadano	Receptor de información	Objeto de consulta	Asesor	Planificación conjunta	Ejerce control por delegación	Ejercer control
Análisis de necesidades
Planificación
Actuación o implementación
Evaluación

FUENTE: elaboración propia con base en Manuel Canto Chac (2002) y el Instituto Andaluz de Administración Pública (2019).

FIGURA 2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS CAMELLONEROS

Asamblea general Grupos (6) Camellones (10) Presidente, secretario, tesorero y representantes de los grupos

FUENTE: elaboración propia. TABLA 2 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN PRIMERA ETAPA <_No_paragraph_style_>

	Niveles de participación ciudadana
	Nulo	Bajo	Medio-Bajo	Medio-Medio	Medio-Alto	Alto
Ciclo del programa	Rol del ciudadano	receptor de información	Objeto de consulta	Asesor	Planificación conjunta	Ejerce control por delegación	Ejercer control
Análisis de necesidades	X
Planificación		X
Actuación o implementación			X
Evaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FUENTE: elaboración propia. TABLA 3 MATRIZ DE PARTICIPACIÓN SEGUNDA ETAPA

	Niveles de participación ciudadana
	Nulo	Bajo	Medio-Bajo	Medio-Medio	Medio-Alto	Alto
Ciclo del programa	Rol del ciudadano	receptor de información	Objeto de consulta	Asesor	Planificación conjunta	Ejerce control por delegación	Ejercer control
Análisis de necesidades	X
Planificación	X
Actuación o implementación			X
Evaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FUENTE: elaboración propia.

APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL. ANÁLISIS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO Manuel Lara Caballero* Marisol Reyes Cruz**

INTRODUCCIÓN

La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) fue una estrategia del gobierno federal en México para contender la pobreza durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en el periodo 2012-2018, donde los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mostraron que en el año 2012, 9.8% de los mexicanos se encontraba en una situación de pobreza multidimensional extrema. En su momento, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) definió la CNcH como una estrategia de bienestar social que no sólo fomenta la coordinación entre diferentes dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), también busca que la participación ciudadana se convierta en un eje transversal que incida en todas sus acciones con la finalidad de reducir el número de personas en condición de pobreza extrema, transformando los entornos social y económico, mejorando la inclusión y el desarrollo comunitario (Sedesol, 2013b).

El diseño de la CNcH está sustentado en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), donde el decreto que dispone su norma jurídica, con fecha de publicación el 22 de enero de 2013, señala los siguientes objetivos (Sedesol, 2013a): i) cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación; ii) eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; iii) aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; iv) minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y v) promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

La pobreza limita el bienestar de las personas porque afecta su desarrollo físico, psicológico, económico y social, donde la falta de oportunidades en distintos ámbitos impide que puedan salir de su ciclo intergeneracional. Por tal motivo, se han implementado diversas políticas públicas en México que intentan atender las diferentes dimensiones constitutivas de la pobreza a través de múltiples objetivos, que de forma integral contribuyen al mismo fin, pero desafortunadamente los resultados indican que a lo largo de décadas la pobreza no ha disminuido significativamente, a pesar de los esfuerzos de la política social en los distintos niveles (Lara, 2015). En este contexto, se han desarrollado propuestas de acciones de gobierno con un enfoque de economía social para contribuir a resolver diversos problemas públicos vinculados con la pobreza que requieren de soluciones con una visión económica alternativa, fuera de las estructuras capitalistas y de mercado contemporáneas, donde se construyan nuevas formas de organización económica fuera de la lógica de los criterios de eficiencia y competitividad, incluyendo una gran variedad de actores sociales, organizaciones, movimientos y elementos del sector público para que constituya un espacio de actuación que fomente la participación de los tres sectores: económico, político y social (Chaves, 1999; Luvián y Rosas, 2021).

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) realizó un diagnóstico para el año 2013, donde encontró que el sector social de la economía (SSE) en México no se ha consolidado como una opción real de inclusión productiva, laboral y financiera, a diferencia de otros países en el mundo, como España por ejemplo, donde muestra un buen funcionamiento al representar aproximadamente 12% de su producto interno bruto (PIB), comparado con aproximadamente 2% en nuestro país (INAES, 2013); por ende, la economía social tiene potencial para convertirse en una alternativa viable y sustentable para aquellos problemas que no pueden resolverse con la acción exclusiva de empresas capitalistas, empresas públicas y/o el sector público.

En este contexto, se encuentra el programa de Fomento a la Economía Social (Fonaes) como una propuesta por parte del gobierno federal que pretende contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza, mediante la inclusión productiva y financiera en el SSE, que está sustentado normativamente en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que

[…] la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de los trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Se establece la prioridad en el fomento al sector social de la economía.

El programa de Fonaes contempla diversos apoyos que se otorgan a personas que integran o desean integrarse en organismos del sector social de la economía (OSSE), donde debido a su extensión, es- ta investigación analiza sólo la modalidad para proyectos productivos (Integra), que está a cargo del INAES, donde a partir del año 2013 se incorporó a los objetivos de la CNcH que buscan el desarrollo de proyectos productivos para fomentar una economía social que genere valor económico y social con la existencia de un entorno favorable basado en la asociación de personas con un esquema democrático y participativo que de prioridad a las aportaciones personales y de trabajo, sobre el capital (Sedesol, 2013a; Sedesol, 2013b); en términos de políticas públicas, es importante abordar la implementación del programa para conocer sus procesos sustantivos e identificar la existencia de factores, positivos o negativos, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados.

El objetivo de esta investigación es analizar la implementación de los apoyos para proyectos productivos (Integra) en el programa de Fonaes en el municipio de Villa Victoria, Estado de México (EdoMex) durante el periodo 2013-2015, con la finalidad de conocer las áreas de oportunidad y mejora que permitan incrementar las posibilidades de inclusión productiva, en especial a las personas que se encuentran en condición de pobreza; es necesario señalar que aunque la CNcH no se encuentra vigente por el cambio de gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el periodo 2018-2024 y que el programa de Fonaes sufrió cambios significativos en sus reglas de operación y de gestión, una de las aportaciones de este capítulo es documentar esta experiencia porque permite abordar, por un lado, un análisis de política pública para fomentar la discusión de mejores acciones de gobierno en cuanto al diseño e implementación, además de contribuir a la discusión de propuestas enfocadas al fomento de la economía social. El texto se compone de tres apartados. En el primer apartado se analiza el concepto de economía so- cial, además de describir los elementos normativos e institucionales de la economía social en México. En el segundo apartado se realiza una evaluación preliminar en materia de diseño para después analizar la implementación de tres elementos del programa en el municipio de Villa Victoria, EdoMex: i) la selección de la población potencial; ii) la validación y evaluación de las solicitudes, y iii) la en- trega de apoyos y seguimiento. Por último, con la intención de poner en perspectiva el ejercicio realizado, se cierra con algunas reflexiones finales.

LA ECONOMÍA SOCIAL COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La economía social está en proceso de redefinición y consolidación al mostrar su dinamismo incorporando sectores económicos fuera del esquema capitalista tradicional al vincularse con otros conceptos que incluyen más formas de organización, como (Argudo, 2002): la economía solidaria, el tercer sector, el sector no lucrativo, el sector emergente, entre otras propuestas, que son el resultado de su pluralidad y capacidad de adaptación a diversas realidades y contextos sociales, políticos y económicos. El concepto de economía social es una teoría en construcción porque se circunscribe, por un lado, a las críticas y limitaciones de la teoría del desarrollo centrada sólo en el crecimiento económico, pero también plantea un nuevo papel de la economía como ciencia que esté más articulado con una sociedad sustentada en valores (Martínez, 2009). En este contexto, las crisis de finales del siglo XX y principios del siglo XXI muestran los límites y fragilidad de (Castelao, 2016): i) las estructuras capitalistas para satisfacer las complejas demandas y necesidades de toda la población; ii) las actuaciones de los gobiernos ante las circunstancias adversas y iii) la insuficiente oferta de bienes económicos por parte de las empresas privadas tradicionales hacia sectores específicos de la población que se encuentran excluidos.

El crecimiento exponencial de formas de organización y manifestaciones de la economía social en las últimas décadas muestra la importancia de fomentar alternativas innovadoras para solucionar problemas sociales y económicos, donde es posible generar desarrollo en sus múltiples facetas en una sociedad tolerante, participativa y socialmente inclusiva con cimientos en valores como la solidaridad, tolerancia, ayuda mutua, altruismo, entre muchos otros, así como un interés real de representar y mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales marginados en los sistemas políticos democráticos actuales (Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, 2013). La experiencia en diversos países de Europa, América Latina o Estados Unidos, han demostrado los beneficios de la economía social como una alternativa para la inclusión productiva de personas en condición de pobreza, donde los gobiernos han diseñado políticas públicas que se pueden englobar en dos tipos: las primeras, enfocadas a involucrar diferentes componentes de la economía social en políticas sectoriales de diversa naturaleza, y las segundas en fomentar específicamente la economía social, como por ejemplo, las entidades sin fines de lucro que desempeñan un papel preponderante en las políticas agrarias y de desarrollo rural, que también se relacionan con políticas activas de empleo (Chaves y Monzón, 2008).

El Primer Congreso de la Economía Social celebrado en Madrid en el año 1992 definió la economía social como “toda actividad económica, basada en la asociación de personas en entidades de tipo democrático y participativo, con la primacía de las aportaciones personales y de trabajo sobre el capital” (Fernández, 2009:238); también Chaves (1999:121) señala que la economía social constituye

[…] un espacio de actuación con la misión, con un interés relevante para toda la sociedad, de contribuir a resolver los problemas que afectan a nuestras sociedades que no pueden resolverse satisfactoriamente con la exclusiva acción de una lógica capitalista como: el desempleo, la distribución de la renta, la calidad de los servicios públicos, vivienda, sanidad, educación, calidad de vida de la población jubilada, etcétera.

En este mismo sentido, (Coraggio, 2011:45) expone que la economía social

[…] intenta poner límites sociales al mercado capitalista y, si es posible, construir mercados donde los precios y las relaciones resulten de una matriz social que pretende la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera más igualitaria.

La economía social es un intento de corregir los efectos del capitalismo voraz que afectan a los más vulnerables de la sociedad, por lo que se han generado nuevas formas de organización para convertirse en

[…] agentes portadores de democracia que profundicen en la participación social y económica, en lugar de ser agentes de control autocrático; que sean fuentes de innovación social y organizativa, en lugar de agentes de parálisis; que sean fuentes de empleo, más estable y creativo, en lugar de nuevas formas de precarización del mercado de trabajo; que sean formas protectoras del pluralismo y de las preferencias de las minorías, en lugar de guardianes de los privilegios de las elites (Chaves, 1999:123-124).

En este contexto, la participación del Estado es indispensable para el fomento de proyectos productivos con base en los siguientes principios de la economía social propuestos por Castelao (2016: 355-356):

• Producción de bienes y servicios socialmente útiles. Las organizaciones producen y/o distribuyen bienes y servicios para dar respuesta a las necesidades de su comunidad, donde los beneficios económicos no se deben tomar sólo con una perspectiva financiera, sino también incluir el valor que generan en el ámbito social y político, para contribuir al desarrollo de su territorio, fomentar una ciudadanía activa, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, compartir la riqueza colectiva, entre otros elementos. • Procedimiento de decisión democrática. La gestión interna de las organizaciones debe ser participativa y democrática, donde todos puedan participar en el proceso de toma de decisiones, independientemente del capital que aportan; el establecer procedimientos de decisión democrática implica una mayor transparencia en la gestión. • Preferencia de las personas sobre el capital. Este principio se sustenta en la primacía de la retribución al trabajo y de las personas sobre el capital, respondiendo a las necesidades colectivas primero. • Cooperación y solidaridad en las relaciones internas y externas. Es importante que estos valores se extiendan hacia la relación con otras entidades y la comunidad para impulsar el desarrollo y transformaciones políticas e institucionales que promuevan la instauración de una economía social. • Estructura de ingresos diversificada. Los ingresos de las organizaciones pueden provenir de fuentes diversas como el mercado, donaciones monetarias o en especie y transferencias del sector público, sin embargo, estas últimas pueden condicionar su autonomía.

EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA EN MÉXICO

En el ámbito internacional, a principios del siglo XIX se genera un debate respecto a dos posiciones teóricas de la ciencia económica. La primera es que la economía es una ciencia social positiva de carácter disciplinar que debe centrar su atención principalmente en los mercados, sus interacciones e intercambios y el modo de producción capitalista; mientras que la segunda postura tiene un enfoque normativo al buscar construir una relación analítica entre economía, moral y la sociedad (Argudo, 2002). La economía social es un sector resultado de cismas históricos que iniciaron con la implementación y el avance del fordismo como sistema de producción, el desarrollo y consolidación del capitalismo global, y la aparición y construcción del Estado de Bienestar, donde principalmente en Europa y Estados Unidos surgieron movimientos locales y globales que fueron configurando una variedad de asociaciones con características propias e interesantes similitudes, tales como (Mutuberría, 2008): i) La aparición y consolidación de los sindicatos a partir de la Revolución industrial y el desarrollo del capitalismo; ii) emprendimientos sociales con base en los ideales de igualdad, principalmente en el reparto colectivo de las ganancias; iii) cooperativas públicas y privadas; iv) mutualidades; v) asociaciones públicas y privadas con nivel de autogestión democrático; v) el tercer sector, entre muchas otras.

Por otro lado, en la década de los años setenta del siglo XX, el término de economía social se incorporó no sólo en el ámbito académico, sino también político de toda América Latina, donde México no fue la excepción. 1 1 En este apartado se hace un análisis de la evolución de la economía social en México con información obtenida del Instituto Nacional de Economía Social (2013) en su documento: Diagnóstico del Programa Fomento a la Economía Social. En el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) se inicia con una reforma al artículo 25º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), reconociendo la economía mixta del país con características distintas al sector económico y público, que se denominó el sector social de la economía (SSE); con esta reforma, el Estado mexicano se comprometió en la Carta Magna, ley de jerarquía superior, a fomentar y promover el desarrollo social con valores.

El presidente Carlos Salinas de Gortari, durante su sexenio (1988- 1994), decretó en el año de 1991 el programa para el Fomento de la Economía Social y el Fondo de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (Fonaes) para impulsar el desarrollo productivo de este sector, principalmente de los campesinos e indígenas; en este sexenio existe un giro radical porque se pasó de la norma a la acción gubernamental al proponer una de las primeras políticas públicas focalizadas a los grupos vulnerables y en condición de pobreza con un enfoque de economía social. Por otro lado, con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) existió poco avance en materia de economía social porque se intentó reglamentar el artículo 25º constitucional sin éxito, pero se dio continuidad a muchas de las acciones de su antecesor.

El presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) realizó en el año 2000 una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para otorgar a la Secretaria de Economía (SE) la facultad de coordinar y fomentar empresas que asocien a grupos de escasos recursos, donde para el año 2001 la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad pasó a ser un órgano desconcentrado de la SE, lo que representa un primer intento por institucionalizar la economía social por parte del gobierno mexicano. El presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) presentó en el año 2010 la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESyS), que contempla mecanismos para que la economía social pueda fomentar su desarrollo, fortalecerlo, y al mismo tiempo reglamentarlo para su mejor funcionamiento, donde no sólo respalda el artículo 25 constitucional, sino que justifica a través de su artículo 13,

[...] la creación del Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión; además tiene como objeto principal el instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en la Ley, será determinada en términos del acuerdo que al respecto emita el Secretario de Economía (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012).

El INAES entró en funcionamiento en el año 2013 como un órgano administrativo desconcentrado de la SE que busca instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos. El programa Fonaes pasa a la gestión del INAES con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, que establece que:

[…] la Secretaría de Economía creará el programa Fomento a la economía social, así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012).

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) integró el programa Fonaes a la CNcH, donde se contempla como prioritario el apoyo a la población con altos índices de pobreza en los municipios seleccionados que contemplan geográficamente; en el año 2016 la unidad responsable del programa fue la Sedesol, dejando como unidad ejecutora al INAES y a la Dirección General de Opciones Productivas de la Sedesol (DGOP).

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en México señalados en el artículo 25 de la Ley de Economía Social y Solidaria cuentan con las siguientes características generales que los distinguen (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012):

• Priorizan al ser humano y su trabajo sobre el capital. • Toman decisiones de manera democrática. • La propiedad de los medios de producción es social o paritaria. • Interés por la comunidad. • Los excedentes o beneficios que se generan se destinan al menos a la prestación de servicios de carácter social; al crecimiento de sus reservas y fondos; o a la retribución de los servicios aportados o del trabajo prestados por sus socios, asociados o integrantes. • La distribución de sus excedentes o beneficios no debe estar asociada a las aportaciones en capital que, en su caso, se hubiesen realizado. • Responden a valores como la ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, pluralidad, solidaridad, etcétera.

El catálogo de los OSSE contemplado en la LESyS identifica las siguientes formas de organización (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012): ejidos; comunidades; organizaciones de trabajadores; sociedades cooperativas; empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Las estadísticas del INAE (2016a) muestran que la economía social está representada por la existencia de aproximadamente de 60 mil OSSE en toda la República mexicana, donde la mitad son ejidos (29 555) y 15 mil son sociedades cooperativas, donde si bien es un avance importante, todavía es necesario un mayor apoyo para que se puedan consolidar y generar empleos e ingresos que le permitan tener una vida digna a diversos sectores de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

EL PROGRAMA FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL (FONAES) PARA LOS APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS (INTEGRA)

El programa Fomento a la Economía Social (Fonaes) para los apoyos a proyectos productivos (Integra) cuenta con dos unidades ejecutoras, el INAES y la DGOP por parte de la Sedesol. Las modalidades operadas por el INAES, que son de interés para esta investigación, son los apoyos a proyectos productivos Integra para: i) el desarrollo organizativo y empresarial; ii) destinados al desarrollo comercial; iii) aportaciones en efectivo a las Instancias para la Promoción y Fomento de la Economía Social (Inprofes) para la realización de procesos de incubación de proyectos productivos; y iv) apoyos para la banca social (BS), donde todos los procesos sustantivos se realizan con base en lo establecido en las reglas de operación emitidas por la Secretaría de Economía.

Los proyectos productivos Integra contemplan apoyos para tres modalidades: i) la ejecución de un proyecto nuevo, ii) el desarrollo y/o consolidación de un proyecto en operación, o iii) para la vinculación en redes o en cadenas de valor. En la figura 1 se muestra el proceso completo de operación que inicia con la publicación de las convocatorias en la página oficial del INAES (<www.inaes.gob.mx>), donde los interesados pueden acudir a las oficinas respectivas para recibir asesoría o aclarar dudas; es importante señalar que las convocatorias establecen el proceso de manera general y las fechas en las que se llevarán a cabo las actividades sustantivas. Los interesados deben realizar su pre-registro en la misma página, donde se solicita al grupo proponente información como datos del proyecto para poder dar paso a la cita y realizar el registro definitivo del proyecto. En esta etapa de registro definitivo se realiza la entrega de documentos establecidos en las reglas de operación y/o convocatorias, de acuerdo con el tipo de apoyo que se solicitó, para después designar un representante social o legal por OSSE que deberá acudir a la Delegación del INAES en la fecha y hora asignada en el pre-registro con la finalidad de llevar los documentos que fueron solicitados.

El siguiente paso es la validación normativa que realizan las Delegaciones del INAES con la información y los documentos proporcionados por los OSSE, donde el resultado de esta evaluación puede ser positivo o negativo; en caso de ser positivo, sigue la evaluación técnica de la solicitud de apoyo, que es realizada conforme a los criterios de evaluación que el INAES establece para los apoyos Integra, que consisten en (Secretaría de Economía, 2015b):

• Apoyos en efectivo para proyectos productivos (Integra), modalidades I.2.1, I.2.2. y I.2.3: consiste en el análisis y evaluación de aspectos técnicos, de mercado y financieros que realizan las Delegaciones del INAES, en su caso, apoyadas por evaluadoras o evaluadores externos, al estudio de inversión presentado por el OSSE solicitante de apoyo, con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto productivo. • Apoyos Integra por componente de inversión (modalidad I.2.4): consiste en el análisis y evaluación de la situación actual, justificación e información específica del componente que realizan las delegaciones: aspectos técnicos, de mercado y financieros, que realizan las Delegaciones del INAES, a la propuesta de inversión presentada por los OSSE solicitantes de apoyo. En el caso de garantía líquida, se analizará y evaluará también la congruencia de las características de la garantía con las características del crédito, a fin de determinar la viabilidad del apoyo del programa.

La validación en campo se hace en una visita por parte de los ejecutores de la Delegación del INAES, que verifican lo siguiente (Secretaría de Economía, 2015b):

a) La existencia de las personas asociadas o integrantes del OSSE que solicita el apoyo. b) Que la solicitud de apoyo responda a su iniciativa y se tenga conocimiento del desarrollo del proyecto. c) De ser el caso, la existencia de los activos que serán utilizados en la operación del proyecto productivo, adicionales a los solicitados al INAES, y sus condiciones de uso.

Los periodos de visita serán establecidos por la Delegación del INAES y los resultados de esta fase serán positivos o negativos, donde a partir de las evaluaciones correspondientes, los Comités Técnicos Regionales o los Comités Nacionales del INAES autorizarán las solicitudes dependiendo del tipo de apoyo. Posteriormente, con las aprobaciones realizadas por los comités, durante los próximos 10 o 30 días hábiles siguientes (dependiendo del tipo de apoyo) se dará la notificación de los resultados de cada apoyo para que el OSSE beneficiado acuda a la Delegación del INAES correspondiente con los documentos requeridos, necesarios para la ejecución y el documento con la Clave Bancaria Estandarizada (Clabe).

El INAES debe comprobar la correcta aplicación de los recursos correspondientes a los apoyos o aportaciones recibidos, mediante la entrega de los documentos o comprobantes fiscales que la acrediten, en un plazo general de hasta 20 días hábiles, donde para la modalidad de Banca Social se extenderá hasta 60 días. Los recursos que no se destinen a los fines autorizados serán reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

En las reglas de operación también se establece el seguimiento para medir y/o verificar los resultados obtenidos con el apoyo o aportación otorgada, donde se validará en campo los recursos adquiridos por el apoyo otorgado por el INAES a través de las Delegaciones o por los terceros autorizados, realizando las visitas que considere necesarias antes, durante y posteriormente al otorgamiento del apoyo. Por último, las resoluciones de los apoyos serán contabilizadas a partir del día hábil siguiente al cierre de cada convocatoria, con un plazo de 30 a 60 días, dependiendo del tipo de apoyo y de acuerdo con las reglas de operación vigentes; además, el INAES debe expedir los manuales de procedimientos correspondientes señalados con el fin de tener control interno.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DISEÑO CON LA METODOLOGÍA DEL CONEVAL

La evaluación de diseño del Coneval es una herramienta que contribuye a una mejor planeación de los programas, respecto a la estructura de sus objetivos y acciones, creados para la solución del problema para el cual fueron diseñados. En este apartado se realiza una evaluación preliminar del diseño 2 2 En este apartado se utiliza la información proporcionada por las Reglas de Operación del Programa Fomento a la Economía Social para el Ejercicio 2017. del programa de Fonaes con base en la metodología que consiste en responder 30 preguntas mediante el análisis de documentos oficiales con la finalidad de identificar parámetros mínimos en el diseño de políticas públicas que permitan analizar los siguientes elementos (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2021):

1) Justificación de la creación y el diseño del programa. 2) Contribución a las metas y las estrategias nacionales. 3) Población potencial objetivo y mecanismos de elegibilidad. 4) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 5) Matriz de indicadores para resultados MIR. 6) Presupuesto y rendición de cuentas. 7) Complementariedad y coincidencia con otros programas.

La evaluación preliminar se realiza mediante un análisis de gabinete con base en la información que se encuentra pública proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, donde se utilizan todos los documentos necesarios para justificar el análisis, como por ejemplo, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos; bases de datos; reglas de operación; lineamientos, evaluaciones internas y/o externas; documentación pública, entre otros (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2021). Los siete apartados incluyen preguntas específicas que se responden con un sistema binario sustentado en evidencia documental. En este apartado se analizan los siete rubros con su respectiva justificación.

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y EL DISEÑO DEL PROGRAMA

El programa identifica el problema público que busca resolver: el sector social de la economía no se ha consolidado como una alternativa para la inclusión productiva y financiera que permita mejorar el ingreso y contribuya al desarrollo social y económico del país. El objetivo general del Fonaes es contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante la inclusión productiva y financiera en el sector social de la economía, mientras que tie- ne sólo un objetivo específico: fortalecer capacidades y medios de los organismos del sector social de la economía, que cuenten con iniciativas productivas para la inclusión productiva y financiera; es importante señalar que si bien se actualiza el problema periódicamente, se recomienda mejorar la redacción. En resumen, cumple de forma satisfactoria con todas las características a evaluar en este apartado.

LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

El programa de Fomento a la Economía Social atiende de manera transversal y con acciones afirmativas a la población en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de género y con un enfoque de juventudes, de tal manera que se enmarca en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación; también toma en cuenta los instrumentos internacionales de derechos humanos al alinearse con lo establecido en el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

En su alineación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el programa considera la estrategia transversal III, “Perspectiva de género”, la cual establece incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas de la Administración Pública Federal y busca contribuir a la Meta Nacional México Próspero, al objetivo 4.8, Desarrollar los sectores estratégicos del país; estrategia 4.8.5, Fomentar la economía social.

Por otro lado, retoma la perspectiva de género como parte de los Enfoques Integrales de la Política Social Nacional del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 (Pronades), y además se vincula con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, que en lo específico plantea que el combate a la pobreza debe ser una estrategia que comprenda aquellas acciones en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, inclusión productiva y financiera, fomento al empleo formal y mejoramiento del bienestar en complemento a las acciones de generación de capacidades en materia de educación, salud y alimentación, así como de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

El programa prevé mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, así como contribuir a la estrategia 6.1, Promover la generación y consolidación de proyectos productivos sustentables en el sector social de la economía para mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza, y a la estrategia transversal II, “Perspectiva de género”, referida en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. En resumen, el programa contribuye con las metas y objetivos del programa sectorial, especial, institucional y nacional, aunque se recomienda hacer explícitos en los documentos que comprende el programa la relación que tiene con los objetivos del Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo Post 2015, para que pueda tener mayor relevancia a escala internacional.

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

La población potencial del programa de Fonaes son los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) previstos en la Ley de Economía Social y Solidaria, con actividades o iniciativas productivas que presentan medios y capacidades limitados para consolidarse como una alternativa de inclusión productiva y financiera, integrados bajo los siguientes criterios territoriales:

• Que se encuentran en municipios con grado de marginación medio, alto o muy alto. • Municipios considerados como ZAP rurales. • Municipios con al menos el 25% de su población en ZAP urbanas. • Municipios con al menos 50% de su población con ingresos por debajo de la LB. • Aquellos municipios que cumplen con los criterios para el seguimiento de la acción pública en materia de desarrollo de los pueblos indígenas, establecidos por la CDI. • Municipios sede u oficina matriz de la Banca Social (Socap y Sofinco).

En complemento a los OSSE ubicados en los municipios considerados en la definición de población objetivo, podrán considerarse para su atención los OSSE localizados en municipios que cuenten con proyectos estratégicos, o estrategias territoriales, o por vocación productiva considerados como proyectos especiales. El Fonaes determina todas las características por evaluar de la población objetivo, pero no se observó el periodo de actualización de la información de la población potencial y objetivo, además de que no es posible conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes a partir de los documentos analizados. Por otro lado, en sus reglas de operación establece los criterios de elegibilidad de cada uno de los posibles beneficiarios en las diferentes modalidades, contando con todas las características para considerarse claros, estandarizados, sistematizados y públicos. Están presentes de forma completa los procedimientos que se deben seguir para realizar el pre-registro, el registro, los tiempos de revisión de documentos y solicitudes, la publicación de resultados y los posibles seguimientos.

PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN

El padrón de beneficiarios se encuentra en el portal oficial de internet del INAES, en específico en el apartado de “Transparencia”, donde cuenta con la información completa de todas las características de la organización o grupo social, tipo de apoyo otorgado y la actividad que realizan, entre otra información. Las reglas de operación cuentan con un apartado de procedimientos que contempla los procesos sustantivos de cómo se otorgarán los beneficios, dependiendo de la modalidad en la que se hayan inscrito, además de establecer de forma clara los tiempos de cada proceso, lo cual son aspectos importantes para una correcta implementación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

La matriz de indicadores de resultados (MIR) del Fonaes está compuesta de los siguientes elementos:

• Fin. Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población comprendida en los deciles 1 a 6 de ingreso por hogar anual, mediante el otorgamiento de apoyos para la creación y consolidación de proyectos productivos. • Propósito. Población con ingresos anuales por hogar iguales o menores al decil 6 que se usa en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares/pesos crea y consolida unidades productivas • Componentes – Servicios financiados para desarrollar negocios y fortalecer los negocios establecidos. – Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios. – Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio. • Actividades – Inversión de recursos – Evaluación de representaciones – Ejercicio oportuno de recursos

El análisis de la MIR muestra que no es posible identificar la relación entre actividades y componentes de forma adecuada, donde tampoco tiene un orden cronológico y se omiten los supuestos, por lo que no se puede identificar la lógica vertical. Los componentes de la MIR tienen relación con los servicios que produce el programa y se encuentran redactados de forma adecuada como una situación alcanzada. El propósito establecido en la MIR es una consecuencia directa de los componentes, donde se relaciona con el objetivo general del programa, y tiene relación con la población objetivo. El fin es claro y desglosa en general la contribución que realiza el programa, además de estar bien redactado.

La MIR cuenta con indicadores de fin, propósito, componentes y actividades, pero las fichas técnicas no son públicas, por lo que no es posible realizar un análisis. Los medios de verificación y la relación con los indicadores no son suficientes para determinar el tipo de medición. Se recomienda colocar la información faltante y mejorar la redacción de los indicadores.

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El programa de Fonaes a través del portal del INAES muestra su gasto corriente que incluye: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias; inversión fija, que incluye bienes inmuebles y subsidios para inversión que corresponde a las aportaciones solidarias. Las reglas de operación, así como los documentos normativos que corresponden al programa son públicos y pueden adquirirse con facilidad, así como los resultados de los beneficiarios, pero no cuenta todavía con evaluaciones de impacto que soporten los resultados que se han tenido. En los documentos normativos se encuentran los datos principales de contacto como los teléfonos de dependencias gubernamentales que comprenden el programa, así como sus direcciones; sólo se recomienda hacerlos más visibles y no colocarlos al final de la página.

COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIA CON OTROS PROGRAMAS

El programa de Fonaes es el único enfocado al sector social de la economía, aunque puede tiene similitudes con los créditos y apoyos relacionados con los proyectos productivos de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que se recomienda revisar la población potencial, el objetivo y los criterios de conformación del padrón con la finalidad de evitar duplicidades.

En el cuadro 1 se muestra un resumen de las áreas potenciales de oportunidad que tiene el programa de Fonaes con base en el análisis de la metodología de evaluación preliminar de diseño que propone el Coneval:

• Cuenta con un diagnóstico sólido que permite conocer el problema público que intenta resolver el programa. • El programa establece criterios de elegibilidad para cada uno de los posibles beneficiarios en los diferentes tipos de modalidades. • El padrón de beneficiarios se encuentra en la página del INAES con información suficiente de las organizaciones, tipo de apoyo otorgado y la actividad que realizan. • La MIR no cuenta con una lógica vertical al tener actividades insuficientes para los componentes, así como la ausencia de fichas técnicas. • Cuenta con esquemas vigentes de control, seguimiento y evaluación del presupuesto para comprobar que los recursos destinados generan resultados e impactos que justifiquen su inversión. • Identifica la complementariedad y coincidencia con otro tipo de programas, aunque no están enfocados al sector de la economía social.

El Fonaes es un programa con un diseño sólido con base en las características que el Coneval evalúa, donde además muestra evidencia de que se han obtenido resultados favorables para cumplir con el objetivo del programa; es importante señalar que el área de oportunidad más importante es la construcción de la MIR que no se apega a la metodología y hacer públicas las fichas de los indicadores.

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FONAES EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO (2013-2015)

El municipio de Villa Victoria en el Estado de México se encuentra en la Región XV Valle de Bravo en el noroeste del estado, colindando al norte con San Felipe del Progreso, al sur con Amanalco, al este con Almoloya de Juárez y al oeste con Villa de Allende, como se muestra en el mapa 1. Cuenta con una superficie de 424.44km2, con 102 localidades que integran el territorio para el año 2010 (Gobierno del Estado de México, 2013).

El municipio tiene registro de 39 comunidades con presencia de población indígena y 5 362 personas registradas que hablan alguna lengua indígena, donde según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, para el periodo 2016-2018 estas comunidades tienen altos niveles de pobreza y marginación (Ayuntamiento de Villa Victoria, 2016). La información del Censo de Población y Vivienda muestra que para el año 2010, periodo relevante para la investigación, la población que registró el municipio fue de 94 369 habitantes, de los cuales 47 712 son mujeres y 46 657 son hombres (Gobierno del Estado de México, 2013), donde el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reporta que su población económicamente activa fue de 30 600 personas, de las cuales 29 152 están ocupadas y 1 447 desocupadas, mientras que la población económicamente no activa fue de 33 085 personas y 447 no especificaron. Por otro lado, como se muestra en la gráfica 1, la actividad económica más importante en el municipio son los servicios (43%), después la industrial (36%) y por último la agricultura, ganadería, caza y pesca (20%).

El Índice de Rezago Social del Coneval estima los siguientes datos en el nivel municipal para el municipio de Villa Victoria en el año 2010: i) 29% son pobres multidimensionales extremos; ii) 40.9% son pobres multidimensionales moderados, y 36.6% cuenta con rezago educativo. Esta información es importante en su conjunto porque muestra que el municipio cuenta con variables socioeconómicas relevantes para la implementación del Fonaes porque: i) cuenta con grupos vulnerables indígenas, ii) cuenta con desempleo que requiere de formas innovadoras para generar nuevas fuentes de trabajo, iii) existe una gran variedad de actividades económicas que apoyar a través de las diferentes modalidades de los proyectos productivos con un enfoque de economía social, y iv) cuenta con la variable de rezago social con un grado alto con alta incidencia de pobreza multidimensional extrema, por lo que cumple con los criterios de focalización.

En la figura 2 se muestran la distribución de los beneficios para apoyos Integra durante el periodo 2013-2015 en el municipio de Villa Victoria, donde es importante señalar lo siguiente: i) dentro de todos los municipios en el Estado de México, el de Villa Victoria fue el que más apoyos otorgados tuvo, principalmente en el año 2013 y 2014, donde en total fueron 67 para los tres años; ii) si bien 20% de la población se dedica a la agricultura, ganadería, caza y pesca, los beneficiarios del programa solicitaron apoyo para explotación de ganado ovino con un alto porcentaje por año (93%, 82% y 94%), lo que es un indicativo de las necesidades de economía social en la localidad.

El análisis del programa de Fonaes propuesto en esta investigación busca identificar las diferencias entre el diseño establecido en las reglas de operación y las dificultades o hallazgos existente durante su implementación, donde se seleccionaron los siguientes actores claves involucrados para realizar entrevistas semiestructuradas:

• Ayuntamiento del municipio de Villa Victoria. Se realizaron tres entrevistas a servidores públicos con conocimiento y vinculados al programa. • Ejecutores. Se realizaron cinco entrevistas a los ejecutores del programa de Fonaes que participaron en proyectos del municipio. • Beneficiarios. Se realizaron 13 entrevistas a los representantes de los grupos, que representa el 19.4% del total de apoyos durante el periodo 2013-2015. 3 3 Es importante señalar la complejidad para entrevistar a 19.4% de los beneficiarios del programa de Fonaes, donde por cuestiones de carácter político-electoral se aplicó la estrategia de bola de nieve gracias a las recomendaciones de los beneficiarios, lo cual impide tener una representatividad en términos de estadística de la población analizada. • Gestor. Durante las entrevistas se identificó la participación de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, A.C. (UNIMOSS) que asesoró diferentes proyectos.

Por último, con base en la evaluación preliminar de diseño se busca analizar los siguientes tres elementos del programa en su implementación:

• Selección de la población potencial – Difusión, publicación de las convocatorias, pre-registro, población objetivo y selección del padrón de beneficiarios. • Validación y evaluación de las solicitudes – Validación normativa, evaluación técnica y validación de campo. • Entrega de apoyos y seguimiento – Entrega de recursos, validación documental de la aplicación de los recursos, validación de campo y seguimiento.

ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

La difusión, de acuerdo con las reglas de operación, es a través de la página del INAES o en exposiciones, ferias, eventos de capacitación y comercio, así como los medios convenientes que determine el INAES. En el cuadro 2 se muestra que en las reglas de operación no se especifican los periodos y/o razones de la posible apertura de convocatorias, pero sí señala a los encargados de aprobarlas; también existe evidencia de que la difusión del programa contemplada por el INAES fue mínima (con un 8%), donde vale la pena destacar dos cosas. La primera es que un 8% de los entrevistados conocieron el programa a través de un partido político, lo cual está prohibido para cualquier programa social y puede incidir en los resultados del mismo, mientras que el mayor nivel de conocimiento se dio gracias a la OSC UNIMOSS con 46%, lo cual es un punto a considerar por la posible incidencia que puede tener en el programa.

El pre-registro se realiza por parte de los beneficiarios mediante la página del INAES para después pasar a la entrega de documentos que permiten obtener el registro definitivo. En el cuadro 3 el principal elemento que destaca por parte de los beneficiarios del programa es que recibieron el apoyo en esta etapa por la OSC UNIMOSS, lo cual no especifica con claridad la intervención de otros actores en las reglas de operación, donde sólo se permite el apoyo del INAES; no obstante, se cumple con lo establecido en el diseño del programa.

La población objetivo contemplada por el INAES son: “los Organismos del Sector Social de la Economía que adopten cualquiera de las formas previstas en el catálogo de OSSE, así como personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas en grupos sociales, que cuenten con iniciativas productivas” (Secretaría de Economía, 2015a), donde en las entrevistas no se encontró ninguna discrepancia con las reglas de operación.

Por último, es importante puntualizar las siguientes observaciones respecto al proceso de selección de población potencial:

• En las reglas de operación no se especifican los periodos y/o razones de la posible apertura de convocatorias, así como la participación de otros actores. • La difusión del programa contemplada por el INAES fue insuficiente. • Los que participaron en la convocatoria presentaron dificultades durante el pre-registro por falta de conocimientos en la utilización de computadora y/o Internet. • Existen problemas con el traslado para la recepción de solicitudes ya que sólo existe una sede en cada estado. • Distorsión de la información por actores que difunden el programa, que en este caso es la OSC UNIMOSS que se autodefine como gestora de proyectos. • Dificultad con los recursos materiales (Internet) durante el registro definitivo. • Los representantes de los grupos beneficiarios calificaron a los ejecutores del programa, durante esta etapa, 75% bueno y 25% muy bueno. • 42% de los beneficiarios del programa considera que la difusión es regular, 33% insuficiente y sólo 25% suficiente.

ANÁLISIS DE LA VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES

En esta etapa de implementación se contemplan para su análisis tres procesos sustantivos que son: la validación normativa, evaluación técnica y validación de campo. En la evaluación normativa se hace validación de los documentos y su procedencia, que se encuentren completos de acuerdo con las reglas de operación y/o convocatorias, donde para el caso de los apoyos en efectivo para proyectos productivos Integra, podrán apoyarse en evaluadores externos, autorizados por el INAES (Secretaría de Economía, 2015a). En el cuadro 4 no se identificaron observaciones en esta etapa porque se cumplen con las reglas de operación.

La evaluación técnica de los proyectos productivos Integra consiste en el análisis y evaluación de aspectos técnicos, de mercado y financieros, que realicen las Delegaciones del INAES, en su caso, apoyadas por evaluadoras o evaluadores externos, al estudio de inversión presentado por el OSSE solicitante de apoyo, con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto productivo (Secretaría de Economía, 2015a); en este sentido, para la modalidad de inversión se establecen las mismas características, pero en el caso de garantía líquida se analizará y evaluará también la congruencia de las características de la garantía con las características del crédito (Secretaría de Economía, 2015a). En el cuadro 5 no se identificaron observaciones en esta etapa porque se cumplen con las reglas de operación.

CUADRO 5 OBSERVACIONES DURANTE LA EVALUACIÓN TÉCNICA <_No_paragraph_style_>

	Ejecutores del programa	Beneficiarios del programa	Ayuntamiento
Evaluación Técnica	Concuerda con las reglas de operación.	Sin observaciones.	S/D

S/D: Sin información disponible. FUENTE: elaboración propia con información obtenida en la aplicación de herramientas metodológicas (anexo II y III).

La validación de campo señalada en las reglas de operación consiste en una visita, o las que sean necesarias, que realizará la Delegación del INAES antes, durante o después de la evaluación normativa o técnica con la finalidad de corroborar (Secretaría de Economía, 2015a):

Las reglas de operación señalan la importancia de visitar a la totalidad de los integrantes, para corroborar su existencia y conocimiento sobre el proyecto, sin embargo, algunos integrantes no fueron visitados, como se muestra en el cuadro 6.

CUADRO 6 OBSERVACIONES DURANTE LA EVALUACIÓN DE CAMPO <_No_paragraph_style_>

	Ejecutores del programa	Beneficiarios del programa	Ayuntamiento
Validación de campo	Concuerda con las reglas de operación.	El 100% de los representantes entrevistados manifiestan haber sido visitados antes de salir beneficiados; se observó que los entrevistados que no están al frente del grupo no fueron visitados durante esta etapa o no se enteraron.	S/D

NOTA: S/D, sin información disponible para relacionar. FUENTE: elaboración propia.

Por último, en esta etapa los ejecutores del programa manifestaron las siguientes observaciones durante la implementación:

• El 100% de los representantes de proyectos entrevistados fueron visitados antes de salir beneficiados, pero no se verificó a los integrantes de cada grupo. • Los técnicos no se involucran lo suficiente con las reglas de operación, lo que da por resultado con grandes deficiencias. • Gran parte de los solicitantes presentan deficiencias en sus proyectos, involucrando a los que acuden y no acuden a los técnicos, lo que indirectamente implica una mala asesoría. • Intervención de actores que falsean información, con la utilización de logos o usurpación del INAE, por intereses individuales. • Escaso personal para poder llevar a cabo las validaciones y la evaluación previstas durante este proceso en los tiempos programados. • Los representantes de los grupos beneficiarios calificaron a los ejecutores del programa, 92% como bueno y 8% como muy bueno.

En las entrevistas a los beneficiarios del Fonaes no se mencionó alguna dificultad durante esta etapa, donde destaca la mención de la intervención de la OSC UNIMOSS en la elaboración de los proyectos, por lo que se entrevistó al representante de dicha organización en el municipio de Villa Victoria, quien solicitó anonimato, pero manifestó ayudar a los pobladores durante todo el proceso, incluyendo la realización de los estudios. Lo más relevante fue que reconoció obtener un beneficio económico que se incluye dentro de los costos del proyecto, que no debe rebasar 15% de acuerdo con las reglas de operación; ellos manifestaron solicitar sólo 7%. Por otra parte, los ejecutores del programa indicaron que este apoyo sólo se otorga a los proyectos que realizaron su estudio con los técnicos que se encuentran dentro del catálogo del INAES, pero el técnico y representante de la organización no se encuentra registrado dentro de este catálogo.

ANÁLISIS DE LA ENTREGA DE APOYOS Y SEGUIMIENTO

En la implementación de esta etapa se presentan cuatro procesos que se corroboraron con las reglas de operación: la entrega de recursos, la validación documental de aplicación de recursos, validación en campo y el seguimiento. Las reglas de operación señalan que para la entrega de recursos se deben realizar dentro de los primeros diez días hábiles, después de que el Comité Técnico Nacional seleccione los proyectos productivos que serán beneficiados; estos últimos deberán acudir a las oficinas con los documentos necesarios para poder otorgar el recurso; en la validación documental de la aplicación de recursos, el diseño del programa establece que los beneficiarios deben comprobar los recursos presentando facturas o comprobantes fiscales. En el cuadro 7 se muestra que puede existir un área de oportunidad interesante para analizar entre las relaciones entre los representantes y sus integrantes, porque comentaron repartirse el dinero, lo que probablemente significa que no se usa para los objetivos del proyecto.

CUADRO 7 OBSERVACIONES DURANTE LA ENTREGA DE RECURSOS Y LA VALIDACIÓN DOCUMENTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS

	Ejecutores del programa	Beneficiarios del programa	Ayuntamiento
Entrega de recursos	Coincide con las reglas de operación.	No se identificaron observaciones por parte de los representantes, pero los integrantes mencionaron que el apoyo proporcionado fue dividido entre el grupo.	S/D
Validación documental de aplicación de recursos	Concuerda con las reglas de operación.	El 100% de los representantes mencionaron haber comprobado con facturas.

NOTA: S/D, sin información disponible para relacionar. FUENTE: elaboración propia.

En la validación de campo, las reglas de operación mencionan que deben realizar una visita para corroborar que lo registrado en las facturas se encuentre físicamente; también se menciona que debe realizarse un seguimiento de los proyectos productivos beneficiados, habrá acciones de seguimiento físico y operativo de sus apoyos, acciones o servicios entregados, cuya metodología deberá ser elaborada con base en los elementos técnicos mínimos (Secretaría de Economía, 2015a). Por último, en ésta se encontraron las siguientes observaciones:

• Las reglas de operación mencionan que los integrantes de los grupos deben trabajar en conjunto, pero se observa un desconocimiento por parte de los integrantes que no son representantes. • Los ejecutores del programa manifestaron las siguientes dificultades: – El presupuesto es insuficiente para cubrir la demanda de aproximadamente menos de 50% de los solicitantes. – La mayoría de los grupos que no sobresalen no cumplen con los objetivos porque no tienen capacitación y asistencia técnica; aunque el programa cuenta con un apoyo para estos aspectos, es insuficiente. – No es posible realizar un seguimiento a todas las solicitudes por falta de personal. • Los beneficiarios manifestaron utilizar el recurso para fines distintos al proyecto. • En esta etapa, los representantes de los grupos beneficiados calificaron a los ejecutores del programa, 92% como bueno y 8% como muy bueno, obteniendo una buena calificación por parte de los beneficiarios durante todos los procesos.

CONCLUSIONES

En este capítulo se documenta la experiencia de la implementación de los apoyos para proyectos productivos en el programa de Fo- mento a la Economía Social en el municipio de Villa Victoria, en el Estado de México, durante el periodo 2013-2015. Lo importante de esta investigación es el análisis de política pública, en específico del diseño e implementación, para identificar áreas de oportunidad y de mejora para el único programa a nivel de gobierno federal durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto diseñado para apoyar proyectos productivos de los sectores vulnerables de la sociedad con un enfoque de economía social que buscaban la inclusión.

El programa de Fomento a la Economía social cumple con las principales características técnicas propuestas por el Coneval en materia de diseño, al contar con una sólida justificación del problema público al que atiende; contribuir a las principales metas y estrategias nacionales vigentes durante el sexenio pasado como el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo; tener mecanismos de elegibilidad claros para la población potencial y objetivo que debe dar certeza jurídica a todos los actores que participan en las convocatorias; el contar con un padrón de beneficiarios y mecanismos de atención que fue resultado de una evaluación técnica para elegir los mejores proyectos; elementos claros de presupuesto y rendición de cuentas, además de ser un programa único que puede tener complementariedad con otros programas que atienden proyectos productivos, pero el enfocarse al sector de la economía social hace la diferencia. La principal área de oportunidad en el diseño es la matriz de indicadores para resultados, donde se recomienda una nueva construcción desde los árboles de problemas y objetivos para que sus actividades, componentes y propósito sean congruentes entre sí y se puedan definir mejores indicadores.

En la parte de implementación, por otro lado, el realizar encuestas semiestructuradas a los actores claves involucrados: beneficiarios, ejecutores del programa, autoridades municipales y al responsable en el municipio de Villa Victoria de la organización de la sociedad ci- vil Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, A.C. (UNIMOSS) permitió identificar las siguientes fallas:

• Se manifestó la intervención de actores políticos durante la difusión del programa, que si bien fue un porcentaje bajo del nivel del conocimiento del programa (8%), son violaciones a las reglas de operación que no deben ocurrir en ningún programa social. • La participación de organizaciones de la sociedad civil que fungen como gestoras de proyectos no están contempladas dentro de las reglas de operación, donde si bien la UNIMOSS ayudó a incrementar la tasa de aceptación de los proyectos, cobró un beneficio de hasta 15% por cuestiones de asesoría, donde si bien no existe evidencia, abre una ventana para temas de corrupción, por lo que es algo que se debe reglamentar. • La selección de beneficiarios presenta importantes áreas de oportunidad en la evaluación técnica, donde al no contar con el presupuesto suficiente para asesorar y evaluar todos los proyectos de forma adecuada, pueden estar aceptando proyectos sin viabilidad que con un filtro adecuado se pueden evitar. • Existe una alta tasa de fracaso en los proyectos, lo que indica una falla en el diseño por no dar un acompañamiento adecuado, no seleccionar de forma adecuada los proyectos, lo que sin duda afecta sus resultados, en detrimento del sector social de la economía.

Por último, si bien este programa sufrió modificaciones con la entrada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este análisis estaría incompleto sin recomendaciones en materia de política pública que pueden servir para experiencias similares de proyectos de inclusión productiva con un enfoque de economía social:

• Incorporar en las reglas de operación las razones y los actores que pueden participar, sobre todo los gestores y autoridades municipales, por ejemplo. • Incorporar filtros durante el pre-registro para hacer más eficientes los procesos subsecuentes, donde también es importante acompañar a los posibles beneficiarios que no cuentan con las habilidades digitales en el uso de una computadora. • Fomentar una mejor capacitación para la elaboración de las propuestas que se enfoquen no sólo en la parte financiera, sino también de gestión entre el grupo de trabajo proponente. • Cerciorarse de la visita de la totalidad de los integrantes del grupo con la finalidad de evitar que los responsables del proyecto usen los recursos en su beneficio, para fomentar la toma de decisiones democráticas, esencia de la economía social. • Actualizar la lista de evaluadores y/o asegurar que éstos tengan los conocimientos suficientes sobre los aspectos que señalan las reglas de operación, donde son necesarios mayores recursos en esta etapa para poder filtrar mejor las propuestas que son aceptadas. • Verificar la asignación de recursos para todos los rubros condicionados, en especial el costo del estudio del proyecto. • Dar un mejor seguimiento para evitar que los proyectos fracasen.

BIBLIOGRAFÍA

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* Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <m.lara @correo.ler.uam.mx>. ** Egresada de la licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma. Correo electrónico: <2123067052@correo.ler.uam.mx>.

FIGURA 1 PROCESO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FONAES EN SU MODALIDAD INTEGRA

1. Difusión y publicación de convocatorias del Programa 2. Pre-registro y registro 8. seguimiento Proceso de Implementación del programa Fomento a la Economía Social 3. Validación normativa y evaluación técnica 7. Corroboración de aplicación de recursos (documental y en campo) 4. Validación de campo 6. Entrega de recursos 5. Evaluación de solicitudes y selección de beneficiarios

FUENTE: elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2015b). CUADRO 1 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DISEÑO AL FONAES

Categoría	Cumple	No cumple
Justificación de la creación y el diseño del programa	2	1
Contribución a las metas y estrategias nacionales	2	1
Población potencial y mecanismos de elegibilidad	5	1
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	2	1
Matriz de indicadores de resultados (MIR)	0	10
Presupuesto y rendición de cuentas	2	0
Complementariedad y coincidencia con otros programas	2	1
Total	15	15

FUENTE: elaboración propia con base en el Coneval (2021).

MAPA 1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, EDOMEX

San Felipe del Progreso San José del Rincón Ixtlahuaca

Villa Victoria Almoloya de Juárez Villa de Allende Donato Guerra

Amanalco Valle de Bravo FUENTE: información del Gobierno del Estado de México (2013).

GRÁFICA 1 DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, 2010

1% 20% 43%

36% <_No_paragraph_style_> Agricultura, ganadería, caza y pesca Industrial <_No_paragraph_style_> Servicios No especificado FUENTE: elaboración propia con información del Gobierno del Estado de México (2013). FUENTE: elaboración propia con información del padrón de beneficiarios del programa Fonaes (Instituto Nacional de Economía Social, 2016b).

28 apoyos otorgados 93% apoyo para explotación de ganado ovino

22 apoyos otorgados 82% apoyo para explotación de ganado ovino

17 apoyos otorgados 93% apoyo para explotación de ganado ovino

2013

2014

2015

FIGURA 2 DISTRIBUCIÓN DE LOS APOYOS EN EL PROGRAMA DE FONAES EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2013-2015

CUADRO 2 OBSERVACIONES DURANTE LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS <_No_paragraph_style_>

	Ejecutores del programa	Beneficiarios del programa	Ayuntamiento
Difusión y convocatorias	Concuerda con las reglas de operación, pero no coinciden al señalar que las convocatorias se abrirán sí hay propuesta por parte de Delegación y/u Oficinas centrales del INAES, de algunos proyectos que quieran promover.	El conocimiento del programa por parte de los beneficiarios fue a través de:	S/D

NOTA: S/D es sin información disponible para relacionar. FUENTE: elaboración propia.

INAES 8% Familiar 23%

Ayuntamiento 0%

OSC UNIMOSS 46% Conocido 15% Partido político 8% CUADRO 3 OBSERVACIONES DURANTE EL PRE-REGISTRO Y EL REGISTRO

	Ejecutores del programa	Beneficiarios del programa	Ayuntamiento
Pre-registro	Coincide con las reglas de operación, no obstante, difiere al incorporar los ayuntamientos y OSC como posibles solicitantes y/o gestores.	Se observa la intervención de otros actores no contemplados, que contribuyen a la realización de estos dos pasos por parte de la OSC UNIMOSS.	S/D
Registro	Concuerda con las reglas de operación.

NOTA: S/D es sin información disponible para relacionar. FUENTE: elaboración propia. CUADRO 4 OBSERVACIONES EN LA VALIDACIÓN NORMATIVA <_No_paragraph_style_>

	Ejecutores del programa	Beneficiarios del programa	Ayuntamiento
Validación Normativa	Concuerda con las reglas de operación.	Sin observaciones.	S/D

NOTA: S/D es sin información disponible para relacionar. FUENTE: elaboración propia. Economía social, cooperativismo y políticas públicas Potencialidades de organizaciones alternativas se terminó en enero de 2023 en Juan Pablos Editor, S.A. de C.V. 2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19 Col. del Carmen, Alcaldía Coyoacán 04100, Ciudad de México <juanpabloseditor@gmail.com> <_No_paragraph_style_/> <_No_paragraph_style_>Libro electrónico

En el presente libro se establece un diálogo entre la academia y la praxis que busca a la visibilidad de la diversidad de actores que materializan las acciones de la Economía Social, reconociendo su capacidad de resiliencia para generar formas alternativas de desarrollo en sus territorios mediante distintas maneras de organización productiva y/o comercial. Al mismo tiempo, se busca reflexionar de manera crítica respecto al quehacer de las políticas públicas, señalando fallos en la implementación de programas públicos enfocados a incentivar al sector social y solidario de la economía. La obra se compone de cuatro partes que presentan un conjunto de capítulos vinculados temáticamente para facilitar la reflexión teórica sobre la economía social, el cooperativismo y las políticas públicas. Todo ello mediante la presentación de diversos casos de estudio en México y Barcelona.

Dra. Julieta Martínez Cuero Doctora y maestra en Estudios Sociales en la línea de Economía Social, por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Es profesora investigadora adscrita al Departamento de Procesos Sociales de la UAM, unidad Lerma. Se ha especializado en estudios sobre pobreza en México atendiendo zonas rurales con bajos índices de desarrollo humano y alto grado de rezago social. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas indexadas, capítulos de libro y artículos de divulgación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Dr. Manuel Lara Caballero Doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. Maestro en Economía Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa y licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es profesor investigador del Departamento de Procesos Sociales de UAM, unidad Lerma. Sus líneas de investigación son: análisis, diseño y evaluación de políticas públicas, inclusión social y medición económica. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas indexadas, capítulos de libro y artículos de divulgación. Pertecene al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Dra. Silvia Iveth Moreno Gaytán Licenciada en Geografía Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Maestría y doctorado en Estudios del Desarrollo Rural por el Colegio de Postgraduados, campus Montecillo. Realizó dos estancias posdoctorales en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) (UNAM). Realizó una estancia de investigación en Department of Geography and Environmental Studies at Carleton University, Ottawa, Canada. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores: candidata. Sus áreas de investigación son: sistemas alimentarios, agricultura urbana y relaciones campo-ciudad.